Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: Acción de reparación directa Radicación: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán Demandados: Rama Judicial – Superintendencia de Notariado y Registro Tema: Responsabilidad del Estado por error judicial.

Se confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda porque el demandante no formuló una pretensión autónoma en la que individualizara el daño antijurídico causado por el error judicial y no allegó las pruebas necesarias para establecer si existió el error. Se declara la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a la Superintendencia de Notariado y Registro porque el daño no le es imputable.

SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 6 de junio de 2013, que negó las pretensiones de la demanda. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de los procesos de reparación directa por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la Sala es competente en segunda instancia para conocer de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos por hechos de la administración de justicia, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación1.

El recurso de apelación presentado por el demandante fue admitido mediante providencia del 8 de agosto de 20132. En el auto del 30 de agosto de 2013 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de 1 Consejo de Estado. Auto 2008-00009 de 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 2Fl.345, cuaderno principal.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 2 conclusión3. La parte demandante presentó oportunamente sus alegatos de conclusión4, las entidades demandadas guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto. I.

ANTECEDENTES A. Posición de la parte demandante 1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 12 de julio de 2001 por Misael Cabezas Guzmán (en adelante, el demandante)5 contra la Rama Judicial, para obtener la reparación del daño causado por el error judicial contenido en las sentencias proferidas el 25 de octubre de 1999 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué y el 7 de abril de 2000 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, en las que se negaron las pretensiones del proceso ejecutivo hipotecario que el demandante inició contra los señores Ricardo Peñalosa Sanguino y Olga Lucía Franco para el cobro de una hipoteca constituida a su favor.

El accionante demandó de manera subsidiaria a la Superintendencia de Notariado y Registro porque el notario Primero de Ibagué expidió irregularmente la copia de la escritura pública de compraventa que el demandante allegó como título ejecutivo, y por ello le fueron negadas las pretensiones y perdió su derecho frente a sus deudores. 2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: <<PRETENSIONES PRINCIPALES: (…) PRIMERA: Que LA NACIÓN COLOMBIANA - RAMA JUDICIAL (…), es administrativamente responsable, por falla del servicio, de los perjuicios materiales causados al demandante, MISAEL CABEZAS GUZMÁN, con la actuación del Tribunal Superior de Ibagué - Sala Civil, con su sentencia de 4 de julio de 1996, que REVOCÓ la del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué proferida el 21 de noviembre de 1995, declarando probada de oficio la excepción de ineficacia del título ejecutivo en el proceso de la misma índole adelantado por mi poderdante contra RICARDO PEÑALOSA SANGUINO Y OLGA LUCÍA FRANCO DE PEÑALOSA, para el cobro de la suma de DIEZ MILLONES ($10.000.000) de pesos juntos con los intereses moratorios, garantizada con hipoteca de que trata la Escritura Pública No.1014 del 12 de abril de 1992, de la Notaría Primera de Ibagué; del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué en su sentencia de 25 de octubre de 1999, que declaró probada la excepción de ineficacia del título ejecutivo base del recaudo dentro del proceso ejecutivo hipotecario de MISAEL CABEZAS GUZMÁN contra los mismos RICARDO PEÑALOSA SANGUINO Y OLGA LUCÍA FRANCO DE PEÑALOSA, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Ibagué - Sala Civil en sentencia del 7 de abril de 2000, con ponencia de la Magistrada Dra. JENNY ESCOBAR ALZATE, JESÚS ANTONIO GARCÍA TRUJILLO y LUIS ENRIQUE GONZALEZ 3 Fl.347, cuaderno principal. 4 Fl.348-351, cuaderno principal. 5 Fls.2-25, C.1.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 3 TRILLERAS, este último salvando su voto por considerar que la sentencia ha debido revocarse por existir título ejecutivo. SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior y a título de (…) reparación de perjuicios, se CONDENE a la NACIÓN COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL (…) a reconocer y pagar al demandante MISAEL CABEZAS GUZMÁN, los perjuicios materiales, equivalentes a la suma de $10.000.000 de pesos, más los intereses moratorios desde su exigibilidad hasta la total cancelación de la deuda, a la tasa señalada por las autoridades respectivas, más la corrección monetaria y ajustes de valor como lo determina el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERA: Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de los demás perjuicios ocasionados al demandante con motivo de la pérdida de los dos procesos ejecutivos con título hipotecario adelantados (…) en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, que culminaron con sentencias desfavorables a las pretensiones del actor por sendos fallos de 4 de julio de 1996 y 7 de abril de 2000, proferidos por el Tribunal Superior de Ibagué, Sala de Decisión Civil, consistentes en las costas procesales tanto en primera como en segunda instancia a que fue condenado, honorarios profesionales de los abogados del demandante en las dos demandas citadas, documentación requerida para ambas demandas, etc., en la cuantía que se probare en el proceso mediante tasación pericial.

CUARTA: Que se CONDENE en costas procesales a la parte demandada. QUINTA: Al liquidarse la condena se tenga en cuenta por la entidad demandada el ajuste al valor contenido en el Art.178 del C.C.A., y/o el incremento al valor conforme al aumento anual del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional y/o el IPC y la devaluación monetaria certificados por el Banco de la República y el DANE, respectivamente.

SEXTA: Que se prevenga a la entidad demandada sobre su obligación legal de dar cumplimiento al fallo definitivo en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 176, 178 y 179 del C.C.A. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: PRIMERA: Que LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO(…), es administrativamente responsable, por falla del servicio, de los perjuicios materiales causados al demandante, MISAEL CABEZAS GUZMÁN, con la actuación del señor Notario Primero del Círculo de Ibagué, Doctor JOSÉ LIBARDO BOCANEGRA MORALES, con la expedición irregular de copia de la Escritura Pública No.1014 de 15 de abril de 1992, por la cual el demandante le vendió a RICARDO PEÑALOSA SANGUINO Y OLGA LUCÍA FRANCO DE PEÑALOSA, una casa de habitación con el lote de terreno (…) identificada con matrícula inmobiliaria No.350-0014343, en la cual se constituyó una hipoteca a favor del vendedor en cuantía de $10.000.000,00 de pesos, para ser cancelada con el producto del préstamo hipotecario que los compradores tramitan ante Granahorrar, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera de la mencionada escritura, por no haberle colocado la constancia de ser primera copia y que prestaba mérito ejecutivo, lo que motivó que tanto el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué y Tribunal Superior de Ibagué - Sala Civil (…) declararan probada la excepción de ineficacia del título base del recaudo, como se expresará en los hechos sustentatorios de esta demanda.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 4 SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior y a título de (…) reparación de perjuicios, se CONDENE a la NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (…) a reconocer y pagar al demandante MISAEL CABEZAS GUZMÁN, los perjuicios materiales, equivalentes a la suma de $10.000.000 de pesos, más los intereses moratorios desde su exigibilidad hasta la total cancelación de la deuda, a la tasa señalada por las autoridades respectivas, más la corrección monetaria y ajustes de valor como lo determina el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERA: Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de los demás perjuicios ocasionados al demandante con motivo de la pérdida de los dos procesos ejecutivos con título hipotecario adelantados (…) en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, que culminaron con sentencias desfavorables a las pretensiones del actor por sendos fallos de 4 de julio de 1996 y 7 de abril de 2000, proferidos por el Tribunal Superior de Ibagué, Sala de Decisión Civil, consistentes en las costas procesales tanto en primera como en segunda instancia a que fue condenado, honorarios profesionales de los abogados del demandante en las dos demandas citadas, documentación requerida para ambas demandas, etc., en la cuantía que se probare en el proceso mediante tasación pericial (…)>>.

(Las demás pretensiones son las mismas que solicitó en las pretensiones principales). 3.- Las pretensiones de la demanda se fundaron en las siguientes afirmaciones: 3.1.- El demandante Misael Cabezas Guzmán, obrando como vendedor, celebró un contrato de compraventa con los señores Ricardo Peñalosa Sanguino y Olga Lucía Franco (quienes obraron como compradores) sobre un inmueble de su propiedad identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 350-0014343.

Dicho inmueble se encontraba gravado con una hipoteca de primer grado a favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. La venta se protocolizó en la escritura pública número 1014 del 15 de abril de 19926. 3.2.- Los compradores constituyeron a favor del demandante (vendedor) una hipoteca de segundo grado sobre el inmueble vendido para garantizar el pago de la mitad del valor del inmueble, esto es, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000).

Dicho pago se condicionó a que el demandante obtuviera la cancelación de la hipoteca a favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y a que esta fuera registrada en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble. 3.3.- Pese a que el vendedor cumplió con la condición pactada y canceló la hipoteca a favor de la Caja Agraria, los compradores no le pagaron la suma adeudada. 3.4.- El 8 de septiembre de 1993 el accionante inició un proceso ejecutivo hipotecario contra los compradores.

Dicho proceso terminó con la sentencia de 4 de julio de 1996 proferida por el Tribunal Superior de Ibagué, en la cual se negaron las pretensiones ejecutivas por existir ineficacia del título ejecutivo, en 6 Fls.2-6, C.7, pruebas de oficio. Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 5 virtud de que la copia de la escritura pública de compraventa número 1014 del 15 de abril de 1992 no contenía la mención de que era la primera copia que prestaba mérito ejecutivo. 3.5.- En consecuencia, el 23 de agosto de 1996 el demandante inició un nuevo proceso ejecutivo hipotecario contra sus deudores y acompañó con la demanda una nueva copia de la escritura pública de compraventa número 1014 del 15 de abril de 1992.

Dicha copia contenía una constancia del notario Primero de Ibagué según la cual, por error involuntario, en la expedición de la primera copia de la escritura se omitió poner la constancia de que prestaba mérito ejecutivo. 3.6.- Del segundo proceso ejecutivo hipotecario conoció el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué, que en sentencia del 25 de octubre de 1999 declaró probada la excepción de ineficacia del título ejecutivo y negó las pretensiones de la demanda porque la copia de la escritura pública contentiva de la obligación no cumplía con los requisitos del artículo 42 del Decreto 2163 de 1970, pues ya se habían expedido otras copias, y la constancia del notario sobre su error no era suficiente para corregir el defecto de la copia. 3.7.- El demandante apeló la providencia mencionada en el numeral anterior.

El recurso fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué mediante sentencia del 7 de abril de 2000, en la que confirmó la decisión de primera instancia. Además, consideró que <<ese sello extemporáneo puesto por el (…) Notario Primero (…) admitiendo una “culpa suya” en la tercera copia de la escritura No. 1014 del 15 de abril de 1992, para encumbrarla a la calidad meritoria para demandar las obligaciones allí dimanadas, jamás le dan fuerza al instrumento para exigir el cumplimiento de una obligación. Ya queda dicho, que es la primera copia y no otra diferente, la que amerita su eficacia coercitiva para implorar las prestaciones desatendidas por un extremo contractual.

Por lo demás, ese sello si acaso es simplemente una forma administrativa del notario, mas no judicial para darle vida motu proprio a un título ejecutivo>>. 3.8.- El accionante considera que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué y la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué incurrieron en error judicial porque no valoraron adecuadamente la copia de la escritura pública de compraventa número 1014 del 15 de abril de 1992 que el ejecutante allegó como título ejecutivo, pese a que era un documento público que se presume auténtico y que constituye plena prueba. 3.9.- Aduce que el Tribunal Superior de Ibagué también incurrió en error porque interpretó equivocadamente el artículo 81 del Decreto 960 de 1970 al exigirle al demandante el cumplimiento del procedimiento previsto en esa norma para obtener copia sustitutiva en caso de pérdida o destrucción de la copia con mérito ejecutivo, pues en este caso la copia no se había extraviado, sino que había sido expedida irregularmente.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 6 3.10.- De otra parte, según el demandante, la Superintendencia de Notariado y Registro debe responder por los perjuicios ocasionados por un agente suyo, esto es, el notario Primero del Círculo de Ibagué. 3.11.- De acuerdo con lo afirmado en la demanda, el notario Primero del Círculo de Ibagué incurrió en una falla del servicio porque expidió irregularmente la copia de la escritura pública de compraventa que el demandante presentó como título ejecutivo, pues omitió dejar constancia de que era la primera copia que prestaba mérito ejecutivo.

A juicio del demandante, dicha omisión le causó un daño porque debido a ello le fueron negadas las pretensiones en el proceso ejecutivo hipotecario y perdió su derecho de crédito frente a sus deudores. 3.12.- En relación con los perjuicios, el demandante indicó que sufrió perjuicios materiales por la pérdida de su crédito más los intereses moratorios desde su exigibilidad hasta la total cancelación de la deuda, y por las sumas de dinero que debió pagar por las costas procesales a que fue condenado en los dos procesos ejecutivos hipotecarios; así como por los honorarios profesionales de los abogados del demandante en las dos demandas ejecutivas y demás gastos procesales.

B. Posición de la parte demandada 4.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones formuladas7 y propuso las excepciones de: i) inexistencia de perjuicios y ii) culpa de un tercero. Argumentó que las actuaciones del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué y la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué se ajustaron a derecho, motivo por el cual no podía imputárseles ningún daño; y que el daño fue causado por el notario Primero de Ibagué quien <<de manera inconsulta y sin asidero legal ha expedido cuantas copias le han solicitado>> de manera irregular. 5.- La Superintendencia de Notariado y Registro propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) cosa juzgada y iii) caducidad.

Como argumentos de defensa expuso que: 5.1.- Sus funciones se limitaban a la supervisión, vigilancia y control del servicio público de notariado y registro. La entidad no prestaba directamente el servicio y no podía responder por cada uno de los actos de los notarios, pues estos son autónomos en el ejercicio de sus funciones. La demanda debió adelantarse contra los compradores del bien por el incumplimiento del contrato. 5.2.- El Tribunal Superior de Ibagué ya se había pronunciado sobre la copia de la escritura pública y concluyó que no era el documento idóneo en el que constara la obligación y que prestara mérito ejecutivo.

El demandante no podía pretender un nuevo pronunciamiento al respecto, pues se cumplen los 7 Fls.60-63, C.1. Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 7 presupuestos del artículo 333 del C.P.C. porque el asunto versa sobre el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes. 5.3.- La caducidad debía contabilizarse desde el 26 de julio de 1996, fecha en la que se expidió la copia de la escritura pública, porque el demandante aduce que la causa del daño es la expedición irregular de la misma.

Por lo tanto, la acción caducó el 27 de julio de 1998. 5.4.- En el término de traslado de la demanda, la Superintendencia de Notariado y Registro llamó en garantía al señor José Libardo Bocanegra Morales, quien fungía como notario Primero del Círculo de Ibagué para el momento en que ocurrieron los hechos8. El llamamiento fue admitido mediante auto del 25 de abril de 20029. 6.- El señor José Libardo Bocanegra Morales, en su calidad de llamado en garantía, se opuso a las pretensiones subsidiarias de la demanda y al llamamiento en garantía. Argumentó que no se daban los presupuestos para que procediera el llamamiento en garantía porque los notarios no son agentes de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Propuso las excepciones de: i) caducidad; ii) ausencia de responsabilidad administrativa y iii) ausencia de error judicial. C. Sentencia recurrida 7.- Mediante sentencia del 6 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda porque el demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía 10.

Su decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones: 7.1.- El demandante no fue diligente y no aportó la copia de la escritura pública de compraventa que allegó como título ejecutivo, la cual era necesaria para estudiar si se configuró el error. Ello no permitía hacer un juicio probatorio adecuado porque: a.- No era posible determinar si la copia aportada como título ejecutivo reunía los requisitos establecidos por la ley para que prestara mérito ejecutivo.

Esto era determinante en el proceso para analizar si las consideraciones del Tribunal Superior de Ibagué se ajustaban a la realidad procesal. b.- En el expediente solo obraba la primera copia de la escritura pública expedida a los compradores del inmueble, y por ello no podía inferirse cuántas copias y bajo qué calidad se expidieron posteriormente, y no era posible determinar si se configuró el error judicial en la decisión del tribunal. 8 Fls.7-11, C.5., llamamiento en garantía. 9 Fl.12, C.5., llamamiento en garantía. 10 Fls.310-320, cuaderno principal.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 8 7.2.- Las irregularidades cometidas por un notario no son imputables a la Superintendencia de Notariado y Registro, pues dicha entidad es apenas un ente de inspección y vigilancia. 7.3.- El demandante pudo optar por la acción civil ordinaria para reclamar el incumplimiento del contrato y hacer valer su derecho crediticio ante la pérdida de los procesos ejecutivos, pero no acreditó que lo hubiera hecho.

D. Recurso de apelación 8.- En su recurso de apelación el demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda11. Su inconformidad se centra en los siguientes puntos: 8.1.- Está acreditado el error judicial en el que incurrieron los juzgadores al descalificar el título ejecutivo por cuestiones simplemente formales. 8.2.- El tribunal no analizó adecuadamente las pruebas obrantes en el proceso.

La afirmación de que no se aportó la copia de la escritura pública de compraventa sobre la cual el demandante fundó las pretensiones es inexacta. En la sentencia, el tribunal relaciona tres copias de la misma, de manera que sí es posible estudiar de fondo el asunto. Además, si hacía falta dicha copia, el tribunal pudo decretar la prueba de oficio, pues este es un deber del juez cuando lo considere necesario para el estudio del caso. 8.3.- De las pruebas del proceso ejecutivo hipotecario se puede concluir que al demandante nunca se le expidió la primera copia de la escritura pública que prestara mérito ejecutivo.

Las otras dos copias que aparecen en el expediente fueron expedidas a los compradores; por lo tanto, la que presentó el demandante en el segundo proceso ejecutivo era la primera con mérito ejecutivo expedida en su beneficio. 8.4.- El error en el que incurrieron los jueces de primera y segunda instancia en el proceso ejecutivo hipotecario le causó perjuicios al demandante porque perdió el derecho crediticio a su favor, pues ya no puede perseguir a sus deudores. 8.5.- La Superintendencia de Notariado y Registro sí está legitimada en la causa por pasiva porque el daño fue ocasionado por un agente suyo, esto es, el notario Primero del Círculo de Ibagué. 8.6.- Hubo falla del servicio del notario Primero del círculo de Ibagué porque: 11 Fls.323-339, cuaderno principal.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 9 a.- Expidió una copia de la escritura pública de compraventa sin dejar constancia de que era primera copia y prestaba mérito ejecutivo, contrario a lo establecido en el artículo 42 del Decreto 2163 de 1970. b.- Puso en la copia de la escritura pública expedida el 22 de julio de 1996 una nota a manera de corrección, en la que constaba que era la primera copia con mérito ejecutivo, cuando ya había expedido otras.

Los anteriores errores del notario fueron la causa de haber perdido su derecho crediticio. II. CONSIDERACIONES E.- Asuntos procesales a. Caducidad 9.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada en tiempo. 9.1.- En relación con la imputación por el error judicial, el proceso ejecutivo hipotecario terminó con la sentencia proferida el 7 de abril de 2000; dicha providencia quedó ejecutoriada el 27 de abril de 2000, según constancia secretarial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué12.

Así las cosas, el término de caducidad empezó a correr a partir del 28 de abril de 2000, por lo que vencía el 28 de abril de 2002. La demanda fue presentada el 12 de julio de 2001, esto es, dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 136 del C.C.A. 9.2.- En cuanto a la imputación hecha a la Superintendencia de Notariado y Registro, aunque el hecho dañoso alegado es la expedición irregular de la copia de la escritura pública de compraventa, el daño se concretó con la sentencia de 7 de abril de 2000 que puso fin al proceso ejecutivo hipotecario.

La caducidad debe contabilizarse a partir de la fecha de esta providencia pues, según el demandante, desde ese momento perdió el derecho de crédito contra sus deudores. Por lo tanto, la demanda fue presentada oportunamente el 12 de julio de 2001. b. La falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro 10.- La Sala modificará la sentencia de primera instancia y declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Superintendencia de Notariado y Registro porque, tal y como lo estableció el tribunal, el daño no es imputable a dicha entidad, pues no fue causado por la omisión en la inspección y vigilancia del servicio notarial. 12 Fl.95, C.6, pruebas parte demandante.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 10 10.1.- Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección13, los daños causados por la acción u omisión en que incurran los notarios no son imputables a la Superintendencia de Notariado y Registro sino al notario. Los notarios no son agentes estatales de la Superintendencia, la cual ejerce funciones de vigilancia y control y solo se le puede imputar responsabilidad cuando no cumple tal función. 10.2.- El demandante alega que el daño fue causado porque el notario Primero de Ibagué expidió irregularmente la copia de la escritura pública de compraventa que allegó como título ejecutivo en el proceso que inició contra sus deudores.

Lo anterior no corresponde a una ninguna imputación por la omisión en la inspección, vigilancia y control del servicio notarial a cargo de la Superintendencia, por lo cual esta carece de legitimación en la causa por pasiva. F.- Decisión a adoptar 11.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque el demandante reclamó, mediante la acción de reparación directa, las mismas peticiones que formuló en el proceso que culminó con la sentencia acusada de error judicial: pidió en la demanda el valor del crédito cuyo pago no pudo obtener en el proceso ejecutivo.

Además, no allegó las pruebas necesarias para establecer si existió el error judicial que aduce. 12.- Si bien en las pretensiones de la demanda se hace referencia expresa al error judicial contenido en la sentencia proferida el 4 de julio de 1996, la parte actora no hizo una imputación específica contra dicha providencia, motivo por el cual la Sala no se pronunciará al respecto.

En todo caso, no sería procedente su estudio de fondo ya que respecto de dicha pretensión operó la caducidad de la acción14. 13.- La Sala no se pronunciará respecto de la imputación hecha al notario Primero de Ibagué, toda vez que el tribunal no se pronunció sobre el llamamiento en garantía, y esto no fue objeto de la apelación. 14.- Como se ha señalado en anteriores ocasiones15, en los procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, además de demostrar el error judicial, la parte demandante tiene la carga de individualizar con precisión 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de agosto de 2002, exp.13248, C.P. María Elena Giraldo.

Más reciente: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de julio 2014, exp.26580, C.P. Hernán Andrade Rincón y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2020, exp.46456 del doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas. 14 La providencia quedó ejecutoriada el 18 de julio de 1996, toda vez que fue notificada mediante edicto fijado el 10 de julio de 1996 y la demanda fue presentada el 12 de julio de 2001, es decir, fuera del término de dos años previsto en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A. 15 Al respecto, las sentencias del 19 de junio y del 2 de octubre de 2019, proferidas dentro de los expedientes No. 42976 y 45760, C.P. Alberto Montaña Plata.

También ver la sentencia de 10 de febrero de 2021, expediente 44645. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 11 el daño cuya indemnización pretende. Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error, porque la sentencia allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y lo que se puede solicitar ahora es la reparación del daño sufrido como consecuencia de tal decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo que implica para el demandante la carga de precisarlo y demostrar su causación. 15.- En este caso, en las pretensiones de la demanda de reparación directa el accionante solicitó el pago actualizado del valor del crédito objeto del proceso ejecutivo hipotecario, más intereses moratorios (pretensión segunda, pretensiones principales) y el pago de las costas y demás gastos procesales (pretensión tercera, pretensiones principales).

Estas pretensiones coinciden con las reclamadas en el proceso ejecutivo hipotecario en el cual se profirió la sentencia acusada de error judicial. Es decir, el actor no formuló una pretensión autónoma en la que se determinara cuál fue el daño antijurídico causado por el error judicial, o cuál fue la situación patrimonial que le generó la sentencia a la cual se le imputa dicho daño. 16.- La demanda de reparación directa por error judicial no es una tercera instancia del proceso judicial; el daño que puede reclamarse en este caso es el que genera la decisión que se considera como inadecuada, el cual, por regla general, está relacionado con la pérdida de oportunidad sufrida por el demandante como consecuencia de la decisión que se estima equivocada.

En el caso concreto, perder una acción ejecutiva no implica necesariamente la pérdida del valor del crédito: genera un daño distinto que –se itera– no puede asimilarse automáticamente a la petición formulada en la demanda en la que se profirió el fallo. 17.- El demandante también tiene la carga de explicar las razones por las cuales tenía una oportunidad seria de ser indemnizado y ella fue frustrada por las decisiones a las que se le imputa el error. 18.- Adicionalmente, en este caso tampoco se probó el daño porque, tal como lo señaló el tribunal, el accionante no aportó los elementos probatorios necesarios para estudiar el error judicial que aduce, puesto que no allegó la copia de la escritura pública de compraventa que presentó como título ejecutivo y que, de acuerdo con sus afirmaciones, no fue valorada por el Tribunal Superior de Ibagué en la sentencia del 7 de abril de 2000. 19.- En el expediente obran las copias de los dos procesos ejecutivos hipotecarios adelantados por el demandante, pero dichas copias están incompletas. 19.1.- Obran tres copias de la escritura pública de compraventa en la que aduce se constituyó hipoteca a su favor; sin embargo, dos de ellas corresponden a la copia expedida el 20 de abril de 1992 a favor de los compradores del inmueble.

Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 12 Respecto de dicha copia, el actor acepta en la demanda que le tomó copia para presentarla como título ejecutivo en el primer proceso ejecutivo. 19.2.- La tercera copia que obra en el expediente corresponde a una copia auténtica que fue expedida por solicitud del tribunal, que la decretó como prueba de oficio y en el sello del notario consta que es la cuarta copia de la escritura. 20.- Ninguna de las copias obrantes en el expediente corresponde a aquella que, a juicio del actor, fue valorada inadecuadamente por el Tribunal Superior de Ibagué en la providencia acusada de error judicial.

G.- Costas 21.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - MODÍFICASE la sentencia proferida el 6 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la demanda, cuya parte resolutiva quedará así: <<PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Superintendencia de Notariado y Registro.

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: LIQUÍDESE por Secretaría los gastos ordinarios del proceso y si hubiese un remanente, DEVUÉLVASE a la parte demandante>>.

SEGUNDO: No se CONDENA en costas. Radicado: 730012331000201000716 01 (47987) Demandante: Misael Cabezas Guzmán 13 TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Con firma electrónica ALBERTO MONTAÑA PLATA Presidente Aclara voto Con firma electrónica Con firma electrónica MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ Magistrado Aclara voto