CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Tema: Pensión jubilación por aportes a docentes.

No aplica Ley 71 de 1988 por cuanto el vínculo a la docencia oficial es posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 Decisión: Confirmar sentencia SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1 1.1. Pretensiones de la demanda 2. Se pretende la nulidad parcial del acto administrativo 4143.020.13.1.953.008495 del 12 de septiembre de 2019, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de una pensión jubilación por aportes. 3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, por haber acreditado las 1000 semanas de aportes y los 55 años de edad, con los reajustes de ley; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada. 1.2.

Hechos que fundamentan la demanda 4. La señora Esperanza Casañas Vásquez manifestó que nació el 31 de diciembre de 1962, por lo que en la actualidad tiene más de 55 años de edad; que realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, con un total de 526,86 semanas cotizadas; y que fue vinculada a la docencia oficial a través de la Resolución 3003 del 1° de diciembre de 2003 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda.

Así, estima que le son aplicable las Leyes 812 de 2003 1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI. Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia y 71 de 1988, y cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión por aportes. 1.3.

Fundamentos de derecho y concepto de violación 5. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71 de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2° de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003. 6.

En resumen, citando las disposiciones y jurisprudencia que regulan la pensión de jubilación por aportes, expone que la entidad demandada desconoce el contenido de las normas transitorias; adujo que realizó aportes al antiguo ISS, por lo que cumple con los presupuestos exigidos en la Ley 812 de 2003, a saber, 1000 semanas de cotización y 55 años de edad, sin atender al retiro definitivo del cargo para gozar de dicha prestación, en compatibilidad con el salario. 1.4.

Contestación de la demanda2 7. La entidad demandada, se opuso a las pretensiones argumentando que la accionante ingresó al servicio con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 81 de esa misma ley, estima que no le resulta aplicable el régimen establecido en la Ley 71 de 1988, sino por lo previsto en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.

Alegó la prohibición constitucional de percibir simultáneamente más de una asignación del tesoro público, señalando que no existe compatibilidad entre la pensión reclamada y el salario. 1.5. Sentencia de primera instancia3 8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 30 de abril de 2025, negó las pretensiones de la demanda por considerar que la actora no acreditó los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes bajo la Ley 71 de 1988. 9.

Además, resaltó que su vinculación al servicio educativo oficial se produjo el 23 de diciembre de 2003, y que la demandante tampoco era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al momento de la entrada en vigencia de esa normatividad (1° de abril de 1994) tenía 32 años y apenas 43,14 semanas cotizadas. 1.6.

Recurso de apelación4 10. La parte actora manifestó su inconformidad con la sentencia de primera 2 Visible el archivo 5_ALASECRETARIA_201900931CONTESTAC_Indice_17.pdf del expediente digital Se destaca que la demanda fue presentada el 18 de octubre de 2019 y admitida el 29 de noviembre de 2019. 3 Archivo 027Sentencia_sentencia_A20190093100FOMAGPen.pdf del expediente digital 4 028_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf archivo visible en el expediente digital Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia instancia, considerando que el a quo desconoció los aportes efectuados al antiguo ISS (hoy Colpensiones) antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, con lo cual se cumplían los requisitos de la Ley 71 de 1988 y del Decreto 2709 de 1994, que permiten sumar tiempos de cotización públicos y privados.

Indicó que cuenta con más de 34 años de servicios entre los sectores público y privado y que el Tribunal debió aplicar la normativa de la pensión por aportes, en virtud del principio de igualdad y de justicia material. 11. Finalmente, la apelante argumentó que la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la aplicabilidad de los regímenes docentes no podía afectar derechos adquiridos ni desconocer las expectativas legítimas formadas bajo criterios anteriores.

En ese sentido, invocó los principios de seguridad jurídica, favorabilidad, pro homine y tutela judicial efectiva, insistiendo en que no debía exigirse a los docentes iniciar nuevos procesos para reclamar su derecho pensional cuando la variación jurisprudencial se produjo con posterioridad a la demanda. Solicitó, en consecuencia, que se revocara la decisión del a quo y se le reconociera la pensión de jubilación por aportes, garantizando la prevalencia del derecho sustancial y la protección efectiva de su seguridad social. 1.7.

Trámite correspondiente a la segunda instancia 12. Mediante auto de 08 de agosto de 2025, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante. 13. Esta última intervino en esta instancia solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia, por cuanto la jurisprudencia ha establecido que el análisis del derecho a la pensión no debe limitarse al régimen invocado, sino valorar el marco normativo más favorable al solicitante.

Así, aunque el docente no cumpla los requisitos de un régimen, puede reconocerse su pensión conforme a otro aplicable. Este criterio busca evitar decisiones restrictivas y garantizar una aplicación pro persona, basada en la verificación real de los requisitos y no solo en la norma citada. 14. Por otro lado, la entidad demandada y el Ministerio Público, guardaron silencio. 15.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes, II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 16. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.

Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado. 2.2.

Problema jurídico 17. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Esperanza Casañas Vásquez, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o, por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio pensional. 2.3.

Normativa y jurisprudencia aplicable al caso 2.3.1. Del derecho pensional de los docentes 18. La Ley 812 de 20037 en torno al sector de educación nacional, definió el régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad a esta.

Se destaca: “ARTÍCULO

81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

(…)” 19. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios 5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 6 «Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.» 7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. 20.

De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector público como en el privado: “ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.” 21. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben cumplirse para el efecto.

Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado8, dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989.

Y a su vez se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. 22. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. 23.

De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de 8 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17) Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de 19899, como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. 24.

Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968. 25.

En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado, aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy, Colpensiones. 26.

Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que los antecedentes legislativos10 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio11.

A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero de 2023,12 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada13, precisando a su vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones. 27.

Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no 9 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 10 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989. 11 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite. 12 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022) 13 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional. 28.

Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 28.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2° establece que los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional. 28.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988. 28.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado, y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo los Decretos 63314 y 634 de 200715, la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018). 28.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

Y los factores a tener en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994. 2.4. Caso concreto 29. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 10 de septiembre de 2019 a través de apoderada solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio16 el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante el acto administrativo número 4143.020.13.1.953.008495 del 12 de septiembre de 201917, ya que la docente fue vinculada a la docencia oficial después del 27 de junio de 2003, razón por la cual el régimen aplicable es el establecido en la Ley 100 de 1993. 14 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial. 15 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial. 16 Visible desde la pagina 25 a la 29 del archivo ESPERANZA CASAÑAS VASQUEZ.pdf del expediente digital 17 Visible en las páginas 30 y 31 del archivo ESPERANZA CASAÑAS VASQUEZ.pdf del expediente digital Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 30.

Pues bien, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación de la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Véase entonces que el material probatorio evidencia que la Secretaría de Educación de Cali en Formato Único para la Expedición de Historial Laboral, expedido el 08 de agosto de 201918, señaló que aquella se vinculó al magisterio mediante Resolución de 3003 de fecha 1° de diciembre de 2003, iniciando labores docentes a partir del 23 de diciembre de 2003. 31.

Ahora, si bien con base en el reporte de semanas cotizadas en Colpensiones actualizado a 5 de septiembre de 201919, se tiene que la señora Casañas Vásquez acredita un total de 526,86 semanas, lo cierto es que no obra prueba alguna que permita establecer que dichas cotizaciones corresponden a servicios prestados en el sector educativo oficial, aspecto que resulta determinante en este caso para la procedencia del estudio del derecho reclamado bajo el régimen especial previsto en la Ley 71 de 1988. 32.

En ese orden, la situación jurídica de la actora se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, tal como lo dispuso la entidad en el acto administrativo objeto de censura, y como también lo analizó el a quo, lo cual guarda coherencia con lo señalado en la sentencia de unificación SUJ014-CE-S2 del 25 de abril de 2019, en la que se indicó que la determinación del régimen prestacional aplicable a los docentes debe partir de la fecha en que se produjo su vinculación al servicio educativo oficial, por lo que i) a quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003 — fecha en la que entró en vigencia la Ley 812— les resultan aplicables las normas que regulaban el régimen de los servidores públicos del orden nacional; mientras que ii) para quienes se incorporaron con posterioridad a dicha data, los cobija el régimen de prima media con prestación definida previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, exceptuando únicamente el requisito de edad. 33.

Por lo tanto, no le asiste razón a la apelante cuando en el recurso señala que para beneficiarse de la mencionada norma es suficiente acreditar una vinculación o aportes con anterioridad al límite temporal establecido en la Ley 812, pues, omite que no se trata de cualquier vinculación, sino que esta fue cualificada de manera expresa por el legislador, esto es, debe ser al servicio educativo oficial, lo cual no fue acreditado en el sub judice.

Ahora, lo anterior no implica que no se pueda contabilizar las semanas cotizadas antes del año 2003, en virtud de otras actividades, sino que, para tener derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988, en la forma solicitada por la actora, debe acreditar la vinculación al servicio educativo antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como se ha explicado con anterioridad. 34.

En cuanto al memorial allegado por la parte demandante en el curso del proceso de segunda instancia, con el cual solicita que se tenga en cuenta el marco 18 Visible en las páginas 48 y 49 del archivo ESPERANZA CASAÑAS VASQUEZ.pdf del expediente digital 19 Visible en la página 35 a la 43 del archivo ESPERANZA CASAÑAS VASQUEZ.pdf del expediente digital Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia normativo más favorable a la actora en materia pensional, debe indicar la Sala que ello no resulta posible, pues, por un lado, es un argumento extemporáneo, sumado a que en atención a los principios de justicia rogada y decisión previa, no le es dable a aquélla variar su pretensión en esta instancia, lo contrario sería desconocer el derecho al debido proceso de la entidad y el principio de congruencia, dado que aquella no solo resolvió en sede administrativa la pretensión encaminada a obtener la pensión por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, sino que respecto a esa misma disposición ejerció su defensa en sede judicial.

De otra parte, el tribunal resolvió atendiendo a lo expuesto en la demanda y en la contestación, sin que en la primera instancia se hubiera alegado aplicación de disposiciones distintas; y en todo caso, del escrito en cita y el recurso de apelación no se advierte argumento alguno respecto a cuál sería la disposición aplicable, y por el contrario la parte insiste en que tiene derecho a la pensión por aportes, lo cual como se analizó no resulta plausible. 35.

Por último, es necesario señalar que la jurisprudencia sobre la materia, concretamente la sentencia de unificación SUJ014-CE-S2-2019 no modificó situaciones consolidadas ni desconoció derechos previamente reconocidos, sino que precisó el régimen aplicable conforme a la fecha de vinculación al servicio docente, garantizando la coherencia y uniformidad en el tratamiento de casos análogos, y dispuso que se aplicaría a las actuaciones administrativas en trámite administrativo y los asuntos en trámite judicial.

En ese orden, su aplicación en el presente asunto no vulnera la seguridad jurídica ni el principio de favorabilidad. 2.6. Conclusión 36. Por lo anterior, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demandante, esto por cuanto no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que su derecho pensional sea analizado bajo lo contemplado en la Ley 71 de 1988, dado que la vinculación al servicio docente ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. 2.7.

Condena en costas 37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.   38.

La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo Radicado: 76001-23-33-000-2019-00931-01 (2149-2025) Demandante: Esperanza Casañas Vásquez www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.   39.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.  40. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida-, en esta instancia, por cuanto no prosperó el recurso de apelación presentado por aquella.

Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, III.

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida -demandante-, por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. LUIS EDUARDO MESA NIEVES Consejero de Estado JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.