CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 11001-03-15-000-2023-04014-01 Demandante: JORGE IGNACIO URIBE VELÁSQUEZ Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO Referencia: AUTO QUE DECLARA FUNDADOS IMPEDIMENTOS I.
ANTECEDENTES 1. La solicitud de tutela El 25 de julio de 2023, el señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al «juez o tribunal competente con observancia de las formas propias de cada juicio», los que consideró vulnerados debido a que le fue impuesta una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por dos meses y una multa equivalente a 2 SMMLV, mediante las sentencias proferidas el 30 de junio de 2021 y 25 de mayo de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente, en el proceso disciplinario con radicado 05001-11-02-000-2019-01633-00/01. 2.
Los impedimentos manifestados en el caso concreto Mediante memoriales allegados al trámite de la tutela de la referencia, los magistrados José Roberto Sáchica Méndez1 y Nicolás Yepes Corrales2 manifestaron sus impedimentos para conocer y decidir en segunda instancia la controversia planteada por el señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez, toda vez que, en calidad de integrantes3 de la Subsección C de la Sección Tercera de esta 1 Documento con certificado 7A42A36A628E4A62 E7C5ED87771AF357 BD5C0ED5356FC6A4 20B495F8264224A8, visible en el índice 00004 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai.
El magistrado Sáchica Méndez presentó su impedimento el 24 de octubre de 2023 ante el despacho de la ex consejera de Estado, Marta Nubia Velásquez Rico. Tras la finalización del período constitucional de la doctora Velásquez Rico, el consejero Nicolás Yepes Corrales asumió, en encargo, la dirección de ese despacho y, posteriormente, también manifestó impedimento para conocer y decidir la presente acción de tutela. 2 Documento con certificado 3A495E4D2748B7F7 025E9D72A302ACB2 387E74DB946FE87D 25F19D3DF88116D1, visible en el índice 00016 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai. 3 Conviene aclarar que, en su momento, el magistrado José Roberto Sáchica Méndez estuvo encargado de uno de los despachos que conforman la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04014-01 Actor: Jorge Ignacio Uribe Velásquez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: auto que declara fundados impedimentos Corporación, suscribieron la sentencia impugnada, esta es, la dictada el 1º de septiembre de 2023. II. CONSIDERACIONES 1. Impedimentos y recusaciones en materia de tutela Los impedimentos y las recusaciones son mecanismos que garantizan que las decisiones judiciales se adopten con arreglo a los principios de independencia e imparcialidad.
La independencia constituye un principio esencial del debido proceso y obliga al juez a actuar libre de presiones exteriores o influencias que perturben su juicio. La imparcialidad, por su parte, precisa que el juez no tenga ningún interés en el asunto en cuestión ni que tenga ningún prejuicio. En otras palabras, los principios de independencia e imparcialidad exigen que el juez no tenga ideas preconcebidas frente al asunto puesto a su consideración y menos que actúe de manera que beneficie sus propios intereses o los intereses de alguna de las partes del proceso.
Por lo pertinente, conviene traer a colación la sentencia C-600 de 20114, dictada por la Corte Constitucional, que definió los principios de independencia e imparcialidad, así: La independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, (…) a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
Sobre la imparcialidad, ha señalado que ésta “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial.
(…) La jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noción de imparcialidad, una doble dimensión: (i) subjetiva relacionada con “la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las 4 Corte Constitucional, sentencia C 600 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04014-01 Actor: Jorge Ignacio Uribe Velásquez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: auto que declara fundados impedimentos causales previstas al efecto”; y (ii) objetiva, “esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, “de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto’”.
No se pone con ella en duda la “rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción” sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucción del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectación de ánimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea éste mismo quien lo juzgue. En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código de Procedimiento Penal.
Así lo prevé el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991: Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.
De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de Procedimiento Penal. Ahora, en lo que concierne al trámite de los impedimentos, conviene señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 355 y 1406 del Código General del Proceso, es claro que la decisión sobre el impedimento que manifieste uno de los integrantes de la Sala corresponde dictarla al ponente, sin que resulten aplicables las normas contenidas sobre la misma materia en la Ley 1437 de 2011, pues, si bien se trata de acciones de tutela cuyo trámite y definición le compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que, al menos en lo que tiene que ver con la resolución de impedimentos de uno o varios magistrados —como ocurre en este caso—, la regulación del CGP se adecúa más a los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela7, dado que el CPACA, en su artículo 1318, 5 «Artículo 35.
Atribuciones de las salas de decisión y del magistrado sustanciador. Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella.
El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión». 6 «Artículo 140. Declaración de impedimentos. (…) El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello». 7 «Artículo 3.
Principios. El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia». 8 «3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento.
Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez» (se destaca). Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04014-01 Actor: Jorge Ignacio Uribe Velásquez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: auto que declara fundados impedimentos dispone que la resolución del impedimento se efectúe a través de un auto proferido por la sala, lo que evidentemente pospone la decisión hasta que la respectiva sección o subsección sesione.
A lo anterior se adiciona que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, cualquier juez de la República es competente para conocer de las acciones de tutela, lo que involucra naturalmente a jueces de todas las jurisdicciones, por lo que acoger, en cada caso, el principio de especialidad para la resolución de impedimentos produciría, como en efecto la hay dentro de esta Corporación, una disparidad de criterios en relación con la normativa o régimen aplicable al asunto, cuando es claro que el Decreto 306 de 1992 acudió a los principios generales del entonces Código de Procedimiento Civil (hoy CGP), estatuto procesal que, para este caso en particular, se ajusta mejor al carácter célere y sumario de la acción de tutela. 2.
Caso concreto Revisado el expediente cargado en el aplicativo Samai, el Despacho advierte que, en efecto, los magistrados José Roberto Sáchica Méndez y Nicolás Yepes Corrales, como integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, suscribieron el fallo de tutela del 1º de septiembre de 20239, providencia que debe revisarse en esta instancia, en virtud de la impugnación interpuesta por la parte actora.
Dado que las circunstancias fácticas descritas en los escritos analizados encajan en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal10, y a fin de garantizar la imparcialidad e independencia que se requieren para resolver la impugnación presentada, se declararán fundados los impedimentos manifestados por los mencionados consejeros de Estado.
Como consecuencia, quedarán separados del conocimiento del presente asunto. 9 Documento con certificado 82CD9056D8E030CA FAAD446613926862 821E02D4AE79E7FF FC65A563D29636CE, visible en el índice 00028 (primera instancia) del expediente digital cargado en el aplicativo Samai. 10 «Artículo 56. Son causales de impedimento: (…) 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.
(…)». Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04014-01 Actor: Jorge Ignacio Uribe Velásquez Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Referencia: auto que declara fundados impedimentos Así las cosas, el Despacho avocará conocimiento de la acción de tutela de la referencia, para pronunciarse respecto de la nulidad propuesta por el actor11 antes de ordenar la correspondiente designación de conjueces, con miras a proferir sentencia de segunda instancia. De conformidad con lo anterior, el Despacho
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADOS los impedimentos manifestados por los magistrados José Roberto Sáchica Méndez y Nicolás Yepes Corrales, según lo aquí razonado. Como consecuencia, quedan separados del conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO. AVOCAR CONOCIMIENTO, en segunda instancia, de la acción de tutela promovida por el señor Jorge Ignacio Uribe Velásquez.
TERCERO
NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO. Cumplido lo anterior, por Secretaría General, ingrésese el expediente al Despacho para lo pertinente y téngase en cuenta la presente providencia a efectos de la compensación a que haya lugar.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado electrónicamente MARÍA ADRIANA MARÍN Esta providencia fue firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalida dor.aspx. 11 Documento con certificado 5039CE00E69EC2C1 268D61119E2D8650 4FAAA79FB84991DC B7D9C590AFDF6546, visible en el índice 00022 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai.