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11001031500020230079000Consejo de Estado · Sección PrimeraAuto interlocutorio2023-02-14

Radicación interna: 1173 · ACCIONES DE TUTELA

Ponente: Hernando Sanchez Sanchez

Actor: Jorge Toro Garrido·Demandado: Tribunal Administrativo Del Magdalena Y Otro

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro1 Asunto: Resuelve sobre la admisibilidad de la acción de tutela y la solicitud de una medida provisional AUTO INTERLOCUTORIO Este Despacho procede a resolver sobre la admisibilidad de la solicitud de tutela presentada por Jorge Toro Garrido contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta; y la solicitud de una medida provisional.

I.

ANTECEDENTES 1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, porque, a su juicio, al proferir “[…] unas providencias […]”, vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la propiedad, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital. 2.

El actor solicitó, en el escrito de tutela, como medida provisional2: 1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital. 2 Cfr. Folio 2 del documento denominado “ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2”. Archivo en medio magnético 2 Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido “[…] suspender las órdenes de arresto y multa compulsar copias a la fiscalía general de la nación para que investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial o la que hubiere lugar por parte de los directores y/o gerentes de NUEVA EPS REGIONAL NORTE PRESTACIONES ECONOMICA DR CESAR ALFONSO GRIMALDO DUQUE DR. SEIRD NUÑEZ GALLO en su condición de gerente de recaudo y compensación,.

Y NUEVA EPS, COORDINACION DE MEDICINA LABORAL, JOSE FERNANDO CARDONA en su calidad de presidente dirección de gestión documental ciudad de Bogotá […]”.3 3. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de febrero de 20234, inadmitió la solicitud de la acción de tutela, la cual fue corregida dentro del término legal5. II. CONSIDERACIONES 4.

Este Despacho procederá, en primer orden, a estudiar los requisitos de admisibilidad de la acción de tutela interpuesta por el actor y, en segundo orden, a decidir la medida provisional solicitada. Sobre la admisión de la acción de tutela 5. Vistos: i) el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1.° del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20217, sobre reglas de reparto de la solicitud de tutela; ii) el artículo 14 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 19918, sobre el contenido de la solicitud de amparo; y iii) el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 20199. 6.

Atendiendo a que: i) esta Sección es competente para conocer de la presente tutela, debido a que la misma está dirigida contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, y 3 Transcripción literal del texto. 4 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado “AUTOQUEINADMITEDEMANDA(.pdf) N roActua 4”.

Archivo aportado en forma digital. 5 Cfr. índice núm. 8 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_OFDEIMPUGNACIOND(.pdf) NroActua 8”. Archivo aportado en forma digital. 6 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 9 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 3 Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido ii) el actor allegó copia de unas providencias de las cuales se observa cuál es el número único de radicación del proceso en cuestión10; y, en consecuencia, la solicitud presentada por el actor cumple con los requisitos previstos en la normativa: este Despacho procederá a admitir la tutela, notificar a los demandados, vincular a los terceros con interés legítimo11 y tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela.

Sobre la solicitud de medidas provisionales 7. Visto el artículo 7.° del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199112 que respecto a las medidas provisionales para proteger un derecho establece “[…] desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público […]”. 8. Para efectos de resolver la medida provisional solicitada por el actor, el Despacho abordará el estudio en el siguiente orden: i) marco normativo y jurisprudencial de las medidas provisionales en el trámite de las acciones de tutela; ii) la solicitud de medida provisional presentada por el actor; iii) el caso concreto y el análisis de la solicitud y iv) las conclusiones.

Marco normativo y jurisprudencial de las medidas provisionales en el trámite de las acciones de tutela 9. Las medidas provisionales son instrumentos creados por el Legislador que buscan amparar un derecho en litigio de forma previa, garantizando que la duración 10 Acción de tutela identificada con el número único de radicación 47-001-3333-007-2022-00097-02, de la cual se advierte que el actor cuestiona: i) la sentencia proferida, en segunda instancia, el 7 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena; y ii) el auto de 21 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta. 11 A la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S. S.A. – Nueva E.P.S., por integrar la parte demandada dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 47-001-3333-007-2022-00097-02. 12 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”. 4 Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido del proceso no influya en la efectividad de la decisión final y que se establezca un marco de protección previo sobre el derecho e interés objeto del proceso. 10.

Visto el inciso 4 del artículo 7.º del Decreto número 2591 de 19 de noviembre de 1991, el juez podrá dictar cualquier medida de conservación encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados. 11. En relación con el alcance de las competencias del juez de tutela para decretar medidas provisionales, la Corte Constitucional ha precisado que estas resultan procedentes: i) cuando son necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación del mismo, o ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, su suspensión sea necesaria para precaver que la violación se torne más gravosa13. 12.

En ese sentido, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto de 15 de diciembre de 2005, en relación con el alcance de las competencias del juez de tutela para decretar medidas provisionales orientadas a la suspensión de actos que amenacen o vulneren derechos fundamentales, consideró lo siguiente: “[…] 4. Que en virtud del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela puede tomar aquellas medidas provisionales necesarias para proteger un derecho fundamental, entre ellas la de suspender “la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”, cuando el funcionario judicial “expresamente lo considere necesario y urgente”.

Según ha explicado esta Corporación, mediante las medidas provisionales se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación, o que habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa. Al respecto se pueden consultar, entre otros, los Autos A- 040a de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y A-049 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) […]”. 13.

De conformidad con lo anterior, los presupuestos de necesidad y urgencia deben formularse de manera clara y precisa en la demanda, demostrando el alto grado de afectación del derecho fundamental o la inminencia de la ocurrencia del agravio. La solicitud de medida provisional presentada por el actor 13 Al respecto, ver entre otros, los Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

SU-1219 de 2001. 5 Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido 14. El actor solicitó, en el escrito de tutela, como medida provisional, “[ ] suspender las órdenes de arresto y multa compulsar copias a la fiscalía general de la nación para que investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial o la que hubiere lugar por parte de los directores y/o gerentes de NUEVA EPS REGIONAL NORTE PRESTACIONES ECONOMICA DR CESAR ALFONSO GRIMALDO DUQUE DR. SEIRD NUÑEZ GALLO en su condición de gerente de recaudo y compensación,.

Y NUEVA EPS, COORDINACION DE MEDICINA LABORAL, JOSE FERNANDO CARDONA en su calidad de presidente dirección de gestión documental ciudad de Bogotá [ ]”14. El caso concreto y el análisis de la solicitud 15. Corresponde al Despacho establecer si la medida provisional solicitada por el actor es necesaria y urgente para evitar que la amenaza contra los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la propiedad, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital se convierta en una violación o que la violación se torne más gravosa. 16.

En ese orden, se procede al análisis de los dos elementos antes mencionados: 16.1. El Despacho considera que, en este caso, el actor realiza la manifestación que se indicó en el numeral 14 supra sin que se encuentre acreditada en el escrito de tutela y que le permita al Despacho establecer la forma como se puede consumar un perjuicio irremediable que configure los presupuestos de necesidad y urgencia en relación con los derechos fundamentales invocados, esto es, no se evidencia que la vulneración aducida representara un peligro inminente para sus derechos fundamentales, en consideración al término con que cuenta la Sala para proferir la sentencia de primera instancia. 16.2.

Este Despacho advierte que en este momento procesal no se acreditan los supuestos que permitan evidenciar la configuración de un perjuicio que necesite la intervención del juez de tutela de manera inmediata, en la medida que no resulta 14 Transcripción literal del texto. 6 Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido palmaria la vulneración alegada ni se puede colegir del material probatorio la posible ocurrencia de un perjuicio ni que este pueda calificarse como irremediable. 16.3.

En este sentido, se evidencia que el actor no aporta argumentos específicos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos de necesidad y urgencia, establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el procedimiento preferente y sumario que caracteriza este tipo de acciones permite al Despacho concluir que el plazo entre la admisión de la solicitud de tutela y la sentencia que decida de fondo la solicitud de amparo, no constituye una carga desproporcionada para los derechos fundamentales invocados, que amerite una orden de protección provisional en este caso en concreto.

Sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 17. Vistos: i) la Ley 2213 de 13 de junio de 202215; ii) el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 202016, expedido por la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en especial, sus artículos 21, 26 y 28, sobre uso de las tecnologías, atención al usuario por medios electrónicos y uso de medios tecnológicos en las actuaciones judiciales; y iii) los avisos de 29 de abril de 202017 y 1 de julio de 202018 expedidos por la Presidenta de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 18.

Y, de conformidad con las disposiciones citadas supra, este Despacho considera que: i) en las actuaciones judiciales en este tipo de asuntos se seguirá privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que garanticen el principio de publicidad y los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso; y ii) los informes, los documentos, los memoriales y las demás comunicaciones que se dirijan al Despacho sustanciador con destino al expediente 15 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA VIGENCIA PERMANENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 16 “Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”. 17 Sobre la utilización de medios tecnológicos en todas las actuaciones judiciales. 18 Sobre las reglas para acceder a la prestación del servicio público de administración de justicia. 7 Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido del proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, deberán ser enviados al siguiente buzón electrónico “[…] secgeneral@consejodeestado.gov.co […]”.

Conclusión 19. El Despacho, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, procederá a admitir la tutela presentada por el actor y negar la medida provisional solicitada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, III.

RESUELVE

PRIMERO: Admitir la solicitud de tutela presentada por Jorge Toro Garrido contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta.

SEGUNDO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, quienes podrán rendir informes y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

TERCERO: Negar la medida provisional solicitada por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: Vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a la Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S. S.A. – Nueva E.P.S., en calidad de terceros con interés legítimo.

QUINTO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, al Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y al Representante Legal de la Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S. S.A. – Nueva E.P.S., quienes 8 Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00 Actor: Jorge Toro Garrido podrán rendir informes y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

SEXTO: Tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo, con el valor probatorio que les corresponda según la ley.

SÉPTIMO: Ordenar al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, que remita en calidad de préstamo, o utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, el expediente del proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 470013333007202200097-02, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

OCTAVO: Ordenar mantener el expediente de la presente acción constitucional en la Secretaría General de esta Corporación hasta que se alleguen los informes o se cumplan los términos mencionados en esta providencia.

NOVENO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, al actor.

DÉCIMO: Informar, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, que los informes, los documentos, los memoriales y las demás comunicaciones que se dirijan al Despacho sustanciador con destino al expediente del proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, podrán ser enviados al siguiente buzón electrónico “[…] secgeneral@consejodeestado.gov.co […]”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado