CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Asunto: Resuelve sobre la admisibilidad de la acción de tutela y la solicitud de una medida provisional AUTO INTERLOCUTORIO Este Despacho procede a resolver sobre la admisibilidad de la solicitud de tutela presentada por Ana Elena Castro Cabana contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y la solicitud de una medida provisional.

I.

ANTECEDENTES 1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial, porque, a su juicio, al proferir el auto de 18 de enero de 2023, en el proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 500011102000201600839-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso. 2.

La actora solicitó, en el escrito de tutela, como medida provisional1: “[…] En virtud de lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991 y atendiendo a los hechos y graves defectos de las decisiones judiciales objeto de la presente acción, sus consecuencias y el plazo de ejecución previsto para las mismas, se solicita respetuosamente al honorable Consejo de Estado, se sirva emitir como medida provisional la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 25 DE FEBRERO DE 2020, POR LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISICPLINA JUDICIAL DEL META, DENTRO DEL PROCESO 1 Cfr. Folio 15 del documento denominado “ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2”.

Archivo en medio magnético. 2 Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana DISCIPLINARIO No. 50 001 11 02 000 2016 00839. Lo anterior, mientras se tramita y decide de fondo la presente acción constitucional […]”. II. CONSIDERACIONES 3. Este Despacho procederá, en primer orden, a estudiar los requisitos de admisibilidad de la acción de tutela interpuesta por la actora y, en segundo orden, a decidir la medida provisional solicitada.

Sobre la admisión de la acción de tutela 4. La actora presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso. 5. Vistos: i) el numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.° del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, sobre reglas de reparto de la solicitud de tutela; ii) el artículo 14 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 19914, sobre el contenido de la solicitud de amparo; y iii) el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 20195. 6.

Atendiendo a que esta Sección es competente para conocer de la presente tutela, debido a que la misma está dirigida contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que la solicitud presentada por la actora cumple con los requisitos previstos en la normativa citada supra, este Despacho procederá a admitir la tutela, notificar al demandado, vincular a los terceros con interés legítimo6 y tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela.

Sobre la solicitud de medidas provisionales 2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 A Jorge Daniel Gómez Cárdenas, por ser quien interpuso la queja dentro del proceso disciplinario de la referencia contra la actora; y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, por ser la autoridad que conoció en primera instancia dicho proceso. 2 Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana 7.

Visto el artículo 7.° del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 19917 que respecto a las medidas provisionales para proteger un derecho establece “[…] desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público […]”. 8. Para efectos de resolver la medida provisional solicitada por la actora, el Despacho abordará el estudio en el siguiente orden: i) marco normativo y jurisprudencial de las medidas provisionales en el trámite de las acciones de tutela; ii) la solicitud de medida provisional presentada por la actora; iii) el caso concreto y el análisis de la solicitud y iv) las conclusiones.

Marco normativo y jurisprudencial de las medidas provisionales en el trámite de las acciones de tutela 9. Las medidas provisionales son instrumentos creados por el Legislador que buscan amparar un derecho en litigio de forma previa, garantizando que la duración del proceso no influya en la efectividad de la decisión final y que se establezca un marco de protección previo sobre el derecho e interés objeto del proceso. 10.

Visto el inciso 4 del artículo 7.º del Decreto número 2591 de 19 de noviembre de 1991, el juez podrá dictar cualquier medida de conservación encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados. 11. En relación con el alcance de las competencias del juez de tutela para decretar medidas provisionales, la Corte Constitucional ha considerado que estas resultan procedentes: i) cuando son necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación del mismo, o ii) cuando habiéndose 7 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”. 2 Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana constatado la existencia de una violación, su suspensión sea necesaria para precaver que la violación se torne más gravosa8. 12.

En ese sentido, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto de 15 de diciembre de 2005, en relación con el alcance de las competencias del juez de tutela para decretar medidas provisionales orientadas a la suspensión de actos que amenacen o vulneren derechos fundamentales, consideró lo siguiente: “[…] 4. Que en virtud del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela puede tomar aquellas medidas provisionales necesarias para proteger un derecho fundamental, entre ellas la de suspender “la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”, cuando el funcionario judicial “expresamente lo considere necesario y urgente”.

Según ha explicado esta Corporación, mediante las medidas provisionales se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación, o que habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa. Al respecto se pueden consultar, entre otros, los Autos A- 040a de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y A-049 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) […]”. 13.

De conformidad con lo anterior, los presupuestos de necesidad y urgencia deben formularse de manera clara y precisa en la demanda, demostrando el alto grado de afectación del derecho fundamental o la inminencia de la ocurrencia del agravio. La solicitud de medida provisional presentada por la actora 14. La actora solicitó, en el escrito de tutela, como medida provisional, “[ ] la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 25 DE FEBRERO DE 2020, POR LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISICPLINA JUDICIAL DEL META, DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO No. 50 001 11 02 000 2016 00839 [ ]”.

El caso concreto y el análisis de la solicitud 15. Corresponde al Despacho establecer si la medida provisional solicitada por la actora es necesaria y urgente para evitar que la amenaza contra el derecho 8 Al respecto, ver entre otros, los Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).

SU-1219 de 2001. 2 Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana fundamental al debido proceso se convierta en una violación o que la violación se torne más gravosa. 16. En ese orden, se procede al análisis de los dos elementos antes mencionados: 16.1. El Despacho considera que, en este caso, la actora realiza la manifestación que se indicó en el numeral 14 supra sin que se encuentre acreditada en el escrito de tutela y que le permita al Despacho establecer la forma como se puede consumar un perjuicio irremediable que configure los presupuestos de necesidad y urgencia en relación con el derecho fundamental invocado, esto es, no se evidencia que la vulneración aducida representara un peligro inminente para su derecho fundamental, en consideración al término con que cuenta la Sala para proferir la sentencia de primera instancia. 16.2.

Este Despacho advierte que en este momento procesal no se acreditan los supuestos que permitan evidenciar la configuración de un perjuicio que necesite la intervención del juez de tutela de manera inmediata, en la medida que no resulta palmaria la vulneración alegada ni se puede colegir del material probatorio la posible ocurrencia de un perjuicio ni que este pueda calificarse como irremediable. 16.3.

En este sentido, se evidencia que la actora no aporta argumentos específicos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos de necesidad y urgencia, establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el procedimiento preferente y sumario que caracteriza este tipo de acciones permite al Despacho concluir que el plazo entre la admisión de la solicitud de tutela y la sentencia que decida de fondo la solicitud de amparo, no constituye una carga desproporcionada para el derecho invocado, que amerite una orden de protección provisional en este caso en concreto.

Sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 2 Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana 17. Vistos: i) la Ley 2213 de 13 de junio de 20229; ii) el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 202010, expedido por la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, en especial, sus artículos 21, 26 y 28, sobre uso de las tecnologías, atención al usuario por medios electrónicos y uso de medios tecnológicos en las actuaciones judiciales; y iii) los avisos de 29 de abril de 202011 y 1 de julio de 202012 expedidos por la Presidenta de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 18.

Y, de conformidad con las disposiciones citadas supra, este Despacho considera que: i) en las actuaciones judiciales en este tipo de asuntos se seguirá privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que garanticen el principio de publicidad y los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso; y ii) los informes, los documentos, los memoriales y las demás comunicaciones que se dirijan al Despacho sustanciador con destino al expediente del proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, deberán ser enviados al siguiente buzón electrónico “[…] secgeneral@consejodeestado.gov.co […]”.

Conclusión 19. El Despacho, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, procederá a admitir la tutela presentada por la actora y negar la medida provisional solicitada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, III.

RESUELVE

9 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA VIGENCIA PERMANENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 10 “Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”. 11 Sobre la utilización de medios tecnológicos en todas las actuaciones judiciales. 12 Sobre las reglas para acceder a la prestación del servicio público de administración de justicia. 2 Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana PRIMERO: Admitir la solicitud de tutela presentada por Ana Elena Castro Cabana contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

SEGUNDO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quienes podrán rendir informe y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

TERCERO: Negar la medida provisional solicitada por la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: Vincular a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y a Jorge Daniel Gómez Cárdenas, en calidad de terceros con interés legítimo.

QUINTO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, a los magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y a Jorge Daniel Gómez Cárdenas, quienes podrán rendir informes y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

SEXTO: Tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo, con el valor probatorio que les corresponda según la ley.

SÉPTIMO: Ordenar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta que remita en calidad de préstamo, o utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, el expediente del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 500011102000201600839-01, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.

OCTAVO: Ordenar mantener el expediente de la presente acción constitucional en la Secretaría General de esta Corporación hasta que se alleguen los informes o se cumplan los términos mencionados en esta providencia.

NOVENO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, a la actora. 2 Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00 Actora: Ana Elena Castro Cabana DÉCIMO: Informar, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, que los informes, los documentos, los memoriales y las demás comunicaciones que se dirijan al Despacho sustanciador con destino al expediente del proceso de la referencia, mediante mensaje de datos, podrán ser enviados al siguiente buzón electrónico “[…] secgeneral@consejodeestado.gov.co […]”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado