11001031500020220363600 — Consejo de Estado

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: HEYVER PÉREZ HERNÁNDEZ Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas: Tutela contra providencia judicial.

Perjuicios por lesiones de soldado. Defecto fáctico SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por los señores Heyver Pérez Hernández, Luz Elena Hernández Guerra, Gedermán Pérez Hernández, Enedis Cenith Pérez y Ebredys Pérez Hernández, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES 1. Pretensiones Los demandantes interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: “2.1 Que se protejan nuestros derechos fundamentales al acceso efectivo a la administración de justicia y debido proceso. 2.2 Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Honorable Sub Sección A de la Sección Tercera del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a proferir nuevamente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso radicado bajo el No. 11001334306120180026301, mediante el cual se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá́ y se denegaron las pretensiones de la demanda. 2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya anulación se solicita, haga una valoración íntegra y adecuada del material probatorio decretado y debidamente practicado dentro del plenario”. 2.

Hechos De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente.

Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador El señor Heyver Pérez Hernández prestó el servicio militar obligatorio en el Cuarto Contingente. El 1 de noviembre de 2017, el director de Personal del Ejército Nacional, mediante la orden administrativa de personal número 2389, lo desacuarteló por servicio militar cumplido.

El 8 de febrero de 2018 obtuvo resultado de laboratorio con cuadro positivo de leishmaniasis y el 21 de febrero de 2018 consultó a medicina general por primera vez por motivo “leishmaniasis”. Luego de la cita se registró en la historia clínica que la “Enfermedad actual inicio de lesiones hace 3 meses, mientras permanecía en chocó, ungía medio, con lesión única en región de hombro derecho ( )”.

Igualmente, se consignó “lesión en hombro derecho de 23 x 13 mm de diámetro con costra exuberante central de tipo hemático, con eritema perilesional, sin sobreinfección, con ligera descamación, sin dolor, con induración de la zona, sin adenopatías”. Los señores Heyver Pérez Hernández, Luz Elena Hernández Guerra, Gedermán Pérez Hernández, Enedis Cenith Pérez y Ebredys Pérez Hernández ejercieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial, por la deformidad física que se le generó al señor Heyver Pérez Hernández, como consecuencia de la leishmaniasis que tuvo durante la prestación del servicio militar, la cual implicó una pérdida de la capacidad laboral del 10 %.

El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 19 de diciembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y reconoció los perjuicios materiales, lucro cesante (consolidado y futuro), teniendo como punto de partida que el señor Heyver Pérez Hernández se desempeñaba como soldado regular, la tasación la hizo en consideración al smlmv y añadió el 25 % por concepto de prestaciones sociales, así como por daño a la salud y moral, para lo cual aplicó las reglas del Consejo de Estado, según la gravedad de la lesión y la calidad de quien demandó en relación con la víctima.

Las partes de ese proceso interpusieron recurso de apelación, la demandante para señalar que la indemnización de los perjuicios morales y de salud no se ajustó a lo dispuesto por el Consejo de Estado “en sentencia de unificación”, según la cual, se debió reconocer el monto de 20 smlmv. La demandada, por considerar que: (i) los señores Luz Helena Hernández Guerra, Gederman Pérez Hernández, Enedis Cenith Pérez y Ebredys Pérez Hernández no demostraron el vínculo familiar con la víctima, pues actuaron dentro del proceso como madre y hermanos del señor Heyver Pérez Hernández, pero no obró el registro civil de nacimiento de la víctima directa;

(ii) para cuestionar la idoneidad del perito, porque no relacionó ni aportó los documentos que sirvieron para la elaboración del dictamen pericial; (iii) la lesión del señor Heyver Pérez Hernández es estética y no le generó una secuela funcional que le hubiese causado una restricción en el campo laboral, luego, no procedía el reconocimiento por daño a la salud, más cuando recibió tratamiento y, (iv) no procedía el reconocimiento de perjuicios por lucro cesante porque el señor Pérez Hernández no presentó alguna limitación para realizar una actividad productiva.

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 23 de junio de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el dictamen pericial no tiene valor probatorio, porque la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral del señor Heyver Pérez Hernández estaba a cargo de la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, en primera instancia y del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, en segunda instancia, que, incluso la parte demandante pudo recurrir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o en el marco de la actividad probatoria solicitar su decreto, lo cual no ocurrió. Adicionalmente, determinó que el dictamen tampoco daba cuenta de la certeza del daño, pues en este y en la audiencia de pruebas el perito aseguró que el señor Heyver Pérez Hernández presentó una cicatriz en el hombro derecho, lo cual es contrario a lo registrado en la historia clínica que le sirvió de base para su elaboración, pues allí consta que la lesión cumplió con todos los criterios de curación por cicatrización completa, de manera que, la lesión del demandante ya se encontraba curada por cicatrización de la herida -ante el tratamiento recibido por el Ejército Nacional.

Precisó que los señores Luz Helena Hernández Guerra, Gederman Pérez Hernández, Enedis Cenith Pérez y Ebredys Pérez Hernández acreditaron la legitimación en la causa por activa, porque consta el vínculo que tienen con la víctima directa, en calidad de hijo con la señora Luz Elena Hernández Guerra y de hermano con los demás demandantes, pues, si bien el registro civil de nacimiento del señor Heyver Pérez Hernández fue aportado en copia simple, el mismo tenía valor probatorio. 3.

Argumentos de la acción de tutela La parte actora considera vulnerados los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso con la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con fundamento en los siguientes argumentos.

Afirma que, de acuerdo con el dictamen aportado con la demanda y con el Decreto 059 de 1989, la cicatriz es una deformidad del cuerpo de carácter permanente y su localización, en cualquier parte del cuerpo, supone una pérdida de capacidad laboral, dependiendo de la edad y el grado de la afectación, agregó que “los magistrados suplantaron el conocimiento del perito médico y plasmaron una serie de conclusiones médicas sin sustento probatorio dentro del plenario, (…), se confunde el daño con la intensidad del mismo y en forma errática se considera que el daño no existió a pesar de estar probado en la historia clínica la existencia de una cicatriz y sus dimensiones”.

Indicó que la leishmaniasis se curó y que la herida cicatrizó pero que tales circunstancias, de ninguna forma, suponen la inexistencia de una alteración del cuerpo en forma permanente y señaló en que el daño se probó. A su juicio, se llevó a cabo un análisis ajeno a lo indicado en la historia clínica y en el dictamen de un especialista, basado en un manual de calificación e insistió en que “Una cicatriz es resultado de un proceso de reparación que conduce al cierre de una herida pero la reparación no supone - de ninguna forma- la ausencia de secuela física, pues precisamente esa cicatriz es una alteración permanente de la apariencia dérmica consecutiva al daño y reparación del colágeno de Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente.

Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador esta una alteración permanente de la apariencia dérmica consecutiva al daño y reparación del colágeno de esta”. Se refirió a las “fases del proceso de curación” a la “clasificación de acuerdo con su patología”, de las cicatrices, así como a los factores de riesgo en la formación de cicatrices hipertróficas o queloides, como son la edad, la localización de la herida, el color de la piel y los factores genéticos, para indicar que la leishmaniasis dejó en su cuerpo una secuela y la misma generó afectación. Citó la sentencia del 21 de abril de 20221, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, sin señalar las razones por las que resultaría aplicable al caso objeto de estudio.

En general, precisa que la autoridad judicial demandada no explicó por qué la deformidad en el cuerpo que tiene el señor Pérez Hernández como consecuencia de la leishmaniasis que adquirió no supone un daño. 4. Trámite Previo El despacho sustanciador, en auto del 11 julio de 2022, admitió la acción de tutela, ordenó notificar los demandantes, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al Juzgado 61 Administrativo de Bogotá y a la Nación –Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional-, como terceros interesados en el resultado del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados. 5. Oposición El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, indicó que el propósito de la acción de tutela de la referencia es convertirse en una tercera instancia o recurso adicional, porque los cuestionamientos contra la decisión del juez ordinario se dirigen contra la valoración de las pruebas, en cuanto los accionantes buscan un nuevo examen sobre la situación fáctica y jurídica que se planteó en el proceso ordinario, en el que claramente se indicó que los demandantes incumplieron la carga probatoria a efecto de acreditar el daño, elemento necesario para configurar la responsabilidad del Estado, tanto así, que en la solicitud de tutela se hizo una descripción de lo que debe entenderse sobre las fases de cicatrización de una herida, cuando esas características no fueron indicadas por la parte interesada y afirmó que también se trajeron documentos que no fueron aportados en el proceso ordinario.

Que, como se indicó en la sentencia cuestionada, no hubo sustento probatorio sobre el daño aludido, porque el dictamen pericial que fundamentó ese elemento no fue rendido por la autoridad médico laboral que el perito citó como sustento de sus conclusiones, lo cual denotaba que, a pesar de no haber tarifa legal, el perito emitió un “concepto médico” sobre asunto que es competencia legal de la Junta Médico Laboral de la institución castrense.

Por lo tanto, ante la falta de valor probatorio del dictamen pericial, que fue justificado 1 Expediente número: 11001-03-15-000-2022-01120-00, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente.

Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador expresamente en la sentencia acusada, no había prueba sobre alguna afectación temporal o permanente del señor Heyver Pérez Hernández, pues la información contenida en su historia clínica, que también fue valorada por la sala, daba cuenta de que la lesión por leishmaniasis tuvo una cicatrización completa.

En relación con el fallo de tutela citado, estimó que no se trata de la misma temática, porque la razón del juez de tutela en ese caso se fundó en la posibilidad del juez de segunda instancia de definir una excepción no alegada por la parte interesada y, porque en todo caso, esa decisión tuvo efectos inter partes, por lo que no corresponden a casos similares o iguales. 6.

Intervención de los terceros interesados El Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá y la Nación –Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Acción de tutela contra providencias judiciales En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el 2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales.

De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente.

Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela. Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Cuestión previa La Sala anota que el presente asunto supera los requisitos generales de procedencia, en particular, el de relevancia constitucional, en la medida que la acción de tutela no es empleada como una instancia adicional si se tiene en cuenta que el tribunal revocó la sentencia de primera instancia que había accedido a la pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó y de la lectura del escrito inicial es posible advertir que se dirige a sustentar un presunto defecto en la valoración probatoria, por lo que se darán por superados los requisitos generales de procedencia. Problema jurídico Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia del 23 de junio de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó el daño alegado.

A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en cuanto considera que, sí se logró acreditar que la cicatriz generada por el diagnóstico de leishmaniasis que sufrió le generó deformidad del cuerpo de carácter permanente, lo que, afirma, supone una pérdida de capacidad laboral, argumentos que se enmarcan dentro del defecto fáctico.

De acuerdo con lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A incurrió en el defecto fáctico5 invocado. 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

(v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico;

(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 5 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

Esta situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente.

Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Del defecto fáctico en el caso concreto Como se anticipó, la parte actora sustentó las inconformidades del escrito de tutela, básicamente, en que se acreditó que el diagnóstico de leishmaniasis le generó una lesión que le causó una cicatriz, que, a su juicio, le dejó una deformidad del cuerpo de carácter permanente, lo que, afirma, supone una pérdida de capacidad laboral, con fundamento en lo cual alega el defecto fáctico invocado.

Al respecto, la Sala advierte que en el presente caso no se configura el defecto fáctico ni la vulneración de los derechos fundamentales invocados, por las razones que se pasan a explicar. Lo primero que conviene precisar es que la conclusión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, tiene fundamento en la falta de competencia del perito para rendir el dictamen pericial, con sustentó en las siguientes razones: “(…) 52.

Entonces, con fundamento en las propias normas que señaló el perito tales como: los Decretos 94 de 1989 y 179 de 2000, la Ley 1562 de 20128 y el Decreto 1477 de 2014, se estableció que él no tenía la calidad, ni la condición legal para determinar la pérdida de la capacidad laboral del señor Pérez Hernández, menos calificar la imputabilidad del servicio, ni establecer porcentajes de la presunta lesión. 53.

Puntualmente, se tiene que el Decreto 94 de 1989 dispuso que la capacidad psicofísica del personal descrito en la norma, esto es, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, sería determinada únicamente por las autoridades Médico -Militares y de Policía, la cual está conformada por: a) Los Médicos Generales, Médicos Especialistas y Odontólogos al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, b) la Junta Médica Científica, c) la Junta Médico-Laboral y, e) el Tribunal Médico Laboral de Revisión (artículo 19). 54.

Por su parte, el artículo 15 del Decreto 179 de 2000 prevé que la Junta Médico Laboral tiene las siguientes funciones en primera instancia: 1 Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas. 2 Clasificar el tipo de incapacidad psicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite. 3 Determinar la disminución de la capacidad psicofísica. 4 Calificar la enfermedad según sea profesional o común. 5 Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones. 6 Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.

Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento. 55. Incluso, el artículo 21 del Decreto 1796 de 2000 establece que el evaluado puede acudir al Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía, para que en última instancia conozca de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico -Laborales y en consecuencia proceda a ratificar, modificar o revocar las mismas.

Igualmente, para que en única instancia revise una pensión que se haya otorgado. 56. Ahora, ante la ausencia de la valoración médico legal por la autoridad militar y de Policía, el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1352 de 2013, reguló que las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez rindieran dictámenes de perdida de la capacidad laboral, bien sea por solicitud del interesado o de la autoridad judicial, cuyo resultado es susceptible de recursos por la vía ordinaria o judicial.

Luego si el perito acudió a esa normatividad, comprendía por su experiencia profesional que no debía emitirlo, porque estaba reservado legalmente a una autoridad médico laboral. 57. Así, para la Sala el dictamen pericial no tiene valor probatorio, puesto que la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral del señor Heyver Pérez Hernández estaba a cargo de la Junta Médico Laboral Militar o de Policía en primera instancia y del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía en segunda.

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador 58.

Incluso la parte demandante pudo recurrir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o en el marco de la actividad probatoria solicitar su decreto, lo cual no ocurrió. 59. Y es que a diferencia de lo que ocurre con los dictámenes médico laborales que rinden las autoridades autorizadas por la ley, el que se emitió en este caso devino de una persona natural, frente al cual no existía la posibilidad de interponer los recursos ordinarios, por lo cual resultaba lesivo no solo para los intereses del evaluado Heyver Pérez Hernández quien no tenía la oportunidad de controvertir el porcentaje que se le dictaminó, sino también para la entidad demandada, contra la cual se podía proferir una eventual sentencia condenatoria con fundamento en el dictamen.

(…)”. (Se destaca) Lo anterior condujo naturalmente a que los supuestos que se pretendían acreditar, a partir de esa prueba pericial, no pudieran ser tenidos en cuenta, se insiste, porque fue emitido sin competencia y, por ello, fue descalificado por el tribunal como prueba válida. Conclusión esta que, valga decir, no fue cuestionada por la parte accionante en el escrito de tutela.

Por su parte, las demás pruebas que obraron en el proceso fueron valoradas, concretamente, la historia clínica en que constaba «la lesión cumplió con todos los criterios de curación por cicatrización completa», con fundamento en lo que concluyó que la lesión ya se encontraba curada por cicatrización de la herida ante el tratamiento recibido por el Ejército Nacional.

Luego, fue con fundamento en lo anterior que el tribunal concluyó que no existió prueba de la certeza del daño, pues, no se acreditó la gravedad de la lesión ni de las secuelas, ni que la lesión causo al demandante un detrimento patrimonial que le impidiera desarrollar una actividad productiva de acuerdo con su proyecto de vida. Dicho de otro modo, las circunstancias fácticas acreditadas en el caso objeto de estudio permitieron concluir que la lesión estaba curada y no existieron pruebas que pudieran demostrar las secuelas de esa lesión y la magnitud de aquellas, de existir, lo que implicaba concluir que no se acreditó el daño alegado.

Ahora bien, en el escrito de tutela la parte accionante insiste en que “de acuerdo con el dictamen aportado en la demanda y con el Decreto 059 de 1989, la cicatriz es una deformidad del cuerpo de carácter permanente y su localización, en cualquier parte del cuerpo, supone una pérdida de capacidad laboral, (…)”. No obstante, como quedo dicho, el dictamen pericial en el caso objeto de estudio no tuvo la virtualidad de acreditar algún supuesto, porque fue proferido con falta de competencia. Señala también que se confundió el daño con la intensidad del mismo que, en la historia clínica se probó la “existencia de una cicatriz y sus dimensiones”.

Sin embargo, vistos los folios de la historia clínica que fueron aportados por los demandantes y que obran en el proceso ordinario junto con la presentación de la demanda ordinaria, la historia clínica refiere las siguientes evidencias: “(…) [21 de febrero de 2018] Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente.

Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Faneras, lesión en hombro derecho de 23 x 13 mm de diámetro, con costra exuberante central de tipo hemático, con eritema perilesional don sobreinfección, con ligera descamación, sin dolor en induración de zona son adenopatías. [21 de marzo de 2018] Enfermedad actual: paciente de 21 años, natural de Chigorodó, Antioquia, civil al momento, paciente quien al momento finalizó tratamiento el 17/03/2018, recibido al momento 17.7 cc día de antinomio de meglumina, refiere al momento sentirse bien, sin dolor en el pecho, SDR, ni síntomas gastrointestinales, no mialgias ni artralgias, viene con reporte de paraclínicos del 06/03/2018 que ya se reportaron como normales.

Paciente con lesión única en región de hombro derecho, cumpliendo con todos los criterios de curación por cicatrización completa, sin indración, no adenopatías, sin sobreinfección, ni dolor. (…) Tratamiento: Pte. con examen fco (sic) normal, con paraclínicos normales y con lesión que cumple con todos los criterios de curación, por lo que se da de alta con incapacidad por 20 días, con señales de alarma para reconsulta y para vigilar evolución. [23 de marzo de 2018] Observación: Pte. con examen fco (sic) normal, con paraclínicos normales y con lesión que cumple con todos los criterios de curación, por loque se da de alta del programa con incapacidad por 20 días con señales de alarma para reconsulta y para vigilar evolución. (…)”.

De manera que, la historia clínica no acreditó ni la existencia de una cicatriz, ni mucho menos sus dimensiones, tal como lo expuso ampliamente la autoridad judicial demandada, lo cual, además, desvirtúa la afirmación de la parte actora. Lo anterior es suficiente para indicar que no le asiste razón a la parte accionante y, que, por el contrario, la conclusión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, según la cual, no se acreditó la existencia de la cicatriz y su grado de afectación se encuentra debidamente respaldada y sustentada y, en ese sentido, no se configura el defecto invocado por los accionantes.

En lo demás, los argumentos relacionados con el proceso de cicatrización, las fases de curación y su clasificación son argumentos que no pueden ser tenidos en cuenta en esta instancia constitucional, no solo porque no cuestionan directamente las razones de la decisión cuestionada, sino que son completamente ajenas a la ratio de la decisión y, en todo caso, escapan de la órbita del juez constitucional.

Igual circunstancia ocurre con las imágenes que aporta con el escrito de tutela, pues, no es esta la oportunidad para aportar elementos probatorios que no fueron allegados al proceso ordinario. Finalmente, la sentencia que cita la parte actora de esta Sala de decisión no puede ser tenida en cuenta porque los supuestos de hecho en uno y otro caso son totalmente diferentes, pues bien, en el caso que se cita como desconocido, la lesión que dio origen a la reclamación patrimonial de perjuicios fue una caída, en la que se encontró acreditada la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, evento este en el que la carga de la prueba estaba en cabeza de la institución demandada, circunstancias que difieren del caso objeto de estudio.

En suma, en el presente caso no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales invocados por la parte actora y, en esa medida, se impone negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Heyver Pérez Hernández Radicado: 11001-03-15-000-2022-03636-00 Demandante: Heyver Pérez Hernández y otros 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente.

Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador y otros contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA 1.

Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Heyver Pérez Hernández y otros contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4.

Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. Notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. (Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente) JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Presidente de la Sección (Firmado Electrónicamente) MILTON CHAVES GARCÍA (Firmado Electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO