Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2022 00079 00 Demandante: RAMÓN CONRADO GALVIS GUZMÁN Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS DECLARA FALTA DE COMPETENCIA Y DEVUELVE ANTECEDENTES 1.

El señor Ramón Conrado Galvis Guzmán, actuando a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto por el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones nros. RA 01523 del 24 de junio de 2021 y RA 01980 del 13 de agosto de 2021, por las cuales se dispuso no inscribir al demandante en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en relación con el predio denominado La Ilusión, y se decidió el recurso de reposición, actos administrativos que fueron proferidos por la Directora Territorial Antioquia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas, se indique la ruta administrativa y/o legal para que la víctima acceda a las medidas que hagan efectivos sus derechos a la verdad, la restitución, el retorno, a la justicia y la debida reparación integral, con garantía de no repetición. Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.

La demanda fue radicada el 17 de enero de 20221 ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Medellín y correspondió por reparto al Juzgado Diecinueve Administrativo de ese circuito judicial que, por auto del 24 de enero de 20222, declaró la falta de competencia para conocer del asunto y dispuso su remisión a esta Corporación por considerar que el acto administrativo cuestionado fue expedido por una autoridad del orden nacional y el asunto carece de cuantía. 3.

Las presentes diligencias fueron asignadas a este despacho por reparto del 1 de febrero de 20223. CONSIDERACIONES En orden a determinar si esta Corporación tiene competencia para conocer del asunto el despacho considera necesario establecer si se trata de aquellos que tienen cuantía y, para el efecto, se verifica lo siguiente: (i) En la demanda se formularon como pretensiones: “Solicito que, mediante sentencia judicial, sean declaradas y ordenadas las siguientes pretensiones: 3.1.

Que se declare, por un lado, la nulidad, por un lado, de la Resolución N° RA01523, que fuera expedida el día veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021), debidamente notificada en días posteriores, y, por otro lado, de la Resolución N° RA01980, expedida el día trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021), debidamente notificada, por correo electrónico, el día uno (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), actos administrativos por medio de los cuales se negó, al señor RAMÓN CONRADO GALVIS GUZMÁN, la inscripción, en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, del inmueble denominado “La Ilusión”, ubicado en la vereda La Florida – Tres Ranchos, del municipio de Puerto Triunfo, del departamento de Antioquia, y debidamente identificado con las 1 Visto en el índice 2 de la sede electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 24 000 2022 00079 00. 2 Visto en el índice 2 de la sede electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 24 000 2022 00079 00. 3 Visto en el índice 1 de la sede electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 24 000 2022 00079 00.

Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 matrículas inmobiliarias N° 018- 47496, 018-47495, 018-14033 y 018-57754. 3.1.1. Que, como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada lo siguiente: 3.1.1.1.

Inscribir, en el Registro Nacional de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, del inmueble denominado “La Ilusión”, ubicado en la vereda La Florida – Tres Ranchos, del municipio de Puerto Triunfo, del departamento de 3 Antioquia, y debidamente identificado con las matrículas inmobiliarias N° 018- 47496, 018- 47495, 018-14033 y 018-57754. 3.1.1.2.

Indicar, con precisión y detalle, cuál es la ruta administrativa y/o legal para que la víctima, el señor RAMÓN CONRADO GALVIS GUZMÁN, acceda a conjunto de medidas adoptadas para las personas en su condición, medidas que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la restitución, el retorno a la justicia y la debida reparación integral, con garantía que no repetición, las cuales deberán contribuir a dignificar su condición de vida, a través de la materialización de sus derechos constitucionales. 3.2.

Que, como consecuencia de todas las pretensiones anteriores, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho derivadas de este proceso” (mayúsculas y negrillas sostenidas del original). (ii) En el capítulo “de la estimación razonada de la cuantía”, se señaló: “(…) 8.3.

Ahora bien, el presente caso estudiará una obligación de hacer que no es susceptible de ser valorada económicamente y, por ende, sin cuantía”. (iii) Sobre las reglas para fijar la competencia por razón de la cuantía, el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que ésta se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor, y en el mismo artículo se precisa que en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho no se podrá prescindir de su estimación, so pena de renunciar a este último.

Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Dicha disposición es concordante con el artículo 162 numeral 6 ibídem que señala: “Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá (…) 6.

La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.” (iv) A su turno, el artículo 72 de la Ley 1448 de 20114, modificada por la Ley 2078 de 20215, prevé las acciones de restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados, así: “ARTÍCULO

72. ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS. El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente. Las acciones de reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado.

En subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación. En el caso de bienes baldíos se procederá con la adjudicación del derecho de propiedad del baldío a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la adjudicación. La restitución jurídica del inmueble despojado se realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, según el caso.

El restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el registro de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del derecho de posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de pertenencia, en los términos señalados en la ley. En los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa consulta con el afectado.

La compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de restitución.” (Se destaca). 4 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.” 5 “Por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y los Decretos-ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia!, publicada en el Diario Oficial No. 51.551 del 8 de enero de 2021.

Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 El artículo 76 de la citada ley creó el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente donde también deberán inscribirse las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con éstas; en dicha disposición se indicó que la inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución correspondiente, así: “ARTÍCULO

76. REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE. Créase el "Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente" como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio.

El registro se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. La conformación y administración del registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que se crea por esta Ley.

La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro.

En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso. Una vez recibida la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de buena fe, conforme a la ley.

Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a partir del momento en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este artículo, para decidir sobre su inclusión en el Registro. Este término podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen. NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012 La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este Capítulo.

NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012 por los cargos analizados (…)” (Se destaca).

En ese mismo sentido, el artículo 83 ejusdem dispuso que, una vez se cumpla el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 76, el despojado podrá acudir a los jueces o magistrados competentes para conocer de los procesos de restitución de tierras, quienes, según lo señalado por el artículo 91, decidirán en la sentencia sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda; allí se indicó: “ARTÍCULO

83. SOLICITUD DE RESTITUCIÓN O FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LA VÍCTIMA. Cumplido el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 76, el despojado podrá dirigirse directamente al Juez o Magistrado, según lo dispuesto en el artículo 79, mediante la presentación de demanda escrita u oral, por sí misma o a través de apoderado.” (…).

“ARTÍCULO

91. CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente.

(…)” A su vez, el artículo 97 de la misma ley previó la posibilidad de solicitar como pretensión subsidiaria una compensación en aquellos casos en los cuales la restitución del bien sea imposible, por las razones que allí se señalaron, así: “ARTÍCULO

97. COMPENSACIONES EN ESPECIE Y REUBICACIÓN. Como pretensión subsidiaria, el solicitante podrá pedir al Juez o Magistrado que como compensación y con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, le entregue un bien inmueble de similares características al despojado, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea imposible por alguna de las siguientes razones: a. Por tratarse de un inmueble ubicado en una zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe, u otro desastre natural, conforme lo establecido por las autoridades estatales en la materia; b. Por tratarse de un inmueble sobre el cual se presentaron despojos sucesivos, y este hubiese sido restituido a otra víctima despojada de ese mismo bien;

Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 c. Cuando dentro del proceso repose prueba que acredite que la restitución jurídica y/o material del bien implicaría un riesgo para la vida o la integridad personal del despojado o restituido, o de su familia. d. Cuando se trate de un bien inmueble que haya sido destruido parcial o totalmente y sea imposible su reconstrucción en condiciones similares a las que tenía antes del despojo.” (Se destaca).

Por su parte, los artículos 2.15.2.2.1. y 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 20156, dispusieron unos beneficios que se derivan del derecho a la restitución, tales como el alivio por pasivos asociados a los predios restituidos y el subsidio de vivienda, en los siguientes términos: “Artículo 2.15.2.2.1. Alivio por pasivos asociados a predios restituidos.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, consolidará trimestralmente los montos reconocidos en sentencias judiciales a favor de las entidades estatales por concepto de impuestos y contribuciones asociados a los predios objeto de restitución. Lo propio hará con los pasivos reconocidos que se adeuden a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible por redes físicas, y a entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

La información debe desagregarse, determinando el monto por tipo de pasivo y por entidad acreedora e incluirá el valor original de la deuda, el de los intereses de mora y de las sanciones si fuere el caso. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, mediante acto administrativo instará a cada entidad acreedora la adopción de un plan de alivio que pueda incluir condonación parcial o total de las sumas adeudadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 1448 de 2011.

A medida que se obtenga respuesta a la solicitud, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, asesorará a cada víctima beneficiara de restitución de predio la forma como pagará las sumas adeudadas. Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través de su Fondo, ejecutará su Programa de Alivio de Pasivos tanto a favor de los beneficiarios de la restitución o formalización de tierras, como a favor de las víctimas de despojo y/o abandono forzoso de tierras que de manera voluntaria hayan retornado a sus predios y no hayan perdido la condición de 6 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural” Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 propietarios.

Para tal fin, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 1. Los retornos deben estar incluidos en un plan que para tal fin disponga la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de Víctimas. 2. La persona debe estar incluida en el Registro Único de Víctimas. 3. La persona debe haber sido inscrita en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 4.

La mora en la atención de sus pasivos debe ser consecuencia del acaecimiento de los hechos victimizantes. Artículo 2.15.2.3.1. Subsidios de vivienda rural. Las víctimas que han sido objeto de restitución de predios y su vivienda haya sido destruida o desmejorada, podrán ser objeto de los subsidios de vivienda rural administrados por el Banco Agrario.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, mediante acto administrativo enviará periódicamente el listado de las personas a que se refiere este artículo para su priorización.” (Se destaca). De lo anterior se colige que, ante una eventual declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, el demandante tendría derecho de acudir ante los jueces o magistrados competentes para conocer de los procesos de restitución de tierras y, en caso de salir avante las pretensiones, accedería a la restitución del correspondiente inmueble, o en su defecto a la compensación a la que se refiere al artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, así como a los beneficios de alivio por pasivos asociados a los predios restituidos y el subsidio de vivienda, previstos en los artículos 2.15.2.2.1. y 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 20157.

(v) Sobre las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos que niegan la inscripción de un inmueble en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, esta Sección ha señalado que tienen naturaleza patrimonial y está determinada por el avalúo catastral, así8: 7 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural” 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Auto del 30 de junio de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 11001-03-24-000-2018-00156-00. Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 “[…] La Sección Primera de esta Corporación ha indicado que las controversias que versan sobre la legalidad de los actos administrativos que niegan la inscripción un bien inmueble en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, tienen naturaleza patrimonial, determinada por el avalúo catastral9.

En tal sentido se ha señalado lo siguiente: «[…] la Sala considera que en el caso bajo examen, y de acuerdo con lo afirmado por el a quo, sí era necesario agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que el acto acusado, esto es, la Resolución 2433 de 28 de octubre de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la que la confirmó, crea una situación jurídica particular frente a los señores Gloria Benavides Viuda de Cortes, Mónica y Camilo Antonio José Cortes Benavides, en cuanto se le negó la inscripción de los predios denominados “Santa Mónica”, “ el Pilar”, “ los pirineos”, “ san Jorge” y “ el lucero” en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, los cuales tienen una cuantificación en el mercado, que se acredita con el avalúo catastral, requisito este indispensable para acudir a solicitar dicha inscripción ante la Unidad de Tierras, lo que pone de manifiesto el carácter económico en el presente asunto, aunado a los beneficios que se derivarían del derecho a la restitución, en caso de que prosperaran las pretensiones de la demanda, tales como el proyecto productivo, alivio de pasivos y subsidio de vivienda (Decreto 1071 de 2015, artículo 2.15.2.1.) […]» (Destaca el Despacho) En virtud de lo anterior, el Despacho observa que la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, tiene pretensiones de carácter patrimonial en los términos del artículo 157 del CPACA, comoquiera que se pretende la anulación de los actos administrativos mediante los cuales se negó la inscripción de un bien inmueble de propiedad del demandante en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y, de acuerdo con el criterio jurisprudencial citado, la cuantía puede estimarse con base en su avalúo catastral. […]” (negrillas en la providencia) Hechas las anteriores precisiones, es evidente que el presente asunto es de aquellos que tienen contenido económico cuantificable.

(vi) Así las cosas, esta Corporación no es la competente para conocer de la presente demanda, por lo que se devolverán las presentes diligencias al Juzgado Diecinueve Administrativo del circuito judicial de Medellín, 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 19 de julio de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-02289-01.

Radicado: 11001-03-24-000-2022-00079-00 Demandante: Ramón Conrado Galvis Guzmán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 despacho ante el cual se presentó inicialmente, para que, en ejercicio de sus competencias, adelante los trámites que sean pertinentes. Por lo expuesto, el Despacho en Sala Unitaria,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la falta de competencia de esta Corporación para conocer del asunto, por los motivos explicados en precedencia.

SEGUNDO: DEVOLVER las presentes diligencias al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, Antioquia, despacho ante el cual se presentó inicialmente la demanda, para que atienda lo señalado en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.