Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Bogotá D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 Demandado: Orlando Montilla Hernández Tema: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 Sentencia de única instancia __________________________________________________________________ Asunto La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia proferida el 17 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Orlando Montilla Hernández contra la Ugpp. 1.
Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones 1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 17 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33- 42-047-2016-00449-01, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado 47 1 En lo que sigue Ugpp. 2 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp Administrativo de Bogotá el 10 de agosto de 2017, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Orlando Montilla Hernández contra la Ugpp. 2.
Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria de que Omar Montilla Hernández, no le asistió el derecho a que la pensión que le fue reconocida fuera liquidada con el ingreso base de liquidación del promedio de lo devengado en el último año de servicio; iii) la orden a la Ugpp para que reconociera y pagara al demandado una pensión de vejez de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y iv) la orden al demandado de restituirle a la Ugpp los dineros recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada pensional de forma indexada. 1.1.2.
Fundamentos fácticos 3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes: 3.1. Orlando Montilla Hernández nació el 28 de febrero de 1946 y prestó sus servicios a la Contraloría de la República desde el 8 de mayo de 1967 hasta el 1 de enero de 1968 y al servicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el 15 de mayo de 1972 hasta el 31 de marzo de 1992.
El último cargo que desempeñó fue profesional especializado en Villavicencio, Meta. 3.2. Mediante la Resolución 0570 del 23 de enero de 2009 Cajanal le reconoció una pensión de vejez de conformidad con la Ley 33 de 1985 liquidada con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio en cuantía de $938.949.26 a partir del 28 de febrero de 2001 pero con efectos fiscales a partir del 30 de agosto de 2004. 3.3.
Con la Resolución RDP 06340 del 15 de febrero de 2016 la Ugpp negó una solicitud de reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados el último año de servicio. Esta decisión fue confirmada con las resoluciones 011005 de 10 de marzo y RDP 13534 de 29 de marzo de 2016. 3.4. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, Orlando Montilla Hernández presentó demanda contra la Ugpp con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de su pensión. Este asunto correspondió al Juzgado 47 Administrativo 2 En lo sucesivo CPACA. 3 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp de Bogotá, el que por medio de la sentencia del 10 de agosto de 20173 accedió a las pretensiones, para lo cual resolvió: « Primero. Declárese probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada: en consecuencia, se declaran prescritas las mesadas anteriores al 17 de noviembre de 2012.
Según se indicó en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones números RDP 006340 del 15 de febrero de 2016, RDP 011005 del 10 de marzo de 2016 y la número RDP 013534 del 29 de marzo de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -Ugpp, a lo siguiente: a.) Reliquidar la pensión de jubilación del señor Orlando Montilla Hernández Identificado con CC No. 17.141.956, con el 75% de todo lo devengado durante el año inmediatamente anterior al retiro del servicio, esto es, del 01 de abril de 1991 al 30 de marzo de 1992, teniendo en cuenta los factores salariales percibidos en ese periodo, como son: Sueldo, prima de antigüedad y las doceavas partes de lo bonificación por servicios prestados, prima semestral, prima de navidad y prima de vacaciones, a partir del 28 de febrero de 2001, fecha de su estatus pensional. b.) Indexar la diferencia de los valores de la primera mesada pensional del señor Orlando Montilla Hernández Identificado con cédula de ciudadanía número 17.141.956, que se dieron entre la liquidación efectuada en virtud de la resolución número 00570 del 23 de enero de 2008, y las sumas que resulten de la reliquidación pensional que aquí se ordenan, actualizando el ingreso base de liquidación pensional.
Desde la fecha del retiro del servicio (01 de abril de 1992) a la fecha en que adquirió el estatus jurídico de pensionado (28 de febrero de 2001), en los términos del artículo 187 del CPACA. c.) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -Ugpp pagará al demandante la diferencia entre la nueva liquidación y las sumas pagadas por pensión de jubilación, a partir del día 17 de noviembre de 2012, por prescripción trienal, diferencia ajustada en los términos del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: (…) Tercero. Al practicar la reliquidación de la pensión la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -Ugpp deberá hacer el descuento del porcentaje correspondiente sobre los factores salariales que se ordena reconocer mediante esta providencia, solamente en caso de no haberse realizado desde el 1 de abril de 1987 al 30 de marzo de 1992, día anterior al retiro del servicio, valores que deberán ser debidamente indexados, lo anterior aplicando la prescripción de 5 años dispuesta en el estatuto tributario por ser contribuciones de aportes parafiscales como se indicó en la parte considerativa.
( )” » (sic) 3.5. Inconforme con lo decidido, la entidad demandada interpuso recurso de 3 Índice 25 de Samai, archivo denominado CD # 3, archivo de video CP_0810104316954.wmv 4 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 17 de mayo de 2018, que confirmó la providencia recurrida, así: « PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en audiencia inicial celebrada el 10 de agosto de 2017 por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.- Sección Segunda, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Orlando Montilla Hernández en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo antes expuesto.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por lo antes expuesto. ( )”.» 3.6. Mediante la Resolución RDP 39336 del 28 de septiembre de 2018 la Ugpp dio cumplimiento al fallo y reliquidó la pensión de Orlando Montilla Hernández en la suma de $986.753.44 efectiva a partir del 28 de febrero de 2001, pero con efectos fiscales a partir del 17 de noviembre de 2012. 1.1.3.
La sentencia objeto de revisión 4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 17 de mayo de 2018 confirmó la sentencia dictada por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, que accedió a las súplicas de la demanda. 5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos4: 5.1. En la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, se señaló que el ingreso base de liquidación corresponde al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de prestación del servicio. 5.2.
La entidad demandada liquidó la pensión de Orlando Montilla Hernández conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual no resultó acertado en tanto que en el último año de servicio el pensionado también percibió como factores salariales la prima semestral, prima de navidad y prima de vacaciones por lo que resultó propicio declarar la nulidad de los actos demandados. 5.3.
La Sentencia SU-230 de 2015 proferida por la Corte Constitucional no resultó aplicable al caso en estudio por cuanto en esta se refirió a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en este caso el demandante cumplió 20 años de servicio antes del 1 de abril de 1994 por lo que quedó sometido a la Ley 4 Índice 30 de Samai, archivo denominado ExpedienteDigital2013-292, páginas 310 a 330. 5 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp 33 de 1985 en su integridad. 1.2.
La causal de revisión invocada 6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes argumentos6: 6.1. Las decisiones objeto de revisión fueron contrarias a la Ley 100 de 1993 y a la jurisprudencia en la medida que otorgaron un aumento a la mesada pensional del demandado sin fundamento constitucional o legal. 6.2.
El señor Orlando Montilla Hernández fue beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y adquirió el estatus el 28 de febrero de 2001 cuando cumplió los requisitos de tiempo de servicios y la edad pensional por lo que le fue aplicable la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, tiempo y monto pero para el ingreso base de liquidación debió aplicarse el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado. 6.3.
A pesar de que las sentencias objeto de revisión hicieron referencia a la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional no le dieron una correcta aplicación, pues ordenaron reconocer y pagar una pensión con el IBL del promedio de lo devengado en el último año de servicio, cuando lo procedente era tener en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 9 años y con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994. 1.3 Contestación a la acción especial de revisión 7.
Orlando Montilla Hernández, a pesar de que fue notificado personalmente del auto 5 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 6 Índice 2 de Samai, archivo denominado 2_110010325000202100628003 DemandaWeb2021926162558 (1) 6 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp admisorio7 proferido en el presente proceso no se pronunció. 1.4 El Ministerio Público 8.
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó «declarar FUNDADO el recurso extraordinario de revisión» por cuanto consideró que a pesar de que la providencia censurada dio aplicación a la sentencia del 4 de agosto de 2010, desconoció las sentencias de la Corte Constitucional a través de las cuales se reiteró que el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 por lo que señaló que le asistió razón al recurrente al haber solicitado la revocatoria del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó la decisión del Juzgado 47 Administrativo de Bogotá que accedió a las pretensiones de Orlando Montilla Hernández. 2.
Consideraciones 2.1. Competencia 9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, que estableció: «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia». 10.
Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión. 2.2. Oportunidad 11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». 7 Índice 10 de Samai 8 En lo que sigue CPACA. 9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 7 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp 12.
En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 15 de junio de 201810 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 27 de octubre de 202011 fue oportuna. 2.3 El problema jurídico 13. Se circunscribe a establecer ¿si la cuantía del derecho reconocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? 2.4 Marco normativo 2.4.1.
Sobre la acción especial de revisión 14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias. 15.
En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. 16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12. 10 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235 página 155. 11 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997002 Demanda Web 2020 102716228. 12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 8 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp 17.
Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han definido los siguientes13: «i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones. iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde. v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley». 18.
Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»14. 13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez. 14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 9 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp 19.
Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»15. 2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 20.
La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año de servicio. 21.
En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio».
Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes». 22. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes términos «Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno. (…) 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras. 10 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp PARÁGRAFO 2º.
Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» (se resalta). 23. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión. 24.
En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley 6a de 194516, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»17; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»18. 25.
Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 202019, esta corporación20 señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de 1968 y si era de orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la edad de jubilación. Así se indicó: «Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194521 se aplicó para efectos de las prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los servidores públicos del nivel territorial (…).
(…) El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales 18 Artículo 27. 19 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017). 20 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. 21 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo». 11 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de edad.
Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta). 26.
Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968 previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al momento de liquidar las pensiones.
Así se señaló entre otras, en las sentencias del 19 de noviembre de 200922 y del 16 de diciembre de 200923, en las que se indicó lo siguiente: «(…) El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación (…) Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden tomar para poder establecer la base de liquidación (…).
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión, como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya). 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754-06). 12 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp 27.
El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»24. 2.4.3.
Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado 28. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201825 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». 29.
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma». 30.
En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión».
Esto señaló la Sala: «87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25- 000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 25 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés. 13 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)». 31.
Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos: «(…) - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)». 32. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos: «99.
La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización 14 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional. 100.
De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)». 33.
De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». 34.
Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos. 35.
Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante y obligatorio26 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión. 2.5 Caso concreto En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión, la Sala advierte lo siguiente: 26 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales.
Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones (…)». 15 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp 36.
En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A profirió la decisión objeto de revisión, el criterio que acogía el Consejo de Estado en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era el expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201027, antes referida, según la cual, la expresión «monto», contenida en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé». 37.
Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado. 38.
Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala considera que la sentencia proferida el 17 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, no fue caprichosa y por el contrario respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso- administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción. 39.
Lo anterior es así, toda vez que fundamentó su decisión en la referida sentencia del 4 de agosto de 2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial, cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del Consejo de Estado para la época. 40.
En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que para 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09). 16 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp la época en que se expidió la sentencia recurrida (17 de mayo de 2018), la posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma. 41.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó la providencia que ordenó que la pensión de jubilación de Orlando Montilla Hernández se reliquidara con la inclusión de todos los factores salariales legalmente devengados. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo particular dispuso: «De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
(…) Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio.
Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando» (negrillas del original). 42. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificación expedida el 17 de agosto de 200728, según la cual Orlando Montilla Hernández devengó en su último año de servicio en la División de Recursos Físicos y Financieros de la Administración Local de Impuestos de Villavicencio los siguientes factores: salario básico, bonificación, primas de «semestre», antigüedad, navidad y vacaciones. 28 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235, páginas 52 a 53. 17 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp 43.
Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado, máximo órgano de lo contencioso-administrativo, luego de considerar la obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales.
Por lo tanto, no se advierte una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada. 44. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que: 44.1. Orlando Montilla Hernández nació el 28 de febrero de 194629 y laboró en la Contraloría General de la República desde el 8 de marzo de 1967 hasta el 1 de enero de 196830 y, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el 5 de mayo de 1972 hasta el 31 de marzo de 1992 en donde desempeñó el cargo de «PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 10 EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO». 44.2.
Devengó en el último año de servicio los siguientes factores31: salario básico, bonificación, primas de «semestre», antigüedad, navidad y vacaciones. 44.3. A través de la Resolución 0570 de 23 de enero de 200832, Cajanal le reconoció una pensión de jubilación. La cuantía de la prestación resultó en $938.949.26 a partir del 28 de febrero de 2001, pero con efectos fiscales a partir del 30 de agosto de 2004. 44.4.
En virtud de la Resolución RDP 06340 del 15 de febrero de 2016 la Ugpp negó la solicitud de reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio33. Esta decisión fue confirmada 29 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235, página 448. 30 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235, página 451. 31Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235, páginas 52 a 53. 32 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235, páginas 13 a 16. 33 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235, páginas 455 a 460 copia digital. 18 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp por las resoluciones 011005 de 10 de marzo34 y RDP 13534 de 29 de marzo de 201635. 44.5.
Con la Resolución RDP 39336 del 28 de septiembre de 201836 la Ugpp dio cumplimiento al fallo y reliquidó la pensión de Orlando Montilla Hernández en la suma de $986.793.44 efectiva a partir del 28 de febrero de 2001, con efectos fiscales a partir del 17 de noviembre de 2012 por prescripción trienal. 44.6. A través de las resoluciones 42747 del 29 de octubre37 y RDP 047521 del 18 de diciembre de 201838 se confirmó en todas sus partes la Resolución 39336 del 28 de septiembre de 2018. 45.
Examinado lo anterior, se tiene que la reliquidación de la prestación efectuada resultó con una diferencia de $47.844 a la reconocida inicialmente al demandado. 46. Adicionalmente, se encuentra acreditado que laboró al servicio de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por más de 20 años. 47.
Asimismo, se observa que el acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia ordenó descontar, de las mesadas atrasadas a que tenía derecho el demandado, la suma de $1.300.928 por concepto de «aportes para pensión de factores de salario no efectuados». 48. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la pensión de jubilación reconocida a Orlando Montilla Hernández, no evidenció un incremento desproporcionado o que no guarde relación con su trayectoria laboral.
Por lo que la Sala concluye que la situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un abuso del derecho o fraude a la ley. 49. En consecuencia, la liquidación de su pensión no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) era beneficiario del régimen de transición 34 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235 páginas 102 a 107. 35 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235 páginas 98 a 100. 36 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235 páginas 273 a 280. 37 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235 páginas 290 a 298. 38 Índice 2 de Samai, archivo denominado V110010325000202000997005 Demanda Web 2020 102716235 páginas 247 a 253. 19 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1 de abril de 199439 contaba con más de 40 años de edad y 15 años de labores; ii) completó más de 20 años de servicios; y iii) durante el último año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la pensión. 50.
Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «(n)o puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada». 51.
Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 17 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp. 2.6 Costas 52.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se advierte que el recurso se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal. 3. Conclusión Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la configuración de la causal invocada, esto es, la del literal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 39 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden nacional. 20 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00997-00 (3039-2020) Demandante: Ugpp F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 17 de mayo de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. ACCR