CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Bogotá D.C., 17 de febrero de 2022 Radicación: 11001032500020170002000 (0021-2017). Solicitantes: Manuel Jesús Bravo Alvarado, Rafael Fuentes Peñaloza, Henry Montañez Barrera, Fabio Osorio Moreno, Benjamín Reyes Mogollón, Luis Alberto Oviedo Gómez, Leonardo Perea Niño, Héctor Hernando Rodríguez Ramos, Juan Agustín Sánchez Melo y Jairo Humberto Vargas Moreno. Convocado: Referencia: Nación, Ministerio de Defensa Nacional.

Solicitud de extensión de jurisprudencia. Tema: Reajuste pensión de invalidez con IPC. Extensión de jurisprudencia. _______________________________________________________________ La Sala procede a estudiar el mecanismo de extensión de jurisprudencia interpuesto por la parte convocante en ejercicio del artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de obtener la extensión de los efectos de la Sentencia de Unificación de fecha 17 de mayo de 2007 proferida por esta Corporación, siendo Consejero Ponente el doctor Jaime Moreno García, dentro del proceso con radicación 25000-23-25-000-2003-08152-01(8464-2005), que estableció como regla jurisprudencial, que el ajuste de las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública debe hacerse conforme al índice de precios al consumidor I.P.C. de que trata el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 en su artículo 14, por remisión expresa del legislador en la Ley 238 de 1995.

Sea lo primero señalar, que una vez revisado el expediente no se observa por parte de esta Sala irregularidad alguna que impida el estudio de la petición elevada por los convocantes, por lo que, la Sala procederá a efectuar el análisis de la misma, así: 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros.

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 2 1.

ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de extensión1. En ejercicio del mecanismo de extensión de la jurisprudencia contemplado en los artículos 102 y 269 del CPACA modificados por los artículos 17 y 77 de la Ley 2080 de 2021 respectivamente, por intermedio de apoderado judicial, los señores Manuel Jesús Bravo Alvarado, Rafael Fuentes Peñaloza, Henry Montañez Barrera, Fabio Osorio Moreno, Benjamín Reyes Mogollón, Luis Alberto Oviedo Gómez, Leonardo Perea Niño, Héctor Hernando Rodríguez Ramos, Juan Agustín Sánchez Melo y Jairo Humberto Vargas Moreno formularon solicitud en orden a que se les extiendan los efectos de las sentencia de unificación proferida el 17 de mayo de 2007 por la Sección Segunda de esta Corporación, dentro del proceso con radicado 25000-23- 25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García. 1.1.1 Las pretensiones.

Pidieron condenar a la entidad demandada a i) reliquidar sus pensiones de invalidez «(…) con base en el sueldo básico que en todo tiempo devenga un suboficial en el grado de cabo segundo y sus factores prestacionales, desde enero 1 de 1999 teniendo en cuenta para tal efecto las variaciones del IPC por principio de favorabilidad desde 1997 hasta 2004, para los años más favorables (1999-2002), aplicando la prescripción cuatrienal desde la primera petición para cada uno de los solicitantes (…)»; y ii) pagar las diferencias derivadas de la anterior pretensión, de manera indexada y con los intereses de ley, hasta el pago total de la obligación conforme al artículo 192 y 195 del CPACA. 1.1.2 Los fundamentos fácticos.

Los hechos en que se fundamenta la solicitud de extensión de jurisprudencia se resumen así: i. A cada uno de los solicitantes se les reconoció resolución de pensión de invalidez equivalente al 100% o al 75% de lo que devenga en todo tiempo un suboficial en el grado de cabo segundo o tercero, según el caso. ii. Los incrementos salariales de la fuerza pública, a partir del año 1997, se realizaron de conformidad con los decretos de oscilación, los cuales fueron inferiores al índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE. 1 Visible a los folios 81 a 89 del expediente. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 3 iii. El Ministerio de Defensa Nacional no reajustó la pensión básica de los convocantes con el incremento del IPC correspondiente a los años 1997 a 2004 (en especial de 1999 y 2002, para los cuales dicho porcentaje fue mayor al derivado del sistema de oscilación salarial). iv.

Por consiguiente, a cada solicitante se le ocasionó un detrimento histórico en el valor de su mesada pensional equivalente al 3,44. 1.2 Declaratoria de improcedencia y recurso de súplica. Mediante auto de 19 de febrero de 20192, se declaró improcedente la solicitud de extensión de jurisprudencia por considerar que la sentencia invocada no contenía las exigencias del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de súplica3 el cual fue resuelto favorablemente por los doctores César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cúeter a través de providencia del 5 de junio de 20204, al estimar que el fallo invocado si cumplía con los criterios de la normativa referenciada y por consiguiente se ordenó revocar el auto impugnado. 1.3 Traslado de la solicitud.

Mediante auto del 11 de marzo de 20215, en virtud de lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley 1437 de 20116, se ordenó correr traslado de la solicitud de extensión de la jurisprudencia al Ministerio de Defensa Nacional; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Así mismo, se ordenó poner en conocimiento al Ministerio Público a fin de que se pronunciaran al respecto de la solicitud de extensión de jurisprudencia. El agente del Ministerio Público guardó silencio. 1.3.1Ministerio de Defensa Nacional7.

El Ministerio de Defensa Nacional por intermedio de su apoderado, indicó que se debe acceder a la solicitud de extensión de la jurisprudencia, siempre y cuando los convocantes cumplan con los presupuestos fácticos y jurídicos de la sentencia sobre la cual se pretende extender los efectos. De igual modo, habrá lugar a declarar la prescripción teniendo en cuenta las fechas de las solicitudes elevadas por los solicitantes de manera particular. 2 Visible a los folios 92 a 94 del expediente. 3 Presentado el 20 de marzo de 2019, visible a los folios 97 a 103 del expediente. 4 Visible a los folios 106 a 109 del expediente. 5 Visible a los folios 112 a 114 del expediente. 6 Modificada por la Ley 2080 de 2021. 7 Visible a índice 25 de la plataforma digital SAMAI. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 4 1.3.2 ANDJE8 La mencionada Agencia, a través de apoderado judicial, se pronunció con relación a la solicitud de extensión de la jurisprudencia que hoy ocupa la atención de la Sala, en los siguientes términos: i. La sentencia cuya extensión se depreca no es de unificación de jurisprudencia, en tanto se profirió con anterioridad a la expedición de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y, por ende, no se expidió con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 270 y 271 de este código; así mismo, porque la sentencia invocada no se profirió por importancia jurídica, trascendencia económica o social, o por necesidad de unificar, sentar, precisar el alcance y/o interpretar la jurisprudencia y su aplicación; como tampoco se profirió al resolver un recurso extraordinario o el mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36ª de la Ley 270 de 1995, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. ii.

Igualmente, precisó que no desconoce que la Sección Segunda le ha otorgado a la sentencia objeto de extensión el carácter de unificación, pero se aparta de dicha posición; no obstante, la respeta. iii. Manifestó que, en caso de extenderse los efectos de la sentencia del 17 de mayo de 2007 proferida por esta Corporación, se les debe aplicar la prescripción cuatrienal. 1.4 Alegatos de conclusión. Teniendo en cuenta que el auto que ordenó correr traslado al Ministerio de Defensa Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como de poner en conocimiento al Agente del Ministerio Público, se profirió en vigencia de la Ley 2080 de 2021 que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), las partes y el Ministerio Publicó tenían la posibilidad de presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, luego de vencido el término de traslado, sin necesidad de auto que lo ordenara.

No obstante, las partes ni el Ministerio Público realizaron pronunciamiento alguno9. 8 Visible a índice 29 de la plataforma digital SAMAI. 9 Según se puede contatar en la plataforma digital SAMAI. 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 5 2.

Consideraciones 2.1 Cuestión previa. 2.1.1 Sobre el apoderado de la parte solicitante. La abogada Giovanna Maritza Ariza Vásquez, mediante memorial10 allegado el 13 de mayo del año 2021, le informó al despacho que el abogado Conrado Lozano Ballesteros, quien actuaba en calidad de apoderado principal11 de los solicitantes, falleció el 3 de mayo de 2021, para lo cual aportó registro civil de defunción12.

Con relación a lo anterior, el numeral 2.º del artículo 159 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone que el proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá por muerte del apoderado judicial de alguna de las partes, sin embargo, aclara que “Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso, la interrupción sólo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos”13.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la señora Giovanna Maritza Ariza Vásquez aparece como apoderada sustituta en todos los poderes conferidos por los solicitantes14, los cuales se allegaron con la presente solicitud de extensión de jurisprudencia, no se estima razón para interrumpir el proceso. Se tendrá a la señora Ariza Vásquez como única apoderada judicial de los solicitantes, teniendo en cuenta para efectos de notificar la nueva dirección de correo electrónico abogadas.sas@hotmail.com. 2.1.2 Transición normativa de la Ley 2080 de 2021.

Si bien la presente solicitud de extensión de jurisprudencia se interpuso ante esta Corporación con anterioridad al 25 de enero de 2021, fecha en la cual entró en vigor la Ley 2080 de 2021, que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que las nuevas disposiciones son aplicables al asunto sub examine, tal como se explica a continuación: El artículo 86 de la citada ley prevé lo siguiente: «Artículo 86.

Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, 10 Visible a índice 23 de la plataforma digital SAMAI. 11 Se le reconoció personería jurídica en auto del 11 de marzo de 2021. 12 Visible a índice 28 de la plataforma digital SAMAI. 13 Artículo 159 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 14 Poderes visibles a los folios 1 a 16 del expediente. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 6 las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. […] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y sólo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».

En virtud de lo anterior, la nueva reforma, al ser de carácter procesal, rige a partir de su publicación y cobija a todas las actuaciones y procesos, entre ellos el de extensión de la jurisprudencia, que se hayan iniciado en vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el precitado artículo. En consecuencia, y atendiendo que el presente asunto se inició en vigencia de la referida ley y no corresponde a un recurso, ni hay términos procesales corriendo, ni notificaciones pendientes, ni se ha convocado a audiencia, les son aplicables las nuevas disposiciones contempladas en la Ley 2080 de 2021. 2.2 Problema Jurídico.

El problema jurídico se orienta a establecer si los solicitantes tienen derecho a la extensión de los efectos de la sentencia de unificación proferida el 17 de mayo de 2007 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso ordinario 25000-23-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, por encontrarse en la misma situación fáctica y jurídica; y en consecuencia de ello, establecer si los solicitantes tienen derecho a que su pensión de invalidez sea ajustada conforme al índice de precios al consumidor de que trata el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 en su artículo 14, por remisión expresa del legislador en la Ley 238 de 1995. 2.3 El mecanismo de extensión de la jurisprudencia (aspectos generales) Uno de los mecanismos innovadores del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, es la solicitud de extensión de jurisprudencia consagrada en los artículos 10, 102 y 269 cuya finalidad principal es que las entidades estatales apliquen la jurisprudencia en aquellos casos con identidad fáctica y jurídica frente a los ya resueltos por el Consejo de Estado en aras 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 7 de que los conflictos se solucionen por la administración, sin necesidad de acudir ante el juez; e igualmente, en el evento de ser necesaria la intervención del órgano judicial éste constituya un mecanismo ágil y eficaz para dirimir dichas controversias, con el objeto de descongestionar la justicia y garantizar la tutela judicial efectiva, procurando con ello que los medios de control solo se ejerzan respecto de controversias novedosas que no hayan sido decantadas previamente en la jurisprudencia. Es de resaltar que en la exposición de motivos del proyecto de ley que daría como resultado el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se dijo que la figura de la extensión de las sentencias de unificación del Consejo de Estado se consagró con la siguiente finalidad: «(…) El consagrar como un deber de la administración el seguir la jurisprudencia, me parece un punto trascendental.

Ahora bien, en relación con el tema de la unificación jurisprudencial, me parece importante precisar que el objetivo buscado no es tanto que los jueces apliquen esa línea jurisprudencial, sino más bien que la administración aplique esos precedentes jurisprudenciales. Teniendo en mente esta filosofía proponemos un artículo titulado “Extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros”.

(…) Como puede verse es un procedimiento absolutamente simple, casi automático, mediante el cual se obliga a la administración a que extienda los efectos de un fallo precedente, si es que no lo hace motu proprio. A veces la administración también tiene situaciones particulares para ella. La administración debe también poder aplicar la jurisprudencia que le es favorable a ella, y no acceder a lo que solicita el particular.

En ese sentido sugeriría que en esta norma se diga expresamente que la jurisprudencia puede invocarse tanto para negar como para acceder».15 Esta institución fue propuesta por la comisión de reforma del código16, como: 1. Un mecanismo orientado al acatamiento de las decisiones judiciales y en virtud del derecho de los ciudadanos a recibir el mismo trato en la aplicación de las normas jurídicas (artículos 3º y 10 CPACA), al dotar de obligatoriedad las sentencias de unificación jurisprudencial (artículo 270 CPACA), cuando existiera un asunto con similitud de causa y efecto; 2.

Una medida ágil y eficiente tendiente a contrarrestar la alta congestión judicial representada en el alto volumen de procesos en masa que se promueven ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estricto sentido el artículo 10 del CPACA, no implica el ejercicio oficioso de alguna actuación administrativa que deba sujetarse a determinado procedimiento 15 Memorias de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Volumen III. La Ley y los debates de la Comisión de la Reforma. Parte A: artículos 1º a 142. Pp. 369 y 370. 16 Las sentencias de unificación jurisprudencial y el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil. Ministerio de Justicia y del Derecho. 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros.

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 8 administrativo, sencillamente positiviza uno de los deberes de orden general a cargo de la autoridad administrativa, para el cabal ejercicio de sus propias competencias y el respeto de los derechos de los ciudadanos, dentro de cualquier relación jurídica de naturaleza administrativa.

La norma define dos reglas, así: a. El deber de aplicar de manera uniforme las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas, que se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.);

(ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable;

(iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.). b. La norma hace referencia al “deber de tener en cuenta” las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, en las que se interpreten y apliquen las normas que fundamentan su decisión en el caso concreto.

El artículo 10 del CPACA fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-634 de 201117, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter de obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.

Por su parte, el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021, prevé el trámite según el cual los ciudadanos pueden acudir ante la Administración a fin de que se les reconozca una situación jurídica que haya sido resuelta mediante una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado.

La citada norma establece los requisitos formales que debe contener cada solicitud de extensión, así: i. Referencia de una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado en la que se haya reconocido un derecho; 17 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros.

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 9 ii. Justificación razonada en la que se evidencie la identidad de hecho y de derecho entre el solicitante y el demandante al que se le reconoció una situación jurídica mediante la sentencia de unificación que se invoca; y iii. Las pruebas que tenga en su poder el solicitante, que le permitan demostrar dicha identidad fáctica y jurídica.

En cuanto a las sentencias llamadas a ser objeto de extensión de jurisprudencia, el artículo en mención dispone: «Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos […]» Quiere decir lo anterior que, en los eventos en que se pretenda la extensión de la jurisprudencia, la sentencia invocada debe enmarcarse en los siguientes presupuestos: i) que haya sido proferida por el Consejo de Estado, ii) que sea de unificación jurisprudencial de conformidad con el artículo 270 ibídem, y iii) que en ella se haya reconocido un derecho.

Ahora bien, es necesario aclarar que el Consejo de Estado ha establecido que no solo son objeto de extensión las sentencias de unificación proferidas luego de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, sino que también lo son las que se expidieron con anterioridad a la norma en mención, siempre y cuando esta corporación lo haya hecho con el objeto de fijar un criterio unificador.

Sobre el particular, el artículo 270 del CPACA expresa lo siguiente: «Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009».

(Resaltado por la Sala) Es claro que la expresión «las que profiera o haya proferido» denota que en el concepto de sentencias de unificación jurisprudencial quedaron incluidas no sólo las que se empezaron a expedir con posterioridad a la ley, sino también las que antes de la misma fueron proferidas con esa finalidad. Por su parte, y en cuanto al trámite administrativo, la autoridad deberá adoptar la decisión de la referida solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 10 De igual modo, se aclara que el acto que da respuesta a la solicitud de extensión no es susceptible de recurso administrativo alguno, por lo que el interesado está obligado a acudir directamente ante el Consejo de Estado, dentro de los 30 días siguientes, en atención a lo consagrado en los artículos 102 y 269 del CPACA.

Para ello, tal norma estipula que el interesado tiene el deber de presentar un escrito razonado dirigido al Consejo de Estado, acompañado de la actuación adelantada ante la entidad competente. Sobre este punto, la expresión «escrito razonado», se ha de entender como aquel que contenga los requisitos establecidos en el artículo 102 ibídem, y que guarde congruencia con lo pedido ante la Administración; es decir, que se haya fundamentado en idéntica sentencia de unificación. 2.4 Sentencia objeto de solicitud de extensión: Fundamentos jurídicos y fácticos La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 17 de mayo de 2007, dentro del proceso 25000-23-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de primera instancia emitido el 08 de abril de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

En la referida providencia se estudió el caso del señor José Jaime Tirado Castañeda, un ex coronel de la Policía Nacional, que laboró por más de 36 años y se retiró del servicio activo el 11 de marzo de 1987. En dicha oportunidad, el actor solicitó el reajuste de su mesada pensional18 para los años comprendidos entre 1996 y 2003, con base en el incremento anual establecido en la Ley 238 de 1995 y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el IPC del año inmediatamente anterior, por ser más favorable que el sistema de oscilación que contemplan los artículos 151 del Decreto 1212 de 1990 y 13 de la Ley 4.ª de 1992.

Con base en lo anterior, la Sección Segunda accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen: i. La Ley 4.ª de 1992, expedida por mandato de los artículos 217 y 218 de la Constitución Política de 1991, es una ley marco que estableció el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos, el de los miembros de la Fuerza Pública, que en su artículo 13 estableció «el principio de nivelación e igualdad entre la remuneración del personal activo y el personal retirado, esto es, que las asignaciones de retiro se reajustarán en la misma proporción en que se incrementen los sueldos del personal activo». ii.

De igual forma, indicó que el artículo 10 ibídem dispone que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones establecidas en la presente ley o en los Decretos que dicte el Gobierno 18 Reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro mediante la resolución 0645 de 1987. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 11 Nacional en desarrollo de la misma carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos». iii. Luego, se expidió la Ley 100 de 1993 que, en su artículo 279, excluyó de su aplicación a los miembros de la Fuerza Pública, en razón a que cuentan con un régimen especial prestacional, que, para la fecha, estaba establecido en el Decreto 1212 de 1990, motivo por el cual el referido personal no era acreedor del incremento de sus asignaciones de retiro conforme al artículo 14 de la precitada Ley 100, esto es, teniendo en cuenta el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. iv.

No obstante, dicha situación cambió con la expedición de la Ley 238 de 1995, que adicionó el precitado artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente sentido: «Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados». v. Por lo tanto, la Sala analizó la aplicación de la Ley 238 de 1995, de connotación ordinaria, frente a la Ley 4.ª de 1992, catalogada como «ley marco» y concluyó que la primera resultaba ser más favorable para los intereses del demandante, en concordancia con el artículo 53 de la Constitución. Lo anterior, bajo el argumento de que «(…) solo podría dejar de aplicar una ley ordinaria posterior, especial y más favorable, (…), en lugar de una ley marco anterior y su decreto 1212 de 1990 que la desarrolla, bajo la condición de que aquella fuera incompatible con la Constitución Política, debido a que esa es la única hipótesis constitucional para dejar de aplicar una ley que no ha sido declarada inexequible». vi.

En consecuencia, estimó que le asistía el derecho al señor José Jaime Tirado Castañeda de que su mesada pensional se reajustara conforme al artículo 14 de la Ley 100 de 1993, fijando como límite la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004(31 de diciembre de 2004), que dispuso que el incremento anual de las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y de las Fuerzas Militares se debía hacer en atención al sistema de oscilación salarial con el que cuenta el personal activo. vii.

De igual modo, estableció que dicho reajuste estaba sujeto al fenómeno de la prescripción cuatrienal, dispuesta en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990. 2.4.1 Reglas jurisprudenciales Corolario de lo expuesto, la Sala estima que las reglas jurisprudenciales objeto de extensión para el presente caso son las siguientes: 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 12 1. El estatus pensional y el reconocimiento de la pensión o de la asignación de retiro se debió configurar con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 (fecha en la que fue publicado y entró a regir el Decreto 4433 de 2004). 2.

Para los años comprendidos entre 1997 y 2004, las pensiones o las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública se debían incrementar teniendo en cuenta el sistema de oscilación salarial o el IPC del año inmediatamente anterior, tal y como lo prevé el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, aplicable por disposición de la Ley 238 de 1995, siempre y cuando este último fuera más favorable que el primero. 2.5 Análisis del caso en concreto. 2.5.1 Elementos fácticos probados.

De conformidad con los argumentos precedentes y con las pruebas allegadas por las partes, la Sala tendrá como elementos fácticos, los siguientes: 2.5.1.1 Solicitud ante el Ministerio de Defensa Nacional y ésta Corporación Se observa que los peticionarios de manera conjunta acudieron al Ministerio de Defensa Nacional el 14 de octubre de 2016 para obtener la extensión de los efectos de la sentencia de unificación de fecha 17 de mayo de 2007, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación dentro de la causa radicada 25000-23-25-000-2003- 08152-01 (8464-05).

Que ante el silencio administrativo que se configuró el 01 de diciembre de 2016 por parte de la entidad, acudieron de forma conjunta a esta Corporación el 13 de diciembre de 201619, en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011. 2.5.1.2 Situación pensional de los solicitantes NOMBRE INSTITUCIÓN EN QUE SE PRESTÓ EL SERVICIO RETIRO DEL SERVICIO RESOLUCIÓN PENSIÓN PORCENTAJE Manuel Jesús Bravo Alvarado Ejército Nacional OAP No. 1-114 de 1992, con novedad fiscal 01 de enero de 1992.

Resolución No. 13305 de 199320, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez. Fecha: 26/11/1993 100% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo 19 Según sello secretarial visible al reverso del folio 89 del expediente. 20 Visible a los folios 17 a 19 del expediente. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 13 Rafael Fuentes Peñalosa Ejército Nacional OAP No. 1-057 de 1992, con novedad fiscal 01 de julio de 1992. Resolución No. 08791 de 199221, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez.

Fecha: 28/10/1992 100% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo Henry Montañez Barrera Ejército Nacional OAP No. 1082 de 1999, con novedad fiscal 01 de julio de 1999. Resolución No. 641 de 200022, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez. Fecha: 28/04/2000 75% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo Fabio Osorio Moreno Ejército Nacional OAP No. 1-017 de 1991, con novedad fiscal 31 de marzo de 1991.

Resolución No. 6142 de 199823, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez. Fecha: 01/10/1991 75% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo Benjamín Reyes Mogollón Ejército Nacional Resolución No. 3828 de 1967, con novedad fiscal 01 de julio de 1967. Resolución No. 1360 de 198824, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez.

Fecha: 21/03/1988 No establece Luis Alberto Oviedo Gómez Ejército Nacional OAP No. 1-143 de 1999, con novedad fiscal 01 de octubre de 1999. Resolución No. 2124 de 200125, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez. Fecha: 30/11/2001 75% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo Leonardo Perea Niño Ejército Nacional OAP No. 1150 de 1994, con novedad fiscal 01 de diciembre de 1994.

Resolución No. 10445 de 199526, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez. Fecha: 22/11/1995 100% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo. Héctor Hernando Rodríguez Ejército Nacional Resolución No. 747 con novedad fiscal Resolución No. 3006 de 195327, por la que No establece 21 Visible a los folios 26 y 27 del expediente. 22 Visible al folio 32 del expediente. 23 Visible a los folios 34 y 35 del expediente. 24 Visible a los folios 41 y 42 del expediente. 25 Visible en los folios 47 y 48 del expediente. 26 Visible al folio 55 del expediente. 27 Visible a los folios 59 y 60 del expediente. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 14 Ramos 01 de abril de 1953. se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez. Fecha: 12/11/1953 Juan Agustín Sánchez Melo Ejército Nacional OAP No. 1-037 de 1960, con novedad fiscal 01 de septiembre de 1960.

No se aportó ---- Vargas Moreno Jairo Humberto Ejército Nacional Resolución No. 5149 de 1969, con novedad fiscal del 16 de septiembre de 1969. Resolución No. 934 de 197428, por la que se reconoce y ordena pagar una pensión mensual de invalidez. Fecha: 08/03/1974 100% del sueldo básico que perciba en todo tiempo un Cabo Segundo. Ahora bien, conviene aclarar que en el caso particular del señor Juan Agustín Sánchez Melo, no obra en el expediente copia de la resolución a través de la cual se le reconoció su pensión de invalidez.

Pese a ello, sí aportó la resolución No. 7122 de 197429, por medio de la cual el Ministerio de Defensa Nacional reajustó su pensión de invalidez con base en el expediente No. 3321 de 1973, en la que se puede leer como fragmento de la parte considerativa: «Que por medio de la Resolución No. 1390 de 1969 (marzo 14) a partir del1° de junio de 1961, se reconoció y ordenó pagar al ex – soldado, señor JUAN AGUSTIN SANCHEZ MELO, una pensión de invalidez mensual, en cuantía de $26.000, la cual ha sido reajustada en los periodos indicados por normas legales expresas excepto el aumento que incluye la presente providencia (…)» 2.5.1.3 Comparación para cada solicitante entre el reajuste anual hecho con el sistema de oscilación y el índice de precios al consumidor, para el año inmediatamente anterior, durante los años 1997 al 2004.

MANUEL JESÚS BARVO ALVARADO año ajuste salarial (sistema de oscilación) 30 reajuste IPC del año inmediatamente anterior 1997 26.93% 21.63% 1998 17.84% 17.68% 28 Visible a los folios 70 a 73 del expediente. 29 Visible a los folios 64 y 65 del expediente. 30 Visible a índice 16 de la plataforma digital SAMAI. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 15 1999 14.91% 16.7% 2000 9.23% 9.23% 2001 9.00% 8.75% 2002 6.00% 7.65% 2003 7.00% 6.99% 2004 6.49% 6.49% RAFAEL FUENTES PEÑALOSA año ajuste salarial (sistema de oscilación) 31 reajuste IPC del año inmediatamente anterior 1997 26.93% 21.63% 1998 17.79% 17.68% 1999 14.96% 16.7% 2000 9.23% 9.23% 2001 9.00% 8.75% 2002 6.00% 7.65% 2003 7.00% 6.99% 2004 6.49% 6.49% FABIO OSORIO MORENO año ajuste salarial (sistema de oscilación)32 reajuste IPC del año inmediatamente anterior 1997 26.93% 21.63% 1998 17.84% 17.68% 1999 14.91% 16.7% 2000 9.23% 9.23% 2001 9.00% 8.75% 2002 6.00% 7.65% 31 Visible a índice 16 de la plataforma digital SAMAI. 32 Visible a índice 16 de la plataforma digital SAMAI. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 16 2003 7.00% 6.99% 2004 6.49% 6.49% LUIS ALBERTO OVIEDO GOMEZ año ajuste salarial (sistema de oscilación)33 reajuste IPC del año inmediatamente anterior 1997 --- 21.63% 1998 --- 17.68% 1999 --- 16.7% 2000 9.23% 9.23% 2001 9.00% 8.75% 2002 6.00% 7.65% 2003 7.00% 6.99% 2004 6.49% 6.49% LEONARDO PEREA NIÑO año ajuste salarial (sistema de oscilación)34 reajuste IPC del año inmediatamente anterior 1997 No establece 21.63% 1998 17.84% 17.68% 1999 14.91% 16.7% 2000 9.23% 9.23% 2001 9.00% 8.75% 2002 6.00% 7.65% 2003 7.00% 6.99% 2004 6.49% 6.49% 33 Visible a índice 16 de la plataforma digital SAMAI. 34 Visible a índice 16 de la plataforma digital SAMAI. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 17 JUAN AGUSTÍN SANCHEZ MELO año ajuste salarial (sistema de oscilación)35 reajuste IPC del año inmediatamente anterior 1997 26.93% 21.63% 1998 17.84% 17.68% 1999 14.91% 16.7% 2000 9.23% 9.23% 2001 9.00% 8.75% 2002 6.00% 7.65% 2003 7.00% 6.99% 2004 6.49% 6.49% HECTOR HERNANDO RODRIGUEZ RAMOS año ajuste salarial (sistema de oscilación)36 reajuste IPC del año inmediatamente anterior 1997 26.93% 21.63% 1998 17.84% 17.68% 1999 14.91% 16.7% 2000 9.23% 9.23% 2001 9.00% 8.75% 2002 6.00% 7.65% 2003 7.00% 6.99% 2004 6.49% 6.49% Advierte la Sala que para el caso particular de los señores Henry Montañez Barrera, Benjamín Reyes Mogollón y Jairo Humberto Vargas Moreno no se aportaron los certificados que evidencien los reajustes anuales efectuados a sus pensiones de invalidez. 35 Visible a índice 16 de la plataforma digital SAMAI. 36 Visible a índice 16 de la plataforma digital SAMAI. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 18 2.5.2 Solución del problema jurídico La sala procederá a resolver el problema jurídico planteado teniendo en cuenta lo expuesto en los antecedentes, en la parte motiva de esta providencia, y de conformidad con los elementos fácticos probados en el acápite anterior, así: 2.5.2.1 Del carácter de unificación de la sentencia objeto de extensión, en relación a lo manifestado por la ANDJE.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que la sentencia invocada por los solicitantes no tiene el carácter de unificación, toda vez que fue proferida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, y, por lo tanto, no cumple con los parámetros contemplados en los artículos 270 y 271 de la misma. En otras palabras, no es objeto de extensión de jurisprudencia. Sin embargo, la Sala no está de acuerdo con dicha posición, toda vez que, tal como se adujo en el numeral 2.3. de esta decisión, el Consejo de Estado ha sido diáfano en establecer que las sentencias de unificación expedidas con anterioridad al 2 de julio de 2012, sí son objeto de extensión de la jurisprudencia y del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Adicionalmente y con relación a la sentencia invocada en el mecanismo de extensión de la referencia, es pertinente indicar que, en diversas providencias, se le ha reconocido su connotación unificadora37. 2.5.2.2 Extensión de los efectos de la Sentencia de unificación de 17 de mayo de 2007.

Observa la Sala que en el presente caso los solicitantes Manuel Jesús Bravo Alvarado, Rafael Fuentes Peñaloza, Fabio Osorio Moreno, Luis Alberto Oviedo Gómez, Leonardo Perea Niño, Héctor Hernando Rodríguez Ramos y Juan Agustín Sánchez Melo, se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que presenta la sentencia de unificación invocada, en tanto se logró demostrar: 1.

Que prestaron sus servicios a la Fuerza Pública; 2. Que se encuentran retirados del mismo; 37 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda. Auto del 26 de marzo de 2014, proferido dentro del mecanismo de extensión de la jurisprudencia con radicado 11001-03-25-000-2012-00544-00 (2062-12), con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 19 3. Que son beneficiarios de una pensión de invalidez 4. Que entre el año 1997 a 2004 se les aplicó para el reajuste de sus mesadas pensionales el sistema de oscilación consagrado en el Decreto 1211 de 1990. 5.

Que en los años 1999 y 2002, el IPC arrojó un porcentaje superior al de oscilación, con lo cual se vulneró el principio de favorabilidad. Por lo expuesto anteriormente, se estima que el presente asunto, sí hay lugar a extenderles los efectos de la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta corporación el 17 de mayo de 2007, dentro del proceso 25000- 23-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García. Por consiguiente, la Sala establecerá, respecto de cada uno de los convocantes, sobre qué años hay lugar a reajustar sus pensiones de invalidez, teniendo en cuenta el IPC inmediatamente anterior a su causación, siempre y cuando, este último haya sido mayor al dispuesto en el sistema de oscilación contemplado en el Decreto 1211 de 1990: Nombre Años susceptibles de reajuste Manuel Jesús Bravo Alvarado 1999 y 2002 Rafael Fuentes Peñaloza 1999 y 2002 Fabio Osorio Moreno 1999 y 2002 Luis Alberto Oviedo Gómez 2002 Leonardo Perea Niño 1999 y 2002 Héctor Hernando Rodríguez Ramos 1999 y 2002 Juan Agustín Sánchez Melo 1999 y 2002 Es necesario anotar que el mecanismo de extensión de jurisprudencia se despliega como un instrumento tendiente a materializar el derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, por lo cual, es indispensable establecer la identidad fáctica y jurídica entre la situación del solicitante y aquella que fue objeto de decisión en la sentencia de unificación jurisprudencial invocada.

Se resalta que este mecanismo debido a su carácter especial y expedito, ante esta Corporación carece de etapa probatoria, por lo cual el juez no tiene posibilidad de decretar siquiera pruebas de oficio a fin de esclarecer las condiciones fácticas y 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 20 jurídicas de quien solicita la extensión de los efectos de una jurisprudencia de unificación, razón por la cual se hace necesario que el administrado allegue con la solicitud de extensión, las pruebas que acrediten de forma fehaciente la correspondencia entre su situación y la desarrollada y decidida en la sentencia de unificación jurisprudencial.

Ahora bien, para el caso particular de los señores Henry Montañez Barrera, Benjamín Reyes Mogollón y Jairo Humberto Vargas Moreno, si bien aportaron las resoluciones mediante las cuales se les reconoció la pensión mensual de invalidez para cada uno, lo cierto es que no obra en el plenario certificado en el que se demuestre cuál fue el porcentaje de los reajustes aplicados a sus mesadas pensionales entre los años 1997 a 2004, incumpliendo con ello el deber de probar 1) que no se les incrementó su mesada en lo que correspondía de acuerdo al IPC o en su defecto, 2) que se les incremento, pero por debajo del mismo.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que dentro del proceso no se logró demostrar la identidad fáctica ni jurídica entre la situación de los señores Henry Montañez Barrera, Benjamín Reyes Mogollón y Jairo Humberto Vargas Moreno y la resuelta en la sentencia de unificación del 17 de mayo de 2007, la Sala resolverá negar la extensión de la misma a estos tres solicitantes. 2.5.2.2 Prescripción La sentencia del 17 de mayo de 2017, aplicó la prescripción cuatrienal prevista en el artículo 155 del Decreto-Ley 1212 de 199038, Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional39, norma que cuenta con su homóloga, en el artículo 174 del Decreto-ley 1211 de 1990, Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, en los siguientes términos: «ARTICULO 174.

Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los 38 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional. 39 ARTICULO 155.

Prescripción. Los derechos consagrados en este Estatuto, prescriben en cuatro (4) años que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente, sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 21 valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares». En el sub lite, de conformidad con los antecedentes que obran en el expediente, se advierte que los solicitantes, el 14 de octubre de 2016, ante el Ministerio de Defensa, elevaron petición colectiva de extensión de jurisprudencia, asimismo, cada uno individualmente y de forma previa, elevó petición solicitando el reajuste de la pensión de invalidez, con el IPC; la que en criterio de la Sala se tendrá en cuenta para efectos de la prescripción, por lo siguiente: Si bien es cierto en ese primer momento no solicitaron la extensión de jurisprudencia, sino simplemente el referido reajuste, no lo es menos que el reajuste es la consecuencia final de la extensión en este caso.

Entonces, esa petición inicial guarda relación sustancial con la solicitud de extensión de jurisprudencia. Adicionalmente, la petición de extensión de jurisprudencia se solicitó dentro de los cuatro años siguientes a la primera petición de cada uno de los solicitantes, luego tuvo el efecto de la interrupción. De manera que el reajuste de las mesadas pensionales de los solicitantes estará sujeto al término de prescripción cuatrienal desde la fecha de la primera solicitud hacia atrás; en otras palabras, las diferencias pensionales causadas con anterioridad a la fecha que establece en el cuadro siguiente, se encuentran prescritas, a saber: Nombre Fecha de la primera petición Fecha de prescripción de las diferencias pensionales Manuel Jesús Bravo Alvarado 30 de junio de 201540 Desde el 30 de junio de 2011 Rafael Fuentes Peñaloza 23 de abril de 201341 Desde el 23 de abril de 2009 Fabio Osorio Moreno 03 de febrero de 201442 Desde el 03 de febrero de 2010 Luis Alberto Oviedo Gómez 16 de junio de 201643 Desde el 16 de junio de 2012 Leonardo Perea Niño 01 de abril de 201344 Desde el 01 de abril de 2009 Héctor Hernando Rodríguez Ramos 15 de agosto de 201445 Desde el 15 de agosto de 2010 40 Visible al folio 14 del expediente. 41 Visible al folio 20 del expediente. 42 Visible al folio 33 del expediente. 43 Visible al folio 43 del expediente. 44 Visible al folio 49 del expediente. 45 Visible al folio 56 del expediente. 5 Radicación No. 0021-2017.

Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 22 Juan Agustín Sánchez Melo 17 de diciembre de 201546 Desde el 17 de diciembre de 2011 Las diferencias que resulten en favor de cada uno de los convocantes, consecuencia de lo anterior, deberán ajustarse en su valor con aplicación de la siguiente fórmula: Índice final R = Rh x ----------------- Índice inicial En donde el valor presente ( R ) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la correspondiente partida de saldo de reajuste pensional, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo mensual la fórmula se aplicará separadamente mes a mes teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento en que debió hacerse el pago respectivo. 3. Conclusión. En síntesis, esta Subsección extenderá los efectos de la sentencia de unificación proferida el 17 de mayo de 2007 a los solicitantes Manuel Jesús Bravo Alvarado, Rafael Fuentes Peñaloza, Fabio Osorio Moreno, Luis Alberto Oviedo Gómez, Leonardo Perea Niño, Héctor Hernando Rodríguez Ramos y Juan Agustín Sánchez Melo y declarará prescritas las diferencias de las mesadas pensionales causadas conforme al cuadro visible en el numeral 2.5.2.2 de esta providencia. Por su parte, se negará la extensión de jurisprudencia a los señores Henry Montañez Barrera, Benjamín Reyes Mogollón y Jairo Humberto Vargas Moreno, por lo manifestado anteriormente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 46 Visible al folio 55 del expediente. 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 23

RESUELVE

Primero. Negar a los señores Henry Montañez Barrera, Benjamín Reyes Mogollón y Jairo Humberto Vargas Moreno la extensión de jurisprudencia, en este caso, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Extender los efectos de la sentencia de unificación proferida el 17 de mayo de 2007 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso 25000-23-25-000-2003-08152-01 (8464-05), con ponencia del Dr. Jaime Moreno García, a los señores Manuel Jesús Bravo Alvarado, Rafael Fuentes Peñaloza, Fabio Osorio Moreno, Luis Alberto Oviedo Gómez, Leonardo Perea Niño, Héctor Hernando Rodríguez Ramos y Juan Agustín Sánchez Melo, en virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional) a reajustar las mesadas pensionales de los solicitantes, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC), certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, de conformidad y para las anualidades descritas en la siguiente tabla: Nombre Años susceptibles de reajuste Manuel Jesús Bravo Alvarado 1999 y 2002 Rafael Fuentes Peñaloza 1999 y 2002 Fabio Osorio Moreno 1999 y 2002 Luis Alberto Oviedo Gómez 2002 Leonardo Perea Niño 1999 y 2002 Héctor Hernando Rodríguez Ramos 1999 y 2002 Juan Agustín Sánchez Melo 1999 y 2002 Asimismo, reconocer y pagarles la diferencia que resulte, siguiendo el procedimiento descrito en parte motiva de esta providencia, siempre y cuando estos reajustes no se hayan realizado previamente a la expedición de este auto.

Cuarto. Ténganse prescritas las diferencias pensionales causadas, conforme el siguiente cuadro: 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 24 Nombre Fecha de prescripción de las diferencias pensionales Manuel Jesús Bravo Alvarado Desde el 30 de junio de 2011 Rafael Fuentes Peñaloza Desde el 23 de abril de 2009 Fabio Osorio Moreno Desde el 03 de febrero de 2010 Luis Alberto Oviedo Gómez Desde el 16 de junio de 2012 Leonardo Perea Niño Desde el 01 de abril de 2009 Héctor Hernando Rodríguez Ramos Desde el 15 de agosto de 2010 Juan Agustín Sánchez Melo Desde el 17 de diciembre de 2011 Quinto. Téngase a la abogada Giovanna Maritza Ariza Vásquez con C.C.42.140.633 y T.P. 222.442 del C.S.J., como apoderada de los convocantes, para los fines de los poderes conferidos por cada uno de los solicitantes, con ocasión del deceso del señor Conrrado Lozano Ballesteros, quien venía ejerciendo como apoderado principal de los solicitantes.

Para efectos de notificarla, téngase en cuenta el nuevo correo suministrado por la apoderada. Sexto. Reconocer personería jurídica al abogado Gustavo Adolfo Palma Ríos, como apoderado del Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad y para los efectos del poder especial que obra en el índice 25 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.

Séptimo. Reconocer personería a la abogada Raquel Johanna Ramírez Bastidas, como apoderada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención conforme a los efectos del poder visible en el índice 29 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. Octavo. Ejecutoriado el presente auto, archivar el expediente, previas las anotaciones respectivas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 5 Radicación No. 0021-2017. Demandante: Manuel Jesús Bravo Alvarado y otros. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional Extensión de jurisprudencia– Ley 1437 de 2011 25 Firma Electrónica SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Firma Electrónica Firma Electrónica CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.