Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) F.T: 17 Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: MARIA PAULA ÁVILA ORTIZ Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y OTRO.
Temas: Acción de tutela por falta de reconocimiento de práctica jurídica. Configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ASUNTO La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES a) Solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica La señora María Paula Ávila Ortiz realizó su práctica jurídica en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, desde el 1.° de marzo hasta el 5 de octubre de 2021, motivo por el cual afirmó que el 22 de octubre de la misma anualidad, solicitó, vía correo electrónico, ante el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el reconocimiento de su judicatura.
Igualmente, señaló que el mismo día la entidad acusó recibo y le informó que su petición sería transferida al personal encargado para su correspondiente trámite. Asimismo, precisó que al ingresar al sistema SIRNA y averiguar sobre el estado de su solicitud con radicado 27.423, observó que aparecía como fecha de radicación de los documentos el 27 de octubre de 2021 y no el 22 de igual mes y anualidad. b) Inconformidad La accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 de la Judicatura del Tolima, vulneraron su derecho fundamental de petición, comoquiera que no le han brindado una contestación sobre el reconocimiento de su práctica jurídica, a pesar de que se venció el término fijado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y en el Decreto 491 de 2020.
Agregó que no ha podido iniciar el trámite de su graduación ante la universidad, situación que afecta sus intereses y le impide ejercer su profesión. PRETENSIONES La peticionaria de la salvaguarda solicitó amparar su derecho fundamental de petición y, en consecuencia, requirió ordenar al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima que, en un plazo prudencial, resuelva su pedimento consistente en el reconocimiento de su práctica jurídica.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima El magistrado Rafael de Jesús Vargas Trujillo precisó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que la entidad encargada del reconocimiento de la judicatura es la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con el Acuerdo 180 del 6 de agosto de 1996 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención al artículo 85 de la Ley 270 de 1996.
En concordancia con lo anterior, señaló que con la emisión de los Acuerdos 1389 del 13 de marzo de 2002, mediante el cual se reestructuró la Unidad de Registro Nacional de Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y PSAA13-9901 del 6 de mayo de 2013, por el cual se reglamentó lo relacionado con la expedición de las Licencias Temporales para el ejercicio de la abogacía, la función del reconocimiento de la práctica jurídica no le corresponde a los Consejos Seccionales.
Para el caso, adujo que a aquellos les corresponde actuar como intermediarios u oficina de apoyo en el trámite de recepción de formularios con las solicitudes y sus anexos; así como entregar las respectivas resoluciones de prácticas jurídicas, inscripción y expedición de tarjetas profesionales, duplicados por pérdida o cambio por deterioro, licencias temporales para ejercer la abogacía e inscripción y expedición de registro de jueces de paz.
Sin embargo, al revisar en el sistema, pudo evidenciar que la señora María Paula Ávila Ortiz envió la solicitud de reconocimiento de práctica jurídica al correo de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual está habilitado, desde el inicio de la pandemia generada por el COVID-19, para radicar los trámites requeridos de manera directa ante la mencionada entidad.
En atención a lo anterior, no Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 encuentra que la acción u omisión del Consejo Seccional haya causado vulneración alguna a la accionante y, por ello, solicita la desvinculación del presente mecanismo.
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia La directora de la Unidad referida, Blanca Montañez Montañez (E), afirmó que la accionante solicitó, por medio de correo electrónico, el reconocimiento de su práctica jurídica, para lo cual adjuntó los siguientes documentos: 1. Formulario Único de Múltiples Trámites, 2.
Copia de la cédula de ciudadanía, 3. Certificación de terminación y aprobación de materias emitido por la universidad respectiva, 4. Acta de posesión, 5. Resolución de nombramiento y 6. Certificado de funciones jurídicas. Indicó que, una vez verificada la información referida, expidió la Resolución núm. 8676 de 2021, por medio de la cual reconoció a aquella su judicatura.
Aunado a esto, adujo que el anterior acto administrativo fue notificado al correo electrónico aportado por la peticionaria, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020. Al respecto, explicó que el trámite de las solicitudes se hace de acuerdo con el orden de llegada al correo institucional designado para el efecto, debido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y de expedición de tarjetas profesionales, lo cual sobrepasa en gran medida la capacidad operativa de la Unidad con los recursos que hasta el momento dispone.
En esos términos, consideró que la actuación desplegada por la Unidad no transgredió ningún derecho fundamental, por lo que debe negarse el amparo requerido. CONSIDERACIONES Competencia La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el ordinal 8.º del artículo 1.° del Decreto 1983 de 20171, el cual regula que: «[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda […]». 1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela, a su vez modificado por el Decreto 333 de 2021.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Problema jurídico El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta: 1. ¿En el presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia emitió y notificó el acto administrativo de reconocimiento de la práctica jurídica a la señora María Paula Ávila Ortiz? Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I) debido proceso administrativo, (II) procedimiento para el reconocimiento de la práctica jurídica, (III) carencia actual de objeto por hecho superado y (IV) análisis del trámite adelantado por la Unidad accionada.
Veamos: I. Debido proceso administrativo En el artículo 29 de la Constitución Política se determinó que el debido proceso debe regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos. En cuanto a estos últimos, debe anotarse que aquel busca que todas las actuaciones y decisiones adoptadas por los funcionarios se realice con cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración pública.
En ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos sobre ese derecho2, dispuso que este debe ser desarrollado en todas las manifestaciones de las autoridades y que los actos administrativos deben ser dictados previo a los procedimientos y los requisitos exigidos por la ley. Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional3 definió el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones impuestas a las autoridades por el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de una secuencia de actos, cuya finalidad está previamente determinada constitucional y legalmente y su objeto es asegurar el funcionamiento ordenado de la administración y la validez de sus actuaciones; así como proteger los derechos de los administrados, especialmente los de la seguridad jurídica y la defensa.
Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, el mencionado tribunal manifestó que aquel es un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los artículos 6° y 209 de la citada disposición sobre la responsabilidad de los servidores públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del Estado. 2 Corte Constitucional.
Sentencia T-442/1992. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez 3 Corte Constitucional. Sentencia T-214/2004. MP. Eduardo Montealegre Lynett Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Más recientemente, la Corte Constitucional4 precisó que el debido proceso administrativo constituye un límite al ejercicio de las funciones de las autoridades públicas, puesto que deben actuar dentro de los procesos previamente fijados en la ley.
En ese orden de ideas, se colige que este es un derecho fundamental que sirve como garantía para los administrados frente a las actuaciones y decisiones adoptadas dentro de los trámites instituidos legalmente. II. Procedimiento administrativo para el reconocimiento de la práctica jurídica La judicatura es la práctica jurídica que hace el estudiante de derecho, como opción de grado, cuando termina y aprueba las materias que comprenden su pénsum académico.
Al respecto, la Ley 552 de 1999 dispuso que el alumno que haya terminado las materias puede elegir entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura. En concordancia, en el Decreto Ley 2150 de 1995, artículo 92, se impuso la competencia al Consejo Superior de la Judicatura de expedir el certificado que acredita el cumplimiento de la judicatura para optar al título de abogado.
Posteriormente, la corporación precitada, en uso de las facultades otorgadas en la disposición referida, expidió el Acuerdo PSAA-10-7017 del 13 de julio de 2010, mediante el cual delegó, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la función de emitir el certificado que acredita el cumplimiento de la judicatura y determinó que para ello el trámite debía adelantarse ante esa Unidad o en las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Acto seguido, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo número PSAA10-7543 del 14 de diciembre de 2010 «Por medio del cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar el (sic) título de abogado». Así, determinó que la misma se realizará bajo tres modalidades: 1. En calidad de ad honorem en las entidades previamente autorizadas por la ley; 2.
En el desempeño de un cargo remunerado, ya sea en entidades del Estado o personas jurídicas del sector privado, conforme a las normas legales vigentes y 3. En el ejercicio de la profesión con licencia temporal con buena reputación moral y buen crédito. Igualmente, para el desarrollo de cada modalidad de judicatura fijó un término específico.
A continuación, para el proceso de reconocimiento, en la normativa en comento se precisó que con la solicitud presentada por el interesado para la certificación de su práctica jurídica debían allegarse los siguientes documentos: a) Formulario Único de Múltiples Trámites debidamente diligenciado, b) fotocopia del documento de identidad, c) certificado de terminación y aprobación de materias, d) certificado del tiempo de servicios y funciones detalladas expedido por el jefe inmediato, jefe de 4 Corte Constitucional.
Sentencia T-051/2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 personal o quien haga sus veces, e) consignación bancaria por el valor que corresponde a este trámite, entre otros.
Asimismo, en aquella se reguló que la solicitud debía recibirla la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura o los directores Seccionales de Administración Judicial, en cuyo territorio se cumplieron las labores que se acreditan como requisito, o la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en la capital de la República y remitirse dentro de los 2 días siguientes a la Unidad mencionada.
Adicionalmente, se dispuso que dicha petición sería resuelta por el director de la Unidad precitada, mediante acto administrativo debidamente motivado, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que sea allegada con la totalidad de los documentos requeridos para tal fin. Allí, se advirtió que, de ser necesario, se requerirá al interesado por medio de oficio y si pasados dos meses no contestara lo peticionado, la solicitud se entenderá desistida y, por tanto, se archivará el expediente.
Aunado a ello, previó que la notificación de la resolución de reconocimiento se efectuará a la dirección que aportó el interesado, para lo cual se enviará el acto al Consejo Seccional de la Judicatura de origen. Por último, anotó que contra el acto administrativo que niega el reconocimiento de la práctica jurídica procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de esa decisión y será resuelto de acuerdo con los términos legales.
Además, para la notificación de aquella, se remitirá el acto al Consejo Seccional de la Judicatura de origen, con el fin de que se lo notifique al interesado, sin perjuicio de que la Unidad lo haga directamente. III. Carencia actual de objeto La acción de tutela fue implementada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo de defensa inmediato y subsidiario de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, por una acción u omisión de una autoridad o un particular en los casos fijados por la ley.
En esa medida, el máximo tribunal constitucional5 ha considerado que la tutela pierde su razón de ser, cuando en el trámite de esta se supera la situación que ponía en riesgo o transgredía los derechos fundamentales o cuando no haya forma de evitar el daño que buscaba impedirse. Con lo anterior se pretende que los fallos de tutela no sean ineficaces.
Este fenómeno se ha denominado carencia actual de objeto, en el primer caso, por hecho superado y, en el segundo, por daño consumado. De igual forma, la Corte Constitucional ha precisado que existen algunos eventos en que la carencia actual de objeto no se produce por hecho superado o daño 5 Ver entre otras sentencias: T-358 de 2014 y T-011 de 2016.
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 consumado, sino por la existencia de otra circunstancia que conlleva que la orden de tutela no produzca efectos porque los fundamentos de la amenaza o conculcación desaparecieron.
En este último escenario deberá declararse la carencia actual de objeto por sustracción de materia o situación sobreviniente. En ese entendido, la carencia de objeto por sustracción de materia implica, en términos del órgano de cierre constitucional, la existencia de una situación sobreviniente que se origina, entre otros casos, cuando: (i) el accionante es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora;
(ii) un tercero ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada o (iv) el peticionario del amparo pierde interés en el objeto de la litis, circunstancias que modifican los hechos y generan que la posible orden a impartirse, relativa a lo solicitado en la acción de amparo, no surta ningún efecto.
Así las cosas, en cada caso concreto el juez de tutela debe analizar si para el momento de adoptar una decisión dentro de la acción de tutela, aquella producirá efectos o si, por el contrario, resultará inocua6. IV. Análisis del trámite adelantado por la Unidad accionada La señora María Paula Ávila Ortiz instauró acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, para obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por aquellas, al no expedir el acto administrativo de reconocimiento de su práctica jurídica.
Pues bien, una vez revisadas las piezas procesales que obran en el expediente de la referencia, se observa que el 22 de octubre de 2021 la ahora accionante, por medio de correo electrónico, solicitó a la Unidad precitada la expedición de la resolución que acredita su judicatura. Asimismo, se aprecia que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la contestación al requerimiento efectuado en el auto admisorio de la presente acción de tutela, admitió que la solicitante de la salvaguarda peticionó el reconocimiento de su práctica jurídica, por lo que el 3 de diciembre de 2021, luego de verificar la documentación e información aportada con la solicitud, expidió la Resolución núm. 8676 de 2021, a través de la cual accedió a lo recabado.
Ciertamente, dentro del expediente obra copia del acto administrativo precitado, por medio del cual la Unidad accionada le reconoció su práctica jurídica a la 6 Sentencia SU-522 de 2019 proferida por la Corte Constitucional. Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 señora María Paula Ávila Ortiz como requisito alternativo para optar al título de abogada, en los siguientes términos: «[…] ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al título de Abogado (sic) a MARIA PAULA AVILA ORTIZ, quién se identifica con cédula de ciudadanía No. (sic) 1234644620, y acredita que egresó de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – SEDE IBAGUE (sic) […]».
Igualmente, se avizora que el 3 de diciembre de 2021 la entidad le notificó esta decisión a la accionante al correo electrónico por ella comunicado, esto es, paula5.maa@gmail.com. Por tanto, se concluye que la situación que dio origen a la formulación de la presente acción de tutela se encuentra actualmente superada, lo cual genera que la orden que este juez constitucional pudiera impartir no surta ningún efecto.
En consecuencia, se declarará que en el sub lite se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. De otro lado, esta Subsección accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, comoquiera que si bien la accionante, en su escrito de tutela, manifestó que también presentó la solicitud ante dicha corporación, lo cierto es que al revisar el pantallazo del correo, mediante el cual aquella solicitó la expedición del acto administrativo multicitado, se observa que el mismo fue remitido únicamente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero: Desvincular al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima de la presente acción constitucional.
Segundo: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela instaurada por la señora María Paula Ávila Ortiz en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991).
Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Radicado: 11001-03-15-000-2021-11302-00 Accionante: María Paula Ávila Ortiz Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Firma electrónica GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Firma electrónica RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firma electrónica