CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01810-00 Accionante: María Cristina Blanco Illidge Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Cristina Blanco Illidge, en representación de la menor Valeria Sofía Jaimes Blanco Illidge, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
ANTECEDENTES La solicitud y pretensiones La señora María Cristina Blanco Illidge, actuando en representación de la menor Valeria Sofía Jaimes Blanco, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la educación, a la salud, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En el escrito de tutela, la parte actora solicita: “Solicito al señor Juez de Tutela sea garantizado el (Art. 29 CP) acceso a la administración de justicia (artículos 229 CP) desconocido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – SIN SECCIÓN – ORAL – MEDELLÍN – ANTIOQUIA al no emitir pronunciamiento respecto del proceso que se encuentra en el despacho para sentencia, desde hace más de cuatro años, con fecha 28 de febrero de 2018”.
(sic) Los hechos y consideraciones de la accionante La parte actora expuso en la solicitud de amparo los hechos y consideraciones que se resumen a continuación: Indicó que el señor Luis Arturo Jaimes Vera, padre de su hija Valeria Sofía Jaimes Blanco, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, cuyo conocimiento correspondió en segunda instancia al Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo el radicado No. 05837333300120170044601.
Advirtió que desde el retiro del señor Luis Arturo Jaimes Vera, de las fuerzas militares, este no cuenta con estabilidad económica, ni laboral, circunstancia que ha causado su imposibilidad de proveer una calidad de vida y bienestar a la menor Sofía Jaimes Blanco. Señaló que en la demanda identificada con radicado No. 05837333300120170044601, se encuentra para resolver el recurso de apelación desde hace cuatro años y dos meses, sin que la autoridad judicial accionada haya dado tramite al proceso.
Adujó que con ocasión de la mora judicial se han vulnerados los derechos de la menor al reconocimiento de una cuota alimentaria, por razón a la asignación de retiro a que tiene derecho su progenitor, a efectos de satisfacer sus necesidades. Concluyó que la mora judicial en la que incurre la autoridad judicial accionada vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales invocados, principalmente los de la niña Sofía Jaimes Blanco. 2.1 Consideraciones de la parte actora La accionante considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la educación, a la salud y a la seguridad social, porque de manera injustificada ha incurrido en una mora judicial, como quiera que han transcurrido más de cuatro (4) años sin que se haya resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 27 de septiembre de 2018, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Luis Arturo Jaimes Vera, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Advirtió que el Tribunal Administrativo de Antioquia, debe impartir celeridad en el trámite dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Trámite Mediante auto de 3 de mayo de 2023 se admitió la demanda y se ordenó la notificación a la accionada, esto es, al Tribunal Administrativo de Antioquia y así mismo, se dispuso vincular como terceros con interés a la Caja de Retiro las Fuerzas Militares - CREMIL y al señor Luis Arturo Jaimes Vera.
Intervenciones 4.1 El Tribunal Administrativo de Antioquia, informó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05837333300120170044601, ingresó el día 28 de febrero de 2019, al despacho para fallo, por lo que los expedientes se tramitan respetando el respectivo turno para su trámite. Adujó que con ocasión a la acción constitucional en el transcurso de la semana se elaboraría proyecto de sentencia. 4.2 La Caja De Retiro de Las Fuerzas Militares, señaló que carecía de legitimidad en la causa por pasiva para atender la solicitud presentada por la accionante, pues la entidad no es la llamada a pronunciarse sobre el planteamiento expuesto por la señora María Cristina Blanco.
Advirtió que la competencia para resolver la solicitud de la parte actora corresponde al Tribunal Administrativo de Antioquia, pue si bien la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es un tercero que puede afectarse con la decisión que se adopte, no era la autoridad encargada de resolver las inconformidades de la parte actora. 4.3 El señor Luis Arturo Jaimes Vera, indicó que estuvo vinculado en la Armada Nacional, desempeñándose como Suboficial Jefe, cumpliendo un tiempo de servicio de veinte años, seis meses y trece días.
Aludió que fue retirado del servicio activo por la causal de inasistencia al servicio, sin que se le reconociera por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la correspondiente asignación de retiro a que tiene derecho. Precisó que incoó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 2654 del 20 de mayo de 2013 y 446 del 21 de mayo de 2014, por medio de las cuales se le negó asignación de retiro.
Advirtió que el proceso correspondió al Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Turbo, Antioquia, que, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue objeto de recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Refirió que el día 28 de febrero de 2019, el proceso ingresó para fallo, sin que a la fecha la autoridad judicial haya emitido pronunciamiento.
II. CONSIDERACIONES Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017. Problema jurídico La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Antioquia, vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la educación, a la salud, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, de la niña Valeria Sofía Jaimes Blanco, al incurrir presuntamente en mora judicial injustificada, al no proferir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Luis Arturo Jaimes Vera contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
No obstante, de manera previa, se hace necesario verificar si para este caso se presentó la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a las actuaciones surtidas por la autoridad judicial demandada con miras a darle cumplimiento a los requerimientos del actor que motivaron las pretensiones de esta acción constitucional. La subsidiariedad de la acción de tutela De acuerdo con el principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela, este instrumento constitucional en principio no puede ser empleado como mecanismo principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha previsto medios judiciales especializados y definitivos para su resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos fundamentales.
Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador, teniendo en cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por consiguiente, la naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de las partes, intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado acciones y procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de cierto tipo de situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución Política.
En este sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de establecido como causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes: “1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 2.
Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 4.
Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.” De esta manera, se resalta que la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha señalado que la procedencia de esta acción constitucional se encuentra condicionada a la inexistencia o ineficacia de los medios ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico.
En ese orden de ideas, esta acción, como mecanismo residual y subsidiario, no puede remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso de la manera y dentro de los términos previstos legalmente. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que en los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: “(…) (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados;
(ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional (…)". Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que el perjuicio ha de ser inminente, por lo que las medidas que se requieren para conjurarlo deben ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
La procedencia de la acción de tutela para impulsar actuaciones de autoridades jurisdiccionales El artículo 29 de la Constitución establece el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; de igual manera, el artículo 228 de la Carta, reitera que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre este componente del debido proceso, en el sentido de afirmar que el derecho a que no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden a la autoridad pública que ejerce funciones jurisdiccionales “(…) hace parte integral y fundamental del derecho al debido proceso, y al acceso efectivo a la administración de justicia. (…)".
Esa Corporación reiteradamente a sostenido que la mora judicial “(…) es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia (…)”, pero que muchas veces “(…) una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos (…)”.
La vulneración de este derecho fundamental ocurre cuando la mora es injustificada, pero cuando existen razones que la explican, tales como un significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente Despacho que superan la capacidad logística y humana existente, y que, por lo tanto, hace imposible atenderlos dentro del término legal, no se puede hablar de una violación del derecho al debido proceso, y por ende, el asunto no se puede solucionar por la vía de la acción de tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T- 357 de 2007 señaló: “(…) la mora judicial en hipótesis como la excesiva carga de trabajo está justificada y, en consecuencia, no configura denegación del derecho al acceso a la administración de justicia. (…) Al analizar la procedibilidad de la acción de tutela por mora judicial, el juez constitucional debe determinar las circunstancias que afectan al funcionario o despacho que tiene a su cargo el trámite del proceso.
Para ello (…) si es imperativo debe adelantar la actuación probatoria que sea necesaria a fin de definir ese punto. De igual manera indicó esta Corporación, no puede el juez desconocer la obligación consignada el artículo 18 de la ley 446 de 1998, según la cual debe ser respetado el orden de llegada de los procesos. (…)”. 5. Análisis del caso concreto La señora María Cristina Blanco Illidge, en representación de su hija menor, la niña Valeria Sofía Jaimes Blanco, estima vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la educación, a la salud, a la seguridad social, y de acceso a la administración de justicia, porque considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en mora injustificada, por la tardanza al proferir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Luis Arturo Jaimes Vera contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.
En ese contexto, la parte actora señaló que, a su juicio, la autoridad judicial excedió los términos razonables con que contaba para resolver el asunto y, asimismo, expuso que no existen razones para continuar con esa conducta omisiva. Con relación a la mora judicial, la Sala considera pertinente señalar que este fenómeno se presenta a partir de la confluencia de tres (3) circunstancias especiales, a saber: (i) el desconocimiento de los términos procesales con que contaba una autoridad judicial, para resolver un asunto sometido a su conocimiento;
(ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la pretermisión del plazo legal y (iii) que la tardanza sea imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones del juez de conocimiento. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 333 de 2020 (M.P. Alberto Rojas Ríos), definió los citados elementos en los siguientes términos: “(…) En el mismo sentido, se presenta una mora judicial injustificada, si: (i) es fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;
(ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. (…)”. Por lo expuesto, para la Sala, si bien, el desconocimiento de los términos procesales para dirimir un asunto es un elemento a tener en cuenta, ello per se no constituye un elemento demostrativo de la mora por parte de una autoridad judicial, que implique una vulneración de derechos fundamentales, pues en tal caso, corresponde al juez de tutela evaluar el contexto en que se presentó tal pretermisión, en aras de determinar si existían razones que lo justificaron, conforme con los parámetros dictados por la Corte Constitucional en la sentencia antes citada.
En efecto, sobre el particular es importante indicar que la congestión judicial es uno de los principales problemas que afectan la administración de justicia, fenómeno que se presenta debido a la concurrencia de diferentes situaciones, tales como: i) incremento de demandas (de acciones constitucionales y/o ordinarias), ii) situaciones de fuerza mayor ii) insuficiente planta de personal; circunstancias que generan que las respectivas actuaciones judiciales se tornen inactivas por un tiempo prolongado.
Ahora bien, en el presente asunto, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera pertinente precisar lo siguiente: El Señor Luis Arturo Jaimes Vera, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL. El asunto se identificó con el radicado número 105837333300120170044601 y su conocimiento le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo, Antioquia, que, con auto de 8 de junio de 2017, admitió la demanda.
Surtido el trámite procesal previsto en el ordenamiento jurídico, el 27 de septiembre de 2018, se profirió sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. Mediante escrito de 10 de octubre de 2018, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la referida decisión, recurso que fue concedido ante el superior a través de auto de 16 de octubre de 2018.
El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que, mediante auto de 27 de noviembre de 2018, admitió el recurso de alzada. Mediante providencia de 15 de enero de 2019, se corrió traslado a las partes por el término de diez días para presentar alegatos de conclusión. El 28 de enero de 2019, el expediente ingresó al Despacho del Magistrado sustanciador.
Finalmente, el 30 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió sentencia en el sentido de revocar la decisión de primera instancia; providencia que fue notificada a la parte interesada el 6 de junio de 2023. Al respecto, se advierte que la situación que la accionante estimaba lesiva del derecho deprecado, con ocasión de la mora judicial injustificada, en la que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada, ante la falta de pronunciamiento en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Luis Arturo Jaimes Vera contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, bajo el radicado número 05837333300120170044601; se superó, por razón a que el Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió sentencia el 30 de mayo 2023, en el sentido de revocar la decisión de primera instancia. Providencia que fue notificada a la parte interesada mediante correo electrónico el 6 de junio de 2023.
Así las cosas, se destaca que el objeto de la tutela de la referencia se circunscribía a que la autoridad accionada resolviera los asuntos planteados en precedencia, como en efecto ocurrió. Comoquiera que la situación que originó la tutela cesó en el trámite de esta, la Sala considera que el asunto sub judice se enmarca en el escenario de la carencia actual de objeto por hecho superado.
La Corte Constitucional mediante sentencia T 358 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), se refirió a esa figura y definió sus elementos de la siguiente manera: “La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria.
En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho fundamental”.
La Sala advierte que la acción de tutela se presentó el 13 de abril de 2023 y, durante su trámite, la autoridad judicial accionada profirió sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Luis Arturo Jaimes Vera, padre de la menor Valeria Sofía Jaimes Blanco, lo cual constituía el fin último del amparo constitucional; motivo por lo que se estima que cualquier orden que se llegare a impartir sería inocua, dadas la situación actual del asunto.
En ese contexto, considera que el asunto aquí discutido no puede ser objeto de un mayor estudio, habida cuenta que la presunta conducta lesiva despareció en trámite de la tutela. En ese contexto, se advierte que se configura la carencia actual de objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad demandada fue absuelta y desapareció el motivo que obligó a la actora a ejercer este mecanismo constitucional.
DECISIÓN En conclusión, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Luis Arturo Jaimes Vera, padre de la menor Valeria Sofía Jaimes Blanco, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA PRIMERO. - DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la acción de tutela de la referencia, atendiendo a las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO. - Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE CÉSAR PALOMINO CORTÉS (Firmado electrónicamente) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CARMELO PERDOMO CUÉTER (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)