Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Bogotá D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Radicación: 11001-03-25-000-2024-00413-00 (5089-2024) Demandante: Gina Paola Jiménez Poveda Demandada: Fiscalía General de la Nación Tema: Rechaza extensión de jurisprudencia. Artículo 269-3.
El Consejo de Estado decide lo correspondiente frente a la extensión de jurisprudencia interpuesta.
ANTECEDENTES La señora Gina Paola Jiménez Poveda solicitó «se amplie» la extensión de los efectos de las sentencias del 2 de septiembre de 2019 y 15 de diciembre de 2020, proferidas por la Sala de Conjueces, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, en los radicados: 23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), y 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), respectivamente.
Como consecuencia de lo anterior, pidió1: «[…] se sirva reconocer como factor prestacional y/o salarial, la prima especial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, creada mediante Decreto 272 del 11 de marzo de 2021 y reconocida a partir del 1 de enero de 2021. [ ] Conforme a la anterior solicitud, se sirva hacer la respectiva reliquidación de todas las prestaciones sociales devengadas por la mandante, debidamente indexadas desde que ostenta el cargo de fiscal y las que se causen a futuro. [ ]» CONSIDERACIONES El mecanismo de extensión de la jurisprudencia El mecanismo especial de extensión de la jurisprudencia está regulado en los artículos 102 y 270 del CPACA.
El primero de ellos, en relación con las sentencias llamadas a ser objeto de extensión, textualmente expresa lo siguiente: 1 Radicada mediante ventanilla virtual el 28 de agosto de 2024. Páginas 1 a 12 del archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_ginapaola272(.pdf) NroActua 3» visible a índice 3 de SAMAI. Radicado: 11001-03-25-000-2024-00413-00 (5089-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «Artículo 102.
Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos […]» Por su parte, el artículo 270, define lo que debe considerarse como una sentencia de unificación jurisprudencial, así: «Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.» En estos términos, se infiere que las sentencias invocadas en la solicitud de extensión de jurisprudencia, deben haber sido proferidas por el Consejo de Estado, ser de unificación jurisprudencial y reconocer derechos.
A su turno, el artículo 271 de la misma normativa, prevé que el Consejo de Estado puede asumir el conocimiento de los asuntos pendientes para fallo, entre otras, para unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial.
Dicha labor podrá asumirse de oficio, por remisión de las secciones o subsecciones, de los tribunales, a solicitud de parte, por petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, o, del Ministerio Público. Específicamente, establece que: «Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso.
Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo» La solicitante, en su calidad de fiscal seccional delegada ante los jueces penales del circuito, a través del mecanismo especial, pretende se extiendan los efectos de las sentencias del 2 de septiembre de 2019 y 15 de diciembre de 2020, proferidas por la Sala de Conjueces, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, en los radicados: 23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018) y 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472- 2018), bajo el argumento de que su situación fáctica y jurídica es similar a la que se resolvió en aquellas decisiones.
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00413-00 (5089-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se precisa que el despacho se pronunciará únicamente respecto de la sentencia del 15 de diciembre de 2020, por cuanto fue esta la decisión invocada ante la administración2.
Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado: 73001- 23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), la Sección Segunda manifestó su impedimento para conocer del asunto, a través de auto del 1 de agosto de 20193, el cual fue declarado fundado por la Sección Tercera, a través de la providencia del 15 de octubre de 20194.
En consecuencia, para remplazar a los magistrados que componían la Subsección B, se surtió el sorteo de conjueces, designándose para la labor a los doctores John Jairo Morales Álzate, Jairo Ignacio Lozano Castaño y Jorge Iván Rincón Córdoba; quienes a través de auto del 6 de octubre de 20205 resolvieron avocar conocimiento para unificar jurisprudencia sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en lo que corresponde a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación 6. posteriormente, en sentencia del 15 de diciembre de 2020, en una Sala conformada por 15 de los 21 conjueces se optó por fijar reglas de interpretación. Con la anterior actuación los conjueces designados inobservaron los artículos 236 de la Constitución Política, 36 de la Ley 270 de 1996 y 126 y 128 del CPACA, porque conformaron la Sala sin tener en consideración el número de miembros que para el efecto está delimitado en la ley, y, en consecuencia, desatendieron la mayoría necesaria para deliberar.
Ciertamente, la configuración de la Sala de Sección es una competencia con reserva legal7, en tanto que es la Ley Estatutaria de Administración de justicia en el artículo 36 la que establece que la Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en 5 secciones, con funciones propias y en el literal b) dispone que la Sección Segunda se dividirá en dos Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres magistrados.
En ese entendido, y partiendo de la premisa de que los conjueces ejercen transitoriamente la función jurisdiccional ante el impedimento del juez natural para adoptar una decisión en un caso concreto, y que, por lo tanto, le son exigibles los mismos deberes y atribuciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los magistrados que remplazan, como lo indican los artículos 61 de la misma norma y 2 Páginas 13 a 19 del archivo denominado «1_DemandaWeb_Demanda_ginapaola272(.pdf) NroActua 3» obrante a índice 3 de SAMAI. 3 Índice 15 de SAMAI.
Radicado: 73001-23-33- 000-2017-00568-01 (5472-2018) 4 Índice 21 de SAMAI, ibidem. 5 Índice 30 de SAMAI, ibid. 6 Índice 30 de SAMAI, ibid. 7 Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-134 de 2023. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 28 de febrero de 2025. Radicación: 110010325000201601169 00 (5246-2016).
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00413-00 (5089-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 115 del CPACA, debieron ceñir su actuación a las normas que delimitaban la configuración de la Sala para efectos de unificación. En estos términos, este despacho considera que la decisión respecto de la cual se pide la extensión de los efectos no cumple con los requisitos que prevén los artículos 269 y 270 del CPACA, esto es, ser de unificación jurisprudencial, en tanto que no se emitió conforme lo dispone la ley.
Ahora, teniendo en consideración las particularidades del caso concreto y, con el objeto de salvaguardar el derecho que le pueda asistir a la peticionaria, no se podrá entender que mientras este trámite extraordinario estuvo en curso transcurrieron los fenómenos de prescripción y caducidad. En mérito de los expuesto, se RESUELVE Primero. Rechazar la solicitud de extensión de la jurisprudencia presentada por Gina Paola Jiménez Poveda, de acuerdo con lo consignado en la parte considerativa.
Segundo. Reconocer personería al abogado Juan Antonio Sanguino Becerra, identificado con cédula 1.093.771.218 y tarjeta profesional 325.793, en los términos y para los efectos del poder conferido por la solicitante, visible a índice 3 de SAMAI. Tercero. Ejecutoriado este auto, por la secretaría archivar el presente asunto previas las anotaciones respectivas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente