Radicado: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: Lorenzo Mojica Mojica CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022) Referencia: SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Radicación: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: LORENZO MOJICA MOJICA Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP Temas: No se avoca conocimiento para proferir sentencia de unificación. Sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 023 de 1957 como factor de liquidación de la pensión gracia de los docentes del departamento de Boyacá. AUTO ÚNICA INSTANCIA Ley 1437 de 2011 Interlocutorio O-003-2022 ASUNTO La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la solicitud de unificación de jurisprudencia formulada de oficio por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

ANTECEDENTES La demanda1 El señor Lorenzo Mojica Mojica, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2.

Pretensiones3 1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: - Resolución PAP 16890 del 8 de octubre de 2010, expedida por Cajanal, por medio de la cual se reconoció una pensión gracia al señor Lorenzo Mojica Mojica, en cuanto a la liquidación efectuada. - Resolución RDP 010114 del 26 de marzo de 2014 por la cual la UGPP negó la reliquidación de la pensión gracia del señor Lorenzo Mojica Mojica. 1 Ff. 2 a 22 C. 1 2 En adelante UGPP. 3 Folio 3 del cuaderno 1.

Radicado: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: Lorenzo Mojica Mojica - Resolución RDP 027704 del 10 de septiembre de 2014, a través de la cual la UGPP confirmó la anterior decisión al resolver el recurso de apelación. 2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que el demandante tiene derecho a que la UGPP reliquide su pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales que devengó durante el último año de servicio, especialmente el sobresueldo del 20% (Ordenanza 23 de 1959) y se actualice la mesada pensional. 3.

Que se condene a la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 192 del CPACA y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA. Los hechos4 1. El señor Lorenzo Mojica Mojica devengó en forma permanente el sobresueldo del 20% desde el 25 de septiembre de 1980, conforme a la Ordenanza 23 de 1959 expedida por la Asamblea de Boyacá. 2.

El Departamento de Boyacá- Secretaría de Educación dejó de pagar el sobresueldo del 20% a partir de enero del 2004. Posteriormente, en enero del 2009 se retomó el pago de dicho sobresueldo. 3. Por Resolución PAP 16890 del 8 de octubre de 2010, Cajanal le reconoció una pensión gracia. 4. Dentro del proceso ejecutivo laboral con radicado 2010-0329, promovido por el señor Lorenzo Mojica Mojica en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, en providencia del 11 de noviembre de 2010, se libró mandamiento ejecutivo del sobresueldo del 20% sobre la asignación básica del ejecutante, por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2008. 5.

El 11 de marzo de 2014 el demandante solicitó la reliquidación de su pensión gracia con el fin de que se incluyera en la liquidación el sobresueldo del 20%. 6. Mediante la Resolución RDP 010114 del 26 de marzo de 2014, la UGPP negó la reliquidación de la pensión del demandante, toda vez que no estaba certificado dicho sobresueldo por la Secretaría de Educación de Boyacá. La decisión fue confirmada a través de la Resolución RDP 027704 del 10 de septiembre de 2014, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante.

Sentencia de primera instancia5 El Juzgado Décimo Administrativo Oral de Tunja profirió sentencia de primera instancia el 18 de agosto de 2017, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda. Lo anterior por considerar que el señor Lorenzo Mojica Mojica es un docente nacionalizado, vinculado el 26 de septiembre de 1980. Por ende, su régimen salarial era el previsto para los servidores nacionales y no tenía derecho a percibir emolumentos salariales creados por entes del orden territorial. 4 Folios 4 y 5 del cuaderno 1. 5 Folios 262-275 del cuaderno 2.

Radicado: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: Lorenzo Mojica Mojica Agregó que, si bien, la Ordenanza 23 de 1959, que creó el sobresueldo del 20%, fue emitida por la Asamblea Departamental con competencia para ello conforme a la Constitución de 1886, con las reformas de los Actos Legislativos de 1910 y 1945, no podía serle extensiva al docente demandante.

Explicó que, para la fecha de su ingreso al servicio educativo, su remuneración y prestaciones eran gobernadas por normas como el Decreto 715 de 1978 y las posteriores que emitiera el Gobierno para este nivel. El recurso de apelación6 Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación en donde solicitó que se revoque la sentencia del 18 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Tunja y, en su lugar, se ordene la reliquidación de la pensión gracia del señor Lorenzo Mojica Mojica incluyendo el sobresueldo del 20% como factor salarial.

Lo anterior sustentado en que lo que se debate no es la legalidad del acto de creación de la Ordenanza 23 de 1959, sino la inclusión del sobresueldo del 20% en la liquidación de la pensión gracia del señor Lorenzo Mojica Mojica. Argumentó que está probado que devengó dicho factor salarial durante el año de servicio anterior al estatus pensional.

La solicitud de unificación7 Mediante providencia del 11 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá, de oficio, ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, con fundamento en el artículo 271 del CPACA. En sustento de la decisión, expuso que al interior de dicha Corporación existen posiciones divergentes en relación con la inclusión del sobresueldo del 20% en el ingreso base de liquidación de la pensión gracia de los docentes del departamento de Boyacá. Explicó que, por una parte, en la sentencia del 14 de junio de 20178 se interpretó que, en principio, era necesario verificar si el emolumento devengado estaba soportado en el ordenamiento jurídico.

En caso negativo, no podía ser incluido como factor de liquidación de la pensión. Entonces, si el sobresueldo creado por la Ordenanza 23 de 1959 fue percibido por un docente nacionalizado, vinculado después de la expedición de la Ley 43 de 1975, durante el año anterior a la adquisición del estatus, no se le puede incluir en la liquidación de la prestación. Ahora, si el educador se vinculó antes de la reforma constitucional de 1968, podía seguir disfrutando del régimen del que venía gozando o pasar al nuevo, en caso de que le fuera más favorable.

Luego de dicha reforma, tenían que sujetarse a las regulaciones señaladas por el legislador en materia salarial. Seguidamente, puso de presente que el Consejo de Estado, al estudiar la demanda de nulidad de la Ordenanza 23 de 19599, circunscribió la controversia al análisis de la normativa que resulta aplicable a los docentes, tomando como referente la época 6 Folios 282-286 del cuaderno 2. 7 Folios 324-334 del cuaderno 2. 8 Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 5, sentencia del 14 de junio de 2017, radicación: 150013333015201500032 01. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de junio de 2012, radicación: 150012331000200203227 01(2535-2007).

Radicado: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: Lorenzo Mojica Mojica y forma de vinculación. Igualmente, en la sentencia del 8 de abril de 201010, esta Corporación sostuvo que no se configura un derecho adquirido si no se consolidó el derecho al sobresueldo en vigencia de la Ordenanza 23 de 1959. Por su parte, la sentencia del 3 de marzo de 201611, estudió lo relativo al derecho al pago del sobresueldo del 20% de los docentes del departamento de Boyacá y concluyó que no son acreedores de aquel quienes se vincularon con posterioridad a la vigencia de la Ley 43 de 1975.

Con todo, en su criterio, los casos aludidos no guardan similitud fáctica con situaciones como la presente, en la que existe controversia en relación con la inclusión del emolumento, cuando este ya fue pagado y no existe debate sobre el derecho a su reconocimiento. Por otra parte, destacó que subsiste otra tesis en el mismo tribunal, según la cual se debe incluir el sobresueldo creado por la Ordenanza 23 de 1959 en la base de liquidación de las pensiones de los docentes.

Lo anterior, tiene sustento en el carácter salarial de dicho emolumento. En ese orden, la solicitud está referida a que, a través de una sentencia de unificación, se adopte una posición que defina lo relativo a la inclusión del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959 para la liquidación de la pensión gracia, teniendo en cuenta que se presentan las siguientes tesis: «- Cuando se demanda la reliquidación de la pensión y se acredita la percepción del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959, en el período que ha de atenderse para determinar la base de liquidación de la pensión, es procedente estudiar si el demandante tenía derecho al pago, para así determinar si el mismo debe ser incluido como factor de liquidación en la pensión. O si, por el contrario: - Cuando se demanda la reliquidación de la pensión y acredita que el sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959, que tiene carácter salarial, ha sido devengado en el período que ha de atenderse para determinar la base de liquidación de la pensión, basta acreditar que ha ingresado al patrimonio del demandante para ordenar su inclusión como factor de liquidación en la pensión por ostentar carácter salarial.» CONSIDERACIONES Problema jurídico El problema jurídico que se debe resolver en esta providencia se resume en la siguiente pregunta: ¿La Sección Segunda del Consejo de Estado debe asumir conocimiento del presente asunto con el fin de emitir una sentencia de unificación sobre la inclusión del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959 de la Asamblea de Boyacá para la liquidación de la pensión gracia? 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 8 de abril de 2010, radicación: 150012331000200403115 01. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección a, sentencia del 3 de marzo de 2016, radicación: 15001 23 31 000 2004 03001 01 (1027-08), demandante: Graciela Mondragón Vaca.

Radicado: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: Lorenzo Mojica Mojica Para el caso objeto de estudio, es preciso indicar que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 27112, consagró la unificación de jurisprudencia, en los siguientes términos: «Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria.

Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia. En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones.

Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso. La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión. La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que 12 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. Radicado: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: Lorenzo Mojica Mojica por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines de este artículo.

Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.» De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado puede asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación. Igualmente, la norma dispone que, para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición debe formularse con la exposición de las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones por las cuales se considera necesario que se emita una sentencia de unificación. Análisis del asunto concreto En atención a lo anterior y aplicada la referida normativa al sub lite, se tiene que el Tribunal Administrativo de Boyacá, de oficio, remitió el expediente de la referencia a esta Corporación, con fundamento en lo previsto en el artículo 271 del CPACA, para que se expidiera sentencia de unificación por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Para ello, puso de presente que existen varias tesis en torno a la inclusión del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959, para los docentes del departamento de Boyacá que alcanzaran 20 años de servicios, en el ingreso base de liquidación de la pensión gracia. Al respecto, se advierte que, mediante auto del 14 de octubre de 202113, la Sección Segunda de esta Corporación avocó conocimiento «con el fin de determinar si es imperativa o no la verificación ex ante, de la legalidad del pago percibido por concepto de sobresueldo del 20% para efecto de incluir este emolumento en la reliquidación de la pensión gracia, sin perjuicio de que se examinen otros temas que resulten necesarios y conexos».

Lo anterior en consideración a la divergencia interpretativa que se presenta al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en relación con la liquidación de la pensión gracia y, particularmente, con la inclusión o no del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959 en el departamento de Boyacá, en el ingreso base de liquidación. Se destaca que, de acuerdo con la mencionada providencia, en aquel expediente también se debate la inclusión del sobresueldo del 20% en el ingreso base de liquidación de la pensión gracia, de un docente que recibió dicho emolumento durante el año anterior al estatus pensional, como consecuencia de la orden impartida en un proceso ejecutivo laboral.

De esta manera, es plausible concluir que el problema jurídico cuyo análisis se pide será objeto de pronunciamiento a través de una sentencia de unificación. En esas condiciones, dado que el tema sometido a estudio por solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá ya fue avocado por la Sección Segunda para emitir 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 14 de octubre de 2021, radicación: 15001-33-33- 010-2014-00148-01 (0600-2020), demandante: Ana Graciela Naranjo Romero.

Radicado: 15001-33-33-010-2015-00088-01 (1694-2020) Demandante: Lorenzo Mojica Mojica sentencia de unificación de jurisprudencia, no se asumirá conocimiento en este caso. Conclusión: comoquiera que el conocimiento del tema de la liquidación de la pensión gracia con inclusión del sobresueldo del 20% de los docentes del departamento de Boyacá ya fue asumido con el objeto de proferir sentencia de unificación por medio del auto del 14 de octubre de 202114, la Sección Segunda se abstendrá de avocar conocimiento del presente asunto.

En consecuencia, se ordenará la devolución del expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RESUELVE Primero: No avocar el conocimiento del presente asunto con el objeto de proferir sentencia de unificación jurisprudencial.

Segundo: En firme esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Plena de la Sección Segunda, en sesión de la fecha. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Firmada electrónicamente SANDRA LISSET IBARRA Firmada electrónicamente CÉSAR PALOMINO CORTÉS Firmada electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER Ausente con excusa RAFAEL SUÁREZ VARGAS Firmada electrónicamente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Firmada electrónicamente 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 14 de octubre de 2021, radicación: 15001-33-33- 010-2014-00148-01 (0600-2020), demandante: Ana Graciela Naranjo Romero.