Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá, D. C., doce [12] de febrero de dos mil veintiséis [2026] Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 Demandante: DAVID ERNESTO DÍAZ CARVAJAL Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Temas: Tutela contra providencia judicial.

Prima técnica por evaluación del desempeño. Régimen de transición. Ampara por desconocimiento del precedente.1 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 3 de octubre de 2025, por medio del cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La solicitud de amparo El señor David Ernesto Díaz Carvajal, mediante apoderado judicial, radicó acción de tutela el 27 de agosto de 2025, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Las referidas garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia de 25 de julio de 2025, de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se confirmó la decisión del Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de 28 de junio de 2024, que negó las pretensiones de la demanda del proceso de nulidad y restablecimiento que adelantó contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional, identificado con el radicado 11001-33-42-057-2022-00353-00/01. 1.2.

Pretensiones Las peticiones deprecadas fueron las siguientes: 1 Al respecto ver fallos de 8 de abril de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00619-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; 27 de mayo de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-01758-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; 2 de marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-05645-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil y 31 de octubre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-05336-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Se tutelen los derechos fundamentales del debido Proceso, acceso a la administración de justicia y derecho constitucional de igualdad, previstos en la Constitución Política de Colombia de 1991, vulnerados a la luz de defecto sustantivo por indebida adecuación normativa, desconocimiento de precedente vinculante y obligatorio y vulneración directa del contenido constitucional. 2.

Se deje sin efectos la sentencia judicial de segunda instancia proferida el 25 de julio de 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “E”. 3. Que como consecuencia de lo anterior se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “E”, a que, en un término perentorio a la comunicación de esta decisión, profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta la norma verídicamente aplicable y los precedentes jurisprudencial del Consejo de Estado y la honorable Corte Constitucional respecto a la interpretación de la misma para fines del reconocimiento y causación de la Prima Técnica y su disfrute anualizado siempre que se cumpla con el 90% o más en evaluación de desempeño sin que sea relevante el resultado de evaluación de otros años.2 1.3.

Hechos De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia: El señor David Ernesto Díaz Carvajal labora en el Ministerio de Educación Nacional desde el 23 de enero de 1987, en el cargo de auxiliar administrativo 4044-20, de la subdirección de contratación. Mediante Resolución No. 1913 de 1999, la mentada cartera le reconoció una prima técnica por evaluación del desempeño, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 1. ° de marzo de 1996 hasta el 28 de febrero de 1997; 1. ° de marzo de 1997 hasta el 20 de febrero de 1998 y; del 1. ° de marzo de 1998 hasta el 28 de febrero de 1999.

Afirmó el actor que en los periodos calificables de 1. ° de marzo de 2003 al 28 de febrero de 2004, 1. ° de marzo de 2004 al 28 de febrero de 2005 y de 1. ° de febrero de 2006 al 31 de enero de 2007, obtuvo calificaciones inferiores a 900 puntos, pero que, en los periodos siguientes desde el año 2008 hasta el 2021, los puntajes fueron superiores al 90%, no obstante, no le fue cancelada la mentada prestación. Con petición radicada el 28 de abril de 2022 (2022-ER-231306), el señor Díaz Carvajal solicitó el reconocimiento y pago de la prima técnica por los periodos comprendidos a partir del 1° de febrero de 2008, de conformidad con el Decreto 1661 de 1991, lo cual fue negado en acto administrativo de 31 de agosto de 2022.

Conforme el anterior panorama, el tutelante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, operador judicial que en sentencia de 28 de junio de 2024, negó las pretensiones deprecadas con sustento en que, si bien el demandante fue beneficiario de la prima técnica, razón por la cual le fue reconocida con Resolución No. 1913 de 17 de agosto de 1999, lo 2 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.

Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cierto era que, de conformidad con lo probado, para los periodos del 1. ° de marzo de 2003 al 28 de febrero de 2004, 1. ° de marzo de 2004 al 28 de febrero de 2005 y 1. ° de febrero de 2006 al 31 de enero de 2007, obtuvo calificaciones inferiores al 90%, lo que produjo la perdida automática del derecho, en atención al carácter de prestación de causación anual, así como también del régimen de transición. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al desatar el recurso de alzada formulado por el extremo activo del litigio, en fallo de 25 de julio de 2025, confirmó la decisión del a quo al señalar que, al haber obtenido el impugnante una calificación por debajo del 90% en los periodos calificables de los años 2003 a 2007, perdió el derecho al pago de la prestación y, de contera, al régimen de transición del que era beneficiario. 1.4.

Fundamentos de la solicitud La parte actora después de referirse a los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, y de advertir el cumplimiento de cada uno de ellos, manifestó que la autoridad judicial accionada había incurrido en los defectos sustantivo «por indebida adecuación normativa y desconocimiento de precedente» y violación directa de la Constitución. En ese orden, frente al primer yerro indicó que, la afirmación consistente en que por haber obtenido calificaciones inferiores al 90% con posterioridad al año 1997, se perdió el derecho a seguir percibiendo la prima técnica por evaluación del desempeño y con ello también el régimen de transición del artículo 4° del Decreto 1724 de 1997, obedeció a que, el tribunal accionado confundió dos situaciones de derecho completamente diferentes, como lo eran el derecho al régimen de transición y en consecuencia el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño con fundamentos en las normas anteriores al año 1997 y, de otra parte, el derecho a la causación y disfrute anualizado y calificado de la referida prestación. Advirtió entonces que, el tribunal censurado realizó una indebida interpretación del artículo 4. ° del Decreto 1724 de 1997, que regula el régimen de transición, en especial, lo relativo a las condiciones para su pérdida, luego, precisó que «contrario a lo interpretado por la Sala, no se refiere la norma a las causas para la perdida del Derecho al disfrute anualizado de la Prima Técnica por Evaluación de desempeño puesto que este emolumento tiene unas características especiales de causación que en ningún momento deberán equipararse a las causales o condiciones legales para su pérdida definitiva, tal como lo pretende el Ad quem»3.

Asimismo, aseveró que, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-569 de 2003, la interpretación de la pérdida definitiva del derecho a la referida prima, con ocasión de haber obtenido una calificación inferior a la exigida por la norma para la causación anual, era descontextualizada e inconstitucional, pues, desconocía la integridad y la particularidad misma del derecho, en tanto que, el artículo 4. ° del Decreto 1724 de 1997, consagró un derecho adquirido no condicionado a la calificación anual sino «a una garantía intuito persona, per se, sin que mediase la condición de la cualificación superior al 90% sino únicamente en el periodo previo a la 3 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.

Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vigencia de la norma (reconocimiento de la Prima Técnica antes de 1997, para hacerse beneficiario del Régimen de Transición para futuros reconocimientos)».

Iteró que, se desconoció en consecuencia el precedente vinculante y obligatorio antes señalado, según el cual, lo relevante es que se verifique en cada evaluación posterior, el cumplimiento o no de los requisitos para la causación de la prestación, sin que las calificaciones de periodos anteriores sean determinantes para años subsiguientes.

De igual forma, alegó que la autoridad judicial cuestionada omitió aplicar el precedente del Consejo de Estado, que se encuentra en consonancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en el sentido de reiterar el carácter anualizado de la prima técnica por evaluación del desempeño. Al respecto trajo a colación las sentencias de 16 y 25 de marzo de 2006 y, de 1° y 22 de marzo de 2012, radicados 2881-04, 2922-04, 2008- 00366 y 2259-10, respectivamente.

Finalmente, el tutelante manifestó que se configuró la violación directa del artículo 29 de la Constitución Política, comoquiera que, la decisión censurada desconoció los principios superiores, las normas y la jurisprudencia de obligatorio acatamiento por ser aplicable a su situación. Asimismo, realizó unas consideraciones sobre los derechos adquiridos y su protección especial con sustento en el principio de favorabilidad; en ese mismo contexto señaló que se conculcó el derecho a la igualdad, pues, en casos resueltos el 30 de septiembre de 2020 y 23 de febrero de 2021, con situación fáctica similar, su resolución fue favorable, luego, en su sentir, a una misma situación de hecho, debía darse una idéntica solución de derecho.

Al respecto, citó los fallos de los Juzgados Dieciséis y Veintitrés Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá. 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 28 de agosto de 2025, el a quo constitucional admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como accionado.

Asimismo, como terceros con interés vinculó al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y, finalmente reconoció personería para actuar a la abogada Mónica Liliana Sanabria Uribe, en representación del actor. 1.6. Intervenciones Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones. 1.6.1.

Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá La referida autoridad judicial, después de referirse a las consideraciones expuesta en la decisión de primer grado y de manifestar que lo pretendido por el actor era reabrir el debate que fue definido en las dos instancias del proceso ordinario, solicitó que se deniegue el amparo deprecado, comoquiera que no se incurrió en ninguna de las causales de procedibilidad o, en forma subsidiaria, que se declare la improcedencia. Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.2.

Ministerio de Educación Nacional La mentada cartera pidió la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, en tanto que, no se evidenciaba la vulneración de alguna garantía superior del accionante, pues, solo las providencias que trasgredían los derechos fundamentales podían ser censuradas mediante este mecanismo de protección, salvo que, cada caso debía ser analizado de manera rigurosa para no desvirtuar los principios de autonomía judicial y cosa juzgada. 1.7.

Fallo impugnado Mediante sentencia de 3 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Así entonces, después de referirse a las consideraciones expuestas en la providencia censurada, concluyó que el debate planteado en esta instancia había sido debidamente analizado por el juez competente, además que la decisión no fue arbitraria o sin respaldo en el estudio de los hechos y fundamentos normativos aplicables al caso.

En ese orden, indicó que lo pretendido por el tutelante era imponer su interpretación normativa sobre la expuesta por la autoridad judicial accionada y con ello continuar con la discusión surtida en el proceso ordinario, sin la demostración de la trasgresión a los derechos fundamentales solicitados en protección. Asimismo, indicó que frente al yerro sustantivo por desconocimiento del precedente no se cumplía con la carga argumentativa suficiente para el estudio de fondo del mismo, pues, no se había realizado un análisis metodológico ni comparativo que permitiera establecer la identidad de los casos, así como tampoco se señaló la regla de derecho aplicable al asunto. 1.8.

Impugnación La parte actora solicitó que se estudiaran de fondo los defectos alegados y, en consecuencia, se revocara el fallo impugnado. En ese orden, alegó que era desafortunada la concusión del a quo constitucional, en atención a que, en el escrito tutelar se explicó tanto la violación de sus derechos fundamentales como la configuración de los defectos en que incurrió la providencia censurada, lo que ameritaba el análisis especificó de ésta.

Señaló que, lo pretendido era la aplicación y estudio constitucional de una providencia judicial con alto riesgo de vulneración a sus derechos fundamentales, luego, en su sentir, no se trataba de una inconformidad de orden legal, sino de la salvaguarda de aquellas prerrogativas superiores que se vieron trasgredidas tanto por la sentencia que negó el reconocimiento y pago de la prestación reclamada como por la decisión que se impugna, comoquiera que, respecto de la controversia sobre la pérdida de la prima técnica por evaluación del desempeño la Corte Constitucional ya se había pronunciado Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la sentencia C-569 de 2003, por lo que su desconocimiento injustificado contravenía el artículo 4. º de la Constitución Política.

De igual forma, señaló que el presente mecanismo era la última herramienta con que contaba para la protección de sus derechos fundamentales que estimó vulnerados por esta corporación; asimismo, advirtió que se acreditaban los demás requisitos tal como se había indicado en el escrito introductorio. Por otra parte, alegó que tanto el a quo constitucional como el tribunal accionado desconocieron el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional establecido en la sentencia C-569 de 2003, sobre la aplicación de la previsión consagrada en el artículo 8. ° del Decreto Ley 1661 de 1991, al igual que, el de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que en providencia del 1. ° de marzo de 2012, precisó que, aun cuando se obtengan en determinados periodos puntajes inferiores al 90%, se conserva el derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño en las anualidades posteriores, cuando acredite el cumplimiento del puntaje exigido, ello, con fundamento en la naturaleza periódica de la prestación, luego no se puede predicar la pérdida definitiva del mentado derecho.

Finalmente, trajo a colación dos fallos de tutela de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 2 de marzo de 2023 y 31 de octubre de 2024, que en casos con situaciones fácticas similares, encontró superado el requisito de relevancia constitucional dada la inseguridad jurídica sobre la regulación de la prima técnica por evaluación del desempeño y, en concreto, sobre el contenido del artículo 8. ° del Decreto 1661 de 1991, y la afirmación según la cual la calificación insatisfactoria en determinado periodo no conlleva la pérdida definitiva del derecho, sino que es posible su revisión.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 3 de octubre de 2025, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación. 2.2.

Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 3 de octubre de 2025, de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente el mecanismo de protección superior presentado por el señor David Ernesto Díaz Carvajal, ante la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto. Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.4.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad 2.4.1. Relevancia constitucional La Sala advierte que en el sub examine, contrario a lo señalado por el a quo constitucional, se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cara a este requisito, así: 40.

En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: [i] que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; [ii] que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, [iii] que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

Finalmente, cuando la acción de tutela 4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”. 7 Consejo de Estado.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […]. [Énfasis de la Sala] Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante constitucionalmente por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, ante la posible configuración de los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución. De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad judicial incurrió en los mencionados errores, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.

En esta oportunidad, como quedó establecido, se involucra un debate jurídico que gira en torno al contenido, alcance y goce de las garantías superiores del actor, quien justificó de manera suficiente y razonada la posible afectación desproporcionada de éstas, y no se refiere a un asunto meramente legal y/o económico; pues aun cuando se trata de una providencia en la que se negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño, lo cierto es que, se invoca el desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales que, al parecer, le permiten al tutelante ser beneficiario de la mentada prestación y que soportan la tesis pacifica referida a que la obtención de un puntaje inferior al 90% en el examen de desempeño en un periodo determinado, no implica la pérdida definitiva de la prerrogativa a percibir la prima técnica por evaluación del desempeño. 2.4.2.

Agotamiento de los medios de defensa judicial Se tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a sus derechos fundamentales, toda vez que, contra la providencia proferida y ejecutoriada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que puso fin al proceso, no procede algún recurso ordinario, y los cargos alegados en el marco de los defectos enunciados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios. 2.4.3.

Inmediatez En el caso en estudio se cumple el requisito, pues la decisión en cuestión fue notificada mediante correo electrónico enviado el 28 de julio de 2025, mientras que la acción de tutela fue radicada el 27 de agosto de 2025, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la acción de tutela se presentó dentro de los seis meses que esta sección considera como plazo prudencial para acudir a esta instancia constitucional.

Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas. 2.4.4.

Tutela contra decisión de la misma naturaleza Se cuestiona la providencia de segunda instancia dictada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por todo lo anterior, y advertido el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, la Sala procederá a realizar el análisis del caso en concreto. 2.5.

Caso concreto La parte actora alegó que la Subsección E de la Sección Segunda de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia del 25 de julio de 2025, que confirmó la providencia del 28 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que ejerció contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

En ese orden, le atribuyó a la mentada decisión haber incurrido en los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución, por cuanto: [i] se realizó una indebida interpretación del artículo 4. ° del Decreto 1724 de 1997, relativo al régimen de transición y las causales para su pérdida, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia C-559 de 2003 de la Corte Constitucional; [ii] se desatendieron las decisiones de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 1. ° y 22 de marzo de 2012 y, de 16 y 25 de marzo de 2006, en las que se ha establecido que la obtención de un puntaje inferior al 90% en el examen de desempeño en un periodo determinado, no implica la pérdida definitiva de la prerrogativa a percibir la prima técnica por evaluación del desempeño y; [iii] se trasgredió el derecho al debido proceso pues, se inaplicaron los principios superiores, las normas y la jurisprudencia de obligatorio acatamiento que cobijaban su situación. Conforme a lo anterior, la Sala considera que es posible realizar un estudio conjunto de los cargos alegados, a partir del análisis del yerro de desconocimiento de precedente, en atención a que, en sentir del accionante se desatendió la postura 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 9 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pacífica según la cual, la obtención de un puntaje inferior al 90% en el examen de desempeño en un periodo determinado, no implica la pérdida definitiva de la prerrogativa a percibir la correspondiente prima técnica.

En síntesis, la controversia gira en torno a la pérdida definitiva o no, del régimen de transición regulado en el artículo 4. ° del Decreto 1724 de 1997 y, de contera, del derecho al reconocimiento y pago de la referida prestación. En ese orden, se precisa, en primer lugar, que el tribunal accionado fijó como problema jurídico el determinar si el señor David Ernesto Díaz Carvajal, al ser beneficiario de la prima técnica por evaluación del desempeño, en virtud del régimen de transición del Decreto 1724 de 1997, había perdido el derecho, de manera definitiva, al haber obtenido calificaciones inferiores al 90% en algunos periodos.

En segundo término, concluyó, después de referirse al marco normativo, jurisprudencia y a lo probado en el proceso, que el demandante perdió el benefició del pago de la prestación al tener puntajes por debajo del 90% en los años sucesivos de 2003 a 2007, para lo cual señaló que: […] en criterio de la sala mayoritaria respecto del parágrafo 8.° del Decreto 1661 de 1991 es claro en establecer que la prima técnica por evaluación del desempeño se «perderá sí cesan los motivos por los cuales se asignó», en este caso, el motivo consiste en la obtención de las calificaciones anuales inferiores al 90% lo cual desestima el argumento del apelante respecto de la procedencia de revisar periódicamente el otorgamiento del beneficio.

Como sustento de dicha afirmación la autoridad judicial accionada citó la sentencia de 6 de mayo de 2021, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de donde señaló que ésta reafirmaba el requisito indispensable de la calificación mínima para ser acreedor de la mentada prima, conforme al marco normativo vigente.

Ahora bien, tal como se indicó en precedencia el tutelante alegó el desconocimiento por parte de la corporación enjuiciada del precedente fijado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las decisiones de 16 y 25 de marzo de 200610 y, de 1. ° y 22 de marzo de 201211, según el cual, la obtención de un puntaje inferior al 90% en el examen de desempeño en un periodo determinado, no implica la pérdida definitiva de la prerrogativa a percibir la prima técnica por evaluación del desempeño. Sobre el particular esta Sala en fallo de tutela de 31 de octubre de 202412, en un caso de supuestos fácticos similares, al analizar las referidas providencias concluyó que en éstas se configuró un parámetro, de acuerdo con el cual, los servidores del orden nacional cobijados por el régimen de transición previsto en el artículo 4. ° del Decreto 1724 de 1997, y que hayan obtenido durante algún período una calificación en la evaluación del desempeño inferior al 90%, tienen derecho a que se les reconozca 10 Radicados internos 2881-04, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado y 2922-04 M.P. Jesús María Lemus Bustamante. 11 Expedientes 25000-23-25-000-2008-00366-01 [0371-10] y 25000-23-25-000-2008-00276-01 [2259- 10] MP.

Gerardo Arenas Monsalve. 12 Expediente 11001-03-15-000-2024-05336-00, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nuevamente la prima técnica correspondiente para las anualidades subsiguientes en las que se logre demostrar que superaron el puntaje requerido.

Asimismo, se precisó que en dichas decisiones se estableció que a pesar de que el interesado hubiera obtenido durante un período un porcentaje inferior al 90% exigido, tiene derecho a que se le reconozca nuevamente la prima técnica para las anualidades subsiguientes en las que logre demostrar que su calificación superó el puntaje requerido; lo anterior, toda vez que se trata de un derecho que se causa anualmente en razón a la misma periodicidad propia de su esencia y, por tanto, no puede perderse definitivamente por una calificación anual insuficiente.

De igual forma, la Sala analizó la providencia de 22 de junio de 2023, de la misma Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación que sirvió como sustento para la decisión cuestionada que negó las pretensiones del proceso ordinario y, en ese sentido, encontró que la controversias eran distintas, pues, en ésta, el análisis jurídico consistió en la revisión de la normatividad interna de la entidad a la cual se encontraba adscrita la demandante, y no en la interpretación normativa del artículo 8. º del Decreto 1661 de 1991, como sucedió en el caso en estudio.

En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como se advirtió con anterioridad, en la decisión cuestionada trajo a colación la sentencia de 6 de mayo de 2021, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual, como pasa a explicarse, no era aplicable a la situación del demandante.

En esa oportunidad, esta corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que había accedido parcialmente a las pretensiones deprecadas por la parte activa del proceso, a quien se le negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño, en el sentido de revocarlo y, en su lugar, negar las suplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden, planteó como problema jurídico analizar si la demandante tenía derecho a que se le reconociera la referida prestación, pese a que no la solicitó antes de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, y cuando en algunos periodos obtuvo calificaciones inferiores al 90%. Así entonces, después de hacer referencia al marco normativo y jurisprudencial, al igual que sobre lo probado en el proceso, encontró que la demandante para los periodos inmediatamente anteriores a la entrada en vigencia del Decreto 10724 de 1997, esto era 11 de julio de 1997, sus calificaciones no alcanzaron el mínimo del 90%, luego, concluyó que no tenía derecho a ser beneficiaria del régimen de transición. Conforme lo anterior, es claro que los temas a examinar en uno y otro caso eran diferentes, luego, no correspondía su empleo como soporte para resolver el tema puesto a consideración del operador judicial, comoquiera que respecto del señor Díaz Carvajal, se cumplía con los requisitos para ser acreedor del referido régimen de transición del artículo 4. ° del Decreto 1724 de 1997.

Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, para esta colegiatura la autoridad judicial accionada desconoció el criterio jurisprudencial existente para este tema, establecido en las sentencias del Consejo de Estado que fueron alegadas por el tutelante y, de las cuales, en anteriores oportunidades ya se había realizado el respectivo análisis y que se expuso nuevamente en esta oportunidad, luego, se configuró el yerro endilgado y estudiado en este fallo.

Finalmente, itera la Sala que, el tribunal enjuiciado no tarjo a colación alguna decisión de la Sección Segunda de esta corporación que tuviera un criterio contrario al que se ha señalado en precedencia, pues, la jurisprudencia utilizada por este no se refería al tema en cuestión, además tampoco se esgrimieron argumentos que justificaran el desconocimiento de la posición conocida y reiterada sobre el asunto. 2.6.

Conclusión Con fundamento en los anteriores argumentos, se revocará el fallo de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 3 de octubre de 2025, que declaró improcedente el presente mecanismo constitucional, para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales del tutelante y, en consecuencia, disponer que cesen los efectos de la sentencia de segunda instancia de 25 de julio de 2025, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y, que dicha corporación profiera una nueva providencia que atienda el criterio fijado por el Consejo de Estado indicado en este trámite constitucional. 3.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de 3 de octubre de 2025, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor David Ernesto Díaz Carvajal, conculcados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

TERCERO: DEJAR sin efectos la sentencia de 25 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el proceso de nulidad y restablecimiento que adelantó el señor David Ernesto Díaz Carvajal contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional, identificado con el radicado 11001-33-42-057-2022-00353-00/01.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que dentro de los treinta [30] días siguientes a la notificación de la Demandante: David Ernesto Díaz Carvajal Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E Radicado: 11001-03-15-000-2025-05326-01 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presente providencia, emita la decisión de reemplazo, la cual tenga en cuenta los parámetros señalados es esta instancia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

SEXTO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE PEDRO PABLO VANEGAS GIL Presidente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Magistrado GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Magistrada [Salva voto] «Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»