11001031500020240156700 — Consejo de Estado

1 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Expediente: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Accionantes: Imelda Ruiz Martínez Accionados: La Nación – Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación del Valle del Cauca, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El Despacho procede a efectuar de oficio el estudio de acumulación del presente asunto con el proceso que tiene como radicado el número 11001 03 15 000 2023 07387 00. I. El asunto Los procesos objeto del análisis de procedencia de acumulación son los siguientes: 1.1. Expediente radicado 11001 03 15 000 2023 07387 00, demandante: Henry Ocampo Flórez.

Mediante correo electrónico remitido el 6 de diciembre de 2023 a la Secretaría General de la Corporación, el señor Henry Ocampo Flórez, interpuso acción de tutela en contra de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Valle del Cauca, invocando la protección de sus derechos a la dignidad humana, a las “Garantías y efectividades de los deberes y principios consagrados en la Constitución”1, “la constitución es norma de normas, la Primacía de los derechos inalienables”2, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al derecho de petición, al trabajo, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al derecho de petición, al mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la seguridad social y a la “responsabilidad del estado”3, los cuales considera vulnerados con ocasión de la falta de respuesta al derecho de 1 Visible a folio 1 del escrito de tutela, que se encuentra en el índice 2 ibídem. 2 Ibídem. 3 Ibídem. 2 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 petición que presentó ante dichas entidades los días 11 de julio y 26 de septiembre de 2023. 1.1.1.

Afirmó que, mediante Ordenanza nro. 097 de 5 de noviembre de 1999, se le concedió la facultad al Gobernador del Valle del Cauca para efectuar una reforma administrativa en la que incluía la suspensión de cargos. Indicó que, como consecuencia de ello fue despedido a pesar de que ejercía un cargo de carrera administrativa con un tiempo de antigüedad de veintiún (21) años, en el que realizaba labores como técnico en saneamiento en la Secretaría de Salud del mencionado Departamento.

Adujo que cuando se le notificó el acto de desvinculación le advirtieron que podía esperar el término de seis (6) meses para que le asignaran un nuevo cargo, plazo en el que no recibiría ningún salario. O, por otro lado, el pago de la indemnización que establecía la ley. Mencionó que optó por la segunda opción. Resaltó que, interpuso un derecho de petición ante el Ministerio de Trabajo, el 26 de septiembre de 2023, solicitando el documento que autorizó la reforma administrativa en la Gobernación del Valle del Cauca en el año 2000, además, del seguimiento que hicieron antes y después a dicho procedimiento.

Al respecto, aseguró que le dieron contestación a los diez (10) días siguientes a su presentación, en la que se informaba que su solicitud había sido remitida a otra oficina de dicha entidad. Asimismo, expresó que no recibió por parte de la mencionada cartera ministerial ninguna respuesta. 1.1.2. Señaló que en el año 2005 el abogado Tomás Fajardo citó a los damnificados con la expedición de los Decretos 1867 y 1873 de 1999, para que presentaran una acción de nulidad simple en contra de esos actos.

Expuso que en el año 2014, el Consejo de Estado profirió sentencia favorable, aduciendo que “la reforma quedo mal elaborada, sin estudio previo entre otros el estudio individual de las hojas de vida de cada uno”4. 1.1.3. Por otro lado, indicó que el 11 de julio de 2023, solicitó mediante derecho de petición “a la Gobernación se nulitara el decreto 1873, aun cuando ya tendría que 4 Visible a folio 10 de la demanda, ibídem. 3 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 estar fuera de la vida jurídica por las razones expuestas, por ese tiempo, tampoco aparece la Procuraduría emitiendo concepto alguno”5. 1.1.4.

Anotó que, con la finalidad de resarcir sus derechos interpuso una acción de grupo con cobro indemnizatorio que no prosperó por haber sido radicada fuera del tiempo. Asimismo, informó que el Consejo de Estado resolvió la apelación interpuesta en contra de la decisión que rechazó el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, aduciendo que desde que se declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999, contaba con un término de cuatro (4) meses para instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo que ocasionó la vulneración de sus derechos. 1.1.5. Adicionó que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró su derecho al debido proceso, en razón a que transcurrieron quinientos veinticinco (525) días, para proferir el auto que rechazó la demanda grupal instaurada por el demandante, que se encuentra identificada con número de radicado 76001 23 33 009 2016 01240 00. 1.1.6.

De igual forma, advirtió que el 10 de julio de 2023, allegó derecho de petición ante el Magistrado del citado Tribunal, Oscar Silvio Narváez Daza, con copia al Consejo Superior de la Judicatura, para que le aclarara por qué en el mencionado expediente solo se identificaba como demandante al señor Wilson Rodolfo Abadía Lerma. Al respecto, esta última entidad le respondió que “por quienes preguntamos, no aparecía en la demanda”6.

Sin embargo, advirtió que dicha solicitud no fue contestada de fondo. Por último, informó que anexaba los derechos de petición que fueron presentados ante el Magistrado Oscar Silvio Daza Narváez, el 10 de julio de 2023 y el del 15 de junio del mismo año, ante el abogado Tomas Fajardo. 1.2. Expediente radicado número: 11001 03 15 000 2024 01567 00, actora: Imelda Ruiz Martínez7. 5 Visible a folio 14 de la demanda, ibídem. 6 Visible a folio 20 de la demanda, ibídem. 7 Visible en el índice número 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 4 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.2.1.

La actora indicó que actuaba en calidad de cónyuge del señor Gil Ismael Quitian Rojas. 1.2.2. Afirmó que con la expedición del Decreto 1867 de diciembre de 1999, se dio inicio a una reforma administrativa en la Gobernación del Valle del Cauca, lo que ocasionó que fuera despedida. 1.2.3. Señaló que, el 26 de septiembre de 2023, radicó un derecho de petición ante el Ministerio del Trabajo, solicitando el documento por el cual autorizaron la reforma administrativa en la Gobernación del Valle del Cauca del año 2000, en donde quedaron sin empleo más de dos mil ochocientas (2800) personas, al igual, que el seguimiento efectuado antes y después de dicho trámite.

Adujo que, a la fecha no ha recibido una respuesta de fondo. 1.2.4. Adujo que, en el año 2005 el abogado Tomás Fajardo citó a los damnificados con la expedición de los Decretos 1867 de 22 de diciembre de 1999 y el 1873 de 1999, para que interpusieran una acción de nulidad simple en contra de los mismos. Aseguró que el 22 de mayo de 2014, el Consejo de Estado profirió sentencia favorable, aduciendo que “la reforma quedo mal elaborada, sin estudio previo entre otros el estudio individual de las hojas de vida de cada uno”8. 1.2.5.

De otro lado, expuso que impetró una acción de grupo para que se le repararan sus derechos, la cual fue identificada con el número de radicado 76001 23 33 0009 2016 01240 00. Sin embargo, adujo que transcurrieron aproximadamente quinientos veinticinco (525) días, para que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca efectuara alguna clase de pronunciamiento y fue hasta el 21 de marzo de 2018, que resolvió rechazar la demanda.

Lo que ocasionó la vulneración de su derecho al debido proceso. 1.2.6. Asimismo, advirtió que, contra dicha providencia, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado el 31 de enero de 2019, por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, confirmando lo resuelto por el Tribunal.

Resalto que, la alta corte falla con una postura fuera de lo 8 Visible a folio 6 de la demanda, ibídem. 5 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 común, empeorando su situación y prolongando la vulneración de sus derechos fundamentales. 1.2.7.

A su vez, mencionó que los días 5 de junio y 10 de julio de 2023, radicó derechos de petición ante el abogado Tomás Fajardo y el Magistrado Óscar Silvio Daza Narváez, respectivamente, en los que solicitó que se le comunicara sobre el trámite del proceso que tiene como radicado 76001 23 33 009 2016 01240 00. Los cuales no fueron resueltos de fondo. 1.2.8.

Por último, enunció que presentó ante la Gobernación del Valle del Cauca, el 11 de julio de 2023, un derecho de petición en el que requería que se le informara el motivo por el cual el Decreto 1873 de 1999, seguía estando vigente, a pesar de que había sido declarada su nulidad. 1.3. En un acápite del libelo introductorio, fueron pedidas como pruebas las siguientes: “PRUEBAS Las pruebas que envío son todas documentales, derechos de petición a la Gobernación del Valle, el Magistrado del tribunal Oscar Silvio Daza Narváez y el Abogado Tomas Fajardo, para que nos aclaren una serie de hechos que motivaron mi duda en cuanto al manejo de nuestra solicitud de demanda, además las respuestas que a propósito entregaron los citados pero que no fueron de fondo.”9 1.4.

Mediante auto de 8 de abril de 202410, el Despacho resolvió admitir la acción de tutela de la referencia y requerir a la actora para que allegara en el término de tres (3) días: i) la información de notificación del abogado Tomas A. Fajardo Hernández, ii) los documentos que acreditaran su calidad de cónyuge y el fallecimiento del señor Gil Ismael Quitian Rojas y iii) la copia del derecho de petición radicado ante el Ministerio del Trabajo. 1.5.

A través de memorial del 12 de abril de la presente anualidad11, la accionante dio cumplimiento a lo solicitado por este Despacho, aportando la dirección de notificación del citado profesional del derecho y allegando las copias del Registro 9 Folio 22 ibídem. 10 Visible a índice 4 del Sistema de Gestión Judicial. 11 Visible a índice 12 ibídem. 6 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Civil de Matrimonio y de Defunción del señor Gil Ismael Quitian Rojas y del derecho de petición que fue radicado ante el Ministerio de Trabajo el 26 de septiembre de 2023, por el señor Jair Valencia Gaspar.

Frente a lo anterior, se CONSIDERA que: II. Acumulación Sea lo primero advertir que el Decreto 1834 de 2015, en el artículo 1, fijó la siguiente regla para el reparto de tutelas masivas: “Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al Despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.

A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia. Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el Despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación”.

Como puede apreciarse, a través de la norma transcrita se pretende que las acciones de tutela que tengan similitud de objeto y de extremo procesal pasivo12, sean resueltas por el juez que, en primer lugar, de acuerdo con las reglas de competencia, hubiere avocado el conocimiento de la primera de ellas; esto con el fin de evitar que frente una misma o similar situación de hecho, se produzcan decisiones disímiles en detrimento de la seguridad jurídica y la igualdad. 2.1.

Pues bien, advertido lo anterior, observa el Despacho que la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 07387 00, promovida por el señor Henry Ocampo Flórez, y 11001 03 15 000 2024 01567 00, en la que funge como demandante la señora Imelda Ruiz Martínez en calidad de cónyuge del fallecido 12 Sobre el análisis de los elementos que deben configurarse para predicar la aplicabilidad del artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1834 de 2015, ver: Corte Constitucional, Auto 172 de 2016, C.P. Alberto Rojas Ríos. 7 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 señor Gil Ismael Quitian Rojas, guardan identidad frente a la parte pasiva de la acción impetrada, como quiera que, en ambos procesos, fueron accionados el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Valle del Cauca. 2.2.

Igualmente, se observa que los mencionados procesos coinciden en su objeto pues en ambos lo que pretenden los accionantes es que se amparen sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a las “Garantías y efectividades de los deberes y principios consagrados en la Constitución”, “la constitución es norma de normas, la Primacía de los derechos inalienables”, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al derecho de petición, al trabajo, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al derecho de petición, al mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la seguridad social y a la “responsabilidad del estado”, los cuales fueron vulnerados a causa de la falta de respuesta a los derechos de petición que afirman las partes, que fueron incoados ante el Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Oscar Silvio Daza Narváez, la Gobernación del Valle del Cauca y el Ministerio de Trabajo, los días 10 y 11 de julio y 26 de septiembre de 2023, respectivamente.

Por otro lado, advierte el Despacho que, si bien las peticiones que fueron radicadas ante el abogado Tomás A. Fajardo Hernández, no tienen similitud en su fecha, pues la que allega como prueba el señor Henry Ocampo Flórez, es del 15 de junio de 2023 y la de la señora Imelda Ruiz Martínez, es del 5 del mismo mes y año. Lo cierto es que la finalidad en ambos escritos es similar, ya que en éstos se solicita de manera idéntica que se les informe a los aquí demandantes “el resultado final del cobro indemnizatorio que usted inicio como resultado de la nulidad del decreto1867 de diciembre de 1999 y que causó la reforma administrativa del año 2000”.

Se agrega a lo dicho que en las tutelas objeto de estudio se reprocha que esa solicitud no fue respondida de fondo por el citado profesional del derecho. Además, los accionantes en los procesos en cuestión sostienen que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Tercera del Consejo de Estado, vulneraron su derecho al debido proceso.

Respecto del primero, la afectación se generó al demorarse quinientos veinticinco (525) días para emitir el auto que rechazó la acción de grupo promovida dentro del proceso identificado con número de radicado 76001 23 33 009 2016 01240 00 y frente a la segunda autoridad, se 8 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 desprende de la forma en la que resolvió el recurso de apelación, interpuesto en el trámite del mencionado proceso, pues en sus criterios, se resolvió “algo fuera de lo común, ya que la magistrada dice que después de la nulidad del decreto 1867, teníamos cuatro meses para solicitar la nulidad y restablecimiento de los derechos, mis derechos fundamentales continuaron violados, empeorando mi situación”13.

En consecuencia, se observa que existe similitud de objeto en ambos trámites, circunstancia que puede acreditarse de la lectura de las peticiones de las respectivas demandas. En efecto, en la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 07387 00, fue pedido lo que a continuación se transcribe: “PETICIONES Solicito del señor juez, se proteja mis derechos fundamentales de: Dignidad humana, Art,1 Garantía y efectividad de los deberes y principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, Art, 2 La constitución es norma de normas, Art, 4 Primacía de los derechos inalienables, Art, 5, leyes y sentencias concordantes.

Derecho fundamental a la igualdad Art, 13 C.N Seguridad jurídica (…) Derecho de petición, Art 23, leyes y sentencias concordantes. por cuanto el derecho de petición al Ministerio del Trabajo y seguridad social, nunca nos ha respondido, (envió copia de petición) (…) Derecho al trabajo, Art,25, leyes y sentencias concordantes Derecho al debido proceso, Art, 29, en conexidad con el Art, 229, leyes y sentencias concordantes.

Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley, Art, 31 Derecho al mínimo vital y móvil, Art.53 en conexidad con el derecho a la seguridad social, Art, 48, Seguridad jurídica, Art, 83, C.N Responsabilidad del Estado, Art, 90 C.N. Consagrados en los artículos enumerados anteriormente en la Constitución Política de Colombia y en las leyes e innumerables sentencias promulgadas por las altas cortes.

Por todas las razones anteriores, solicito del señor juez se tengan en cuenta para el resarcimiento de mis derechos y que, de acuerdo a la constitución y la ley, sea indemnizatoria a lo que corresponda por el tiempo que han sido violados mis derechos fundamentales, durante 23 años.”14 13 Visible a folio 14 de la demanda, ibídem. 14 Visible a índice 2 ibídem. 9 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Mientras que, en la solicitud de amparo de la referencia las siguientes fueron las pretensiones: “PETICIONES Solicito del señor juez, se proteja mis derechos fundamentales de: Dignidad humana, Art,1 Garantía y efectividad de los deberes y principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, Art, 2 La constitución es norma de normas, Art, 4 Primacía de los derechos inalienables, Art, 5, leyes y sentencias concordantes Derecho fundamental a la igualdad Art, 13 C.N Seguridad jurídica (…) Derecho de petición, Art 23, leyes y sentencias concordantes.

Por cuanto el derecho de petición al Ministerio del Trabajo y seguridad social, nunca fue respondido, (envió copia de petición) (…) Derecho al trabajo, Art, 25, leyes y sentencias concordantes Derecho al debido proceso, Art, 29, en conexidad con el Art, 229, leyes y sentencias concordantes Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley, Art, 31 Derecho al mínimo vital y móvil, Art.53 en conexidad con el derecho a la seguridad social, Art, 48, C.N Seguridad Jurídica Art, 83 C.N Responsabilidad del Estado, Art, 90 C.N Consagrados en los artículos enumerados anteriormente en la Constitución Política de Colombia y en las leyes e innumerables sentencias promulgadas por las altas cortes.

Pese a haber un fallo de nulidad sobre el decreto 1867 que causo mi despido injusto.”15 15 Visible a índice 2 ibídem. 10 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01567 00 Demandante: Imelda Ruiz Martínez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 En consecuencia, cumplidos los requisitos previstos en el artículo 1 del Decreto 1834 de 2015, el Despacho ordenará la acumulación del asunto de la referencia al proceso con el expediente radicado número 11001 03 15 000 2023 07387 00, por las razones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto el Despacho, RESUELVE:

PRIMERO: Acumular el proceso de la referencia al identificado con número de radicado 11001 03 15 000 2023 07387 00.

SEGUNDO: Notificar por el medio más expedito y eficaz esta decisión a la accionante y a las partes en el proceso con radicado 11001 03 15 000 2023 07387 00. Notifíquese y cúmplase, OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado El presente auto fue firmado electrónicamente por el Consejero en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.