Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Radicado número: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros Demandado: Departamento del Meta, Municipio de Acacías Referencia: Acción de reparación directa – CCA Tema: Falla del servicio por omisión de entidad territorial.

Subtema 1. Mantenimiento del espacio público. Subtema 2. Lesiones personales al menor de edad. Subtema 3. Concurrencia de culpas. Subtema 4. Familia de crianza. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y el municipio de Acacias contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Sala Transitoria de Bogotá el nueve (09) de julio de dos mil dieciocho (2018), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO La menor Nikol Ludwika Beltrán Martínez se encontraba jugando en horas de la noche con otros menores en el polideportivo del barrio Las Ferias, en el municipio de Acacías, cuando una de las canchas múltiples del complejo perdió estabilidad y cayó, haciendo que el cilindro de concreto que soportaba el peso de la estructura rodara por el suelo y le aplastara su mano izquierda; como consecuencia, hubo necesidad de amputarle los dedos 3, 4 y 5 de esa extremidad pentadáctila.

La parte demandante refiere que las lesiones padecidas por Nikol Beltrán resultan imputables al municipio de Acacías y al Departamento del Meta. El Tribunal Administrativo Sala Transitoria concluyó que las lesiones se hubieran podido mitigar si la menor hubiera estado bajo la supervisión de un adulto responsable que, para el caso, configura la concurrencia de culpas.

En tal sentido, condenó al municipio de Acacías al pago del 50% del valor de los perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. El municipio de Acacías asevera que no se encuentra probado el nexo de causalidad entre el daño y la presunta omisión de sus deberes, y los demandantes aseguran que no se configura la concurrencia de culpas y que, por tanto, deben ser reconocidas la totalidad de sus pretensiones indemnizatorias.

II.

ANTECEDENTES 2.1. La demanda El dos (2) de noviembre de dos mil diez (2010)1, Luz Hayda Martínez Mozo, Nikole Ludwika Beltrán Martínez, María Aurora Mozo, Fidel Rozo, Rubiela Alfonso Mozo, Jeferson Johan Beltrán Martínez y Heimy Dayana Beltrán Martínez presentaron 1 Folios 1 a 27, cuaderno 1. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el municipio de Acacías y el Departamento del Meta, con la pretensión que se les declare administrativa y patrimonialmente responsables de todos los perjuicios de orden material e inmaterial causados por las lesiones con secuelas permanentes que sufrió Nikole Ludwika Beltrán Martínez el veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009), cuando el cilindro de concreto que le brindaba estabilidad a una de las canchas múltiples del Polideportivo del barrio Las Ferias del municipio de Acacías, rodó sobre su mano izquierda mientras jugaba con otros niños en ese lugar.

Subsecuentemente, solicitaron que los demandados sean condenados al pago de las siguientes sumas de dinero: i) por concepto de perjuicios materiales, la suma de doscientos treinta y un millones doscientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos (231’296.869), de los cuales ciento veintiún millones ciento dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($121’116.466) corresponde al lucro cesante, y ciento diez millones ciento ochenta mil cuatrocientos tres pesos ($110’180.403) al daño emergente. ii) En lo relativo a perjuicios morales, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada uno de los actores; y además, a) doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para Nikol Ludwika Beltrán Martínez por afectación del orden fisiologíco; b) doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para Nikol Ludwika Beltrán Martínez por afectación del orden estético; c) doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para Nikol Ludwika Beltrán Martínez por la alteración de sus condiciones de existencia; y d) doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para Nikol Ludwika Beltrán Martínez por perjuicios psicológicos. 2.2.

Trámite procesal relevante en primera instancia El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda el diez (10) de marzo de dos mil once (2011)2, mediante auto notificado en debida forma3. Los apoderados especiales de las demandadas presentaron sus respectivos escritos de contestación. El municipio de Acacías se opuso a la totalidad de las pretensiones, argumentando que no existe un nexo causal entre las lesiones de Nikol Ludwika Beltrán y la conducta de la entidad, toda vez que esta se propició por una situación de fuerza mayor a la que quedó expuesta la menor por la falta de atención y cuidado de sus familiares.

Así mismo, asegura que con la historia clínica se advierte que la menor tuvo que esperar para ser remitida a un centro hospitalario de II nivel, dado que la ESE Hospital municipal de Acacías, donde fue llevada, no podía brindarle la atención médica especializada que requería, teniendo en cuenta la gravedad de sus lesiones. En este sentido, asegura que estos hechos son los verdaderos causantes de la perdida de las falanges de la menor4.

El Departamento del Meta, por su parte, manifiesta que aunque es el encargado de dotar de escenarios deportivos y culturales a todos los municipios de su territorio, no está obligado a suplirlos en sus competencias, al caso, el deber de mantenimiento del Polideportivo del barrio las ferias en el municipio de Acacías, y más aún cuando se encuentra plenamente probado que el municipio cuenta con un basto presupuesto y proyección regional, lo que no permite argumentar, su incapacidad para cubrir el mantenimiento de los escenarios deportivos a su cargo.

En este contexto, arguye que las imputaciones por omisión que hacen los demandantes deben estudiarse de cara a las competencias previstas por la Constitución y la ley. Así, 2 Folios 100 a 101, cuaderno 1. 3 Notificación por aviso al Departamento del Meta, el 23 de junio de 2011. Folio 110, cuaderno 1. Notificación personal al municipio de Arcaicas, el 28 de julio de 2011.

Folio 116, cuaderno 1. 4 Folios 118 a 125, cuaderno 1. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros considerando que se ha demostrado que la responsabilidad del mantenimiento de los escenarios deportivos recae en el municipio de Acacías, el Departamento alega que no está debidamente legitimado en la causa por pasiva, ya que no es titular de las obligaciones que se le atribuyen5.

El órgano judicial de primer grado abrió a pruebas el proceso6, y una vez concluida la etapa probatoria, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo7. El apoderado de los accionantes8 y el municipio de Acacías9 presentaron sus escritos conclusivos con reiteración de sus alegaciones iniciales.

El Departamento del Meta y el Ministerio Público guardaron silencio. 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo Sala Transitoria de Bogotá10, por medio de sentencia dictada el nueve (09) de julio de dos mil dieciocho (2018)11, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, tras encontrar configurada la concurrencia de culpas entre los demandantes y el municipio de Acacías.

Destacó que el incidente ocurrió alrededor de las 7:40 pm y, que, teniendo en cuenta que la víctima tenía para ese entonces siete (7) años de edad, lo pertinente hubiera sido que sus familiares la supervisaran permanentemente. De igual forma, sobre el deterioro de la cancha de baloncesto que causó el incidente, agregó que, si el municipio hubiera adelantado las labores de mantenimiento correspondientes, la cancha no se habría desplomado cuando los menores que se encontraban jugando en el parque se colgaron de ella.

Finalmente, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Meta, toda vez que no encontró acreditada su participación material, como quiera que, si bien tenía la responsabilidad de dotar al municipio de Acacías con el escenario deportivo, la función de mantenimiento recae exclusivamente sobre aquel.

En consecuencia, condenó al municipio de Acacías al pago del 50% del valor de los perjuicios morales, daño a la salud y perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; este último, para Luz Hayda Martínez Mozo, madre de la víctima, correspondiente a lo dejado de percibir durante los meses en los que se dedicó a la recuperación de la menor, y, negó el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a Nikole Ludwika Beltrán Martínez. 2.4.

El recurso de apelación La parte actora12 y el municipio de Acacías13 formularon apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes cargos: La parte demandante: asegura que no se configuró la concurrencia de culpas, dado que la víctima no contribuyó en la producción del daño, así como tampoco sus familiares, 5 Folios 149 a 159, cuaderno 1. 6 Folios 160 a 163, cuaderno 1. 7 Folio 510, cuaderno 2. 8 Folios 516 a 531, cuaderno 2. 9 Folios 511 a 515, cuaderno 2. 10 i) En auto del 29 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo del Meta, Despacho en Descongestión, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014, avocó conocimiento del contencioso de la referencia. Folio 468, cuaderno 2. ii) En auto del 16 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo del Meta, resume el conocimiento del contencioso de la referencia, Folio 510, cuaderno 2, y iii) finalmente, El Tribunal Administrativo Sala Transitoria de Bogotá asume el conocimiento del contencioso y dicta sentencia de primera instancia. Folios 544 a 564, cuaderno principal. 11 Folios 544 a 564, cuaderno principal. 12 Escrito presentado el 14 de agosto de 2018.

Folios 567 a 583, cuaderno principal. 13 Escrito presentado el 16 de agosto de 2018. Folios 584 a 587, cuaderno principal. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros quienes no tenían cómo prever el estado de deterioro en que se encontraba la cancha de baloncesto que cayó sobre la mano de la menor.

Igualmente, alega que no debe negarse el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para la menor, toda vez que su expectativa económica se encuentra frustrada, debido a que la secuela permanente que padece en su mano izquierda afecta de manera directa su condición personal y su capacidad laboral. Por último, arguye que no se encuentra probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Meta, toda vez que esta entidad tiene a su cargo funciones de complementariedad, subsidiariedad y concurrencia respecto de las que le han sido atribuidas al municipio de Acacías.

El municipio de Acacías: argumenta que no se probó que las canchas estuvieran en mal estado, dado que fue por acción de terceras personas que el cilindro que sostenía la cancha de baloncesto rodó por el suelo; en este sentido, recalca que la decisión de restaurar los tableros se tomó después del incidente, lo que sugiere que no se había identificado previamente ningún problema.

De igual forma, alega que la víctima debía estar bajo el cuidado permanente de sus familiares, teniendo en cuenta su edad y la hora en que sucedió el incidente. Con todo, concluye que se trató de un caso fortuito, por tratarse de un suceso imprevisible para el municipio. Audiencia de conciliación por fallo condenatorio: El veinte (20) de mayo de dos mil dieciocho (2018)14, la magistrada ponente adelantó la audiencia de conciliación de que trata el artículo 43 de la Ley 640 de 200115; no obstante, la declaró fallida debido a la falta de ánimo conciliatorio de las demandadas, y posteriormente concedió los recursos en el efecto suspensivo. 2.5.

Trámite relevante en segunda instancia Esta Corporación, en auto del diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019)16 admitió los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y el municipio de Acacías contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo, Sala Transitoria de Bogotá el nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)17.

En auto del veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019)18 corrió traslado a las partes para que presentarán alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hizo el apoderado de los demandantes, quien reiteró lo expuesto en su escrito de apelación19. Las demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio20.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y con el propósito de determinar si se configuró la responsabilidad del Estado en este caso, la Sala ordenará los problemas jurídicos, de modo tal que abordará, primero, el que atañe a la imputación de las demandadas; para luego resolver, solo si a ello hay lugar, lo concerniente al reconocimiento de los perjuicios.

Lo anterior, ya que que en el fallo recurrido se encontró acreditada la existencia del daño y su antijuricidad, sin que la prueba de estos elementos hubiera sido rebatida por los 14 Folios 594 a 595, cuaderno principal. 15 Art. 43, Ley 640 de 2001. “Oportunidad para la audiencia de conciliación judicial. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos.

Con todo, el juez, de oficio, podrá citar a audiencia”. (…) 16 Folio 601, cuaderno principal. 17 Ver nota al pie No. 12 de este proveído. 18 Folio 603, cuaderno principal. 19 Folios 604 a 622, cuaderno principal. 20 Folio 623, cuaderno principal. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros impugnantes, quienes cuestionaron el juicio de imputación efectuado por el Tribunal y el reconocimiento que hizo de los perjuicios.

Así pues, al haber quedado zanjada la litis sobre aquel presupuesto de la responsabilidad patrimonial pública, sin que su supresión sea una excepción, la Sala procederá a estudiar los siguientes problemas jurídicos: 1. ¿El daño antijurídico consistente en las lesiones sufridas por Nikol Ludwika Beltrán Martínez, el veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009), mientras jugaba en el Polideportivo del barrio Las Ferias del municipio de Acacías, resulta imputable fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas por haber omitido su deber de mantenimiento, supervisión y vigilancia de las canchas de baloncesto, que son asidua y frecuentemente usadas por menores de edad? 2.

¿La falta de atención y cuidado por parte de la madre de Nikol Ludwika Beltrán Martínez, contribuyó a exponerla a actividades que pusieron en riesgo su integridad personal? Si la respuesta del primer interrogante es afirmativa, es decir, si se configuran los presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado, la Corporación deberá determinar el mérito de la prueba de los perjuicios reclamados por los actores y procederá a la cuantificación de los daños materiales e inmateriales causados a los demandantes, así: 3.

¿Probó la parte demandante la causación y el padecimiento de los daños morales, a la vida en relación, fisiológicos, estéticos, psicológicos y de afectación de las condiciones de existencia? 4. ¿Probó la parte demandante la totalidad de los conceptos determinantes de lucro cesante y daño emergente que adujo en la demanda? No obstante, la resolución de estos problemas está sujeta a la determinación previa de los presupuestos procesales que permitan incursionar en el fondo del asunto.

Por tanto, de manera antelada, y considerando que la legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Meta fue objeto de reproche en el recurso de apelación interpuesto por los accionantes, la Sala deberá resolver la siguiente cuestión: 5. ¿Resultaba procedente que el a quo declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Meta? IV.

HECHOS PROBADOS Para dar respuesta a los interrogantes formulados previamente, se procederá a revelar los hechos que, para ello, sean relevantes y que se encuentran plenamente probados, con base en los documentos aportados, de los cuales algunos se encuentran en copia simple, lo que no impide su plena valoración21. 4.1. El veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009), a las 7:40 pm, un grupo de niños que jugaba en el Polideportivo del barrio las ferias del municipio de Acacías, se colgó del aro de una de las canchas múltiples móviles, provocando que esta cayera.

Como resultado, el cilindro que anclaba la cancha al suelo rodó y aplastó la mano izquierda de Nikol Ludwika 21 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25022. En aras a garantizar el principio constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, la Sala valorará las copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida.

Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros Beltrán Martínez de siete (7) años, quien jugaba junto a su hermana Heimy Dayana, de nueve (9) años22, sin la supervisión de sus familiares23. 4.2. Nikol Ludwika Beltrán Martínez fue trasladada al Hospital Municipal de Acacías E.S.E. por el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Acacías, Meta24. 4.3.

Después de ser valorada por uno de los médicos generales del Hospital Municipal de Acacías E.S.E., se determinó que necesitaba atención médica especializada de nivel II de forma urgente y que, por lo tanto, debía ser trasladada a Villavicencio. Sin embargo, al intentar comunicarse con el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. se les informó que no tenían camas disponibles, por lo que no podrían recibirla hasta las 7:30 a. m. del día siguiente25. 4.4.

El veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009), a la 1:10 am, la víctima fue remitida al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., con un “cuadro de 8 horas de evolución de trauma por aplastamiento de la mano izquierda”, presentando exposición de huesos y tejidos debido a una fractura abierta de las falanges26. 4.5. El veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009), Nikol Ludwika Beltrán Martínez fue sometida a una cirugía de amputación y remodelación de los dedos 3, 4 y 5 de su mano izquierda27. 4.6.

El primero (1) de agosto de dos mil trece (2013), con ocasión del dictamen pericial decretado por el Tribunal Administrativo del Meta28, la Junta Nacional de Calificación de invalidez determinó, como resultado del trauma sufrido y la amputación de los dedos 3, 4 y 5 de la mano izquierda, que Nikol Ludwika Beltrán Martínez presenta una deficiencia motora del 9,61%, una discapacidad del 6,60% y una minusvalía del 12,50% que conlleva una pérdida de capacidad laboral del 28,71%29.

V. CONSIDERACIONES 5.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito La Sala procede a resolver el problema atinente al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello, por tratarse del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de doble instancia30, y al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que el accidente que ocasionó las lesiones a Nikol Ludwika Beltrán Martínez ocurrió el veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009)31.

Por lo tanto, el término de caducidad corría desde el veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009) hasta el veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011), pero este se suspendió el diez (10) de agosto de dos mil diez (2010) con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial32, cuando aún restaban 22 La edad de la menor se constata con el Registro Civil de Nacimiento No. 31359030, visible al folio 31, cuaderno 1. 23 Folios 131 a 132, cuaderno 1. 24 Folio 145, cuaderno 1. 25 Folios 408 a 414, cuaderno 3. 26 Según se lee en la epicrisis No. 1006779 expedida por el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. Folios 84 a 86, cuaderno 1, Folios 433 a 434, cuaderno 3. 27 Folios 79 a 83, cuaderno 1. 28 Folio 296, cuaderno 2. 29 Folios 299 a 303, cuaderno 2. 30 La cuantía estimada en la demanda, correspondiente al perjuicio moral, 1.500 SMLMV, supera el monto establecido en el artículo 132 del C.C.A., para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación, -500 SMLMV- considerados al momento de presentación de la demanda. 31 Ver numerales 4.1, 4.2 y 4.3 del acápite de hechos probados de este proveído. 32 Folios 94 a 97, cuaderno 1.

Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros cinco (5) meses y diecisiete (17) días para que feneciera dicho plazo legal. Como el nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010) la Procuraduría Judicial No. 48 para Asuntos Administrativos de Villavicencio expidió constancia en la que declaró agotado el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo33, se impone concluir que la demanda del dos (2) de noviembre de dos mil diez (2010), se presentó34 en tiempo.

Ahora bien, tratándose de la legitimación en la causa por activa, las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso son Nikol Ludwika Beltrán Martínez, como víctima directa del incidente acaecido el veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009); Luz Hayda Martínez Mozo35 quien acreditó ser su madre; Jeferson Johan Beltrán Martínez36 y Heimy Dayana Beltrán Martínez37 quienes acreditaron ser sus hermanos;

Rubiela Alfonso Mozo quien acreditó ser su tía materna38 y María Aurora Mazo de Alfonso quien acreditó ser su abuela39. En cuanto a Fidel Rozo, se afirma en la demanda que convive desde hace más de 25 años con la señora María Aurora Mozo, lo que lo ha llevado a ser considerado “como un padre” para Luz Hayda Martínez Mozo y Rubiela Alfonso Mozo, así “como un abuelo” para Nikol Ludwika Beltrán Martínez y sus hermanos40.

Sin embargo, Fidel Rozo, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 3.268.910 de Acacías41, no trajo, aparte de su cédula de ciudadanía, prueba alguna pertinente para acreditar el aducido parentesco con Nikol Ladwika Beltrán Martínez- Ahora bien, en la audiencia de recepción de testimonios practicada por el Juzgado Civil del Circuito de Acacías42 el ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012)43, tras interpelarse a los declarantes44 sobre la conformación del núcleo familiar de la víctima, estos manifestaron: - Declarante: Luis Alfonso Camacho Fontecha “con la mamá LUZ AIDA (sic), la abuelita AURORA, el abuelito FIDEL, y los hermanitos (…)”. - Declarante: Gladys Gutiérrez Rodríguez “convive con los abuelitos AURORA Y DON FIDEL, con una tía RUBIELA, con la mamá LUZ AIDA (sic) Y CON LO HERMANITOS (…)” - Declarante: Esteban Bello Lasso “por la abuelita AURORA ALFONSO MOZO (sic) y don FIDEL ROZO, la tía RUBIELA, la mamá LUZ AIDAA (sic) y los hermanos (…)” - Declarante: Yinet Villegas Losada “la mamá LUZ AIDAA (sic), los dos hermanitos, la abuelita que se llama AURORA, el abuelito FIDEL, la tía se llama RUBIELA (…)” (Subrayado propio) 33 Idem. 34 Ver nota al pie No. 1 de este proveído. 35 El parentesco se comprueba con el Registro Civil de Nacimiento No. 31359029 de Nikol Ludwika Beltrán Martínez, en donde aparece madre de la víctima.

Folio 29, cuaderno 1, y en el suyo, Registro Civil de Nacimiento No, 19393459. Folio 28, cuaderno 1. 36 Registro Civil de nacimiento No. 31359029. Folio 30, cuaderno 1. 37 Registro civil de nacimiento No. 31359030. Folio 31, cuaderno 1. 38 Registro civil de nacimiento de Rubiela Alfonso Mozo, allegado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como respuesta al Oficio 910- 23-395-2011 con sello de autenticidad de la Registraduría municipal de Restrepo, Meta.

Folios 188 - 189, cuaderno 1. 39 Registro civil de nacimiento No. 012364. Folio 508, cuaderno 3. La señora Mazo aparece como Madre de Luz Hayda Martínez Mozo (madre de la víctima) en el Registro Civil No. 19393459 y en Registro Civil de nacimiento como madre de Rubiela Alfonso Mozo (tía materna de la víctima. Folio 189, cuaderno 1. 40 Hechos tercero y cuarto del escrito de demanda.

Folio 8, cuaderno 1. 41 Folio 33, cuaderno 1. 42 Mediante auto del 19 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo del Meta comisionó al Juzgado Civil del Circuito del Meta para que recepcionara los testimonios de Luis Alfonso Camacho Fontecha, Gladys Gutiérrez Rodríguez, Yineth Villegas Lozada y Esteban Bellos Lasso. Folio 274, cuaderno 2. 43 Folios 275 a 287, cuaderno 2. 44 Esta Corporación identificó como presupuestos para la valoración de la prueba testimonial los siguientes: “(i) la coherencia del relato;

(ii) su contextualización; (iii) las corroboraciones periféricas y (iv) la existencia de detalles oportunistas”. Así las cosas, teniendo en cuenta que los testimonios rendidos dentro del Contencioso son verosímiles en su contenido y concordantes el uno con el otro, serán tenidos en cuenta, a efectos de identificar la calidad de abuelo de crianza de la víctima, del señor Fidel Rozo.

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 25 de junio de 2020, exp. 52001-23-33-000-2015-00671-01(3684-17) Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros Al punto, esta subsección observará la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación en cuanto ha admitido que la familia “no sólo se estructura de forma vertical, es decir, no sólo surge de los vínculos naturales y jurídicos entre dos personas (…)”, sino que también puede ser analizada de forma extensiva a los demás parientes, sean estos consanguíneos o de crianza45.

En tal sentido, amplía el concepto de familia, “no sólo a la condición derivada del matrimonio y los vínculos de consanguinidad, sino también a aquella conformada por relaciones de afinidad, crianza, parentesco por adopción, o simplemente por la decisión libre de dos personas de crear un lazo afectivo”46. Con todo, para ser catalogado como familiar de crianza es necesario cumplir ciertos presupuestos establecidos por la Corte Constitucional47, la Corte Suprema de Justicia48 y el Consejo de Estado49, que se fundamentan en la solidaridad, el reemplazo de la figura paterna, materna o, para el caso, del abuelo; la dependencia económica generada entre ellos; los vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección y; el reconocimiento de la relación familiar, requisitos que deberán ser analizados por los jueces que conozcan de aquellos casos en los que una persona desee adquirir un derecho en tal calidad.

Es así que para que pueda reclamarse un derecho ante la administración de justicia en condición de familiar de crianza, según la jurisprudencia, se requiere: demostrar con suficiencia la estrecha relación familiar con los presuntos familiares de crianza y una deteriorada y ausente relación de lazos familiares con los biológicos. Bajo estas consideraciones, se tiene que en este caso no se aportó con la demanda ningún medio de prueba tendiente a acreditar: i) la existencia real y permanente de la convivencia entre María Aurora Mozo y Fidel Rozo y, ii) por contera, tampoco la estrecha relación familiar entre el señor Rozo y Nikol Ludwika Beltrán Martínez, toda vez que de las declaraciones rendidas por Luis Alfonso Camacho Fontecha, Gladys Gutiérrez Rodríguez, Esteban Bello Lasso y Yinet Villegas Losada, no es dable concluir que entre los demandantes y el señor Rozo existía un vínculo afectivo que permitiera presumir tal hecho, y menos aún la deteriorada o ausente relación de los lazos familiares de Nikol Ludwika Beltrán Martínez con su abuelo biológico o, en su defecto los de Luz Hayda Martínez Mozo con su padre biológico.

En definitiva, el hecho de que la jurisprudencia haya aceptado la existencia de distintos tipos de familia, no significa en modo alguno “que en la órbita de la responsabilidad estatal y en el proceso de reparación directa, la parte accionante, quede relevada de demostrar el lazo que lo une con la víctima”50, así, tras no encontrarse acreditado con base en material probatorio sólido y consistente la invocada categoría de abuelo de crianza, no se tendrá como legitimado en la causa por activa a Fidel Rozo.

En lo que atañe al extremo pasivo de la litis se realiza la siguiente precisión: en acápites anteriores se indicó que el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Meta tras considerar que no se aprecia su participación material, como quiera que, si bien el Departamento afirmó haber construido el Polideportivo del barrio Las Ferias del municipio de Acacías, por mandato legal se desligó de la función de mantenimiento.

Como parte de los argumentos presentados por los accionantes en su recurso de apelación, expresaron estar en desacuerdo con dicha declaración51. 45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008. exp. 18846. 46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de enero de 2014, exp 28076. 47 La Corte Constitucional, a través de las sentencias T-495 de 1997, T-586 de 1999, T-403 de 2011, T-606 de 2013, T-074 de 2016, admitió el vínculo de crianza al otorgar a los integrantes de estos grupos familiares la legitimidad para reclamar el resarcimiento de perjuicios por daños antijurídicos imputables al Estado. 48 Corte Suprema de Justicia, sentencias SC1171-2022, SL 1939-2020 y STC 6009-2018, entre otras. 49 Ver nota al pie 46 y 47 de este proveído. 50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de enero de 2014, exp 28076. 51 Ver nota al pie 15 de este proveído.

Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros Ahora bien, la legitimación en la causa puede proponerse como excepción previa o de mérito, dependiendo si el debate gira en torno a la legitimación formal o material. La primera, surge con la notificación del auto admisorio de la demanda, esto es, con la integración del contradictorio, para lo cual basta con acreditar la capacidad para comparecer al proceso; en tanto que, la segunda, se edifica en la relación causal entre los hechos que soportan las pretensiones y las partes52.

En el caso que nos ocupa, está acreditado que el Departamento del Meta, al tenor de los artículos 286 y 287 de la Constitución Política53, es una entidad territorial autónoma, por lo que detenta personería jurídica y capacidad de autogestión administrativa y financiera para ejercer su derecho de defensa como, en el sub examine, lo está haciendo a través de abogado.

Por tanto, aunque se encuentra formalmente legitimado54, la Sala estudiará su legitimación material más adelante. Por lo demás, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al municipio de Acacías, por encontrarse acreditado que está a cargo de la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos, y al discutirse en este proceso la imputación del daño, consistente en la lesiones de Nikol Ludwika Beltrán Martínez, por una falla en el servicio de mantenimiento del Polideportivo del barrio las ferias del municipio de Acacías, resulta evidente que sus intereses jurídicos se encuentran inmiscuidos en este asunto55. 5.2.

Análisis de la Sala 5.2.1. Consideraciones relativas al primer problema jurídico: 5.2.1.1. La responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la omisión de las autoridades públicas en el cumplimiento de sus obligaciones Una vez verificada la producción de un daño antijurídico, el ordenamiento facilita la reacción de quien lo ha padecido en orden a la reparación o compensación de su sacrificio con cargo a un patrimonio determinado y diferente al del suyo, ejercicio este que se adelanta en dos fases: una fáctica, que de ordinario se resuelve en el plano causal, y otra jurídica, que remite a las razones por las que el derecho obliga al traslado de las consecuencias gravosas del daño, del patrimonio de la víctima al de un tercero. En fase fáctica, la ley de la causalidad tiene excepciones, entre ellas, los daños antijurídicos ocasionados por la omisión en el cumplimiento de los deberes, pues sabido es que la inacción no puede, por elemental consideración de lógica formal, oficiar como causa de nada.

Por lo tanto, en tales casos, el juicio de atribución implica una composición de circunstancias para averiguar en qué medida el cumplimiento del deber podía evitar la consecuencia dañosa. 52 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 8 de octubre de 2020. Rad. 15001-23-33-000-2017-00613-00 (2360-18), 68001-23-33- 000-2017-01103-01 (1837-20). 53 «ARTICULO 286.

Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Participar en las rentas nacionales.». 54 Folios 145 a 148, cuaderno 1. 55 Artículo 70, Ley 181 de 1995. “Los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 60 de 1993, tendrán a su cargo la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, dará la asistencia técnica correspondiente.” Véase, además: el artículo 3, 42, 56, 70 de la Ley 181 de 1995, el artículo 2 de la Constitución Política, La Ley 125 de 1986, el Decreto 77 de la 1986, el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, el artículo 2 de la Constitución Política, entre otros.

Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros En fase jurídica, y en un plano puramente normativo, el artículo 90 de la Constitución Política, fuente formal en nuestro ordenamiento del derecho administrativo de daños, no define un único título de atribución del daño, por el contrario, defiere al juez de la responsabilidad su selección en función del caso, bien en aplicación de la responsabilidad subjetiva o en atención a regímenes de responsabilidad objetiva56.

Establecido lo anterior, la Sala estudiará las pruebas obrantes en el plenario, a efectos de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrieron las lesiones de Nikol Ludwika Beltrán Martínez. i) Historia clínica No. 100677957 del Hospital municipal de Acacías E.S.E. – El veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009), sobre las 8:00 pm, Nikol Beltrán llegó en compañía de Edison Osorio al Hospital de Acacías.

Después de ser evaluada por el médico general, se diagnosticó que tenía una fractura abierta en los dedos 3, 4 y 5 de la mano izquierda con exposición de tejidos, como resultado de un trauma por aplastamiento. Se determinó que necesitaba atención especializada de manera urgente. Por lo tanto, se prescribió su traslado a un hospital de segundo nivel en Villavicencio.

No obstante, cuando la auxiliar de enfermería que se encontraba de turno solicitó el traslado, el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. le comunicó que no era posible recibirla, toda vez que no contaban con camas disponibles. Ante la negativa, el veedor de la prestación del servicio de salud de Acacías se comunicó con el hospital de Villavicencio y les puso de presente la gravedad de las lesiones de la menor, quien requería de inmediato un especialista en cirugía plástica.

Finalmente, a la 1:10 am del veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009), Nikol Beltrán es trasladada a Villavicencio. ii) Historia clínica No. 100677973058 del Hospital departamental de Villavicencio E.S.E.- Nikol Beltrán fue admitida en el hospital de Villavicencio el veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009), en compañía de su madre, con ocho (8) horas de evolución de trauma por aplastamiento de la mano izquierda.

Como causa del accidente se describe la siguiente: “la niña se encontraba jugando en un coliseo cuando en la cancha se voltea al encontrarse otros niños jugando y el cilindro de esta aprisiona la mano, produciendo múltiples lesiones de aplastamiento en mano izquierda” A las 9:00 am del mismo día, la menor es ingresada a cirugía, donde le fueron amputados los dedos 3, 4 y 5 de la mano izquierda. iii) Informe sobre el accidente realizado por la coordinación de deportes del municipio de Acacías59 - El veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009), a las 7:40 pm, un grupo de niños y jóvenes hacían uso de las canchas múltiples móviles del coliseo del barrio las ferias, cuando al colgarse de una de las canchas causaron que esta se cayera al piso.

El cilindro que le brindaba estabilidad a la cancha rodó por el suelo y aplastó la mano izquierda de Nikol Ludwika Beltrán Martínez. 56 Corte Constitucional, sentencia SU-078 de 2018: “80. En ese orden, la Corte ha considerado que el artículo 90 Superior permite acudir tanto a la falla del servicio como a un título de imputación objetivo, de esa manera, para decidir diferentes casos ha matizado posturas rígidas afirmando que el daño antijurídico no excluye la posibilidad de exigir la demostración de una actuación irregular del Estado. || 81.

De la misma forma, se anota que la Corte y el Consejo de Estado comparten dos premisas: la primera, que la responsabilidad del Estado se deduce a partir de la constatación de tres elementos: (i) el daño, (ii) la antijuridicidad de este y (iii) su producción a partir de una actuación u omisión estatal (nexo de causalidad). La segunda, que el artículo 90 de la Constitución no define un único título de imputación, lo cual sugiere que tanto el régimen subjetivo de la falla del servicio coexiste con títulos de imputación de carácter objetivo como el daño especial y el riesgo excepcional”. 57 Folios 408 a 429, cuaderno 3. 58 Folios 430 a 466, cuaderno 3. 59 Folio 131, cuaderno 1.

Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros La menor fue llevada al hospital de Acacías por deportistas del campo de tenis, acompañados por el grupo de bomberos del municipio, toda vez que la menor se encontraba en compañía de su hermana, también menor de edad y sin supervisión de sus familiares. iv) Informe sobre el accidente presentado por el vigilante del Polideportivo del barrio las ferias del municipio de Acacías60- El vigilante que estaba de turno en el polideportivo respalda la versión presentada en el informe de la coordinadora de deportes del municipio, y enfatiza que “la menor se encontraba sin acompañamiento de un adulto responsable”. v) Reporte del accidente presentado por el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Acacías61- Después de recibir el aviso del accidente, el cuerpo de bomberos se dirigió al polideportivo, donde recogieron a la menor Nikol Ludwika y la trasladaron al hospital local. vi) Oficio No. 231 exhibido por el comandante encargado de la Estación de Policía de Acacías- El veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009) a las 8:00 pm, el hospital de Acacías pone en conocimiento a la Policía municipal del accidente sufrido por la menor, toda vez que requerían, de inmediato, el seguro de salud de Nikol Beltrán para poder remitirla a la ciudad de Villavicencio.

La Policía asentada en la municipalidad inició una investigación para localizar a la madre de la menor. Al dirigirse a su domicilio se les informó que la señora Martínez estaba trabajando en la taberna "El Deportista", por lo que se dirigieron allí para notificarle sobre lo ocurrido con su hija. Luz Hayda Martínez, tras enterarse del incidente, se dirigió de inmediato al hospital62. vii) Oficio 50-10400 del cinco (5) de febrero de dos mil nueve (2009) expedido por el Bienestar Familiar – La Defensoría del Pueblo del CZ de Acacías interpela a Luz Hayda Martínez, madre de la menor víctima, por una denuncia interpuesta en su contra por negligencia en el cuidado de la pequeña. Luz Hayda se niega a ser notificada sobre el proceso de restablecimiento de derechos de Nikol Beltrán63. viii) Informe allegado por la Personaría de Acacías el once (11) de febrero de dos mil once (2011) – La Personera Municipal, al ser notificada, declaró ante el Tribunal Administrativo del Meta que en el polideportivo donde ocurrió el accidente de la menor, es común que menores de edad ingresen sin la compañía de un adulto responsable.

Asegura que dicha situación es difícil de controlar, ya que los menores suelen entrar por las mallas de contención del parque64. ix) Testimonios65 rendidos por Luis Alfonso Camacho Fontecha, Gladys Gutiérrez Rodríguez, Esteban Bello Lasso y Yinet Villegas Losada ante el Juzgado Civil del Circuito de Acacías en audiencia de recepción de testimonios, quienes sobre los hechos ocurridos el veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009)66 relataron lo siguiente: - Luis Alfonso Camacho Fontecha señaló que mientras Nikol Beltrán jugaba en el polideportivo del barrio las ferias, una de las canchas se cayó y el cilindro que la 60 Folio 132, cuaderno 1. 61 Folio 144, cuaderno 1. 62 Folio 227, cuaderno 2. 63 Folio 238, cuaderno 2. 64 Folios 218 a 219, cuaderno 2. 65 Los testimonios que aquí se refieren serán tenidos como válidos, toda vez que, la Sala los encuentra conducentes, pertinentes y útiles, por cuanto su contenido va en sintonía con el objeto del proceso y lo que en el se debate.

Adicional a ello, se observa que las personas llamadas a rendir testimonio no están incursas en alguna causal de inhabilidad, así como tampoco fueron tachadas de falsas, por lo que su imparcialidad no se advierte sacrificada. Véase entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de marzo de 2015, exp. 11001-03-28-000- 2014-00111-00; y Corte Constitucional, sentencia SU-129 de 2021. 66 Despacho comisorio No. 0149 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011).

Folios 274 a 287, cuaderno 2. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros sostenía, por no estar asegurado le aplastó la mano izquierda. Explicó que se enteró de lo sucedido porque un niño fue hasta la casa de la menor a avisarle a la abuelita, ya que la mamá se encontraba trabajando en ese momento, y que cuando llegaron al parque ya la habían trasladado para el hospital.

Sobre el mantenimiento de las canchas respondió: “no se le hace mantenimiento porque esas canchas son a la intemperie al sol y al agua, y eso esta todo destruido, yo se porque yo paso por ahí todos los días.” - Gladys Gutiérrez Rodríguez afirmó que se enteró del accidente porque un niño llegó a la cuadra donde vivían gritando que a Nikol Beltrán le había caído un tablero de la cancha encima.

Adujo que cuando llegaron al polideportivo a auxiliarla, un profesor de raquetas ya se la había llevado para el hospital, y que como consecuencia le amputaron tres dedos de su mano. Sobre el estado de las canchas respondió: “inseguro porque los niños se subían y se jamaquiaban, estaban sueltos.” - Esteban Bello Lasso manifestó que mientras Nikole Beltrán jugaba baloncesto en el polideportivo del barrio las ferias, tuvo un accidente con el cilindro que sostenía la cancha, lo que resultó en el daño de tres dedos de su mano izquierda.

Aseguró que con anterioridad al accidente frecuentaba las canchas, pues solía hacer deporte. Al preguntársele por su estado respondió: “mal estado, mal mantenimiento, no son cubiertas, esas canchas mantienen al sol y al agua, en el momento no se había visto personal pendiente del mantenimiento de las canchas.” - Yinet Villegas Losada aseveró que Nikol Beltrán se accidentó mientras jugaba en el polideportivo del barrio las ferias y que, como consecuencia, se lesionó su mano izquierda, lo que ha sido muy difícil para la menor, pues es zurda y debido a las lesiones se le ha dificultado su movilidad.

Sobre el estado de las canchas respondió: “se encontraban en mal estado, todo estaba suelto.” Conforme a las pruebas referenciadas, este Contencioso encuentra demostrado que: i) el veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009), mientras Nikol Ludwika Beltrán Martínez jugaba en compañía de su hermana, también menor, en el polideportivo del barrio las ferias del municipio de Acacías, un grupo de niños se colgó de una de las canchas múltiples móviles, lo que provocó que esta se cayera.

Como resultado, el cilindro de concreto que le brindaba estabilidad rodó y aplastó la mano izquierda de la menor, ii) Nikol Beltrán fue trasladada al hospital municipal de Acacías en compañía de un profesor de tenis del polideportivo y el grupo de bomberos voluntarios del municipio, iii) la menor se encontraba sin la supervisión de su madre, quien en ese momento estaba trabajando.

Luz Hayda Martínez Mozo fue notificada del accidente de su hija por la policía municipal de Acacías, iv) debido a la gravedad de las heridas, la menor tuvo que ser trasladada hasta el hospital departamental de Villavicencio, donde se le practicó cirugía de amputación de los dedos 3, 4 y 5 de su mano izquierda. Vistas así las cosas, la Sala avanza al juicio de imputación con aplicación del factor de atribución de falla del servicio, y procede, en consecuencia, al estudio de la carga de obligaciones que servirán de referente para establecer si hubo omisión por los demandados y/o por los padres de la menor víctima67. 5.2.1.2.

Sobre las obligaciones normativamente impuestas a la demandada en el caso concreto. 67 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, epx. 22745. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros En línea con lo expuesto, acomete la Sala un breve análisis de los deberes68 que el municipio tenía para la época de los hechos (año 2009), en relación con el mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos de su territorio, así como en lo que respecta al cuidado de los niños en calidad de sujetos de especial protección, con el fin de establecer, en primer lugar, si se incurrió en dicha omisión; si la respuesta a esta pregunta resulta afirmativa, deberá determinar si dicha actitud pasiva vino determinante del daño padecido por los demandantes.

La Ley 181 de 1995, vigente para la época de los hechos, reguló lo ateniente al fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de los ciudadanos, así: i) los municipios están en la obligación de planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios y procurando su óptima utilización; ii) los municipios deberán expedir normas urbanísticas tendientes a regular la preservación de espacios suficientes y con infraestructura mínima para cubrir las necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo; iv) los escenarios deportivos deberán ser construidos con facilidades físicas de acceso para niños; v) los municipios tendrán a su cargo “la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos”. -Resaltado propio- A su turno, el Decreto 77 de 1986: con el propósito de regular la descentralización de los beneficios para los municipios y reglamentar sus usos, determinó que la construcción, dotación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, estaría a cargo de los municipios.

En igual sentido, la Ley 136 de 1994, dentro de las funciones de los municipios preceptúo, “Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños y las niñas (…), Ahora bien, descendiendo al caso concreto, es importante mencionar el Acuerdo No. 11 de 2008, proferido por el Concejo Municipal de Acacías- Meta, con el que se acordó el Plan de Desarrollo Municipal denominado “cambio saludable”, para el periodo constitucional 2008- 2011, acuerdo entre cuyos objetivos se encontraba el de mejorar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas, mejorando su protección integral e inclusión social, reforzando los procesos de prevención, manejo del tiempo libre y recreación. En esta misma línea, el acuerdo en mención identificó el fomento del deporte y la recreación como acciones eficaces y complementarias al desarrollo integral de la población, e implementó dentro de los programas del eje de justicia e inclusión social (artículo 13), el de deporte saludable.

Con este programa, el municipio se comprometió a ampliar la infraestructura deportiva, mejorar la ya existente y dotar los escenarios deportivos actuales, asegurando que estuvieran adecuados para la práctica deportiva tanto diurna como nocturna. De esta forma, el municipio identificó como objetivos programáticos del subprograma de deporte saludable, la construcción y dotación de escenarios deportivos, con formación y orientación, tanto deportiva como recreativa (artículo 14).

Fulge en la normativa antes referida la carga de obligaciones que pesaba sobre el municipio, al tiempo que, por contraste de ésta con lo que revela la prueba testimonial, fluye consecuente un juicio de reproche por la falta de honra de sus deberes por el municipio demandado en lo que atañe al mantenimiento de la estructura deportiva que, además, no 68 Estos serán organizados en orden cronológico de su promulgación. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros estaba anclada a superficie fija, y se sostenía en pie y estable merced al contrapeso que le prestaba un cilindro de concreto, también falto de aseguramiento.

Al punto, forzoso es advertir, que en sede de causalidad material, el daño no aparece vinculado a la acción del municipio, pues, itera la Sala, de acuerdo con las pruebas presentadas en el proceso, esa causa debe predicarse de la actividad de los menores que, sin la supervisión de un adulto, se guindaron de la estructura instalada en el polideportivo del barrio Las Ferias, provocando la caída del cilindro que comprimió los dedos de la menor.

Empero, en perspectiva jurídica, a la pregunta sobre si, de haber honrado sus obligaciones, el municipio hubiera podido evitar el resultado lesivo de la integridad física de la menor, se impone afirmativa por cuanto en tal aso no habría sido necesario el precario aseguramiento de la estabilidad de la estructura sobre la que se guindaron los menores, y por ende, el pesado cilindro no habría rodado sobre la mano de la menor.

Es que, allende los aportes de la prueba testimonial, el marco normativo atrás aludido revela la responsabilidad que pesaba sobre el municipio, de asegurar que los espacios deportivos estuvieran adaptados a las necesidades sociales y físicas de la comunidad, prestando especial atención a la seguridad de los niños y niñas. Por tanto, más allá de los cuestionamientos relacionados con el mantenimiento, como se muestra a continuación, el municipio demandado no honró su deber de proteger y cuidar a la menor, considerando su condición de especial protección constitucional.

En efecto, el principio de interés superior de los niños y niñas, tiene un amplio reconocimiento no solo en el ordenamiento jurídico interno, sino en instrumentos internacionales, que lo han catalogado de manera general como una protección especial de la que goza la menor dirigida a su adecuado desarrollo físico, sicológico y social. “Esta prerrogativa debe ser analizada desde la realidad concreta del caso y de la situación de cada menor, evaluando las consideraciones fácticas y jurídicas que lo rodean.

Particularmente, en el marco de los procesos de custodia y cuidado personal, las autoridades administrativas y judiciales están en el deber de aplicar este principio como piedra angular en la toma de las decisiones que afecten a los niños, pues de ello dependerá su crecimiento, desarrollo y crianza en condiciones adecuadas, armónicas e integrales”69.

En línea con lo anterior, la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia70, los tratados internacionales ratificados por Colombia, tales como la Convención de los Derechos del Niño71, la Convención Americana de Derechos Humanos72, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales73, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño74 definen lo referente al interés superior del menor y prevén la necesidad de brindarles especial cuidado y protección. 69 Corte Constitucional, sentencia T-033 de 2020. 70 Artículo 8.

“Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 71Artículo 3-1: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; y el artículo 3-2, establece que “los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. 72Artículo 19: “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” 73Artículo 10-3: “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”. 74 Principio 2: dispone que “los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad”; para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior de los niños como su principal criterio de orientación. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros La jurisprudencia constitucional75 ha destacado el trascendental rol que juegan las autoridades judiciales en la satisfacción de las garantías fundamentales de los niños, y ha fijado unas reglas concretas dirigidas a asegurar que los procesos judiciales que tengan la potencialidad de alterar en cualquier forma la situación de un niño, se tramiten y resuelvan desde una perspectiva acorde a salvaguardar su bienestar y su condición de sujeto de especial protección. En este contexto deberán tenerse en cuenta: i) las circunstancias individuales de cada caso; ii) las medidas idóneas para satisfacer el interés prevalente de un menor en determinado proceso; iii) el material probatorio recaudado en el curso del proceso; iv) las decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que dentro del plan de desarrollo municipal 2008-2011 “cambio saludable” se establecieron varios programas y proyectos encaminados a la rehabilitación, mejora y modernización de las infraestructuras de los distintos escenarios deportivos del municipio de Acacías, y tras establecer que es responsabilidad del municipio promover el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad y en especial de los menores de edad, se impone concluir, contrario a lo recurrido por la demandada, que la implementación del plan de recuperación del polideportivo del barrio las ferias, era necesario desde antes de que se presentara el incidente del que fue víctima Nikol Beltrán, ya que, tal y como lo describe el estudio previo del proyecto “mejoramiento y adecuación de parques en los barrios el morichal, el bambul nutibara76, con la adecuación de los escenarios deportivos se buscaba proporcionar a los usuarios, la oportunidad de disfrutar de espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades lúdicas, asegurando un mejor desarrollo motriz y social, y evitando la posibilidad de sufrir lesiones debido al mal estado de las piezas que componen el parque.

Así las cosas, teniendo en cuenta que: i) el once (11) de marzo de dos mil nueve (2009), esto es un (1) mes y trece (13) días después del accidente sufrido por Nikol Beltrán, el secretario de infraestructura del municipio de Acacías presentó la propuesta de obra cuyo objeto era “el mantenimiento de la cubierta y fachada, mejoramiento módulos cancha de baloncesto y cerramiento parte alta del coliseo en el municipio de Acacías” del que se resalta el ítem 5 “arreglo de tableros cancha de baloncesto y fijación de módulos al piso”77; ii) el treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009) se celebró el contrato de obra No. 18378, el cual tenía por objeto ejecutar la propuesta señalada y, iii) el catorce (14) de enero de dos mil nueve (2009) la oficina de planeación del municipio de Acacías registró en el banco de programas y proyectos de inversión municipal bajo el No. 20090500068, la propuesta que buscaba, entre otros asuntos, arreglar los tableros de baloncesto y fijar los módulos al piso79.

Colige, entonces, esta Subsección, que la inestabilidad de las canchas no era una circunstancia ajena a la administración, pues con anterioridad a los acontecimientos del veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009), ya se había puesto de presente la necesidad de fijar los módulos de las canchas múltiples al piso. Por consiguiente, le asiste razón al a quo al señalar que de las pruebas allegadas al plenario no se observa acción positiva alguna encaminada a evitar que los menores realizaran actos que les pusieran en peligro debido a sus cortas edades y su poco descernimiento, lo anterior, dado que la demandada en cuestión tenía la responsabilidad complementaria de adoptar alguna medida que condujese a eliminar los riesgos 75 Corte Constitucional, sentencias T-261/2013;

T-397/2004; T-308/2008. 76 Folios 10 a 43, cuaderno 3 de anexos. 77 Folio 229, cuaderno 3 de anexos. 78 Folios 214 a 218, cuaderno 3 de anexos. 79 Folio 226, cuaderno 3 de anexos. Radicado: 50001-23-31-000-2010-00538-01 (63068) Demandante: Luz Hayda Martínez Mozo y otros derivados del uso de las canchas móviles del polideportivo del barrio las ferias, teniendo en cuenta que estas eran utilizadas, en su mayoría, por menores de edad.

La lectura de los preceptos que se refirieron en antelación lleva a concluir que, en el caso concreto, el municipio de Acacías tiene atribuidas funciones tanto de ejecución o administración directa, como de programación. En consecuencia, mal puede pretender la demandada escudarse en el hecho de que antes de la ocurrencia de los acontecimientos en cuestión, no consideró necesario intervenir, ya que solo después del incidente observó que la cancha estaba dañada y, por tanto, hasta ese momento vio necesaria la celebración de un contrato para su mantenimiento y reparación, dado el peligro que suponía la inestabilidad de las canchas existía con antelación. En definitiva, las lesiones sufridas por Nikol Beltrán podrían haberse anticipado si se hubieran ponderado adecuadamente las necesidades de los niños de la comunidad80.

Aunque se confirmó que la menor estaba sin la compañía de sus familiares, los informes81 presentados por los funcionarios del municipio indican que la administración sabía desde antes, que los niños y jóvenes que visitaban las instalaciones deportivas del coliseo lo hacían sin la supervisión de un adulto. Esto sugiere que el municipio debió haber previsto los riesgos que comportaba el estado de la infraestructura soporte del tablero de baloncesto, y haber tomado medidas preventivas, a efectos de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

No lo hizo, incurrió en omisión que vino determinante del daño objeto de las pretensiones de reparación, habida consideración de la falta de fijación del cilindro que servía de soporte a la estructura deportiva, condición que vino decisiva para que, al balancearse los menores en ella, el cilindro rodara y causara tal daño. Ahora bien, en lo que concierne al Departamento del Meta, se hace necesario identificar si existe una relación sustancial entre las obligaciones del Departamento y las lesiones que sufrió Nikol Ludwika Beltrán Martínez82.

Al efecto, el artículo 1 de la Ley 3 de 198683, vigente para la época de los hechos, prescribe como funciones de los departamentos, entre otras, “promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales, actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes”, ello en modo alguno mueve a inferir que debiera brindar mantenimiento o conservación de los escenarios deportivos en los municipios de su territorio.

Ahora bien, el numeral 5 del artículo 66 de la Ley 181 de 1995, prescribía que los entes deportivos departamentales debían participar en “la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de la construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios.” Al punto, el Departamento del Meta, mediante oficios No. 117552 del primero (1) de diciembre de dos mil once (2011) y 122327 del quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), informó que, después de revisar la base de datos de la oficina de contratación, no encontró contratos cuyo propósito fuera la construcción, mantenimiento, adecuación o cualquier intervención de escenarios deportivos en el barrio Las Ferias del municipio de Acacías, entre los años 80 La Jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2 inciso 2, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, “entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de abril de 1998, exp. 11837. 81 Informes referidos en las