CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Expediente número: 11001-03-15-000-2022-02707-01 Demandante: Guillermo León García Peña Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y otro Asunto: Acción de tutela Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez SALVAMENTO DE VOTO Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones por las cuales me aparto del criterio mayoritario expuesto en la sentencia del 21 de octubre de la presente anualidad, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia. 1.1.
Síntesis del caso y de la decisión mayoritaria El señor Guillermo León García Peña, quien se encuentra vinculado en propiedad en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Sutamarchán, Boyacá, interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso, según afirmó, vulnerados por aquellas autoridades, al no haberle concedido vacaciones y negarse a expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) requerido para nombrar un reemplazo mientras goza de aquellas.
Señaló que, a través del Acuerdo CSJBOYA21-52 del 30 de septiembre de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá asignó turno de disponibilidad, durante la vacancia judicial, al Juzgado Promiscuo Municipal de Sutamarchán, para atender la función de control de garantías en el sistema penal acusatorio durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022 –vacancia judicial de fin de año–.
Dicha decisión fue comunicada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja al accionante, mediante Oficio N° 302 del 2 de diciembre de 2021. Señaló que, en escrito del 4 de marzo de la presente anualidad, le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja nombrara su reemplazo, para poder disfrutar del periodo de vacaciones causado a su favor, solicitud que fue negada a través de oficio DESAJTUO22-795 del 17 de marzo de 2022, en el cual se le informó la imposibilidad de expedir el CDP requerido.
Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución 017 del 5 de mayo de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja negó las vacaciones al accionante. En el fallo del que me aparto se concluyó, en síntesis, que la solicitud de amparo deviene en improcedente, toda vez que el señor Guillermo León García Peña puede cuestionar la legalidad del acto administrativo que le negó el disfrute de sus vacaciones, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a lo cual se añadió que no estaba acreditada la configuración de un perjuicio irremediable, como para que proceda la tutela como mecanismo transitorio de protección. 1.2.
Razones de mi disenso Como lo expresé desde el inicio de este escrito, no comparto el criterio de la Sala. Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política, el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Por su parte, en el artículo 53 ibidem se señalan varios principios mínimos fundamentales de forzosa observancia, entre los que se encuentran la igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos consagrados en normas laborales, y se establece como uno de los principios de los trabajadores el «descanso necesario» para la recuperación de las energías por el desgaste normal originado por la actividad laboral1.
La Corte Constitucional, en sentencia C-171 de 2020, precisó que las vacaciones tienen especial relevancia en el ejercicio del trabajo y que «no tienen como único propósito que el trabajador se recupere del desgaste que le ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al individuo espacios en los cuales realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de su familia», por lo que se reconoce el derecho a las vacaciones que se perfecciona a través del goce del descanso remunerado.
El descanso, además, es irrenunciable, de tal suerte que cuando el trabajador adquiere el derecho, le deben ser concedidas las vacaciones, ya sea de oficio o a petición del interesado. Por si fuera poco, el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 es claro al disponer que los empleados judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas, pertenecientes al régimen de vacaciones individuales, tienen derecho a un descanso remunerado de 22 días continuos por cada año de servicios, los cuales deben ser concedidos por el respectivo nominador.
A diferencia de lo señalado en el fallo del que discrepo, que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la tutela, considero que, en el caso particular, sí se encuentra superado el requisito de la subsidiariedad, pues, pese a que el actor puede instaurar demanda de nulidad y restablecimiento del 1 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de enero de 2011, exp. 17001-23-31-000- 2010-00345-01(AC), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. derecho contra el acto que le negó el derecho a disfrutar sus vacaciones, lo cierto es que este no sería un mecanismo eficaz de protección de sus derechos, si se considera la duración promedio de un proceso ordinario, lo que claramente podría repercutir sobre su estado de salud, al punto de representar un serio riesgo de enfermedad física y sicológica.
Desde luego, esto no significa que el derecho a gozar de las vacaciones esté condicionado a que el trabajador padezca de alguna enfermedad. Nada más alejado de mi planteamiento. Con la referencia al riesgo de adquirir patologías psicosociales como consecuencia de la falta de descanso, simplemente busco desvirtuar el argumento de la Sala mayoritaria, según el cual el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo eficaz de protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
De hecho, en la misma línea de la Corte Constitucional, estoy convencida de que las vacaciones no solo permiten recuperarse del desgaste propio de las actividades laborales, sino que constituyen una verdadera prerrogativa de naturaleza iusfundamental mediante la cual los trabajadores pueden realizarse plenamente en otras facetas de su existencia, de acuerdo con el plan de vida trazado, que es, en últimas, una de las expresiones del principio de dignidad humana.
De ahí que, como beneficio mínimo irrenunciable, el disfrute de las vacaciones puede garantizarse a través de la acción de tutela, sin que ello desconozca el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional. A todo lo anterior se suma que la decisión de negar el derecho al disfrute de las vacaciones está fundada en restricciones o dificultades de índole administrativo, lo que a todas luces constituye una carga desproporcionada que no debe soportar el trabajador que cumplió con los requisitos exigidos para acceder a dicho beneficio prestacional2. 2 En igual sentido, ver la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 2019-02483-01, M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
Superado el requisito de subsidiariedad, considero que en este caso debió concederse el amparo de los derechos fundamentales del señor Guillermo León García Peña, ante la negativa del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja de concederle el disfrute de las vacaciones a las que constitucional y legalmente tiene derecho. 1.3.
Solución integral y definitiva a problemática de disponibilidad presupuestal para reemplazo de servidores judiciales cobijados por régimen individual de vacaciones Además de expresar los motivos de divergencia con la postura adoptada por la mayoría de la Subsección, quiero hacer un llamado respetuoso a todas aquellas autoridades involucradas en el trámite de reconocimiento del derecho al descanso necesario de los empleados de la Rama Judicial cobijados por el régimen de vacaciones individuales, así como a los que les fue suspendido el disfrute de sus vacaciones colectivas para atender funciones de control de garantías en el sistema penal acusatorio, con el objeto de que tomen medidas tendientes a solucionar integral y definitivamente este problema que, a mi modo de ver, tiene dos aristas.
De una parte, es imperioso que los nominadores garanticen el derecho al descanso de los servidores judiciales pertenecientes al régimen de vacaciones individuales y a los que les fue suspendido el disfrute de sus vacaciones colectivas para atender funciones de control de garantías en el sistema penal acusatorio. Con ello no solo se le da contenido al postulado constitucional del trabajo en condiciones dignas, sino que se precaven eventuales escenarios de afectación de otros derechos fundamentales como la salud y la vida.
De otra, es igualmente necesario que el Consejo Superior de la Judicatura efectúe las apropiaciones presupuestales con miras a designar los reemplazos de los empleados que vayan a gozar de sus vacaciones individuales. Así se eliminarían las justificaciones de carácter puramente administrativo, que en la actualidad se presentan para negar el derecho al disfrute de las vacaciones, y, de paso, podrían conjurarse situaciones como la ralentización de los procesos y la excesiva carga de trabajo, que terminan por malograr el funcionamiento de la administración de justicia, más en el presente caso en el cual se evidencia el sobrecargo laboral del único juez promiscuo municipal de Sutamarchan, a quien se le suspendieron las vacaciones colectivas desde el 2021, para atender la segunda instancia de los recursos de apelación que se presenten contra las decisiones proferidas por los Jueces Municipales con Función de Control de Garantías.
Urge, entonces, solucionar de manera integral y definitiva la problemática derivada de la falta de recursos para designar los reemplazos de los servidores judiciales con derecho a gozar de sus vacaciones individuales, objetivo que, desde luego, estará más lejos de conseguirse si en sede de tutela se sigue considerando que en estos casos no se presenta vulneración alguna de los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la salud e incluso a la vida, o que los demandantes cuentan con otros mecanismos ordinarios para cuestionar la legalidad de los actos que les niegan el derecho a las vacaciones, pese a su evidente ineficacia. En esos términos dejo expuesto mi salvamento de voto.
Respetuosamente, Firmado electrónicamente MARÍA ADRIANA MARÍN Magistrada