Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Bogotá D.C., primero (01) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRIDENCIA Radicación: 20001-33-33-003-2023-00365-01 (2061-2025) Demandante: María Gabriela Vanstrahlen Peinado Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y municipio de Valledupar Temas: Rechaza de plano recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia Auto interlocutorio La señora María Gabriela Vanstrahlen Peinado, interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de segunda instancia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Como fundamento del citado medio de impugnación, manifestó que el fallo recurrido desconoció la Sentencia de Unificación SUJ-012S2 del 18 de julio de 2018 expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15) de esta Corporación. CONSIDERACIONES • Admisibilidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia El control relativo a la admisión del recurso exige estudiar la sustentación de este a efectos de determinar que cumpla las exigencias del artículo 262 del CPACA.

Esta norma prevé que dicho recurso debe incluir: (i) la designación de las partes; (ii) la indicación de la sentencia recurrida; (iii) la relación concreta, breve y sucinta de los hechos objeto de debate; y (iv) la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada, junto con las razones que le sirven de fundamento.

En lo que se refiere al último de los requisitos anotados, es importante precisar que no todas las decisiones que profiere el Consejo de Estado, como máxima autoridad de la Radicado: 20001-33-33-003-2023-00365-01 (2061-2025) Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, adquieren la naturaleza de sentencia de unificación, porque esa calidad se reservó para las providencias que de manera expresa señala el artículo 270 del CPACA.

De otro lado, conviene insistir en que no basta con la indicación precisa de la providencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada pues, como se anotó, el artículo 262 del CPACA exige que, además, se aduzcan «(…) las razones que le sirven de fundamento», requisito que supone realizar un ejercicio de comparación entre la ratio decidendi que utilizaron, de un lado, la sentencia de unificación y, de otro, la sentencia impugnada en sede extraordinaria.

De allí se desprende la necesidad de que las temáticas o conceptos sobre las que versan las decisiones contrastadas sea la misma y que esta identidad de materia no se predique simplemente respecto de los argumentos de paso u obiter dicta, sino de las razones esenciales de la decisión o ratio decidendi. De no satisfacerse esa exigencia, no será factible la admisión del recurso extraordinario.

Es pertinente resaltar que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no puede convertirse en una tercera instancia por medio del cual las partes discutan sus inconformidades respecto de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, en única o segunda instancia. Su carácter extraordinario y excepcional implica que el cumplimiento de los presupuestos previstos para que se conceda y se admita deben analizarse con rigor, de manera que si resulta dable exceptuar el principio de la cosa juzgada como un efecto propio de este medio impugnatorio sea, no por una interpretación vaga y abierta respecto de los requisitos de procedencia, sino porque en realidad, con su ejercicio, se pretende «(…) asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere el caso, reparar los agravios»1.

Explicados los requisitos que debe reunir la sustentación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se puede adoptar por el consejero alguna de estas decisiones, de conformidad con el artículo 265 del CPACA: «(…) Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, si este no lo hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.

El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse concedido.

PARÁGRAFO. El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al caso» 1 Artículo 256 del CPACA. Radicado: 20001-33-33-003-2023-00365-01 (2061-2025) Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 • Análisis del Despacho Se procede a estudiar si se encuentran reunidos los requisitos para admitir el recurso. - Oportunidad en la interposición y sustentación La sentencia de segunda instancia fue proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 20 de febrero de 2025, y el respectivo mensaje al buzón electrónico de la parte activa fue enviado el día 24 de ese mismo mes y año, por lo que dicha providencia se entendió debidamente notificada a los dos días siguientes, según los artículos 203 y 205 del CPACA, esto es, el 26 de febrero.

Por lo mismo, el fallo en mención quedó ejecutoriado el 04 de marzo de 2025 (3 días siguientes a la notificación) y el memorial de sustentación del recurso extraordinario fue radicado el 06 de marzo de esa anualidad, se concluye que fue oportuno, tal como prevé el artículo 261 del CPACA (10 días siguientes a la ejecutoria del proveído censurado). - Designación de las partes Se trata de la señora María Gabriela Vanstrahlen Peinado y de la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Valledupar, quienes intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó en sede de primera instancia. - Providencia impugnada La recurrente manifestó que la sentencia objeto de reproche es la proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se modificó la decisión de primera instancia. El Tribunal indicó que no resultaba lógico concluir que el acto administrativo había sido proferido dentro del término, pues era claro que el acto emitido inicialmente tuvo que ser corregido por error en el valor de las cesantías aprobadas, resaltando que en ese trámite de corrección se había sobrepasado el término de 15 días para proferir la resolución. De allí concluyó que, la regla de la sentencia de unificación que debía aplicarse en el caso concreto es la correspondiente al acto escrito extemporáneo en el que la notificación no se tiene en cuenta y la mora se genera a partir del vencimiento de los 70 días desde el momento en que se radicó la solicitud.

Radicado: 20001-33-33-003-2023-00365-01 (2061-2025) Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 De ese modo indicó que, si la petición fue radicada el 24 de octubre de 2020, el plazo para el pago vencía el 8 de febrero de 2021 y el dinero fue puesto a disposición el 4 de marzo de ese año, por lo cual se causaron 23 días de mora que debían ser imputados, únicamente, al ente territorial.

En consecuencia, modificó el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia en el cual se condenaba al Fomag por 47 días de mora y confirmó en lo demás la decisión. - Relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio El contexto fáctico en el que la parte actora fundamentó el recurso interpuesto puede sintetizarse como sigue a continuación: Que el 24 de otubre de 2020 solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, a lo cual se accedió en Resolución No. 747 del 29 de otubre de 2020, poniéndose a disposición los dineros el 04 de marzo de 2021.

Que transcurrieron más de 34 días de mora, contados a partir de los 70 días hábiles que tenía la entidad para reconocer y cancelar las cesantías. Que el 29 de diciembre de 2022 se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción; petición frente a la cual la entidad guardó silencio, configurándose el acto administrativo ficto o presunto que fue demandado.

Que se instauró demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho pretendiendo la sanción moratoria contenida en la Ley 1071 de 2006 y ratificada en la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018. Que, en sentencia del 10 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar accedió a las pretensiones; decisión que fue apelada y modificada en fallo del 20 de febrero de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar. - Indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento Se expresó que el fallo de segunda instancia censurado no aplicó las reglas jurisprudenciales contenidas en la Sentencia de Unificación SU- 012-S2 del 18 de julio de 2018 expedido en el radicado 73-001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15).

Al revisarse la naturaleza de la sentencia citada, se observa que se trata de una decisión adoptada por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido en vigencia del CPACA en la que sentó las siguientes reglas: Radicado: 20001-33-33-003-2023-00365-01 (2061-2025) Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 “(…)

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías.

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas: i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria.

Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 236 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio.

Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria. iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva.

Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

QUINTO: Señalar que el efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo, y por ende, aplicable de manera obligatoria los trámites pendientes de resolver en sede gubernativa y judicial. Por lo anterior, esta providencia no podrá aplicarse de manera retroactiva, respetando así la cosa juzgada de los conflictos decididos con antelación. Radicado: 20001-33-33-003-2023-00365-01 (2061-2025) Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Así mismo, que, al reconocer un derecho, será extensible en los términos previstos en los artículos 10, 102 y 269 del CPACA» Como sustentación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se adujo que al observarse las fechas descritas en los hechos que dieron lugar a la demanda, podía concluirse que el Tribunal Administrativo del Cesar realizó una equívoca argumentación jurídica y, por ende, el análisis final del fallo termina contrariando el estudio explicativo que expone durante la sentencia. Que el fallo materializa un abuso del derecho y se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas de los regímenes de liquidación de las cesantías, para fines o resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico al emplearse una interpretación de la Ley que es contraria a la Constitución. Adujo que la sentencia que puso fin a la segunda instancia presenta un defecto por desconocimiento del precedente judicial por cuanto no aplicó el contenido de la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 y, en consecuencia, solicita a esta Corporación que ordene el pago de la sanción moratoria de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1272 de 2018, con cargo de los recursos de la Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio.

Ahora, se estima que el recurso extraordinario interpuesto debe rechazarse por las siguientes razones: En inicio, se precisa que la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar el 20 de febrero de 2025 ordenó la modificación del numeral cuarto de la condena que fue impuesta por el Juzgado de origen, en cuanto al número de días de la sanción moratoria y a la entidad a la cual le era imputable.

Así entonces, la inconformidad de la demandante se centró en que considera que hubo un error en el conteo de la aludida penalidad desconociéndose las reglas de unificación que fueron establecidas en la Sentencia de Unificación SU- 012-S2 del 18 de julio de 20182 y un error en la imputación de la responsabilidad, lo cual carece de sustento, puesto que revisado el contenido del fallo atacado se advierte que la decisión obedeció justamente a la aplicación de una de esas reglas -la segunda3- atendiendo a los supuestos fácticos probados en el expediente que reunía los presupuestos narrados en dicha hipótesis.

Elección que era posible, porque la citada sentencia de unificación no fijó una única regla de contabilización, sino que condicionó su aplicación a determinados y distintos supuestos que corresponden al Juez corroborar en cada caso; de forma tal, que no existe el desconocimiento del precedente que se indica como defecto del fallo 2Expedida en el radicado 73-001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-15) 3 De cuadro visible en el párrafo 115 de la sentencia de unificación en análisis.

Radicado: 20001-33-33-003-2023-00365-01 (2061-2025) Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 revisado. Tampoco hay vulneración de la Constitución, puesto que no se afectaron derechos fundamentales. En este punto, debe recordarse que la finalidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, es asegurar la unidad en la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros perjudicados con la providencia recurrida y, si fuere del caso, reparar los agravios inferidos a los sujetos procesales; pero no puede convertirse en una tercera instancia por medio del cual las partes discutan sus inconformidades respecto de las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, en única o segunda instancia; que es en ultimas lo que se platea por el extremo recurrente.

Así las cosas, dado que en el asunto no se observa que la decisión atacada se aparte del pronunciamiento de unificación referente, dado su carácter vinculante, se itera, es procedente el rechazo del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia impetrado por la demandante. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE Primero: RECHAZAR DE PLANO el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la señora María Gabriela Vanstrahlen Peinado contra la sentencia de segunda instancia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Segundo: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente