Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03414-01 Demandante: SANDRA ROCIO JARAMILLO VALBUENA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Tema: Tutela contra providencia judicial.
Falta de relevancia constitucional. Reconocimiento y pago de sanción moratoria en materia de cesantías de docentes. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra la sentencia del 3 de agosto de 2023, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó el amparo interpuesto por la accionante.
I.
ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo 1. Con escrito radicado a través de la página web de recepción de tutelas y hábeas corpus en línea de la Rama Judicial el 26 de junio de 2023, la señora Sandra Rocío Jaramillo Valbuena, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, en la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, derecho a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial» 2.
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Huila el 23 de mayo del 2023, mediante la cual se confirmó la providencia del 16 de diciembre del 2022 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que negó las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-33-33-002-2022-00236-01, promovido por la accionante en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Huila.
Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones 3. Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones: 2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes.1 1.3.
Hechos probados y/o admitidos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: 4. La señora Sandra Rocío Jaramillo Valbuena se desempeñó como docente al servicio del Departamento del Huila, desde el 1 de enero de 1990. El 15 de febrero de 2021 no recibió el pago de las cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional, por lo cual solicitó el reconocimiento de la sanción por moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda. 5.
Con ocasión del acto administrativo ficto producido como consecuencia del silencio administrativo, la señora Sandra Rocío Jaramillo Valbuena, por conducto de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Huila. 6.
El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, bajo el radicado 41001-33-33-002-2022-00236-00, autoridad que profirió la sentencia de primera instancia 16 de diciembre de 2022 a través de las cual negó las pretensiones de la demanda. 7. Lo anterior, debido a que consideró que a la señora Jaramillo Valbuena no le asiste derecho al pago de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías, pues se encuentra afiliada al FOMAG desde el 1993, por lo cual le es aplicable el régimen excepcional de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989, el cual rige para los docentes afiliados a la entidad y que no establece el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. 8.
Sumado a lo expuesto, se refirió a que los pronunciamiento del Consejo de Estado que fueron expuestos en la demanda no le eran aplicable al caso en concreto, en cuanto a que, no guardaban identidad fáctica con el asunto en concreto. Por tanto, se negaron las pretensiones de la demanda. 1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante. El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo del Huila, quien confirmó en su integridad la decisión mediante fallo proferido el 23 de mayo de 2023, para lo cual, reiteró los argumentos que fundamentaron la sentencia del a quo, en la cual se afirmó que la accionante no es acreedora de la sanción moratoria por no pertenecer al sistema anualizado de la liquidación de cesantías. 10.
Dicha providencia se notificó vía correo electrónico el 5 de junio de 2023. 1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo 11. Refirió cómo, desde su punto de vista, se cumplían los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para lo cual puntualizó que el asunto goza de relevancia constitucional, en la medida que se configuraron los defectos sustantivo, violación directa a la Constitución y desconocimiento del precedente. 12.
Frente al primer cargo, explicó las disposiciones legales que regulan la prestación económica de la cesantía y el tratamiento legal que tiene esta en el ordenamiento jurídico. Lo anterior, para acto seguido precisar que la sanción moratoria por el pago tardío de este rubro tiene cabida en el caso concreto. 13. Respecto al segundo cargo, puntualizó: «i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento y por lo tanto tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.» 14.
Por último, referente al argumento por desconocimiento del precedente, trajo a colación decisiones tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en las cuales se ha accedido al reconocimiento y pago de la prestación económica mencionada. Al respecto, se tienen las siguientes: A. Corte Constitucional. - SU-098 de 2018 - SU-332 de 2019 - SU-041 de 2020 B. Consejo de Estado - 08001-23-33-000-2013-00666-01 del 6 de agosto de 2020 - 76001-23-31-000-2009-00867-01 del 24 de enero de 2019 - 08001-23-33-000-2014-00208-01 del 10 de junio de 2020 - 08001-23-33-000-2014-00173-01 del 2 de diciembre de 2019 - 08001-23-31-000-2014-00254-01 del 22 de octubre de 2020 - 08001-23-33-000-2014-00132-01 del 12 de noviembre de 2020 - 08001-23-31-000-2014-00815-01 del 17 de junio de 2021 Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - 08001-23-33-000-2015-00331-01 del 27 de junio de 2021 - 19001-23-33-000-2015-00445-02 del 4 de noviembre de 2021 - 08001-23-33-000-2014-01127-01 del 25 de noviembre de 2021 - 40001-23-40-000-2017-00134-01 del 25 de noviembre de 2021 - 08001-23-40-000-2015-90008-01 del 11 de noviembre de 2021 - 08001-23-40-000-2014-90022-01 del 11 de noviembre de 2021 - 08001-23-33-000-2017-00931-01 del 20 de enero de 2022 - 08001-23-33-000-2015-00075-01 del 3 de marzo de 2022 - 76001-23-33-000-2013-00756-01 del 28 de abril de 2022 - 08001-23-40-000-2017-00795-01 del 9 de mayo de 2022 - 47001-23-33-000-2019-00359-01 del 19 de mayo de 2022 - 47001-23-33-000-2019-00376-01 del 1 de julio de 2022 - 08001-23-33-000-2015-00509-01 del 22 de agosto de 2022 - 08001-23-33-000-2015-90124-01 del 22 de septiembre de 2022. 15.
Finalmente, en el escrito de amparo se hizo una relación de sentencias proferidas por varios juzgados administrativos del territorio colombiano. No obstante, tales decisiones no serán relacionadas en la presente decisión, pues, estas no configuran un precedente, de conformidad con la postura reiterada de esta sala. 1.5. Trámite de la acción de tutela 16.
El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 29 de junio de 2023, avocó conocimiento de la solicitud de amparo; ordenó la notificación de la autoridad judicial accionada; y vinculó como tercero con interés a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Huila. 17.
De otra parte, comisionó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, para que notificara a todas las personas que intervinieron en el proceso con radicado N.º 41001-33-33-006-2022-00236-01 y remitiera el expediente ordinario. 1.6. Intervenciones 18. La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales, en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos: 1.6.1.
Tribunal Administrativo del Huila 19. Mediante memorial recibido el 12 de julio de 2023, la autoridad judicial accionada indicó que el accionante no aludió a ningún defecto dispuesto por la jurisprudencia constitucional, aun así, se podía entender de su escrito la configuración de un desconocimiento de la normativa con lo cual lo único que busca es reabrir el debate jurídico que se planteó en el proceso ordinario, en esa medida solicitó que se negará el amparo deprecado. 1.6.2.
Juzgado Segundo Administrativo de Neiva Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20. Con correo electrónico recibido el 19 de julio de 2023, el juzgado argumentó que, el asunto bajo examen no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional.
Esto, al establecer que la discusión que plantea el accionante es un asunto de carácter meramente legal. Así mismo, advirtió que, en el escrito de tutela no se enuncia la vulneración de derechos fundamentales que aduce como vulnerados la accionante. 21. Sumado a lo dicho, sostuvo que, la providencia de primera instancia estuvo debidamente fundamentada en las providencias del Consejo de Estado.
Así mismo, explicó que la parte demandante ha efectuado una interpretación sesgada y parcializada de los pronunciamientos jurisprudenciales y, de tal forma, omitió la ratio decidendi de estas. Por tanto, solicitó que se declarará la improcedencia del amparo deprecado. 1.6.3. Fiduprevisora 22. A través de correo electrónico recibido el 12 de julio de 2023, la entidad advirtió que, la acción constitucional era improcedente.
Esto, al señalar que, no se cumplía por parte de la accionante una argumentación loable con el fin de superar las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en esa medida expuso que, en el caso en concreto, no se encuentran acreditados los requisitos para su procedencia. 23.
Luego, explicó el procedimiento para la realización del pago de las cesantías para los docentes a nivel nacional, a través del principio de unidad de caja, en el cual no existen cuentas individuales para cada una de las personas. Indicó que en el caso concreto no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por último, pidió que se declarará improcedente la acción de tutela y la desvinculación por no estar legitimado en la causa por pasiva. 1.6.4.
Nación, Ministerio de Educación 24. Por medio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la entidad participó en el trámite constitucional en el cual solicitó que declarará la improcedencia de la acción de tutela. Lo anterior, al considerar que no se superaban los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional, pues no existe un perjuicio irremediable que se pueda conjurar con la acción de tutela ya que no concurre la vulneración de ningún derecho fundamental, así como también se intenta reevaluar un debate legal que ya fue zanjado por la autoridad judicial.
Por último, refirió que, dentro del ámbito de autonomía judicial se profirió una decisión que debe ser respetada y los jueces constitucionales no pueden invadir la esfera de competencia de los jueces ordinarios. 1.7. Sentencia de primera instancia 25. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia el 3 de agosto de 2023 en la que negó el amparo solicitado por la accionante al considerar que el asunto se limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aplicación de la norma, lo cual no es suficiente para calificar una providencia como arbitraria o caprichosa. 26.
De acuerdo con lo expuesto, también señaló lo siguiente: (…) no encuentra esta Sala de Subsección que en el presente asunto se haya configurado ninguna de las causales específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del asunto.
De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino también porque este se encuentra amparado por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada 1.8.
Impugnación 27. Con escrito radicado ante la Secretaría General de la Corporación del 15 de agosto de 2023, el apoderado judicial de la señora Jaramillo Valbuena presentó impugnación a la decisión de primera instancia. 28. En concreto, expuso que era necesario hacer un análisis de la violación directa de la Constitución debido a la interpretación que realizaron a los jueces de instancia, con lo cual se generó un desconocimiento del principio de favorabilidad en la aplicación de las normas jurídicas.
Así mismo, citó en extenso diferentes providencias de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 en las cuales adujó que eran aplicables al caso en concreto. 29. Adicionalmente, desde su punto de vista, consideró que la solicitud de amparo explica con suficiencia las razones por las cuales la pretensión invocada en esta instancia debe ser resuelta de manera favorable.
II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 30. Esta Sala es competente para conocer de impugnación al fallo de tutela proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 2 Corte Constitucional C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU 336 de 2017 y SU 098 de 2018 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, nuevamente mediante sentencia del 12 de noviembre de 2020 con radicación 08001-2333-000-2014-00132-01, M.P. William Hernández Gómez Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado. 31.
En suma, no se advierte irregularidad alguna que impida a esta sala proferir una decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante. 2.2. Cuestión previa 32. La fiduprevisora en su escrito de contestación solicitó su desvinculación del trámite constitucional. No obstante, la Sala no accederá a dicha solicitud en virtud que su vinculación se dio como tercera con interés y no como demandada. 2.3.
Problema jurídico 33. Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: • ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales? 34.
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente: • ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, con ocasión de la sentencia del 23 de mayo de 2023, proferida al interior del proceso ordinario 41001-33-33-002-00236-01? 35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y iii) análisis del caso en concreto. 2.3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial 36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su procedencia.6 37.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto. 38. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. 39.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.4.1.
Relevancia constitucional 40. El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 20227, la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de este requisito de relevancia constitucional. 32.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial: el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad. 7 M.P. Natalia Ángel Cabo.
Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado.
En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para: lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución. 34.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal8 (Énfasis de la Sala). 35.
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes: En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”10 (…) En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.
(…) Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”12 En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental. 8 Sentencia SU-573 de 2019. 9 Sentencia SU-103 de 2022. 10 Sentencia SU-103 de 2022. 11 Sentencia SU-103 de 2022. 12 Sentencia SU-128 de 2021.
Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (…) Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal14. (Resaltado de la Sala) 2.5. Caso concreto 36. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores. 37.
La controversia propuesta por el señora Jaramillo Valbuena no tiene relevancia constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías en un proceso judicial que resultó desfavorable a sus intereses. 38. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional.
Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada. 39. Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza eminentemente legal y patrimonial.
En dicho falló se indicó: Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela.
Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico –como se refiere, igualmente, en el apartado que sigue- 13 Sentencia SU-573 de 2019. 14 Ibid.
Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40. En efecto, los argumentos del accionante, independientemente bajo qué yerros fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliada al Fomag, es decir que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza económica. 41.
Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo cual concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU- 098 de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes al puesto bajo su examen, con lo que se observa que introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto 42.
Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales. 43.
Conforme lo anterior, la pretensión del accionante refleja un inconformismo con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no implica una trasgresión de los derechos fundamentales. 2.6. Conclusión 44. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación, toda vez que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora por lo expuesto en la cuestión previa de esta sentencia.
SEGUNDO: REVOCAR la providencia del 3 de agosto de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la accionante. Demandante: Sandra Rocío Jaramillo Valbuena Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-03414-01 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Presidente ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.