Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Impedimento Radicación: 20001-33-33-005-2021-00062-02 (6177-2024) Demandante: María Elena Ahumada Llinás Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Tema: Prima especial de servicios Procede la Sala de Subsección a resolver la manifestación de impedimento presentada por la magistrada Carmen Dalis Argote Solano integrante del Tribunal Administrativo del Cesar dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES La señora María Elena Ahumada Llinás, mediante apoderado, interpuso demanda encaminada a que se declare la nulidad del acto ficto o presunto producto de la falta de respuesta a la petición elevada por ella ante la demandada. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se le reconozca y pague la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial y, a causa de ello se reliquiden las diferencias salariales y prestacionales.
El expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Cesar, cuyos magistrados, se declararon impedidos para conocer de asunto de la referencia por tener interés en las resultas del proceso y dispusieron enviarlo al Consejo de Estado. Mediante auto del 29 de febrero de 2024, esta subsección declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados de dicho tribunal y ordenó devolver el proceso a ese colegiado para que se hiciera el respectivo sorteo de conjueces que habría de reemplazarlos.
A través de proveído del 9 de julio de 2024, el magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho remitió el proceso a la magistrada Carmen Dalis Argote Solano para que manifestara su impedimento, con fundamento en las siguientes consideraciones: «En el asunto bajo examen, informa la Secretaría de la Corporación que mediante providencia de fecha 29 de febrero de 2024, el H. Consejo de Estado aceptó el impedimento para conocer de este proceso a los Magistrados de la Corporación. Mediante proveído del 5 de octubre de 2023, me declaré impedido para conocer del presente asunto, puesto que me asiste interés indirecto en el resultado del proceso y por ello, en aplicación de lo previsto en los artículos 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso.
Ahora bien, atendiendo que recientemente fue creado el despacho de magistrado 06 en esta Corporación, el cual no ha manifestado respecto a este asunto su impedimento, es menester remitirle el proceso, para que lo haga, y posteriormente disponga su remisión del expediente al Honorable Consejo de Estado para lo de su cargo. Por consiguiente, por Secretaría remitir el expediente al Despacho de la Doctora CARMEN DALIS ARGOTE SOLANO para los efectos indicados en el numeral 3º del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.» MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO La magistrada Carmen Dalis Argote Solano se declaró impedida para conocer del asunto1, teniendo en cuenta que: «[…] en consideración a mi calidad de Magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar, tendría un interés en el planteamiento y resultado de la acción, toda vez que el tema objeto de discusión en este proceso, versa sobre aspectos de carácter salarial y prestacional que hacen parte de la remuneración de los Magistrados de las Altas Cortes; discusión que además, guarda relación con otros emolumentos devengados por los magistrados como la bonificación por compensación, respecto de las cuales se predica igual carácter salarial.» 1Mediante escrito del 17 de octubre de 2024.
CONSIDERACIONES Señaló la magistrada Argote Solano que se encuentra incursa en la causal de recusación prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del C.G.P, que preceptúa lo siguiente: «1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.» (Negrilla fuera del texto original) Establecido lo anterior, es necesario precisar que el artículo antes mencionado enumera las causales de recusación que excusan al fallador para el conocimiento de un determinado asunto y con fundamento en las cuales debe declararse el impedimento.
Conviene aclarar que si bien la Sala ha venido aceptando las manifestaciones de impedimento realizadas por los Tribunales y a su vez, esta Subsección se ha declarado impedida para conocer de los procesos relacionados con el tema objeto de litigio, luego de varias discusiones en torno a la configuración de las causales de impedimento, en especial la contenida en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P, de cara a los argumentos objeto del mismo, se ha decidido rectificar el criterio, en el sentido de evidenciar en cada caso, la existencia de circunstancias actuales, ciertas y personales, de las cuales emane la existencia de un interés directo e indirecto; no siendo suficiente las manifestaciones generales para su configuración2.
Por ello, se toma en consideración lo expuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del 24 de mayo de 20233, en cuanto al análisis realizado de la causal 1.° del artículo 141 del C.G.P. al indicar: «La manifestación de impedimento de un operador judicial es un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la presencia de cualquiera de las causales de impedimento taxativamente contempladas por la ley.
Sin embargo, en atención a la taxatividad de las causales, no hay lugar a interpretaciones o analogías para hacerlas extensivas a situaciones que no están previstas legalmente. En esa medida, no cualquier eventualidad referida 2 La Sala Plena de la Sección Segunda, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024 ratificó esta postura. 3Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 24 de mayo de 2023, recurso extraordinario de revisión, proceso No. 11001-03-15-000-2020-00471-00, C. P. Milton Chaves García por el juzgador es suficiente para separarlo del conocimiento de determinado asunto. Entonces, no es suficiente con invocar la causal, sino que deben expresarse las razones por las cuales el operador judicial considera que se encuentra en el supuesto de hecho descrito […] La jurisprudencia de la Corporación ha reiterado que las causales de recusación o impedimento son taxativas, porque constituyen una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que tiene el juez y por ello, se encuentran delimitadas legalmente, sin que puedan ampliarse a criterio del operador judicial o de las partes.» Respecto del interés directo o indirecto al que se refiere la causal 1.° del artículo relacionado, se consideró: «La anterior disposición alude al interés directo o indirecto del juez en el resultado del proceso, esto es, la sentencia. Se trata del interés particular, personal, cierto y actual, que el juez tenga en relación con el caso objeto de juzgamiento.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la palabra “interés” se refiere a la “(…) expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no sólo de índole patrimonial sino también intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma determinada acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador, tornando imperiosa su separación del proceso”.
Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que para que se configure la causal el interés debe ser actual, esto es, que el beneficio se encuentre latente o sea concomitante al momento de proferir una decisión, razón por la que no puede fundarse en hechos pasados ni futuros. Acorde con lo anterior, para que se configure la causal se requiere de la concurrencia de dos elementos: el subjetivo, que consiste en que con la actuación se beneficie o perjudique el juez y/o uno de sus parientes en cierto grado determinado por la ley; y, el objetivo, relacionado con la situación fáctica concreta que origina este interés actual y particular en las resultas del proceso.» Ahora bien, en el asunto bajo estudio, la magistrada sustento su manifestación en que «[…]en consideración a mi calidad de Magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar, tendría un interés en el planteamiento y resultado de la acción, toda vez que el tema objeto de discusión en este proceso, versa sobre aspectos de carácter salarial y prestacional que hacen parte de la remuneración de los Magistrados de las Altas Cortes; discusión que además, guarda relación con otros emolumentos devengados por los magistrados como la bonificación por compensación, respecto de las cuales se predica igual carácter salarial.» En un asunto similar4, la Sala de conjueces de esta Sección sobre dicha manifestación consideró: «Surge que el interés que se manifiesta no es actual y tampoco es indirecto, ello por cuanto lo que se esgrime es que en el pasado desempeñaron un empleo en el que percibieron la prima especial de servicios que se correlaciona de manera directa con la bonificación judicial que acá se demanda y no se invoca que en la actualidad estén adelantando proceso alguno o tengan expectativa que, en la materia que ocupa a este proceso, pueda implicarles beneficio, ventaja o provecho alguno.» (Negrilla de texto original) Así las cosas, dado que la magistrada no señaló que ha presentado demanda o tenga pleito pendiente en el cual se debata el asunto del proceso, o hubiera defendido y obtenido dicho beneficio entre otras circunstancias, no se configura la causal de impedimento señalada.
Cabe agregar que para que se configure la causal de impedimento, es necesario que el juez concurra en los dos elementos: el subjetivo esto es que se beneficie o se perjudique con la decisión y el objetivo es que tenga un interés actual, elementos que no se encuentran dentro del escrito de impedimento. Teniendo en cuenta lo anterior y analizada la causal esgrimida junto con los argumentos del impedimento manifestado, la Sala lo considera INFUNDADO.
De conformidad a lo expuesto, la Sala de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR infundado el impedimento manifestado por la magistrada Carmen Dalis Argote Solano integrante del Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. 4 Consejo de Estado. Sala de Conjueces, auto del 5 de diciembre de 2023, proceso No. 25000-23-42-000- 2019-01758-02 (4835-2022), Conjuez ponente. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala celebrada en la fecha. LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.