CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Demandante: Ruth Migdonia Luengas Peña Demandada: Nación – Senado de la República y Fondo Nacional del Ahorro “FNA” Tema: Cesantías Retroactivas SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA ASUNTO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “D”, que accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES La señora Ruth Migdonia Luengas Peña, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, formuló las siguientes: PRETENSIONES Que se declare la nulidad de: I) el Oficio No. DRH-CS-CV19-1236-2020 del 27 de octubre de 2020 y II) la Resolución No. 112 del 15 de febrero de 2021, por medio de los cuales se negó el reconocimiento de sus cesantías en aplicación del régimen con retroactividad.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene al Senado de la República a efectuar los ajustes y reliquidaciones que correspondan a las cesantías definitivas reconocidas a favor del demandante y, que dichos dineros sean girados con destino al Fondo Nacional del Ahorro. Que se condene al Fondo Nacional del Ahorro a tramitar, administrar, liquidar y pagar las cesantías parciales o definitivas aplicando el régimen con retroactividad, y efectuar los ajustes contables y las liquidaciones respectivas.

Que se condene en costas y agencias en derecho.

HECHOS La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera: Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Que se vinculó al Senado de la República con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, tomando posesión de su cargo el 23 de noviembre de 1992, fecha en la cual se encontraba vigente el régimen de retroactividad de cesantías.

Que, no obstante, lo anterior, se le vienen pagando sus cesantías bajo el régimen anualizado consagrado en la Ley 344 de 1996. Que, el 14 de septiembre de 2020, elevó peticiones ante el Senado de la República y el Fondo Nacional del Ahorro -radicado 02-4601-202009142405061- solicitando el reconocimiento y pago de sus cesantías con retroactividad.

Que, la petición fue atendida por el Senado en oficio DRH-CS-CV19-1236-2020 del 27 de octubre de 2020 en forma negativa; decisión que fue apelada y confirmada en Resolución No. 112 del 15 de febrero de 2021. Que, el Fondo respondió a lo pedido en Oficio No. 01-2303-202009230209965 comunicada el 28 de septiembre de 2020, igualmente, en forma negativa.

Que, el 23 de febrero de 2021 solicitó Conciliación Extrajudicial, como requisito de procedibilidad; audiencia que se llevó a cabo el 2 de junio de ese año, declarándose fallida. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA Mediante auto del 11 de julio de 2022, se admitió la demanda; decisión que fue notificada a los demandados el 29 de agosto de ese año. El Fondo Nacional del Ahorro -FNA- se opuso a las pretensiones por considerar que no fue quien expidió los actos demandados.

Consecuente con ello, propuso la excepción de Falta de legitimación en la causa por pasiva. Así mismo, propuso las denominadas Cobro de lo no debido, Inexistencia de la obligación de hacer y de responsabilidad del FNA, Buena fe y Prescripción. La Nación – Senado de la República también se opuso a lo pretendido ya que no existe norma especial que disponga la aplicación del régimen de liquidación de cesantías retroactivas para los empleados públicos de dicha entidad, pues ello, está previsto sólo para los congresistas.

Propuso las excepciones de Inexistencia de irregularidades que invaliden los actos administrativos demandados; Presunción de legalidad de los actos demandados; Inexistencia de la obligación; Inexistencia del derecho reclamado por el demandante; Buena fe en las actuaciones del senado de la República y Cobro de lo no debido. En auto del 15 de diciembre de 2022 se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas y se ordenó a las partes correr traslado para alegar de conclusión. SENTENCIA APELADA En sentencia del 8 de junio de 20231, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probada la excepción de prescripción y probada la de Falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Fondo Nacional del Ahorro.

Ordenó la nulidad de los actos acusados, indicó que la demandante es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías y condenó al Senado de la República reconocer y pagar las 1 Notificada el 13 de junio de 2023. Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 mismas conforme dicho régimen desde la fecha de su vinculación, 23 de noviembre de 1992.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas. Sostuvo el Tribunal que la vinculación de la demandante fue antes del 31 de diciembre de 1996 -23 de noviembre de 1992-, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, y, que no existe prueba de que haya manifestado su deseo de acogerse al régimen de cesantías anualizadas, aunque realizó un cambio de administrador, por lo que le asiste derecho a la aplicación del régimen retroactivo de cesantías previsto en la Ley 6ª de 1945 y demás normas complementarias.

Que no existe una norma especial que regule las cesantías de los empleados públicos del Congreso de la República, en tanto, que no le son aplicables las disposiciones del Decreto 2837 de 1986 por cuanto no es empleado de FONPRECON, ni las del Decreto 906 de 1992 cuyos destinatarios son los congresistas, ni las consagradas en el Decreto 3118 de 1968 por cuanto excluyó a los empleados de la Rama Legislativa.

RECURSO DE APELACIÓN La Nación – Senado de la República afirmó que las pretensiones de la demanda carecen de sustento fáctico y legal y en tal sentido, la demandante carece del derecho que reclama. En efecto, sostuvo que los empleados del Congreso de la República vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5ª de 1992 y los Decretos 906 y 1111 de 1992, se les aplica el régimen anualizado de cesantías, pues la primera de las normas citada, eliminó el régimen de retroactividad para los Senadores y Representantes a la Cámara, “lo cual se hizo extensivo a los empleados del Congreso de la República con el Decreto 1111 de 1992”.

Se suma a lo anterior, que la demandante presentó renuncia a su cargo de mecanógrafa grado 3 de la sección de leyes del Senado de la República que fue aceptada en Resolución No. 068 del 11 de junio de 2004, extinguiéndose la relación labora vigente, con lo que, además, “perdió cualquier derecho que le hubiera podido asistir respecto del régimen retroactivo de cesantías que pretende se le reconozca”.

Que, no puede pretender la actora que le sea reconocido un derecho prescrito en la medida que, a partir del 11 de junio de 2004, contaba con un término de 3 años para hacer la reclamación y, ello, sucedió en forma extemporánea. TRÁMITE SEGUNDA INSTANCIA En auto del 8 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES El problema jurídico se resume en determinar si la demandante, en su condición de empleados del Senado de la República, tiene derecho a que se efectúe la liquidación de sus cesantías en aplicación del régimen retroactivo. Régimen de Cesantías en el Sector Público: La Ley 6.ª de 1945 En el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año. Y el artículo 17, literal a), de dicha norma, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947, en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso. El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores oficiales»2, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»3.

Con tales finalidades, el artículo 3.º del decreto en mención determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo.

Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella. Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 de la citada norma empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

La Ley 344 de 1996, dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente: Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;

(negrilla de la Sala). La norma vigente a la fecha de expedición de la norma previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró: Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 2 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 3 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2.

El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija.

El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. 4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala). Por su parte, la Ley 432 de 1998, mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías4, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo5.

Además, en los artículos 6.º y 7.º, se fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías. El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitirse a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5.º y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas anteriores6. En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos 7 se acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente: Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma: a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado; b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador; 4 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 5 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998. 6 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947. 7 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.

Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías se les sigue garantizando éste, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2.º del Decreto 1252 de 20008 y 3.º del Decreto 1919 de 20029. Régimen de Cesantías Miembros y Empleados del Congreso de la República. La Ley 28 de 1983 por medio de la cual se estableció la categoría de empleados de la Rama Legislativa del Poder Público en su artículo 1º definió como tal “todas las personas naturales que presten sus servicios al Congreso de la República”; norma que, además, en su artículo 4º señaló que dichos empleados tendrían derecho a todas las prestaciones sociales consagradas en la Ley 52 de 197810, entre estas, el Auxilio de Cesantías11.

La Ley 33 de 198512, en su artículo 14 creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República encargado de, entre otros, efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los congresistas, de los empleados del Congreso y de los empleados del mismo fondo13. El Decreto 2837 de 198614 contentivo del reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones sociales a cargo del Fondo, en su artículo 3º estableció como afilados al mismo: a) Los Parlamentarios que hayan tomado posesión del cargo y los empleados del Congreso y los empleados del Fondo que presten sus servicios en empleos de carácter permanente; b) Los Parlamentarios principales que no se hayan posesionado para los efectos previstos en los parágrafos 1°y 2°del artículo 7°de la Ley 48 de 1962 y c) Los pensionados cuya mesada deba cancelar el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985.

El artículo 14 ibidem, determinó que el auxilio de cesantías era una prestación que debe ser reconocida a sus afiliados y beneficiario de éstos y, en el parágrafo de éste estableció: “El auxilio de cesantía de los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República será liquidado, reconocido y cancelado por éste, de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público” En el artículo 18, se prescribió que el auxilio en cita corresponde a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año servido. 8 «Artículo 2.- Los servidores públicos que, a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.» 9 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.» 10 Por la cual se determinan la planta de personal para el Congreso Nacional, se fijan sus asignaciones y se dictan otras disposiciones 11 Numeral 5º Art. 5º. 12 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público 13 Artículo 15 núm. 1º 14 Por el cual se expide el reglamento general sobre las condiciones y términos necesarios para el reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República”, Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 La Ley 4ª del 18 de mayo de 199215, en su artículo 1º señaló que corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de “b) Los empleados del Congreso Nacional…” El Decreto 906 del 2 de junio de 1992 fijó disposiciones en materia salarial para los miembros y empleados del Congreso de la República y, prescribió que a partir de su vigencia16, “los nuevos miembros del Congreso no tendrán derecho a retroactividad en las cesantías”.

La Ley 5ª del 17 de junio de 199217 por medio de la cual se expidió el reglamento del Congreso; Senado y la Cámara de Representantes, en su artículo 386, indicó “Los empleados que a la expedición de la presente Ley se encuentren vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirán disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta Ley” En desarrollo de aquella, se expidió el el Decreto 1111 del 8 de julio de 199218 en el que se estableció la escala de asignación básica de las distintas denominaciones de empleos y en el parágrafo del artículo 1º se dispuso: “Los empleados públicos del Congreso a que se refiere el presente artículo, disfrutarán de las asignaciones básicas señaladas en él y su régimen prestacional será el mismo de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Nivel Nacional”; servidores a los cuales se les aplica el régimen anualizado para la liquidación de sus cesantías, al menos, desde la expedición del Decreto 3118 de 1968.

Resolución al caso concreto Con la prueba recaudada se encuentra acreditado: Que el Director General del Senado de la República, mediante Resolución No. 597 del 20 de noviembre de 1992 nombró a la demandante, en provisionalidad, como Mecanógrafa Grado 03 de Sección Leyes; cargo del cual tomó posesión el día 23 de ese mes y año, como se observa en Acta No. 173.

Que en Resolución No. 054 del 31 de enero de 1994 fue declarada insubsistente a partir del 1º de febrero de esa anualidad. Decisión que le fue comunicada en esta misma fecha. Que, en Resolución No. 113 del 1º de febrero de 1994 fue nombrada, en provisionalidad, en el cargo de Mecanógrafa L5 Grado 03 de la Sección Leyes; cargo del cual tomó posesión ese día. Que, en Resolución No. 0738 de mayo de 2003 la demandante fue encargada como Asistente Administrativo Grado 06 de la División de Recursos Humanos del Senado de la República, tomando posesión del mismo el día 7 de ese mes y año. 15 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 16 2 de junio de 1992 17 Vigente a partir de la fecha de su publicación (Artículo 393) 18 Vigente desde el 6 de julio de 1992 Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Que, el 10 de junio de 2004, la señora Luengas Peña presentó renuncia al cargo de Mecanógrafa Grado 03 de la Sección de Leyes; dimisión que fue aceptada en Resolución No. 068 del 11 de junio de 2004.

Que, en Resolución No. 069 del 11 de junio de 2004 se nombró, en provisionalidad, a la demandante en el cargo de Asistente Administrativo Grado 06 de la División de Recursos Humanos del Senado de la República, tomando posesión del mismo el día 15 de ese mes y año. Que, en Resolución No. 056 del 29 de junio de 2004, se encargó a la demandante como Jefe de Sección de Leyes por el periodo comprendido entre el 2 y el 26 de julio de 2024.

Que, en Resolución No. 4331 del 22 de junio de 2005, se encargó como Jefe de la Sección de Leyes Grado 09. Que, en Resolución No. 1393 del 19 de agosto de 2008, se trasladó a la demandante al cargo de Profesional Universitaria Grado 06 de la Sección de Leyes del Senado de la República. Que, en Resolución No. 2316 del 1º de abril de 2009, se le encargó como Asesor II Grado 08 de la División Jurídica del Senado; tomando posesión del cargo el día 2 de ese mes y año. Que, en Resolución No. 3340 del 11 de noviembre de 2009, se le encargó como Jefe de la Sección de Leyes grado 09 del Senado; posesionándose en la misma fecha.

Que, en Resolución No. 1202 del 6 de octubre de 2010, se aceptó la renuncia manifestada por la actora al cargo de Profesional Universitaria Grado 06 de la Sección de Leyes del Senado, a partir de la fecha. Que, en Resolución no. 1203 del 6 de octubre de 2010, fue nombrada, por 6 meses, en el cargo de Jefe de la Sección de Leyes Grado 09 del Senado, posesionándose el día 7 de ese mes y año. El nombramiento fue prorrogado en Resolución No. 293 del 8 de abril de 2011.

Que, de acuerdo con extracto individual de cesantías expedido por el Fondo Nacional del Ahorro se encuentra afiliada al mismo. Que el 14 de septiembre de 2020, solicitó ante el Senado de la República el reconocimiento como beneficiaria del régimen de cesantías con retroactividad y la consecuente reliquidación de las mismas -parciales y definitivas- Que en Oficio DHR-CS-CV196-1236-2020 del 26 de octubre de 2020 -comunicado el día 27 de esos corrientes- se dio respuesta negativa a lo pretendido.

Que, contra dicha decisión, la interesada interpuso el 10 de noviembre de 2020, recurso de apelación que fue desatado en forma negativa en Resolución No. 112 del 15 de febrero de 2021, comunicada el 16 de febrero de ese año. Que el 14 de septiembre de 2020, la demandante elevó petición en el mismo sentido a la ya enlistada, ante el Fondo Nacional del Ahorro; resuelta en Oficio 01-2303- 202009230209965 del 28 de septiembre de 2020, negativamente.

Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Ahora bien, conforme lo considerado en precedencia y siendo que la demandante fue vinculado al servicio del Senado de la República el 23 de noviembre de 2022, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 5ª de 1992, lo cual tuvo lugar, el 17 de junio de ese año, le es aplicable el régimen anualizado para la liquidación de sus cesantías establecido para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público de Nivel Nacional desde la expedición del Decreto 3118 de 1968, pues así lo establece el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992.

Consecuente con lo cual, se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia y en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demandante, sin necesidad de elucubración adicional sobre los demás argumentos formulados en el recurso de apelación. De la condena en costas Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el ar. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que en los fundamentos del recurso de apelación no se presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte recurrente manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda – Subsección “D” el 8 de junio de 2023.

En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por lo dicho en la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”. Rad. 25000-23-42-000-2022-00491-01 (5090-2023) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha. JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado Electrónicamente RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente