68001233300020190027301 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS Bogotá, D. C., dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Radicado: 68001-23-33-000-2019-00273-01 Nº Interno: 2316-2022 Demandante: Aleida Mercedes Martínez Grass Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011 Tema: Pensión gracia La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 22 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES 1. La demanda La señora Aleida Mercedes Martínez Grass, mediante apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de las Resoluciones núms. RDP 041851 del 3 de noviembre de 2016 y RDP 006708 del 22 de febrero de 2017, mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación. A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó que se condene a la entidad demandada a: (i) reconocer y pagar una pensión gracia a su favor, a partir del 21 de diciembre de 2009, con los respectivos reajustes;

(ii) actualizar las sumas adeudadas, de acuerdo con el artículo 187 del CPACA; (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; (iv) pagar intereses moratorios y costas. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes: La señora Aleida Mercedes Martínez Grass nació el 22 de diciembre de 1959 y laboró como docente territorial en el departamento de Santander, desde el 26 de abril de 1979 hasta el 12 de abril de 1992.

Manifestó que, a través de Decreto núm. 086 del 13 de abril de 1992, fue nombrada por el alcalde de Socorro, Santander, en el Colegio Nacional Universitario, en el cargo de docente educación básica, desde el 13 de abril de 1992 hasta el 16 de octubre de 1997. Indicó que dicho vínculo mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de 1993, en cuanto el departamento de Santander fue certificado en educación mediante la Resolución núm. 3024 del 11 de agosto de 1997.

Afirmó que el 1 de julio de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación; sin embargo, dicha pretensión fue negada por la UGPP, mediante las Resoluciones núms. RDP 041851 del 3 de noviembre de 2016 y RDP 006708 del 22 de febrero de 2017. Normas violadas y concepto de violación De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357.

De la Ley 39 de 1903, los artículos 3, 4 y 13. De la Ley 114 de 1913, los artículos 1, 2, 3 y 4. De la Ley 116 de 1928, el artículo 6. De la Ley 37 de 1993, el artículo 3. De la Ley 24 de 1947, el artículo 1. De la Ley 4 de 1966, el artículo 4. Del Decreto 1743 de 1966, el artículo 5. De la Ley 43 de 1975, los artículos 1 y 10. Del Decreto 2277 de 1979, los artículos 1, 2, 3, 5 y 6.

De la Ley 91 de 1989, los artículos 1 y 15. De la Ley 60 de 1993, los artículos 2, 3, 6, 14 y 15. De la Ley 100 de 1993, el artículo 14. De la Ley 1437 de 2011, los artículos 42 y 80. Como concepto de violación señaló que le asiste el derecho al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, en la medida en que se desempeñó como docente territorial, durante más de 20 años.

Alegó que, aunque fue nombrada con carácter nacional, su vinculación mutó a terrritorial al momento en el que se descentralizó la educación con fundamento en la Ley 60 de 1993, hecho que se prueba con la resolución de certificación del departamento de Santander otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Explicó que el acto administrativo acusado se expidió irregularmente, con falsa motivación e infracción de las normas en las que debía fundarse, en tanto no tuvo en cuenta los preceptos que regularon el proceso de descentralización y del situado fiscal. 2.

Contestación de la demanda La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda[1]. Expuso que el tiempo de servicio prestado por la accionante con carácter nacional no es posible contabilizarlo para efectos del reconocimiento de una pensión gracia, de modo que no cumple con los requisitos de acreditar 20 años de servicio como docente territorial y/o nacionalizada para acceder a la prestación. Como excepciones propuso: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, presunción de legalidad de los actos administrativos, falta de título y causa y prescripción. 3.

La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 22 de octubre de 2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora[2]. Indicó que la señora Aleida Mercedes Martínez Grass prestó sus servicios como maestra con vinculación nacionalizada desde el 26 de abril de 1979 hasta el 12 de abril de 1992.

Posteriormente, fue nombrada como docente nacional del Colegio Universitario del Municipio de Socorro, mediante Decreto núm. 0086 del 13 de abril de 1992, cargo en el que se mantuvo hasta la fecha de expedición del certificado de información de historia laboral, de modo que su vinculación fue de carácter nacional. Por tanto, señaló que a la actora no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada, toda vez que no logró acreditar 20 años de servicio en el nivel territorial y/o nacionalizado.

Agregó que no es cierto que la vinculación nacional mutó a territorial por mandato de la Ley 60 de 1993, dado que conforme la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, lo relevante para el reconocimiento de la pensión gracia no es el origen de los recursos de la entidad nominadora, sino la calidad de docente territorial y/o nacionalizado que se acredita con el respectivo acto de nombramiento y la posesión, o en su defecto también se puede demostrar con certificación de la autoridad nominadora en la que indique de manera inequívoca que la vinculación del docente oficial tiene dicho carácter; siendo improcedente afirmar que, por el hecho de descentralizarse la educación, la actora se exime de probar que efectivamente el tiempo laborado es de tal orden. 4.

El recurso de apelación La parte actora solicita que se revoque la sentencia de primera instancia[3]. Alegó que el Tribunal no realizó un análisis de la Ley 60 de 1993 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues de otro modo habría llegado a la conclusión de que en el asunto de marras se presentó una mutación del vínculo, de nacional a departamental.

Destacó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, las plantas de personal y los establecimientos públicos educativos que se conocían como nacionales o nacionalizados, pasaban a tener carácter departamental, distrital y municipal, a partir del proceso progresivo de descentralización. Agregó que los recursos del Sistema General de Participaciones no son nacionales, sino que constituyen una fuente exógena de los recursos propios de las entidades territoriales.

Así entonces, indicó que la plaza que ocupó correspondía a un establecimiento de carácter departamental, de modo que conforme a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 proferida por el Consejo de Estado, el tiempo de servicio prestado a partir del 17 de octubre de 1997, es territorial. Argumentó que el A-quo no realizó una adecuada valoración probatoria del certificado allegado al proceso ni un análisis integral de las pruebas, pues si bien el ente territorial certificó que su régimen de pensiones es nacional confundiéndolo con el tipo de vinculación, lo cierto es que entre el 17 de octubre de 1997 y el 20 de octubre de 2015, laboró para el departamento de Santander, en una plaza departamental, por ende, el vínculo es territorial.

Sin embargo, tal falsedad no merecía tacha, pues esta se predica cuando hay falsedad material. Solicitó revocar la condena en costas. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. 2.

Del problema jurídico De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación presentado por la parte actora, la Sala determinará si procede revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se establecerá si la señora Aleida Mercedes Martínez Grass tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia, toda vez que presuntamente su vínculo laboral pasó de ser nacional a territorial en virtud de la descentralización de la educación. Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1.

Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos relevantes probados; y 2.3. Caso concreto. 2.1 La pensión de jubilación gracia La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes, profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según el artículo 6, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Por su parte, la Ley 37 de 1933, según el artículo 3, amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria. Así mismo, el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma que: “(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.” La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia, así: “(…) La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”.

Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley” [4].

Debido a la disparidad de criterios que se plantearon en esta Sección del Consejo de Estado, con relación a si los docentes en cuyo nombramiento intervenía además del representante legal del ente territorial, un delegado del Ministerio de Educación Nacional del respectivo Fondo Educativo Regional, ostentaban el carácter de nacionales o nacionalizados, se señala que el 21 de junio de 2018[5], se dictó la sentencia SUJ-11-S2 en la que se unificó el asunto.

En dicha providencia, esta Sección explicó que no es viable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando en el acto de su vinculación intervienen el representante legal de la entidad territorial y el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional.

Lo anterior, según se indicó, en tanto lo relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que concierne a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

Al respecto, se señaló en la sentencia SUJ-11- S2 de 21 de junio de 2018: “3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación. i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados[6], resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas. v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal[7]; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial.

Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora.

Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.

En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión que en sentido disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en el pretérito[8]”. En reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022[9] la Sección Segunda fijó como regla jurisprudencial la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, refiriendo que “Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento”.

A su vez, en la sentencia de unificación de la misma fecha 11 de agosto de 2022[10] (dictada en otro proceso) se reiteró que la pensión gracia se considera una prestación especial, cuyo propósito fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados a la Nación. Y, se agregó que constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago sin que el docente haya prestado sus servicios a la Nación, pues es una pensión destinada a los docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización de la educación dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Otra característica que se resaltó fue que, si bien está a cargo del Tesoro Nacional, está sujeta a un régimen especial que no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión Social (ahora UGPP). Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial. 2.3.

Hechos probados (i) Edad Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado por la demandante se requiere en primer lugar haber cumplido 50 años de edad. Para el caso concreto, la señora Aleida Mercedes Martínez Grass nació el 22 de diciembre de 1959 como consta en la copia del registro civil de nacimiento[11]. Por tanto, el 22 de diciembre de 2009 cumplió 50 años de edad, exigidos por el legislador para acceder a la citada prestación. (ii) Vinculación de la demandante y tiempo de servicio (i) En el formato único para expedición de certificado de historia laboral, emitido por la Secretaría de Educación del departamento de Santander el 20 de octubre de 2015, consta que la actora tuvo nombramiento en propiedad como docente de primaria, con vinculación de carácter nacionalizada, nombrada mediante Decreto 0938 del 17 de abril de 1979 y laboró desde el 26 de abril de 1979 hasta hasta 12 de abril de 1992, por un término de 12 años, 11 meses, 18 días[12].

(ii) Mediante Decreto núm. 0938 del 17 de abril de 1979, el gobernador del departamento de Santander nombró a la demandante en el cargo de maestra de la escuela rural Justo Pastor Gómez[13]. Obra acta de posesión en el cargo suscrita el 26 de abril de 1979[14]. (iii) Según formato único para expedición de certificado de historia laboral, emitido por la Secretaría de Educación del departamento de Santander el 20 de octubre de 2015, la señora Aleida Mercedes Martínez Grass prestó sus servicios como docente en el nivel básica secundaria, en propiedad, con régimen de pensiones nacional, se encontraba activa, completando a la fecha del certificado 23 años, 6 meses y 8 días y figuran las siguientes novedades[15]: |Novedades |A.A. |Desde | |Tipo de novedad|Ing.

Actos administrativos demandados Por medio de la Resolución núm. RDP 041851 del 3 de noviembre de 2016, la UGPP negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación a la señora Aleida Mercedes Martínez Grass, en consideración a que no acreditó 20 años de servicio como docente territorial y/o nacionalizada[17]; decisión confirmada a través de la Resolución núm. RDP 006708 del 22 de febrero de 2017[18]. 2.3 Del caso concreto La señora Aleida Mercedes Martínez Grass solicita la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad accionada le negó reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación por considerar que su vinculación es de carácter nacional, de modo que no cumple con el requisito temporal para acceder a la prestación deprecada, de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, en atención a que la accionante, desde el 13 de abril de 1992 laboró como docente con vinculación nacional, en una plaza nacional, tiempo que no es apto para ser contabilizado con el fin de reconocer una pensión gracia de jubilación. Así entonces, el periodo acreditado como maestra territorial resulta insuficiente para acceder a la referida pensión. Inconforme con esta decisión, la parte demandante recurrió la providencia de primera instancia sosteniendo que su vinculación nacional mutó a territorial, como consecuencia de la descentralización de la educación, en virtud de la Ley 60 de 1993, de modo que cuando el departamento de Santander fue certificado y se les transfirieron los recursos del situado fiscal, se convirtió en un docente departamental, lo que la hace acreedora de una pensión gracia de jubilación. Pues bien, en el sub lite está acreditado que la señora Aleida Mercedes Martínez Grass fue nombrada como docente oficial en propiedad en el departamento de Santander, a través del Decreto núm. 0938 del 17 de abril de 1979, con vinculación territorial, cargo en el que laboró hasta el 12 de abril de 1992, según consta en el certificado único de historia laboral expedido por la gobernación de Santander.

Sin embargo, según se indicó en el certificado emitido por el departamento de Santander, la accionante fue nombrada como docente en propiedad en el Colegio Universitario Nacional de Socorro, Santander, mediante Decreto núm. 086 del 13 de abril de 1992 y para la fecha en que se emitió la última certificación allegada al plenario, el 20 de octubre de 2015, aún se encontraba activa en el servicio.

Ahora bien, el departamento de Santander en el formato único de expedición de historia laboral certificó que la docente tenía régimen de pensión nacional, y en el formato único para la expedición de salarios dio constancia de que su tipo de vinculación era nacional. Así entonces, aunque en el plenario no obra el acto de nombramiento o el acta de posesión de la demandante, lo cierto es que de las certificaciones aportadas se evidencia que ostentó una vinculación nacional desde el 13 de abril de 1992 hasta el 20 de octubre de 2015, sin que se incorporaran medios probatorios que indicaran lo contrario, máxime cuando prestó sus servicios docentes en una institución del orden nacional.

De modo que, de acuerdo con la sentencia de unificación CE- SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11- S2)[19], se precisa que dichos documentos dieron constancia del tipo de vinculación de la docente. En el mismo sentido, la Sala no pasa por alto que es la misma parte actora la que indica que su vinculación era nacional y, sin embargo, a su juicio, esta mutó a territorial en el proceso de descentralización, de modo que en el plenario no existe discusión sobre el tipo de nombramiento por medio del cual se vinculó al servicio docente a partir del año 1992, el cual era del nivel nacional.

Ahora bien, la recurrente alegó que con la descentralización de la educación dejó de ser una maestra nacional y con ello pasó a formar parte de la planta de personal del departamento de Santander; al respecto, debe decirse que la descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido el carácter de territoriales.

En ese sentido, el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993[20] previó que el régimen prestacional aplicable a “los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones”, es decir, “el previsto para los empleados públicos nacionales, razón por la que les podría corresponder una pensión ordinaria de jubilación y no la pensión gracia creada para los maestros territoriales”[21].

Así entonces, como quedó evidenciado, en el proceso sub examine la vinculación de la parte demandante era nacional, sin que exista en el plenario medio probatorio en contrario, de modo que dichos tiempos no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de pensión gracia. Por lo tanto, como quiera que la señora Martínez Grass solo tuvo vinculación territorial por el término de 12 años, 11 meses y 18 días, no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación ahora controvertida, de suerte que se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la parte accionante.

Condena en costas Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala revocará la condena en costas impuesta a la parte vencida.

III. DECISIÓN Vistas las consideraciones que anteceden, se confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, salvo el numeral segundo, que se revocará, en cuanto condenó en costas a la parte vencida. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 22 de octubre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, salvo el numeral segundo, que se revoca, en cuanto condenó en costas a parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en las dos instancias.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Discutida y aprobada en sesión de la fecha. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE CÉSAR PALOMINO CORTÉS (Firmada electrónicamente) CARMELO PERDOMO CUÉTER (Firmada electrónicamente) ----------------------- [1] Folios 207 a 212. [2] Expediente digital visible en la plataforma SAMAI - Índice 2. [3] Expediente digital visible en la plataforma SAMAI - Índice 2. [4] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón. [5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de 2018. radicado 25000-23-42- 000-2013-04683-01 (3805-2014).

M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda Hernández Triana. [6] Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989. [7] Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990. [8] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda Hernández Triana. [9] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-030-CE- S2-2022, proceso con radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), Actor: Hirma Nubia Jiménez Lozano; M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. [10] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-029- CE-S2-2022, proceso con radicado 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655- 2017), M.P. César Palomino Cortés. [11] Folio 12. [12]Folios 15 a 16. [13]Folios 36 a 37. [14]Folio 38. [15] Folio 17 a 18. [16] Folio 20. [17] Folios 59 a 63. [18] Folios 74 a 77. [19] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de 2018. radicado 25000-23-42- 000-2013-04683-01 (3805-2014).

M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda Hernández Triana. [20] «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». [21] Consejo de Estado, sección segunda, sentencia 16 de mayo de 2019, expediente: 66001-23-33-000-2016-00086-01(2163-18).