Expediente: 11001-03-15-000-2023-05031-00 Demandante: Riveiro Barrantes Rojas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2023 Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-05031-00 Demandante: Riveiro Barrantes Rojas Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil, Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación de Bolívar Asunto: remite a otro despacho judicial Previo a resolver sobre la admisibilidad, conviene precisar que la Corte Constitucional1 ha señalado que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 322 y 373 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos;

(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una acción de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia. La Corte Constitucional4 también ha determinado que la competencia a prevención incluye «proteger la libertad del actor en relación a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover».

Que, por lo tanto, en caso 1 Ver, entre otros, el Auto 158 de 2018. 2 ARTICULO

32. TRAMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.

Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 3 ARTICULO 37.

PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos.

Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar. 4 Ibidem pie de página 1. Expediente: 11001-03-15-000-2023-05031-00 Demandante: Riveiro Barrantes Rojas Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de existir conflicto al aplicar los criterios que definen la competencia, se le debe «otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante».

Igualmente, debe tenerse en cuenta que el Decreto 1069 de 20155 reguló las reglas administrativas para el reparto de las acciones de tutela con el fin de racionalizar y desconcentrar su conocimiento. En lo que aquí interesa, el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. ibidem prevé que: «las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría».

En el caso concreto, el Despacho advierte que el señor Riveiro Barrantes Rojas interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bolívar, por estimar vulnerados los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a cargos públicos.

Asimismo, se observa que el señor Barrantes Rojas está domiciliado en el municipio de Armenia (Quindío) y que, según el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, las acciones de tutela dirigidas contra autoridades del orden nacional (como la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación Nacional) corresponden en primera instancia a los jueces de circuito.

Siendo así, el Despacho remitirá la acción de tutela a los juzgados administrativos de Armenia. En consecuencia, el Despacho RESUELVE Remitir la acción de tutela interpuesta por el señor Riveiro Barrantes Rojas a los juzgados administrativos de Armenia (reparto). Notifíquese y cúmplase, (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN 5 Modificado por el Decreto 333 de 2021.