1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06066-01 Solicitante: MARTA ELENA PEÑATES DÍAZ Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Referencia: ACCIÓN DE TUTELA TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Pretensiones netamente económicas. La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la solicitante contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
ANTECEDENTES 1. Solicitud de tutela El 5 de octubre de 2023, Marta Elena Peñates Díaz, a través de apoderado judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical, que alegó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la sentencia del 2 de agosto de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 que promovió contra la Nación–Ministerio de Educación Nacional–Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Sucre. 1 Identificado con número de radicado: 70001-33-33-002-2022-00489-00/01. 2 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 2 En virtud del amparo, se solicita dejar sin efectos la providencia reprochada y que se profiera una sentencia en reemplazo “atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)”. 2.
Hechos relevantes La señora Marta Elena Peñates Días se encuentra vinculada al departamento de Sucre en calidad de docente oficial, con posterioridad al 1 de enero de 1990. Adujo que, el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas sus cesantías del 2020 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG. El 16 de septiembre de 2021 solicitó al Departamento de Sucre el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que estable la Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, conforme la Ley 52 de 1975.
Dicha solicitud fue remitida a la Fiduciaria La Previsora SA, sin embrago, la Entidad guardó silencio respecto de la solicitud. La accionante presentó demanda contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Sucre para que se declarara la nulidad del acto ficto y se ordenara el reconocimiento de las pretensiones.
El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, que en sentencia del 13 de diciembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Inconforme con la decisión, la Nación-Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fomag, La Fiduprevisora SA y el Departamento de Sucre formularon recurso de apelación contra esa providencia. El 2 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia que revocó la anterior decisión y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al 3 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 3 considerar que el régimen aplicable a la solicitante es el previsto en la Ley 91 de 1989 y no el de la Ley 50 de 1990. 3.
Fundamentos de la solicitud La solicitante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados, al incurrir en: (i) Desconocimiento del precedente, pues a su juicio, la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-098 de 2018 y el Consejo de Estado en múltiples pronunciamientos, han advertido que en virtud del principio de favorabilidad a los docentes oficiales le son aplicables las disposiciones previstas en la Ley 50 de 1990, por ello, son acreedores de la sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. También indicó que ese criterio ha sido adoptado por los jueces administrativos en varias decisiones.
(ii) Defecto sustantivo, en la medida que la autoridad judicial interpretó de manera equivocada el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues considera que a pesar de que le es aplicable un régimen especial, este presenta un vacío normativo, por tanto, es posible acudir al régimen general y aplicar a su caso la referida ley, en virtud del principio de igualdad.
Esgrimió que, si bien la Corte señaló que, aunque los jueces han adoptado una postura razonable y justificada al negar el derecho a la sanción moratoria, se desconoce la interpretación más favorable respecto de los docentes oficiales, en la medida que las disposiciones de la Ley 50 de 1990 se extienden a todos los empleados públicos. 4.
Trámite procesal El 17 de octubre de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación–Ministerio de Educación 4 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 4 Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Sucre en calidad de terceros con interés. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación, la Nación-Ministerio de Educación Nacional, al oponerse al amparo, adujo que la solicitud es improcedente, ya que no se vulneraron los derechos alegados, pues se pretende usar la tutela como una instancia adicional del proceso ordinario. Considera que la Sentencia SU 098 de 2018 es inaplicable al caso en concreto, en tanto las circunstancias que sirvieron como fundamento fáctico para esa providencia, no son similares a los de la solicitante.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sincelejo aportó copia digital del expediente ordinario. El Tribunal Administrativo de Sucre, la Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Sucre guardaron silencio respecto de la solicitud, a pesar de haber sido debidamente notificados. CONSIDERACIONES 5.
Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 6. Análisis de la Sala El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 CN y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ.
La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación. 5 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 5 La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2.
De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez; trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución. Relevancia constitucional La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada;
(ii) Que 2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. 3 Ibidem. 4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). 6 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 6 la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y;
(iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico. En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que: «(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto La providencia reprochada negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho al considerar que los docentes afiliados al FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación de las cesantías previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 039 de 1998, bajo el concepto de unidad de caja, por ello, no es procedente la consignación a cada docente en una cuenta individual pues los recursos destinados para el pago son girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año. La liquidación individual de las cesantías de cada docente la realizan las secretarías de educación territorial según los términos establecidos por el FOMAG que, para el auxilio de cesantías del año 2020, fue el 5 de febrero de 2021 conforme el Comunicado No. 008 del 11 de diciembre de 2020. 7 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 7 Como las cesantías de la solicitante se han reportado en el FOMAG desde su afiliación, no le es aplicable la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente que se encuentra previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Consideró que para el caso bajo estudio no le es aplicable las reglas fijadas en la sentencia SU-098 de 2018 y en los fallos del Consejo de Estado porque se profirieron en asuntos con supuestos fácticos distintos de las circunstancias en las que se enmarcó la situación jurídica de la demandante, por ello, no constituyen precedente judicial para el caso concreto.
Además, la Corte Constitucional, en sentencia SU-573 de 2019 señaló que la discusión sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 se refiere a aspectos meramente económicos que no involucran la protección de derechos fundamentales y señaló la diferencia entre el FOMAG y la administración de recursos en los fondos privados, pues el primero se rige por unidad de caja y no se realizan consignaciones a cuentas individuales, como ocurre en los fondos privados.
La Sala advierte que los argumentos presentados por la solicitante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.
Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional. 8 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 8 Además de lo expuesto, la solicitud pide que se deje sin efectos una providencia judicial que negó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de cesantías en favor de la demandante.
Esta pretensión, netamente económica y de naturaleza legal, escapa la órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de pretensiones “deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”5.
Adicional a lo anterior, la Sección Segunda del Consejo mediante sentencia SU CE- SUJ2-012-18 del 11 de octubre de 2023 se pronunció sobre la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales del FOMAG y estableció la siguiente regla jurisprudencial: “Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.” En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Marbel Luz Guevara Solís contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021. 9 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-06066-00 Solicitante: Marta Elena Peñates Díaz Acción de tutela – Primera instancia 9 TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE WILLIAM BARRERA MUÑOZ