CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026) Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00511-00 Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas), departamento de Caldas, Dirección Territorial de Salud de Caldas y Ministerio de Hacienda y Crédito Público Asunto: autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional por el tiempo laborado en una institución hospitalaria pública.
Reiteración. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 20212, respectivamente, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1. El 8 de marzo de 2022, la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas) expidió certificación de los tiempos laborados (CETIL) núm. 2022038001946270003900013 de la señora Ana María Durán Meléndez en la que indicó: i) que estuvo vinculada en esa institución desde el 27 de noviembre de 1989 y hasta el 26 de noviembre de 1990; y ii) que la entidad responsable por dicho período es el departamento de Caldas. 2.
El 17 de marzo de 2023, Porvenir SA le solicitó al departamento de Caldas4 la emisión, reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Ana María 1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital SAMAI, documento: 7_demandaweb_escrito_3cetilcc51761710. 4 Expediente digital SAMAI, documento: 11_demandaweb_escrito_5cobrodptocc51761710.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 Durán Meléndez, por el periodo laborado en el Hospital San José de Belalcázar (Caldas), que se encontraba liquidado en la página de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a la certificación de tiempo y servicio expedida por el hospital. 3. El 22 de junio de 2023, dando respuesta a la solicitud presentada por Porvenir SA5, el departamento de Caldas objetó la liquidación del bono pensional, manifestando que el tiempo asignado a dicho departamento carecía de soportes, precisando que, si se trataba de funcionarios que no estaban reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud6, por los tiempos de servicio comprendidos entre el 1° de septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1993, el responsable era la entidad hospitalaria en la cual laboró dicho funcionario. 4.
El 15 de diciembre de 2023, la Subdirección de Pensiones – Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público7 dio respuesta a Porvenir SA, manifestando que la señora Ana María Durán Meléndez no se encontraba certificada como beneficiaria de los recursos del pasivo prestacional del sector salud. 5.
El 11 de abril de 20248, Porvenir SA, por medio del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), le solicitó a la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas) realizar un cambio en la certificación, teniendo en cuenta la objeción efectuada por el departamento de Caldas. 6. El 3 de mayo de 20249, la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas), por medio del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), dio respuesta a dicha solicitud señalando que la certificación ya había sido expedida a cargo del departamento de Caldas, ya que el hospital había realizado los pagos al tesoro de dicho ente territorial por el periodo comprendido entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990. 7.
El 27 de febrero de 2025, Porvenir SA, a través de la plataforma de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público10, realizó la liquidación provisional del bono pensional tipo A, modalidad 2, versión 1, a favor de la señora Ana María Durán Meléndez, de acuerdo con la información laboral 5 Expediente digital SAMAI, documento: 13_demandaweb_escrito_6objeciondpto1cc5176, pág. 15 6 Reconocidos a través de la Resolución 02937 del 20 de noviembre de 2000, expedida por el entonces Ministerio de Salud. 7 Expediente digital SAMAI, documento: 19_demandaweb_escrito_9consultadress. 8 Expediente digital SAMAI, documento: 15_demandaweb_escrito_7solicitudcetilhospi. 9 Expediente digital SAMAI, documento: 15_demandaweb_escrito_7solicitudcetilhospi. 10 Expediente Digital SAMAI, documento “004ED_4LIQUIDACIONCC349768”.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 certificada por la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas) y a cargo del departamento de Caldas, cuyo estado se registra como objetado. 8. El 14 de mayo de 2025, el departamento de Caldas11 se pronunció frente a la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Durán Meléndez, manifestando que mientras no se suscriba un nuevo contrato de concurrencia o no medie una orden judicial que obligue, expresamente, al departamento de Caldas al pago total de un bono pensional especifico, se ceñirá a lo previsto en el artículo 2° del Decreto 700 de 2013, en lo referente al esquema de concurrencia para la atención del pasivo prestacional de los funcionarios y exfuncionarios del sector salud que no fueron certificados, por el período comprendido entre el 1. ° de septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1993, conforme al contrato de concurrencia núm. 0083 de 2001. 9.
El 4 de noviembre del 2025, Porvenir SA12 promovió conflicto negativo de competencia administrativas entre las autoridades de la referencia, ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, a fin de determinar la autoridad que debe conocer y resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Ana María Durán Meléndez, el cual fue repartido al despacho ponente el 10 de noviembre de 202513.
II. ACTUACIÓN PROCESAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 471 del 10 de noviembre de 2025 en la Secretaría de la Sala14, por el término de cinco (5) días, entre el 13 y el 20 de noviembre de 2025, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.
Consta, en informe secretarial del 11 de noviembre de 202515, que la Secretaría de la Sala comunicó la presentación del presente conflicto de competencias administrativas a la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas), al departamento de Caldas, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, a su apoderada, la abogada Laura Giselle Banoy Becerra y a la señora Ana María Durán Meléndez. 11 Expediente digital SAMAI, documento: 17_demandaweb_escrito_8objecionpagoparcial. 12 Expediente digital SAMAI, documento: 1_demandaweb_escrito_demandaconflictodeco. 13 Expediente digital SAMAI, documento: 14ed_03_actadereparto. 14 Expediente digital SAMAI, documento: 16poredicto_05_edicto. 15 Expediente digital SAMAI, documento: 15ed_04_informedecomunica.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 En informe secretarial del 21 de noviembre de 202516, se indicó que, dentro del término de fijación del edicto, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el departamento de Caldas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentaron sus consideraciones; mientras que las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 1. ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas) Esta entidad no presentó alegatos; sin embargo, las razones por las cuales manifiesta que carece de competencia para atender la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Ana María Durán Meléndez se extraen de la respuesta registrada el 3 de mayo de 202417, a través del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) a la solicitud de Porvenir SA de realizar cambio en la certificación, teniendo en cuenta la objeción realizada por el departamento de Caldas.
En dicha respuesta señaló que la certificación ya había sido expedida a cargo del departamento de Caldas, en tanto, el hospital había realizado los pagos al tesoro de ese ente territorial por el periodo comprendido entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990, y, en consecuencia, es a dicha autoridad a la que le corresponde dicha responsabilidad pensional. 2.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público A través de oficio con radicado núm. 2-2025-072202, del 19 de noviembre de 202518, presentó sus alegatos y manifestó que la señora Ana María Durán Meléndez no se encuentra registrada como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud, es decir, que el hospital no la reportó como tal y, por lo tanto, no quedó inscrita en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud.
En esa medida, al no ser beneficiaria de los recursos del citado fondo, su pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993 no puede ser financiado a través del contrato de concurrencia núm. 083 de 2001. 16 Expediente digital SAMAI, documento: 35aldespachopor_informesecretarial2025-00511. 17 Expediente digital SAMAI, documento: 15_demandaweb_escrito_7solicitudcetilhospi. 18 Expediente digital SAMAI, documento: 33recibememorial_86e7da1pdf.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 De acuerdo con lo anterior, considera que el derecho pensional de la señora Durán Meléndez está a cargo de la institución de salud empleadora, no de la Nación, ni del departamento, ni del municipio o de la Dirección Territorial de Salud, porque los recursos girados al patrimonio autónomo del contrato de concurrencia núm. 083 de 2001 tienen como destinación específica el pago de los derechos pensionales de las personas que fueron certificadas como beneficiarios activos y jubilados.
Además, puso de presente la normativa según la cual era una obligación legal de las instituciones hospitalarias realizar el reporte de los trabajadores que no tuvieran garantizado el pago de su pasivo prestacional hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993, para que pudieran ser beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, el cual fue suprimido a través de la Ley 715 de 2001, asignándole al entonces Ministerio de Salud la responsabilidad financiera de girar los recursos de la concurrencia a cargo de la Nación, por el pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993, de funcionarios y exfuncionarios que quedaron inscritos en la Certificación de Beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, expedida por dicha cartera ministerial.
Señaló, igualmente, que los pasivos prestacionales de las personas que no fueron certificadas como beneficiarias se mantienen vigentes y gozan de pleno derecho frente a su empleador, y que, en esa medida, aquellos que, por omisión, error o cualquier otra razón se hayan dejado de reportar, deben ser asumidos por el empleador, en consideración a la vinculación laboral que existió entre las partes o de la entidad a la cual fueron afiliadas y pagados los aportes pensionales correspondientes. 3.
Departamento de Caldas Mediante oficio del 18 noviembre de 202519, presentó sus alegatos e indicó que la responsabilidad por parte del departamento respecto al pago del pasivo del sector salud causado a 31 de diciembre de 1993 se circunscribe a las personas que se hubiesen certificado como beneficiarias de la concurrencia, de manera que el pasivo pensional que no se reportó, o que se originó con posterioridad, debe ser financiado completamente por su empleador, que para el caso en concreto de la señora Ana María Durán Meléndez es la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas).
Igualmente, preciso que, en caso de omisión de la obligación de reportar a un trabajador como beneficiario, se debía dar aplicación a lo dispuesto en la Circular Conjunta 009 de 201820, en la que se estableció que aquellos casos en los cuales los funcionarios no hubiesen sido reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo 19 Expediente digital SAMAI, documento: 31_memorialweb_alegatos-alegacionesyanexosde 20 Que definió los criterios técnicos para la expedición de certificaciones de tiempos de servicios y/o salarios para bonos pensionales y/o pensiones – Formatos 1, 2 y 3 (A-B).
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 del Pasivo Prestacional del Sector Salud, y siempre que se tratara de servicios prestados del 1. ° de septiembre de 1979 al 31 de diciembre de 1993, lo asumía la entidad hospitalaria en la cual laboró el funcionario. Concluyó señalando que, en la medida en que la señora Durán Meléndez no fue reportada como beneficiaria por parte del Hospital San José de Belalcázar y que el período laborado en el hospital está comprendido entre el 1. ° de septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1993, es a la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas) a la cual le correspondía el financiamiento de la referida pensión, de conformidad con el numeral 3º de la Circular 009 de 2018 y teniendo en cuenta lo previsto en el inciso 5º del artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo 2. º del artículo 2.12.4.4.4. del Decreto 1068 de 2015, que establecen que, hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezca la concurrencia, les corresponde a las entidades del sector salud seguir presupuestando las pensiones a que estuviesen obligadas. 4.
Dirección Territorial de Salud de Caldas Mediante oficio del 13 noviembre de 202521, presentó sus alegatos e indicó que con respecto a la señora Ana María Durán Meléndez, en el sistema de bonos pensionales – OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no se registra ninguna liquidación de bono pensional a cargo de dicha dirección territorial.
De esta manera, puso de presente que la Dirección Territorial de Salud de Caldas, fue delegada por el departamento de Caldas para custodiar el patrimonio autónomo constituido en virtud del contrato de concurrencia núm. 083 de 2001, administrado por Colfondos, según contrato núm. 198 de 2002. Dicho Patrimonio tiene como objeto esencial el pago de la deuda prestacional de los funcionarios y exfuncionarios del sector salud reconocidos como beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional mediante la resolución núm. 02937 del 20 de noviembre de 2000.
Señaló que, revisado el listado de beneficiarios del extinto fondo, la señora Ana María Durán Meléndez no fue reportada como beneficiaria por parte del Hospital San José de Belalcázar, situación por la cual no es posible autorizar reconocimientos o pagos pensionales con cargo a los recursos del patrimonio autónomo del contrato de concurrencia. Precisó que, de conformidad con el artículo 78 de la Ley 1438 de 2011, la Ley 100 de 1993 y la Ley 549 de 1999, la responsabilidad del pasivo pensional causado en el sector salud que se encontraba centralizado, ahora se encuentra en cabeza de la Nación y los entes territoriales y, de ninguna manera, de las instituciones hospitalarias ni de las entidades del sector salud. 21 Expediente digital SAMAI, documento: 29_memorialweb_alegatos-06828alegatosyc.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 De esta manera, puso de presente que para aquellas personas que no tienen financiado el pasivo pensional causado, como es el caso de la señora Durán Meléndez, la responsabilidad recae en cabeza de los entes territoriales, esto es, en el departamento de Caldas y, en consecuencia, no existe responsabilidad o competencia de la Dirección Territorial, porque el Hospital San José de Belalcázar no era una dependencia de esta entidad y porque los hospitales públicos eran financiados y administrados por los departamentos y el Gobierno nacional.
IV. CONSIDERACIONES 1. Competencia general del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en los conflictos de competencia administrativas De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2. º y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional, o si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.
En el caso bajo estudio se encuentran cumplidos estos requisitos debido a que: i) el conflicto se ha configurado, efectivamente, entre una autoridad del orden nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y tres autoridades del orden territorial, esto es, el departamento de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas); ii) está en curso una actuación administrativa, particular y concreta, derivada de una solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional en favor de la señora Ana María Durán Meléndez, correspondiente al período laborado comprendido entre el 27 de noviembre de 1989 y el 26 de noviembre de 1990; y iii) las autoridades en conflicto negaron la competencia sucesivamente para resolver dicha solicitud.
Conforme con lo anterior, se impone concluir que la Sala es competente para conocer del presente conflicto negativo de competencias administrativas. 2. Términos legales El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que, mientras se resuelve el conflicto de competencia, se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva22. 3.
Aclaración previa La función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo se efectúa a partir del análisis de los supuestos fácticos y los documentos que forman parte del expediente. En este sentido, las eventuales alusiones que se hagan al caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. Esta Sala no puede pronunciarse sobre los derechos que se reclaman ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime el conflicto.
Corresponderá a la autoridad que sea declarada competente la verificación de las situaciones de hecho y de derecho para decidir de fondo sobre el asunto de la referencia. 4. Problema jurídico y síntesis del conflicto De conformidad con los antecedentes relacionados, le corresponde a la Sala determinar cuál es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional correspondiente al tiempo que la señora Ana María Durán Meléndez laboró en el Hospital San José de Belalcázar (Caldas), hoy ESE, esto es, en el período comprendido entre el 27 de noviembre de 1989 y el 26 de noviembre de 1990.
En suma, el conflicto surge porque la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas) precisó que no es competencia de dicha entidad efectuar el reconocimiento y pago del bono pensional de la señora Durán Meléndez, en atención a que el hospital había realizado los pagos al tesoro del departamento por el periodo comprendido entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990, por lo cual considera que el responsable para efectuar el reconocimiento y pago es el departamento de Caldas.
Por su parte, el departamento de Caldas objetó el bono pensional solicitado por Porvenir SA al considerar que la señora Ana María Durán Meléndez no se encontraba registrada como beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional de Salud y, en consecuencia, se debía dar aplicación a lo dispuesto en la Circular Conjunta núm. 009 de 2018, en la que se estableció que aquellos casos en los cuales los funcionarios no hubiesen sido reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, y siempre que se tratara de servicios prestados del 1° de septiembre de 1979 al 31 de diciembre de 1993, la 22 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 responsabilidad pensional recaía en la entidad hospitalaria en la cual se laboró, es decir, la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas). El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que, en atención a que la institución hospitalaria en la que laboró la señora Durán Meléndez no la reportó como beneficiaria del pasivo prestacional del sector salud, no quedó inscrita en la certificación de beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, expedida por el entonces Ministerio de Salud, y, al no ser beneficiaria de dicho fondo, su pasivo prestacional no puede ser financiado a través del convenio de concurrencia, por lo que su derecho pensional estará a cargo de la institución de salud empleadora, esto es, de la ahora ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas).
Por último, la Dirección Territorial de Salud de Caldas23 puso de presente que solo se ocupa de custodiar el patrimonio autónomo constituido en virtud del contrato de concurrencia núm. 083 de 2001, el cual cubre la deuda prestacional de los beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional establecidos mediante la Resolución núm. 02937 del 20 de noviembre de 2000, por lo que, frente a los no beneficiarios, la responsabilidad recae en cabeza de los entes territoriales, esto es, en el departamento de Caldas.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes temas: i) Los antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración; ii) El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración; iii) Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud.
Reiteración; iv) Conclusiones del recuento normativo. Reiteración; v) Los bonos pensionales. Reiteración; y vi) Análisis del caso concreto. 5. Consideraciones de fondo 23 Entidad que, a pesar de no habérsele comunicado la existencia del presente conflicto, presentó consideraciones mediante escrito del 13 noviembre de 2025, dentro del término de fijación del edicto núm. 471 del 10 de noviembre de 2025.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 5.1. Antecedentes normativos del Sistema Nacional de Salud. Reiteración24 Decreto Ley 2470 de 196825 Este decreto reorganizó el Ministerio de Salud Pública y definió el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de organismos con la finalidad específica de procurar la salud de la comunidad (artículo 1º).
Dicho sistema quedó organizado en los niveles nacional, seccional y local (artículo 2°). Al definir los niveles del sistema26, el legislador extraordinario dejó la dirección del sistema, su organización y sus funciones administrativas en los niveles nacional y seccional, en tanto que integró el nivel local con las instituciones y dependencias que directamente prestan el servicio de salud, entre ellas, los hospitales; adicionalmente, a este nivel local se le asignó la competencia de ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. La Ley 9ª de 197327 La Ley 9ª de 1973 otorgó facultades extraordinarias al presidente de la República para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública.
En concreto, dichas facultades se otorgaron para: i) adscribir o vincular al Sistema Nacional de Salud las entidades creadas por ley que prestaban servicios de atención médica y los servicios de atención médica de otras entidades del sector público; 24 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 18 de septiembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00503-00; del 22 de agosto de 2024, con radicado 11001-03- 06-000-2024-00283-00; del 12 de abril de 2023, con radicado 11001-03-06-000-2022-00282-00; del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06-000-2022-00098-00; del 27 de agosto de 2019, con radicado 11001-03-06-000-2019-00041-00 y del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06- 000-2019-00213-00. 25 Decreto Ley 2470 de 1968 (25 de septiembre), «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública». 26 Decreto Ley 2470 de 1968.
Artículo 3º. El nivel nacional está constituido por el Ministerio de Salud Pública y los organismos adscritos y vinculados a él. // Artículo 4º. El nivel seccional está constituido por los servicios seccionales de salud a los cuáles compete las siguientes funciones: a) Adecuar los planes y programas de salud a las condiciones regionales y locales y adelantar su ejecución; b) Supervisar, asesorar, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de salud en su territorio. //Artículo 5º.
El nivel local está constituido por los recursos ejecutivos del Sistema de Salud Pública, tales como hospitales, centros y puestos de salud, y demás instituciones de salud existentes y las que en el futuro se creen. A este nivel corresponde ejecutar los programas de salud pública en su jurisdicción. 27 Ley 9ª de 1973 (14 de abril), «Por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 ii) suprimir, fusionar, sustituir o reformar las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Salud Pública y transferir a otros organismos del Estado las actividades no específicas del sector salud; iii) dictar las normas fundamentales de organización y funcionamiento de las entidades de asistencia pública y las asociaciones e instituciones de utilidad común dedicadas a la prestación de servicios de salud; iv) determinar la organización y el régimen de funcionamiento de los servicios seccionales de salud que funcionaban en las capitales de los departamentos, intendencias, comisarías y en el Distrito Especial de Bogotá, y v) elaborar el Estatuto de Personal y escala salarial para los funcionarios que prestaban sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, con base en la política general fijada y dentro de las posibilidades presupuestales.
De igual forma, en ejercicio de tales facultades fueron expedidos, entre otros, los Decretos Leyes 056, 350, 356 y 694 de 1975, que se sintetizan a continuación: Decreto Ley 056 de 197528 El artículo 1. º de este decreto definió nuevamente el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan como finalidad especifica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación».
Además, determinó una organización básica del sistema para su dirección en los niveles nacional, seccional y local (artículo 4. °), y dispuso la adscripción a la misma, de las entidades creadas por ley, ordenanza departamental, acuerdo municipal, intendencial o comisarial y las dependencias de otras entidades del sector público que prestaban servicios de atención médica, con la sola excepción de las que formaban parte del sector de la Defensa Nacional (artículo 5. °).
Igualmente, definió, para efectos del sistema nacional de salud, qué se debía entender por subsistemas nacionales de inversión, información, planeación, suministros y personal; por entidades adscritas al sistema y por entidades vinculadas al sistema (artículo 2. °). Indicó que las entidades adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho público que 28 Decreto Ley 056 de 1975 (15 de enero) «Por el cual se sustituye el Decreto-ley número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes del estado», y las entidades vinculadas, como entidades de asistencia pública, son «todas las personas jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban o no aportes estatales». [Resalta la Sala]. También señaló que los servicios seccionales de salud funcionarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública (artículo 8. °) al que, entre otros asuntos, le correspondía aprobar los planes seccionales de salud (artículo 9.°).
Además, incorporó las intendencias, las comisarías y las secretarías de salud de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá al respectivo servicio seccional de salud (artículo 10. °). Respecto del nivel seccional, ordenó dividirlo en Unidades Regionales de Salud, que correspondían a determinadas áreas geográficas, y dispuso que, en cada unidad regional, las instituciones ejecutoras de los programas de salud tendrían una organización homogénea en el aspecto técnico y administrativo (artículo 19).
A esas unidades les asignó las siguientes funciones: i) formular los planes y programas regionales de acuerdo con la política nacional de salud; ii) supervisar y coordinar las actividades de los organismos locales de salud; iii) realizar las actividades que les delegara el servicio seccional y iv) aplicar a los organismos locales de salud el régimen de adscripción o de vinculación que estableciera la ley (artículo 21).
Por su parte, el artículo 22 del citado decreto dispuso que el Ministerio de Salud, de acuerdo con el servicio seccional de salud, determinaría el hospital de la región que tendría la dirección del Sistema Nacional de Salud en la respectiva Unidad, el cual se denominaría Hospital Sede de la Unidad Regional. Decreto Ley 350 de 197529 Mediante este decreto se definió la organización y el régimen de funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud, como organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá, e hizo remisión expresa sobre varios de estos asuntos a lo señalado en el Decreto 056 de 1975.
Adicionalmente, determinó la organización y funcionamiento de las Unidades Regionales de Salud. 29 Decreto Ley 350 de 1975 (4 de marzo), «Por el cual se determina la organización y funcionamiento de los Servicios Seccionales de Salud y de las Unidades Regionales», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 Decreto Ley 356 de 197530 Este decreto estableció el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestaban servicios de salud. Estableció que las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud a la comunidad estaban adscritas al sistema nacional de salud, dependían administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que en ellas laboraba estaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).
Los planes y programas que elaboraban y desarrollaban las entidades adscritas debían ser integrados a los planes nacionales, seccionales y regionales de salud (artículo 3) y sus actividades debían someterse a las disposiciones que regulaban los subsistemas nacionales de inversión, suministros, planeación, información personal y de las demás disposiciones que se implementaran para el desarrollo del sistema (artículo 4).
Adicionalmente, señaló que quedarían adscritas al Sistema Nacional de Salud en el respectivo nivel las entidades de derecho público que se crearan para prestar servicios de salud; las entidades existentes cuyo objeto principal era la prestación de los servicios de salud y las dependencias de las entidades de derecho público que prestaban servicios de salud, así su objeto principal no fuera el de prestar dichos servicios (artículos 5 y 6).
De otro lado, indicó que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al sistema nacional de salud (artículo 9), y quedaban sometidas a la vigilancia y control de los organismos de dirección del sistema en sus respectivos niveles, los cuales debían velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de los servicios de salud (artículo 10).
Señaló que las entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sistema debían cumplir con una serie de obligaciones, entre otras: i) someter a la aprobación del organismo competente y a la dirección del sistema nacional de salud sus planes y programas de salud, ii) someter a la aprobación de los organismos del sistema, los proyectos de inversión, dotación e investigación en salud, iii) someter a la aprobación del organismo competente de la dirección del sistema, el proyecto anual de presupuesto cuando la entidad recibiera aportes del Estado, iv) vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12).
En su junta 30 Decreto Ley 356 de 1975 (5 de marzo), «Por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicios de salud», derogado por el artículo 52 de la Ley 10 de 1990 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones». Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 directiva debía existir representación del Ministerio de Salud Pública y del jefe del Servicio Seccional de Salud respectivo (artículo 13).
Estas instituciones de utilidad común y las demás sin ánimo de lucro que estuvieran vinculadas al sistema seguían rigiéndose por sus propios estatutos, los cuales debían ser ajustados a las disposiciones que regulaban el funcionamiento del sistema (artículo 14). Estableció las diferentes categorías de hospitales para la organización de los niveles de atención médica, así: hospital universitario, hospital regional y hospital local (artículo 17).
Y, prescribió que los hospitales que funcionaran como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Salud Pública pasarían a ser dependencias administrativas del respectivo servicio seccional de salud en los términos de adscripción señalados en el Decreto Ley 356 y dejarían de ser establecimientos públicos (artículo 19). Por último, les otorgó a los organismos de dirección del sistema y a sus entidades adscritas la posibilidad de celebrar contratos con las entidades vinculadas para el mejor desarrollo del sistema (artículo 21).
Decreto Ley 694 de 197531 Por medio de este decreto se estableció «el estatuto de personal para el Sistema Nacional de Salud», y se unificó el régimen de personal aplicable a los empleados oficiales vinculados a los organismos, dependencias e instituciones que integraban el Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles (creados por ley, ordenanza o acuerdo) y remitió a las disposiciones nacionales para llenar los vacíos que la reglamentación del sector salud tuviera en la materia.
Les confirió la categoría de empleados públicos a aquellas personas que prestaban sus servicios en cargos permanentes de los organismos de dirección del Sistema Nacional de Salud y en sus entidades adscritas, dándoles la posibilidad a aquellas personas que tuviesen la calidad de trabajadores oficiales a la entrada en vigencia del decreto de conservar tal calidad (artículo 2).
Respecto a las entidades vinculadas al sistema nacional de salud, les condicionó la posibilidad de recibir aportes del Estado a la obligación de adaptar su régimen de 31 Decreto Ley 694 de 1975 (14 de abril) «Por el cual se establece el Estatuto de Personal para el Sistema Nacional de Salud», derogado y modificado en lo pertinente por el artículo 87 de la Ley 443 de 1998, «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
La ley 443 fue derogada por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004, con excepción de los artículos 24, 58, 81 y 82, «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones». Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 administración de personal a los principios básicos del Decreto 694 y su reglamento (artículo 8). 5.2.
El proceso de descentralización del sector salud. Reiteración32 Como lo señaló la Sala en otra oportunidad33, antes de la Constitución Política de 1991 se inició el proceso de trasformación y descentralización del sector. Con la expedición de la Ley 10 de 1990 se reorganizó el Sistema Nacional de Salud. Ley 10 de 199034 Esta ley dispuso lo siguiente: i) La salud seguía siendo un servicio a cargo de la Nación administrado en asocio de las entidades territoriales, sus entes descentralizados y las personas privadas autorizadas (artículo 1º). ii) Definió el sistema en torno a los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación. iii) Señaló que lo conformaban «el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud, como, también, en lo pertinente, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud». iv) Sujetó las organizaciones locales y seccionales de salud, que autónomamente establecieran las entidades territoriales, «a las normas científicas para el control de los factores de riesgo para la salud» que dictara el Ministerio de Salud. 32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 22 de agosto de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00283-00; del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06- 000-2022-00098-00 y decisión del 21 de abril de 2020, con radicado 11001-03-06-000-2019-00213- 00. 33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 11001-03-06-000-2018-00132-00. 34 Ley 10 de 1990 (enero 10) «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones», modificada por el artículo 36 del Decreto Nacional 126 de 2010 «Por el cual se dictan disposiciones en materia de Inspección, Vigilancia y Control, de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones», en lo relativo a las multas. // Artículo 52.
Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Deroga expresamente los Decretos Extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975 y todas las disposiciones legales que le sean contrarias. Reforma, en lo pertinente, las disposiciones legales sobre situado fiscal. El Decreto Extraordinario 694 de 1975 queda igualmente modificado, por cuanto sus disposiciones se aplicarán al Ministerio de Salud y a las entidades descentralizadas del orden nacional que prestan servicios de salud, excepto las adscritas al Ministerio de Defensa y sus normas referentes a la Carrera Administrativa se continuarán aplicando en los términos del artículo 27 de esta ley.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 v) Ordenó la pertenencia «al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente», de las entidades descentralizadas creadas o que se crearan para prestar servicios de salud, conforme al acto de creación (artículo 4º). También asignó a las entidades territoriales y a sus descentralizadas, la dirección y prestación de los servicios de salud; y precisó que (i) el primer nivel de atención en el orden municipal comprendía los hospitales locales, los centros y puestos de salud y (ii) los niveles segundo y tercero de atención, en los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos y las áreas metropolitanas comprendía los hospitales regionales, universitarios y especializados.
De igual forma, previó la prestación de servicios de atención médica por la Nación. Ley 60 de 199335 Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993, que consolidó el proceso de descentralización del sector salud, para lo cual: i) Definió los servicios y las competencias en temas de salud a cargo de las entidades territoriales y de la Nación; ii) Estableció las reglas para que los departamentos, los distritos y los municipios asumieran las funciones de dirección y administración del servicio de salud, así como su prestación directa; iii) Adoptó una serie de disposiciones tendientes a precisar las responsabilidades del nivel nacional y del nivel territorial en materia salarial y prestacional; iv) En especial, estableció un mecanismo para identificar el pasivo prestacional del sector salud y definir las responsabilidades que asumirían la Nación y las entidades territoriales para garantizar su pago. 5.3.
Las competencias y procedimientos para garantizar el pago del pasivo prestacional del sector salud. Reiteración36 35Ley 60 de 1993 (agosto 12) «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
Esta ley fue derogada por Ley 715 de 2001. 36 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 22 de agosto de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00283-00, del 13 de diciembre de 2022, con radicado 11001-03-06- 000-2022-00098-00 y decisión de 27 de agosto de 2019 con Radicado 11001-03-06-000-2019- 00041-00. Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 Ley 60 de 1993 Esta disposición también creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud37 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, con el fin de garantizar el pago del pasivo prestacional de los empleados de ese sector, por concepto de cesantías, reserva de pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.
De acuerdo con el artículo 33 de esta ley, el Fondo Prestacional del Sector Salud se creó para garantizar el pago del pasivo prestacional de ese sector, con las siguientes características: i) El pasivo prestacional de los servidores del sector salud era el causado hasta el 31 de diciembre de 1993, por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación. ii) Los beneficiarios eran los servidores que estuvieron vinculados a las siguientes instituciones o dependencias del sector salud: a) las que pertenecían al subsector oficial, b) las del subsector privado cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, y aquellas privadas que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad pública, y c) las de naturaleza jurídica indefinida, cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad pública.
Dicho artículo dispuso, igualmente, que el Gobierno nacional, por medio de reglamento, establecería la forma en que la Nación y las entidades territoriales concurrirían al pago del pasivo pensional. Ley 100 de 199338 La Ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social para «garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios» y se refirió al sector salud y al fondo del pasivo prestacional del sector salud, en el artículo 242, en los siguientes términos: Artículo 242.
FONDO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD. El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60 de 1993, cubrirá las 37 Ley 60 de 1993 (12 de agosto), artículo 33. Fondo Prestacional del Sector Salud. 38 Ley 100 de 1993 (diciembre 23) «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993. El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector salud que a la vigencia de esta Ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en esta, será asumido por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que establece la misma Ley.
A partir de la vigencia de la presente Ley no podrán reconocerse ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable. En el caso de que las instituciones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 y para los efectos allí previstos, estén reconociendo por un régimen especial un sistema pensional distinto del exigido por la entidad de previsión social a la cual se afilien o se encuentren afiliados los trabajadores correspondientes, la pensión será garantizada por el Fondo del Pasivo Prestacional y las entidades territoriales, hasta el momento en que el trabajador reúna los requisitos exigidos por la entidad de previsión y los diferenciales de pensión serán compartidos y asumidos por el Fondo, las entidades territoriales y la mencionada entidad provisional, en la proporción que a cada cual le corresponda.
Las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993.
PARÁGRAFO. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, entiéndase por cesantías netas, las cesantías acumuladas menos las pagadas a 31 de diciembre de 1993. [Subraya la Sala]. Advierte la Sala que el inciso final del artículo 242 de la Ley 100 impuso a las entidades del sector salud la obligación de continuar «presupuestando y pagando» las cesantías y las pensiones hasta cuando se realizara el corte de cuentas que permitiría establecer las obligaciones de las entidades territoriales para concurrir con la Nación en el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 Decreto Reglamentario 530 de 199439 Este decreto, que reglamentó las Leyes 60 de 1993 y 100 de 1993, reiteró la naturaleza y características del Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector Salud (artículo 1º) y precisó el objeto del fondo así: ARTÍCULO 2º. OBJETO DEL FONDO NACIONAL DEL PASIVO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD.
El Fondo tiene por objeto garantizar el pago de la deuda prestacional del sector salud, causada o acumulada a diciembre 31 de 1993 por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación, cuya obligación se atribuye a la Nación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 de la Ley 60 de 1993, 242 de la Ley 100 de 1993 el presente Decreto.
Parágrafo. Para los efectos del presente Decreto, el Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector Salud, se denominará en adelante Fondo del Pasivo. [subraya de la Sala]. De la disposición reproducida se observa que, de acuerdo con el reglamento, la deuda garantizada con el Fondo del Pasivo sería la atribuida a la Nación. El artículo 8.º del decreto citado reiteró el contenido de los numerales 1. º y 2. º del artículo 33 de la Ley 60 para precisar los sujetos beneficiarios de ese Fondo.
Por su parte, el artículo 10 estableció el procedimiento para efectos del reconocimiento de la calidad de beneficiario del Fondo del Pasivo Prestacional que debían adelantar «las entidades y dependencias del sector salud» que consideraran estar en los subsectores oficial, privado y de naturaleza indefinida relacionados en el artículo 33 de la Ley 60 de 1993.
Ese procedimiento impuso una obligación expresa a las dependencias o entidades de salud de enviar la información de las personas vinculadas o que estuvieron vinculadas al 31 de diciembre de 1993, para incluirlas como beneficiarias en el Fondo Nacional del Pasivo Prestacional del Sector Salud. También señaló que estas entidades debían solicitar al Ministerio de Salud, por intermedio de la Dirección Seccional de Salud o la Dirección Distrital, el reconocimiento de «personal activo, pensionado o retirado» de la entidad o dependencia, que no tuviera totalmente garantizado el pago del pasivo prestacional. 39 Decreto reglamentario 530 de 1994 (8 de marzo), «Por el cual se reglamentan los artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993».
Derogado por el Decreto 306 de 2004, «Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001». Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 Además, estableció el deber de darle suficiente publicidad, mediante medios de amplia circulación, a esa convocatoria, para que los trabajadores de dicho sector que creían ser beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud se identificaran y suministraran la información laboral necesaria y así determinar el estado de la deuda prestacional.
Ahora bien, el artículo 11 prescribió que vencido el término de nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del citado decreto (8 de marzo de 1994), no se podrían presentar más solicitudes para el reconocimiento de la calidad de beneficiario del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, pero advirtió que tal consecuencia no significaba la pérdida de los derechos prestacionales de los servidores.
El citado decreto en el Capítulo IV reglamentó el «régimen de concurrencia» o responsabilidad de la Nación, de los entes territoriales y de las instituciones privadas en el pago de la deuda prestacional del sector salud, y dispuso que tratándose de instituciones públicas: i) La Nación respondería por la totalidad de la deuda de las instituciones del orden nacional; y ii) La Nación respondería por la deuda de las instituciones de salud que no pertenecieran al orden nacional, en proporción a su participación en el situado fiscal; los departamentos, municipios y el distrito capital participarían en la proporción que en el mismo situado tuviera cada uno. Por lo anterior, para cubrir la deuda relacionó las fuentes de recursos, y estableció los criterios y reglas a seguir.
De igual forma, ordenó la celebración de los contratos de concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales que participaban en el pago de la deuda de la institución, en los cuales se debía establecer, por lo menos, el monto de la deuda, las fuentes de financiación de las entidades territoriales, la periodicidad de los compromisos adquiridos por la Nación y las entidades territoriales para el pago del saneamiento progresivo de la deuda, las cláusulas compromisorias que garantizaran el estricto cumplimiento efectivo por cada una de las partes y las entidades a las que debían hacerse los giros.
Posteriormente, el artículo 9° del Decreto 3061 de 199740 adicionó un artículo al Decreto 530 de 1994, así: 40 Decreto 3061 del 23 de diciembre de 1997, «Por el cual se adiciona y modifica parcialmente el Decreto 530 de 1994 y se dictan otras disposiciones». Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 ARTICULO 9o. Se adiciona un artículo al Decreto 530 de 1994, así: "Artículo 31.
En los cálculos actuariales no se incluirá el pasivo pensional correspondiente a las cuotas partes del personal que se hubiese retirado con anterioridad a la fecha del cálculo y no hubiere solicitado la emisión de su bono pensional. En la fecha en que dichos afiliados soliciten la emisión de su bono, se incluirá en la actualización anual del cálculo del pasivo prestacional el valor correspondiente a las cuotas partes que debe la institución de salud de conformidad con las normas aplicables y sólo será necesario reajustar los convenios de concurrencia cuando esta inclusión exceda el valor total incluido en éste.
Se autoriza a las partes concurrentes para realizar los ajustes necesarios entre los diferentes conceptos prestacionales” [subrayado la por fuera del texto]. Por último, respecto al régimen de concurrencia, tratándose de instituciones privadas del sector salud, el Decreto 530 de 1994, en su capítulo IV, dispuso que: i) La Nación a través del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, asumiría el porcentaje de la deuda prestacional en proporción a su participación en el total de la financiación de dichas instituciones; ii) Los departamentos y municipios asumirían el porcentaje de la deuda prestacional en un volumen de recursos equivalente a la proporción en que han participado en el total de la financiación con sus aportes presupuestarios y las rentas de destinación específica que han asignado para las instituciones privadas en cuestión, incluyendo las rentas cedidas; iii) Cada institución privada asumiría el pago de la deuda en un monto equivalente a la proporción en que ha participado en su propia financiación y con sus recursos presupuestarios propios.
Ley 715 de 200141 En virtud de esta ley se ordenó la supresión del Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud, creado por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y se asignó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la atención del pago de las cesantías y las pensiones de los beneficiarios del mencionado fondo del pasivo. Además, el artículo 61 estableció que, de acuerdo con los convenios de concurrencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales 41 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
Los artículos 61,62 y 63 fueron reglamentados, en un primer momento por el Decreto 306 de 2004, luego por el Decreto 700 de 2013 y finalmente de forma parcial por el Decreto 1338 de 2002. Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 tendrían a su cargo la obligación de financiar el pago de las mesadas y bonos pensionales que constituía el pasivo pensional a cargo del fondo suprimido.
Esta obligación se cumpliría mediante la suscripción de los contratos de concurrencia por medio de los que se pactarían las responsabilidades compartidas entre la Nación y las entidades territoriales, para el pago del pasivo. Por su parte, el artículo 62 ibidem conservó los convenios de concurrencia y ordenó que se continuaran aplicando los procedimientos del fondo suprimido, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumiera el pago de las obligaciones de la Nación. Respecto de estos actos jurídicos señaló:
ARTÍCULO
62. CONVENIOS DE CONCURRENCIA. Para efectos de los convenios de concurrencia, los cuales deberán ser suscritos a partir de la vigencia de la presente ley por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se continuarán aplicando los procedimientos del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, la forma en que concurren las diferentes entidades para cubrir el pasivo prestacional, la forma de cálculo del mismo, su actualización financiera y actuarial, las obligaciones de los convenios de concurrencia y los requisitos que deben acreditarse. […].
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá revisar y actualizar en forma periódica el valor de la deuda prestacional, definiendo la responsabilidad de cada uno de los entes que suscribe el convenio de concurrencia.
PARÁGRAFO. Para efectos de lo ordenado en el presente artículo, el Gobierno Nacional definirá la información, condiciones y términos que considere necesarios. [subraya de la Sala]. Esta ley, igualmente, dispuso que los recursos existentes en el Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud fueran trasladados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como los demás recursos que por ley se encontraban destinados al fondo, para que, con cargo a dichos recursos, se efectuaran los pagos correspondientes y se financiara el pago de los pasivos prestacionales del sector salud (artículo 63).
Decreto Reglamentario 306 de 200442 Este decreto reglamentó específicamente los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001 y señaló que su objeto era reglamentar el procedimiento general para el reconocimiento y pago del pasivo prestacional del sector salud causado a diciembre 31 de 1993 por concepto de cesantías netas y reservas requeridas para el pago de pensiones legalmente reconocidas de las instituciones de salud públicas o privadas, 42 «Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 en cuya financiación deban contribuir en virtud de la Ley 715 de 2001, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales cuando a ello hubiere lugar. También dispuso que el pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993 estaba constituido por las cesantías, las pensiones, la reserva pensional de activos y retirados.
Respecto de esta última reserva indicó que comprendía el pago de bonos o cuotas partes de bonos de servidores públicos «de las instituciones hospitalarias» retirados antes del 31 de diciembre de 1993. Así, el artículo 2º dispuso lo siguiente: ARTÍCULO 2°. PASIVO PRESTACIONAL. El pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993 está constituido por: […]. d) Reserva pensional de retirados.
Las reservas requeridas para el pago de bonos o las cuotas partes de bonos de los servidores públicos que prestaron sus servicios en las instituciones hospitalarias beneficiarias y se encontraban retirados a dicha fecha. […]. [subraya de la Sala]. Por su parte, el artículo 8 reiteró que los beneficiarios del pasivo prestacional del sector salud eran los servidores públicos y trabajadores privados que fueron reconocidos, en esa calidad, por el entonces Ministerio de Salud.
Sin embargo, ese reconocimiento debía ser revisado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que determinaría si debía hacerse o no alguna modificación. Ahora bien, vale la pena mencionar que la Sección Segunda de esta Corporación, mediante sentencia del 21 de octubre de 201043, decretó la nulidad parcial de la expresión «y las instituciones hospitalarias concurrentes» contenida en el literal d) del artículo 3°, en los incisos 3° y 4° del numeral 1° del artículo 7° y en los artículos 10° y 11 del Decreto 306 de 2004, por considerar que el Gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria, dado que la Ley 715 de 2001 había dispuesto la obligación de concurrir al pago del pasivo pensional solamente a la Nación y a las entidades territoriales.
Respecto de esta decisión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público elevó consulta a esta Sala para aclarar la situación descrita en la sentencia sobre la manera de distribuir dicho pasivo pensional y revisar la posibilidad de que el Gobierno nacional expidiera reglas para la distribución del remanente del pasivo prestacional. 43 Consejo de Estado- Sección Segunda-.
Sentencia del 21 de octubre de 2010. Radicado 11001032500020050012500 (5242-2005). Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 En relación con este tema, la Sala de Consulta y Servicio Civil44 señaló: Encuentra la Sala que la expresión declarada nula -y las instituciones hospitalarias concurrentes- sólo aparece textualmente en el literal d) del artículo 3° del decreto objeto del control, más no en los demás apartes y artículos enunciados en la parte resolutiva de la sentencia, razón por la cual corresponde desentrañar las razones que ésta pudo tener para incluir dichas disposiciones en su decisión de nulidad.
“Dicen los mencionados textos del decreto 306 del 2004: […] El análisis de estos tres artículos permite a la Sala concluir que a pesar de que no contienen literalmente la expresión declarada nula, sí imponían a las instituciones de salud la obligación de concurrir al pago del pasivo prestacional, carga que el Consejo de Estado consideró ilegal por contrariar la norma reglamentada, al imponer a las entidades hospitalarias una obligación que la ley 715 radicó sólo en cabeza de la Nación y las entidades territoriales.
Para la Sala son entidades hospitalarias para efectos del fallo analizado, las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la naturaleza jurídica que tenían a 31 de diciembre de 1993. […]. En tal medida, según la providencia, las instituciones hospitalarias públicas y privadas no son responsables financieras como concurrentes frente al pasivo pensional del sector salud causado a 31 de diciembre de 1993. [subraya de la Sala].
Ley 1438 de 201145 Esta ley que reformó el Sistema General de Salud, en el artículo 78, prevé que:
ARTÍCULO
78. PASIVO PRESTACIONAL DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD. En concordancia con el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales departamentales firmarán los contratos de concurrencia y cancelarán el pasivo prestacional por concepto de cesantías, reserva para pensiones y pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sustituciones pensionales, causadas en las instituciones del sector salud públicas causadas (sic) al finalizar la vigencia de 1993 con cargo a los mayores recursos del monopolio de juegos de suerte y azar y del fondo pensional que se crea en el Proyecto de Ley de Regalías. 44 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto n.º 2089 del 21 de marzo de 2012. 45 Ley 1438 de 2011 (enero 19) «Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 PARÁGRAFO. Concédase el plazo mínimo de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para que las entidades territoriales y los hospitales públicos le suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la información que le permita suscribir los convenios de concurrencia y emitan los bonos de valor constante respectivos de acuerdo a la concurrencia entre el Gobierno Nacional y el ente territorial departamental.
El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será sancionado como falta gravísima. Con esto se cumplirá con las Leyes 60 y 100 de 1993 y 715 de 2001 que viabilizan el pago de esta deuda que no es responsabilidad de las ESE, pues ellas no tenían vida jurídica antes de diciembre de 1993. En ese entonces eran financiados y administrados por los departamentos y el Gobierno Nacional. [subraya de la Sala].
El parágrafo consagra la obligación de las entidades territoriales y los hospitales públicos de entregar la información sobre el pasivo prestacional, de las vigencias anteriores a 1993, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a efectos de que este pueda suscribir el contrato de concurrencia con el ente territorial. Decreto 700 de 201346 Este decreto reglamentó, nuevamente, los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001 y estableció la distribución de la concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales para la financiación de las entidades del sector salud.
El artículo 1º dispuso que la responsabilidad de asumir la financiación del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993, por concepto de cesantías y pensiones de los trabajadores del sector salud que hubieran sido reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional, es de la Nación y las entidades territoriales.
Además, el artículo 2º determinó el procedimiento mediante el cual la Nación, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades territoriales, debían asumir la proporción de pago de la concurrencia y excluyó de la concurrencia en el pago del pasivo pensional del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud causado hasta el 31 de diciembre de 1993, a las instituciones hospitalarias.
En efecto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2° ibidem, en la financiación del pasivo prestacional del sector salud causado al 31 de diciembre de 1993, concurrirán: • La Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público «en una suma equivalente a la proporción de la participación del situado fiscal en la financiación 46 Decreto 700 de 2013 (abril 12) «Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 de las instituciones de salud, en los cinco (5) años anteriores al 1o de enero de 1994». • Las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) en donde esté localizada la institución de salud «en una proporción equivalente al porcentaje en que participan las rentas de destinación especial para salud incluyendo las cedidas, en la financiación de las instituciones de salud en los cinco años anteriores al 1o de enero de 1994». • La Nación y las entidades territoriales, para el porcentaje restante, esto es, el derivado de los recursos propios de cada entidad hospitalaria, «a prorrata de la participación de cada entidad en la concurrencia».
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 715 de 2001 que, como se señaló en líneas anteriores, le asignó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la competencia para fijar las condiciones para celebrar nuevos convenios de concurrencia con las entidades territoriales para cubrir el pasivo prestacional no cubierto por el extinto Fondo.
Decreto Único Reglamentario 1068 de 201547 Este decreto compiló y racionalizó las normas de carácter reglamentario vigentes al momento de su expedición que regían el sector de Hacienda y Crédito Público. En virtud de lo establecido en el artículo 1º del Decreto 586 de 2017 se adicionó la parte 12, Libro 2, Titulo 4 de dicho decreto, en el sentido de establecer el «procedimiento para el cálculo y pago del pasivo pensional del sector salud causado a 31 de diciembre de 1993, del personal certificado como retirado de las instituciones de salud beneficiarias del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud».
Decreto 586 de 201748 El 5 de abril de 2017, el Gobierno nacional expidió este decreto con el objeto de establecer el procedimiento para el cálculo del pasivo pensional del sector salud, generado por el personal retirado a 31 de diciembre de 1993, que haya sido certificado por el extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, así como el procedimiento para el pago de las reservas asociadas a dicho pasivo y establecer los presupuestos para la suscripción de los contratos de concurrencia, la administración, el giro de esos recursos y la responsabilidad de las instituciones hospitalarias y los entes territoriales (artículo 2.12.4.4.1.). 47Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 (mayo 26) «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público». 48Decreto 586 de 2017 (abril 5) «Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 4 Parte 12 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 Entre las consideraciones para la expedición del Decreto se tuvieron las siguientes: Que las instituciones hospitalarias no son sujetos obligados al pago en forma concurrente, de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado del 21 de octubre de 2010, pero deben cumplir con sus obligaciones de carácter presupuestal y de pago en calidad de empleadores, con respecto de los empleados certificados como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, hasta que se efectúe el corte de cuentas que permita la suscripción del contrato de concurrencia, conforme con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, […].
Que acorde con lo expuesto en el considerando anterior, para que a las instituciones hospitalarias se les giren los recursos pagados conforme lo previsto en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, deberán agotar el procedimiento de que trata el presente decreto. Que se requiere regular la administración, giro de los recursos, y responsabilidad de las entidades territoriales y las instituciones hospitalarias, por el incumplimiento de los deberes de enviar información a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público […].
En esa línea, el artículo 2.12.4.4.2 estableció dicho procedimiento. Este inicia con el diseño de formato de información por parte del Ministerio, el cual debía ser diligenciado por las entidades hospitalarias para la entrega de la información «que detalle la relación de las personas por las cuales las instituciones hospitalarias han recibido solicitudes de pago de bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensionales, títulos pensionales, o cuotas partes pensionales; así como los pagos efectuados a las administradoras de pensiones u otras entidades que han reconocido pensiones».
Luego de diligenciar dicho formato, las instituciones hospitalarias deberán anexar los soportes y enviarlos a la Dirección General de Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, dentro de los 6 meses posteriores a la solicitud del formato. Una vez recibida la información, el Ministerio procederá a la revisión de la información para su validación o devolución, según el caso.
Una vez validada la información recibida, el Ministerio expedirá el acto administrativo que corresponda para determinar el monto total del pasivo a concurrir por parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y las entidades territoriales. El Ministerio reconocerá a las instituciones hospitalarias el valor cobrado, conforme con el tiempo y montos contenidos en el cálculo actuarial.
De otra parte, el artículo 2.12.4.4.3 estableció la obligación para los representantes legales de las instituciones hospitalarias y de las entidades territoriales de entregar, a más tardar a 31 de marzo de cada año, la información de las personas que han Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 realizado solicitudes de pago de bonos pensionales, ante las instituciones hospitalarias, y los pagos efectuados a las administradoras de pensiones u otras entidades que hayan reconocido pensiones.
El decreto también indicó que, efectuada la verificación del valor de la reserva pensional de retirados y determinado el valor del pasivo, la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público procedería a la suscripción o adición de los contratos de concurrencia (artículo 2.12.4.4.4.).
A la par, el parágrafo 2º de este artículo dispuso que «en aquellos casos en que no se haya efectuado el corte de cuentas, ni suscrito el contrato de concurrencia o sus adiciones o modificaciones, se deberá dar aplicación a lo consagrado en el inciso 5 del artículo 242 de la Ley 100 de 1993». Además, dispuso que en el evento en que no se haya suscrito el contrato de concurrencia, las entidades territoriales podrían efectuar anticipos a su concurrencia con los recursos acumulados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), siempre que se hubiera realizado el corte de cuentas de que trata el artículo 242 de la Ley 100 de 199349.
Igualmente, determinó la forma como se administrarían y girarían los recursos al suscribirse los contratos de concurrencia y determinó la responsabilidad de las entidades territoriales y hospitalarias frente a los recursos (artículos 2.12.4.4.5., 2.12.4.4.6. y 2.12.4.4.7.). Ahora bien, recuerda la Sala que la circunstancia de que las entidades obligadas a reportar al Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, creado por la Ley 60 de 1993, su personal retirado antes del 31 de diciembre de 1993, para el reconocimiento de eventuales derechos por concepto de cesantías y pensiones dentro del mencionado fondo y que no hubieran cumplido oportunamente con los trámites reglamentados en el Decreto 530 de 1994, no puede tener como consecuencia la pérdida de tales derechos.
En esa medida, el Decreto 586 de 2017 ratifica la posibilidad de que las entidades territoriales y las instituciones hospitalarias reporten al Ministerio de Hacienda y Crédito Público los cobros que les sean hechos por concepto de bonos pensionales y cuotas partes pensionales y, de ser procedente, puedan celebrarse nuevos contratos de concurrencia o adicionarse los iniciales, así como obtener el reembolso 49Artículo 2.12.4.4.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público (artículo 1 del Decreto 586 de 2017).
En el evento en que no se haya suscrito el contrato de concurrencia, el Departamento, Municipio o Distrito podrá efectuar anticipos a su concurrencia con los recursos acumulados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), abonados en el sector salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.12.3.8.2.6 del presente decreto y demás normas reglamentarias vigentes. // Para tal efecto es necesario que se efectúe el corte de cuentas de que trata el artículo 242 de la Ley 100 de 1993.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 de lo pagado en exceso de sus obligaciones, de manera que se cumpla con la exigencia de que el beneficiario del pasivo prestacional quede certificado para que la Nación y la entidad territorial asuman el pasivo correspondiente. 5.4. Conclusiones del recuento normativo. Reiteración50 De acuerdo con el anterior recuento normativo, la Sala de Consulta y Servicio Civil evidencia respecto del Sistema Nacional de Salud y de los mecanismos creados por el legislador para la financiación del pasivo prestacional del sector salud, lo siguiente: Sistema Nacional de Salud a. El Sistema Nacional de Salud fue creado desde el año 1968 con la expedición del Decreto Ley 2470, y reorganizado, en el año de 1973, por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas mediante la Ley 9ª. b. Con fundamento en las facultades extraordinarias, mediante el Decreto Ley 056 de 1975 se definió el Sistema Nacional de Salud como el «conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tenían como finalidad específica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación» (artículo 1º).
Adicionalmente, se definió que las entidades quedaban integradas al sistema, unas, como entidades adscritas, que eran todas las personas jurídicas de derecho público que prestaban servicios de salud a la comunidad y, otras, como entidades vinculadas, que eran todas aquellas personas jurídicas de derecho privado que prestaban servicios de salud a la comunidad.
En ambos casos, dichas personas jurídicas podían recibir o no aportes del Estado (artículo 2, literales b. y c.)51. 50 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de abril de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2025-00073-00; decisión del 26 de marzo de 2025, con radicado 11001- 03-06-000-2025-00061-00; decisión del 12 de marzo de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2025- 00038-00; decisión del 5 de febrero de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2024-00582-00; decisión del 11 de diciembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00585-00. 51 «En torno a las normas transcritas y enunciadas [se refiere a los artículos 1º y 3º del Decreto Ley 056 de 1975], es conveniente hacer las precisiones siguientes: // - Los términos adscripción y vinculación referidos al Sistema Nacional de Salud, tienen una significación particular, diferente de la atribuida a ellos en la legislación general relativa a la organización administrativa del Estado.
La Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Decreto Ley 056 de 1975, que se comentan, puso de presente que con arreglo a ellas la administración de las entidades adscritas está a cargo de la Dirección del Sistema Nacional; respecto de las entidades vinculadas “solo se dispone que las actividades que en materia de salud y asistencia realicen deben cumplirse con estricta sujeción a los reglamentos del servicio ” Asimismo puntualizó que esas Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 c. A su vez, el Decreto Ley 356 de 1975 desarrolló el régimen de adscripción y vinculación al Sistema Nacional de Salud y fue enfático en indicar que las entidades adscritas, es decir, las de derecho público que prestaban servicios de salud, entraban a depender administrativamente de los organismos de dirección del sistema y el personal que laboraba en tales entidades quedaba sujeto a la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos (artículo 2).
Y, las entidades vinculadas, es decir, las de derecho privado que prestaban servicios de salud (tal es el caso de las instituciones de utilidad común sin ánimo de lucro), quedaban sometidas a la vigilancia y control sobre el cumplimiento de las disposiciones que regulaban la prestación de servicios de salud a la comunidad por parte de los organismos de dirección del sistema, en el respectivo nivel, y continuaban rigiéndose por sus propios estatutos, por lo cual debían ajustarse a las disposiciones que regulaban el funcionamiento del sistema (artículo 14).
Mecanismos para la financiación del pasivo prestacional a. En cuanto a los mecanismos para la financiación del pasivo prestacional del sector salud, el legislador creó el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística (Ley 60 de 1993, artículo 33), el cual, posteriormente, fue suprimido por la Ley 715 de 2001 (artículo 61) que dejó dicha responsabilidad financiera en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dependencia que se haría cargo del giro de los recursos de acuerdo con los convenios de concurrencia52, para lo cual continuaría aplicando los procedimientos del Fondo (artículo 62). entidades vinculadas “como entes de derecho privado no hacen parte de la administración pública, pero sí están vinculadas a ella en los aspectos técnicos propios de las actividades de orden científico, en la misma forma que otras personas de igual naturaleza jurídica lo hacen en servicios públicos como el transporte, la educación, etc.”».
La siguiente cita es del original del texto: Ver sentencia ya citada de 21 de agosto de 1975, Gaceta Judicial Nos. 2393 y 2394, ps. 144 y 145. // Asimismo debe reseñarse el importante salvamento de voto formulado por el Doctor Manuel Gaona Cruz y otros distinguidos Magistrados a la sentencia de la Sala Plena de 19 de septiembre de 1983, que declaró inexequible el artículo 8º. del Decreto-Ley 356 de 1975.
En dicho salvamento se puntualiza que el Sistema Nacional de Salud “es una organización institucional heterogénea pero coordinada por el Estado en su acción conjunta y común de procurar la salud pública” (p.11) y que los criterios de “adscripción” y de “vinculación”, regulados en los Decretos 056 y 356 de 1975 “no tienen que ver con los que rigen la estructura de la administración pública, sino con la actividad o con el servicio público de salud” (p.13).
TAFUR GALVIS, Álvaro. Las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro y el Estado. Ediciones Rosaristas. Colección de Estudios 1984, pp. 107 – 108. 52 La distribución de la concurrencia estaba reglamentada por el Decreto núm. 700 de 2013 que precisó que la misma se daba entre la Nación y las entidades territoriales, luego de que fuera anulado Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 b. Según la citada Ley 60, el pasivo prestacional que se cubriría con los recursos del Fondo era el causado hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993, su pago debía ser asumido, de manera concurrente, entre la Nación y las entidades territoriales, según el reglamento, y los beneficiarios eran los servidores que hubieren estado vinculados a las instituciones o dependencias del subsector oficial, del privado o a las indefinidas.
Las dos últimas clases de instituciones o dependencias debían haber estado sostenidas o administradas por el Estado o que se hayan liquidado y sus bienes se hayan destinado a una entidad pública. c. El artículo 242 de la Ley 100 de 1993 reiteró lo regulado por la Ley 60 de 1993 respecto del fondo, pero, en su último inciso les atribuyó a las entidades del sector salud la obligación de «seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales». d. Según el reglamento del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud (Decreto 530 de 1994), uno de los requisitos para acceder a dicho fondo era la obligación que tenían las dependencias o entidades de salud de enviar una relación completa del personal activo, pensionado o retirado, al 31 de diciembre de 1993, que no tuviese garantizado el pago del pasivo prestacional, con el fin de incluirlos como beneficiarios del fondo (artículo 10).
De no enviarse dicha información dentro del término establecido se perdía la posibilidad de presentar solicitudes de reconocimiento de beneficiarios del Fondo, sin que tal omisión implicara detrimento de los derechos prestacionales de los trabajadores privados y servidores públicos, los cuales se mantenían vigentes de pleno derecho (Decreto 530 de 1994, artículo 11). e. Con la expedición de la Ley 1438 de 2011 (artículo 78) se creó una nueva fuente de financiación para el pago del pasivo prestacional de las instituciones del sector salud con los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar y del fondo pensional que se crearía con el proyecto de ley de regalías; se concedió un plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la ley para que las entidades territoriales y los hospitales públicos le suministraran al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la información que le permitiera suscribir los convenios de concurrencia. Adicionalmente, se indicó que el pago del pasivo pensional no es responsabilidad de las ESE, pues ellas no tenían vida jurídica antes de diciembre de 1993. el Decreto 306 de 2004 que había incorporado como entidades concurrentes a las instituciones del sector salud.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 f. Finalmente, el Decreto 586 de 2017, que adicionó un capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público, estableció el procedimiento para el cálculo del pasivo pensional del sector salud generado por el personal retirado a treinta y uno (31) de diciembre de 1993, que hubiese sido certificado por el extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud; también estableció el procedimiento para el pago de las reservas asociadas a dicho pasivo y los presupuestos para la suscripción de los contratos de concurrencia, la administración y giro de dichos recursos y la responsabilidad de las instituciones hospitalarias y los entes territoriales (artículo 2.12.4.4.1 Decreto 1068 de 2015). 5.5.
Los bonos pensionales. Reiteración53 Como lo señaló la Sala en otra oportunidad54, el bono pensional es un documento de contenido crediticio que representa, en dinero, el tiempo de afiliación o de servicios de una persona. Se emite en los casos que establece la ley, y se redime cuando el individuo que ha cumplido los requisitos exigidos en la legislación para obtener su pensión de vejez solicita a la entidad a la cual se encuentra afiliado el reconocimiento y pago de esta prestación o, en su defecto, el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión o la devolución de los aportes efectuados, según el régimen elegido.
El artículo 115 de la Ley 100 de 1993 se ocupa de definir en forma expresa los bonos pensionales, así:
ARTÍCULO 115. BONOS PENSIONALES. (Reglamentado por el Decreto Nacional 1748 de 1995). Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones. Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos: 53 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil.
Decisión del 30 de abril de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2025-00073-00; decisión del 26 de marzo de 2025, con radicado 11001- 03-06-000-2025-00061-00; decisión del 12 de marzo de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2025- 00038-00; decisión del 5 de febrero de 2025, con radicado 11001-03-06-000-2024-00582-00; decisión del 11 de diciembre de 2024, con radicado 11001-03-06-000-2024-00585-00; decisión de 7 de febrero de 2024, radicación núm. 11001-03-06-000-2023-00816-00; decisión de 14 de febrero de 2024, radicación núm. 11001-03-06-000-2023-00832-00. 54 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de octubre de 2018, radicación núm. 110010306000201800132 00.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector público; b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos; c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones; […]. [subraya y resaltado de la Sala].
La misma Ley 100 señala los casos en que los bonos pensionales deben ser expedidos por la Nación (artículos 118 y 119) y, especialmente, en el artículo 121 que es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 121. BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES A CARGO DE LA NACIÓN. La Nación expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, de la naturaleza y con las características señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de los Seguros Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualesquiera otra Caja, Fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de estas entidades.
Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha. Conforme a lo anterior, los bonos pensionales representan el pasivo que debe ser objeto de atención por las entidades que concurren al pago de la pensión de un determinado trabajador y deben ser emitidos por el empleador o entidad pagadora de pensiones responsable directo de su pago, entre ellos, la Nación, cuando deba emitirlos conforme a las disposiciones analizadas, especialmente cuando se den los supuestos normativos del artículo 121 de la Ley 100 de 1993.
A partir del 1. ° de enero de 1993, la persona que se traslade del Régimen de Prima Media (RPM) al de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) genera a su favor un bono pensional. 6. Análisis del caso concreto Con fundamento en los antecedentes fácticos y las consideraciones jurídicas realizadas, la Sala de Consulta y Servicio Civil concluye que el departamento de Caldas es la autoridad competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional reclamado en favor de la señora Ana María Durán Meléndez, por el tiempo que laboró en el Hospital San José de Belalcázar (Caldas), Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 ahora ESE, en el período comprendido entre el 27 de noviembre de 1989 y el 18 de octubre de 1990 y la Dirección Territorial de Salud de Caldas en torno al periodo comprendido entre el entre el 19 de octubre y el 26 de noviembre de 1990.
Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: En 1975, cuando se reorganizó el Sistema Nacional de Salud, entendido como el conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades cuya finalidad específica era procurar la salud de la comunidad (Decreto 056, artículo 1º), las personas jurídicas de derecho público que prestaban servicios de salud se consideraban adscritas al sistema, mientras que las personas jurídicas de derecho privado que prestaban los mismos servicios, recibieran o no aportes estatales, se consideraban vinculadas al sistema nacional de salud.
El Decreto Ley 356 de 1975 que reguló el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicio de salud, dispuso en su artículo 2º que las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud, es decir, aquellas cuya naturaleza era pública, pasaban a depender administrativamente de los organismos de dirección del sistema, mientras que las entidades de derecho privado que prestaban servicios de salud se entendían vinculadas al sistema, y tenían la obligación de vincular su personal de acuerdo con las normas técnicas del estatuto de personal de salud (artículo 12).
Con el Decreto Ley 056 de 1975 se determinó una organización básica del Sistema Nacional de Salud para su dirección en los niveles nacional, seccional y local y se estableció que el nivel seccional se dividiría en unidades regionales de salud según una determinada área geográfica (artículo 19) y que dichas unidades regionales de salud dependerían técnica y administrativamente del respectivo servicio seccional de salud (artículo 25). 6.1.
Hospital San José de Belalcázar (Caldas) Según se desprende de la información contenida en la certificación de beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del departamento de Caldas, de fecha 11 de junio de 199955, expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del entonces Ministerio de Salud, la Sala evidencia que el Hospital San José de Belalcázar (Caldas) fue un establecimiento público, construido por el Ministerio de Salud en un predio cedido por el municipio y, posteriormente, mediante Resolución 035 de 1973, se expidieron sus estatutos.
Más adelante, por Acuerdo municipal núm. 31 del 18 de septiembre de 1998, el cual modificó el Acuerdo 007 de 1997, se transformó en empresa social del Estado. 55 Expediente digital SAMAI, documento: 25_memorialweb_alegatos-05listadodebenef. Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 6.2. Dirección Territorial de Salud de Caldas A través del Decreto Nacional No. 786 del 25 de marzo de 1966, se entrega al Servicio Seccional de Salud de Caldas, junto con la Beneficencia de Manizales, la administración de todos los hospitales del departamento, asilos de ancianos, instituciones de rehabilitación, entidades de asistencia social y centros de salud, incluyendo los organismos dependientes de la Secretaría Departamental de Salud Pública de Caldas56.
Luego en el departamento de Caldas, el organismo encargado de la dirección a nivel seccional del sistema nacional de salud fue el Servicio Seccional de Salud de Caldas, constituido mediante contrato de fecha 25 de febrero de 197557, suscrito entre la Nación y el departamento de Caldas, que tuvo como objeto constituir el Servicio de Salud de Caldas como un organismo de Dirección a Nivel Seccional, del Sistema Nacional de Salud, dependencia administrativa del departamento de Caldas, y, por tanto, sometido al régimen departamental (cláusulas primera y segunda)58.
En dicho contrato se indicó que el Servicio de Salud de Caldas comprendería «todos los recursos de salud existentes en el territorio de CALDAS, tales como Hospitales, Centros y Puestos de Salud, agencias de Salud de las entidades descentralizadas y demás Instituciones de Salud y las que se establezcan en el futuro a las cuales les corresponderá ejecutar todos los planes y programas de salud de su jurisdicción» (cláusula tercera). [Subraya la Sala] Por su parte, el 19 de octubre de 199059, a través de la Ordenanza 02, el hasta entonces Servicio de Salud de Caldas pasó a llamarse Dirección Seccional de Salud de Caldas, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al despacho de la Gobernación, y la que a través de la Ordenanza 446 del 29 de abril de 2002, se transformó en la actual Dirección Territorial de Salud de Caldas. 56 https://saluddecaldas.gov.co/publicaciones/290/nuestra-historia. 57 Expediente digital SAMAI, documento: 23_memorialweb_alegatos-03contratodecons. 58 Debe señalarse que el Servicio de Salud de Caldas posteriormente se transformó en la Dirección Seccional de Salud de Caldas (Ordenanza núm. 02 del 19 de octubre de 1990), cuya naturaleza jurídica era la de unidad administrativa especial adscrita al Despacho del gobernador, con régimen de establecimiento público del departamento, y en consecuencia, era un organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Luego, mediante Ordenanza núm. 446 de 2002, se transformó en la Dirección Territorial de Salud de Caldas, como un establecimiento público del orden departamental, con autonomía administrativa, presupuestal y financiera. Es decir, solo desde 1990 (octubre 19) adquirió personería jurídica. SAMAI, expediente digital 11001030600020250003800, archivo «028ED_Samaizip». 59 https://saluddecaldas.gov.co/publicaciones/290/nuestra-historia Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 En consecuencia, con la reorganización del Sistema Nacional de Salud, para el periodo por el cual se solicita el bono pensional de la señora Ana María Durán Meléndez, comprendido entre el 27 de noviembre de 1989 y el 18 de octubre de 1990, el Hospital San José de Belalcázar (Caldas) fungía como una dependencia administrativa del Servicio Seccional de Salud de Caldas, el que, a su vez, era una dependencia administrativa del departamento de Caldas, mientras que, para el periodo comprendido entre el 19 de octubre y el 26 de noviembre de 1990 debería estar a cargo de la Dirección Seccional de Salud de Caldas, que fue transformada en la actual Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Acorde con lo anterior, la Sala entiende que es el departamento de Caldas, a través del antiguo Servicio Seccional de Salud de Caldas y la actual Dirección Territorial de Salud de Caldas, quienes fungían como empleadores, para la época en que se reclama el bono pensional de la citada señora Durán Meléndez, y, por ende, tenían el deber de hacer los aportes correspondientes por concepto de pensión de sus empleados al Fondo de Prestaciones Sociales del Servicio de Salud de Caldas, creado mediante Acuerdo No. 0149 del 17 de agosto de 197860, encargado de cubrir las prestaciones legales consagradas en la Ley, hasta tanto los mismos fueran cubiertos por un contrato de concurrencia o afiliados al Sistema General de Pensiones.
En ese sentido, cuando la Ley 100 de 1993, en su artículo 242, inciso final, señala que «[l]as entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993» se debe entender que tanto el departamento de Caldas, a través del antiguo Servicio Seccional de Salud de Caldas, como la Dirección Seccional de Salud de Caldas, hoy Dirección Territorial de Salud de Caldas, eran quienes prestaban los servicios de salud directamente para la época en que se reclama el bono pensional y, por lo tanto, eran los obligados a seguir presupuestando y pagando las respectivas pensiones.
Además, debe indicarse que, verificada la certificación de beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del departamento de Caldas, de fecha 11 de junio de 1999, expedida por la Dirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial del antiguo Ministerio de Salud, se pudo observar que la señora Ana María Durán Meléndez no se encontró reconocida como beneficiaria de dicho fondo, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 60 de 1993, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 530 de 1994. 60 SAMAI, expediente digital 11001030600020250003800, archivo «028ED_Samaizip».
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 Por lo anterior, la Sala declarará competente al departamento de Caldas y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas para resolver de fondo la solicitud elevada por Porvenir SA, relacionada con el reconocimiento y pago del bono pensional al que se hace alusión. 7. Exhortos61 i) Según lo previsto por el Decreto 586 de 2017, en el evento de que sea la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas), la entidad en donde repose la información de la extrabajadora cuya cuota parte del bono pensional se reclama, la Sala considera pertinente exhortarla para que la suministre al departamento de Caldas y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas en el menor tiempo posible.
Esto con el fin de que se realice el respectivo corte de cuentas con el fondo prestacional del sector salud62. ii) Finalmente, y teniendo en cuenta que la señora Ana María Durán Meléndez es una persona adulta mayor63 y por tal razón tiene una especial protección constitucional, la Sala exhortará también al departamento de Caldas y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, para que adelanten la gestión que deben cumplir para dar una pronta respuesta a Porvenir SA, como representante de su afiliada, de manera prioritaria.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR COMPETENTE al departamento de Caldas para resolver de fondo la solicitud elevada por Porvenir SA de reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Ana María Durán Meléndez, por haber laborado en el Hospital San José de Belalcázar (Caldas), ahora ESE, durante el período comprendido entre el 27 de noviembre de 1989 y el 18 de octubre de 1990. 61 El 22 de mayo de 2024, después de un estudio exhaustivo, la Sala unificó su criterio frente al tema bajo estudio.
Desde la decisión adoptada en esa fecha sobre el conflicto de competencias 11001- 03-06-000-2024-00112-00 y en asuntos con identidad fáctica y jurídica, la consejera Ana María Charry Gaitán no presenta aclaración ni salvamento de voto relacionados con el trámite previsto en el Decreto 586 de 2017. De conformidad con esta regulación la Sala resolvió, en adelante, exhortar, en los casos pertinentes, a las empresas sociales del Estado para que cumplan con la obligación allí exigida. 62 Descrito en el artículo 242 de la Ley 100 de 1993. 63 Expediente digital SAMAI, documento: 7_demandaweb_escrito_3cetilcc51761710, fecha de nacimiento.
Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 SEGUNDO. DECLARAR COMPETENTE a la Dirección Territorial de Salud de Caldas para resolver de fondo la solicitud elevada por Porvenir SA de reconocimiento y pago del bono pensional a favor de la señora Ana María Durán Meléndez, por haber laborado en el Hospital San José de Belalcázar (Caldas), ahora ESE, durante el período comprendido entre el 19 de octubre y el 26 de noviembre de 1990.
TERCERO. REMITIR, por Secretaría, el expediente de la referencia al departamento de Caldas y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas para lo de su competencia.
CUARTO. EXHORTAR a la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas) para que, en caso de tener información indispensable para que el departamento de Caldas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas procedan a realizar el corte de cuentas con el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, respecto del bono pensional que se reclama en favor de la señora Ana María Durán Meléndez, la entregue a éstos, a la mayor brevedad posible.
QUINTO. EXHORTAR al departamento de Caldas y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas para que adelanten, de forma prioritaria, la gestión que deben cumplir para dar una pronta respuesta a Porvenir SA, como representante de su afiliada, teniendo en cuenta que la señora Ana María Durán Meléndez es una persona adulta mayor y, por ello, sujeto de una especial protección constitucional.
SEXTO. COMUNICAR, por Secretaría, esta decisión a la ESE Hospital San José de Belalcázar (Caldas), al departamento de Caldas, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección de Regulación Económica, a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA, a su apoderada, la abogada Laura Giselle Banoy Becerra, y a la señora Ana María Durán Meléndez.
SÉPTIMO. RECONOCER personería a los abogados: i) Laura Giselle Banoy Becerra, identificada con la cédula de ciudadanía 1.075.679.205 y tarjeta profesional 410.715 del CSJ, como apoderada de Porvenir SA; ii) Jorge Eliécer Ruíz Serna, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.826.788 y tarjeta profesional 290.823 del CSJ, como apoderado del departamento de Caldas; y iii) Luisa Fernanda Cuellar Cogollo, identificada con cédula de ciudadanía 1.016.091.804 y tarjeta profesional 338.864 del CSJ, como apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los poderes otorgados.
OCTAVO. ADVERTIR que los términos legales a que esté sujeta la actuación administrativa en referencia, se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se comunique la presente decisión. Radicación: 11001 03 06 000 2025 00511 00 NOVENO. ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno, tal como lo dispone expresamente el inciso 3º del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021.
La presente decisión se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE JOHN JAIRO MORALES ALZATE MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA Presidente de la Sala Consejera de Estado ANA MARÍA CHARRY GAITÁN JUAN MANUEL LAVERDE ALVAREZ Consejera de Estado Consejero de Estado OSCAR ALBERTO REYES REY Secretario de la Sala (e) CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI, con el fin de garantizar su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021.