CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla Bogotá D.C., 9 de agosto de 2023 Número único: 11001-03-06-000-2023-00211-00. Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas. Partes: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila.
Asunto: Autoridad competente para conocer proceso disciplinario contra empleados judiciales por determinar. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 20211, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia. I. ANTECEDENTES2 1.
La Corte Constitucional mediante Auto del 19 de julio de 2021 efectuó la selección y reparto de expedientes de tutela cuyos fallos serían objeto de revisión por parte de ese Tribunal. Señaló en dicha providencia, que los expedientes correspondientes a las acciones de tutela 2020-0403 y 2020-0454 le fueron remitidos de forma tardía por el 1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Los antecedentes relatados en este acápite se extraen de los documentos allegados al expediente del presente conflicto que reposa en SAMAI. 3 La acción de tutela radicada bajo el número 2020-040 fue interpuesta por la señora Gloria Cecilia Gómez Cortés como agente oficiosa de su esposo Guillermo Liévano Rodríguez, en contra de la entidad «Nueva EPS», por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida, la seguridad social, la igualdad y la dignidad humana.
La acción fue admitida mediante Auto del 19 de junio de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia del 6 de julio de 2020, resolvió el asunto, tutelando los derechos del señor Liévano Rodríguez. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva conoció de la impugnación del fallo, la cual resolvió mediante Sentencia del 18 de agosto de 2020 por la cual lo confirmó y aclaró. 4 La acción de tutela radicada bajo el número 2020-045, fue interpuesta por el señor César Julián Salas Escobar contra la Comisión Nacional del servicio Civil (CNSC), por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, al trabajo y al debido proceso.
Fue admitida mediante Auto del 8 de julio de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia del 23 de julio de 2020 declaró improcedente la acción. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva conoció de la impugnación del fallo, frente a lo cual se pronunció en Sentencia del 3 de septiembre de 2020 confirmando la decisión. Radicación 11001030600020230021100 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en fechas, 30 de abril de 2021 y el 3 de mayo de 2021, respectivamente.5 2.
Como consecuencia de lo anterior, en la citada providencia del 21 de julio de 2021, la Corte Constitucional ordenó compulsar copia de los expedientes de tutela a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, para efectos de evaluar la procedencia de adelantar las actuaciones disciplinarias a que pudiese haber lugar, en relación con la eventual responsabilidad ante la remisión tardía de los citados expedientes para fines de revisión. 3.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila recibió el asunto y asignó a cada expediente un número de radicación, a saber, radicación número 2021-00406 para el expediente de tutela 2020-040, y radicación número 2021-00407 para el expediente de tutela 2020-045. 4. A través del Auto del 19 de enero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, «con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta denunciada, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad conforme a los hechos expuestos», en el marco del expediente disciplinario número 2021-406 ordenó indagación preliminar en contra de empleados por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. 5.
Mediante Auto del 9 de febrero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, con fundamentó en el principio de economía procesal, ordenó la acumulación de los expedientes disciplinarios 2021-406 y 2021-407, al considerar que los hechos materia de investigación de ambos casos, guardaban relación e identidad entre ellos.
Resolvió, por ende, incorporar el expediente 2021-407 al expediente 2021-406 para ser tramitados en un solo proceso. 6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila mediante Auto del 6 de febrero de 2023 manifestó que los hechos materia de investigación ocurrieron en el año 2020, época para la cual aún no se encontraba en funcionamiento, lo que establece su falta de competencia para investigar a los empleados por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
En consecuencia, a través de la citada providencia remitió el asunto al Tribunal citado, y planteó desde ese momento, conflicto de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil, en caso de no ser acogida su posición. 7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante Auto del 2 de mayo de 2023 decidió no aceptar la competencia para conocer de la actuación disciplinaria, y consideró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila es la entidad 5 Las acciones de tutela se identifican en este documento con los números de radicación originarios ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva (2020-040 y 2020-045).
Radicación 11001030600020230021100 competente para ello, por cuanto, la presunta falta en la que habrían incurrido los empleados por determinar, de la Secretaría de esa corporación, no se configuró de manera exclusiva en el año 2020, sino que constituyó una presunta omisión que se prolongó en el tiempo hasta el momento en que cesó, en abril y mayo de 2021, esto es, al momento en que los expedientes de tutela fueron enviados a la Corte Constitucional. 8.
En el referenciado Auto del 2 de mayo de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva declaró su falta de competencia, aceptó el conflicto de competencia administrativa propuesto por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, y remitió las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
II. ACTUACIÓN PROCESAL6 La Secretaría de la Sala fijó edicto por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y los particulares interesados en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.
En informe secretarial del 26 de junio de 2023 consta que se comunicó sobre la existencia del presente conflicto de competencia administrativa, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación. En el informe secretarial mencionado se señaló que ninguna de las autoridades involucradas en el presente trámite presentó consideraciones sobre el asunto materia del mismo.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES7 a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila No presentó consideraciones ni alegatos. Se toman los argumentos presentados en el Auto del 6 de febrero de 2023, mediante el cual, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en dicha providencia manifestó lo siguiente: Que el fallo de segunda instancia de la acción de tutela número 2020-0040 fue proferido el 18 de agosto de 2020, y el correspondiente a la acción de tutela número 2020-0045, se emitió el 3 de septiembre de 2020. 6 La información que se anota en este acápite fue tomada del expediente del presente conflicto que reposa en SAMAI. 7 Ibidem.
Radicación 11001030600020230021100 Al respecto, señaló que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 257A de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, entraron en funcionamiento el 13 de enero de 2021, fecha en la cual se posesionaron sus magistrados. En virtud de ello, la competencia de dicha jurisdicción se concreta frente a las actuaciones disciplinarias cuyos hechos hayan ocurrido con anterioridad al inicio de sus funciones, o frente a los procesos iniciados por la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo los anteriores supuestos concluyó que, para la época de los hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no había entrado en funcionamiento, y por ello, debe darse aplicación a la norma de competencia anterior a la creación de la citada comisión y sus seccionales, norma según la cual, los empleados judiciales son disciplinados por el superior jerárquico, lo que justifica la remisión del asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. b. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Esta autoridad tampoco presentó consideraciones o alegatos, por lo cual, se tienen en cuenta los argumentos anotados en el Auto del 2 de mayo de 2023, mediante el cual, se pronunció respecto de la declaratoria de falta de competencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila en el asunto de la referencia. Manifestó que las fechas de configuración de los hechos presuntamente constitutivos de falta disciplinaria que motivaron a la Corte Constitucional a compulsar copias a la CSDJ- Huila, no se circunscriben solamente al año 2020.
Lo anterior, por cuanto, si bien las decisiones de segunda instancia en las acciones de tutela del asunto fueron emitidas en dicha vigencia, la remisión de los expedientes a la Corte Constitucional con fines de revisión se efectuó el 30 de abril de 2021, respecto del expediente de tutela número 2020-0040, y el 3 de mayo de 2021 en el caso del expediente de tutela número 2020-0045.
Así las cosas, el Tribunal rechaza la competencia y considera que la autoridad que debe adelantar la actuación disciplinaria es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, en tanto, el presupuesto fáctico de la mora que originó la compulsa de copias se extendió hasta los meses de abril y mayo de 2021, fecha posterior al 13 de enero de ese mismo año, y a partir de la cual entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales.
IV. CONSIDERACIONES 1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios Radicación 11001030600020230021100 Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20198, norma especial sobre la materia, que dispone:
ARTÍCULO
99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto.
El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, no tienen un superior común. Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades. 2.
Regla general de los conflictos de competencia administrativa La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»9 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 202110, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa.
Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se 8 «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario». 9 Ley 1437 de 2011.
Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 10 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».
Radicación 11001030600020230021100 considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal.
En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.
En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente: 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.
Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;
En este caso, tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva han negado tener la competencia para conocer de la investigación disciplinaria en contra de los empleados, por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con ocasión de la remisión tardía a la Corte Constitucional para fines de revisión, de los expedientes de tutela 2020-040 y 2020- 045. ii) Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.
En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional del Huila, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, autoridad territorialmente desconcentrada e integrante de la Jurisdicción Ordinaria de la Rama Judicial. iii) Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.
Radicación 11001030600020230021100 El asunto discutido es particular y concreto. Se trata de determinar la competencia para conocer de la investigación disciplinaria en contra de empleados, por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, como se ha dicho, con ocasión de la remisión tardía de los expedientes de tutela 2020-040 y 2020-045 a la Corte Constitucional.
Sobre la naturaleza del asunto, se observa que el presente conflicto involucra de una parte, a una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería función administrativa (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva)11, y de otra, una autoridad que, de ser declarada competente ejercería función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila)12.
Sobre este tipo de conflictos, la Sala de Consulta ha manifestado consideraciones importantes, como se indica a continuación13: • De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza, no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente para dirimirlo, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política14, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. • En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala,15 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil.
Decisión núm. 110010306000201300020700 del agosto 13 de 2013: «Finalmente, el alto tribunal aclaró que si bien la función disciplinaria del juez sobre sus subalternos es de naturaleza administrativa y los actos definitivos son demandables ante esta misma jurisdicción, esto no conduce a que el funcionario pierda su condición de juzgador o que tales eventos no puedan ser resueltos por su superior funcional». 12 La función disciplinaria que ejerce la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de sus seccionales, sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por expreso mandato constitucional contenido en el artículo 257A de la Carta Política, tiene naturaleza jurisdiccional 13 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211;
Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 14 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 15 Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130;
Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211, entre otras. Radicación 11001030600020230021100 En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al ius puniendi estatal, máxime cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.
En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA. • Dicho lo anterior, debe mencionarse que la Sala ha considerado16 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias.
Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.
Así las cosas, se reitera que, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente. 3. Términos legales El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»17.
En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones. 16 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 17La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.
Radicación 11001030600020230021100 El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.
Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión. 4. Aclaración Previa El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto.
Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia. Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.
Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. 5. Síntesis del conflicto y problema jurídico En el presente asunto corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para conocer de la investigación disciplinaria en contra de empleados, por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con ocasión de la remisión tardía a la Corte Constitucional, de los expedientes de tutela 2020-040 y 2020-045 para efectos de revisión. Entiende la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, que los presuntos hechos omisivos tuvieron lugar al momento de proferirse los fallos de segunda instancia de las acciones de tutela número 2020-0040 y 2020-0045, esto es, el 18 de agosto de 2020, y el 3 de septiembre del mismo año, respectivamente.
Bajo tal supuesto, y dado que para tales fechas no había entrado en funcionamiento, considera la comisión que, debe aplicarse en este caso, la regla de competencia disciplinaria prevista en la Ley 270 de Radicación 11001030600020230021100 1996 respecto de los empleados judiciales, según la cual, corresponde al superior jerárquico adelantar la actuación disciplinaria, es decir, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por su parte, señala que, si bien la presunta falta disciplinaria de carácter omisivo inició en 2020 cuando debieron ser enviados los expedientes de tutela a la Corte Constitucional, tal conducta cesó y por ende, se materializó en abril y mayo de 2021, época para la cual, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya había entrado en funcionamiento.
Por ello, en su criterio, a esa entidad le corresponde adelantar la actuación disciplinaria. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a: i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Factores que determinan la competencia en materia disciplinaria. El factor subjetivo o personal. iii) Los servidores de la Rama Judicial.
Distinción entre funcionario y empleado judicial. iv) Autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. v) Falta disciplinaria por omisión que se mantiene en el tiempo. 6. Análisis de la normativa aplicable 6.1. La potestad disciplinaria del Estado.
Reiteración18 El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.
En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes. 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión núm. 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022, entre otras.
Radicación 11001030600020230021100 Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión, o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga en ejercicio de su función disciplinaria.
El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función: Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten.
Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro19. Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito propender por el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados20.
A su vez, frente al objetivo de la potestad disciplinaria, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente: […] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]21.
En el referido pronunciamiento, la Corte también recuerda que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destaca, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes públicos.
Sobre la titularidad de la potestad disciplinaria, los artículos 1° y 2° de la Ley 1952 de 201922 disponen, lo siguiente: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión núm. 11001-03-25-000-2010-00162-001200-10) del 23 de septiembre de 2015. 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046 de 2011. 21 Corte Constitucional, Sentencia C-028 del 26 de enero de 2006. 22 «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».
Radicación 11001030600020230021100 Artículo 1. Reconocimiento de la dignidad humana. Quien Intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad humana. Artículo 2. Titularidad de la potestad disciplinaria. (Modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021)23. Funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.
Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.
Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría a General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, en los términos establecidos en esta Ley. Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.
Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.
A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente.24 […] La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política. 23 Los apartes tachados obedecen a lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 2023, sobre la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le habían sido atribuidas por la Ley 2094 de 2021. 24 En relación con la potestad disciplinaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha destacado en decisiones recientes, que la misma se debe entender en los términos del artículo 257A de la Constitución Política.
Ver: Decisión del 20 de febrero de 2023 radicación 2022-256; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-270; entre otras. Radicación 11001030600020230021100 La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta. De lo expuesto, puede concluirse que la titularidad de la acción disciplinaria será ejercida por el Estado así: • Por las oficinas de control interno y por los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, en relación con los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos adscritos a sus dependencias. • Por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, respecto de los funcionarios y empleados judiciales, y de los abogados en el ejercicio de su profesión. • Por la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales, en virtud del poder disciplinario preferente que la Constitución Política y la ley les conceden. 6.2.
Factores que determinan la competencia en materia disciplinaria. El factor subjetivo o personal. Reiteración25 En materia disciplinaria, la competencia, esto es, la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto, se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los siguientes factores o criterios: i) la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo); ii) la naturaleza del hecho (factor objetivo o material); iii) el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial); iv) la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional); y, v) el factor de conexidad.
En relación con el primero, el inciso 6° del artículo 2° de la citada Ley 1952 de 2019 prevé que «a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación […]».
Por su parte, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, dispone lo siguiente: Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. 25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión número 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022, entre otras.
Radicación 11001030600020230021100 La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores. El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los primeros.
Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia. En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable.
Como se aprecia, los criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir competencia, por el factor subjetivo, son los siguientes: i) La calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor. ii) El cargo que ocupa u ocupó el servidor público o el particular investido de funciones públicas. iii) La rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor o el particular26. 6.3.
Los servidores de la Rama Judicial. Distinción entre funcionario y empleado judicial. Reiteración27 Conforme lo establecido en el artículo 125 de la Ley 270 de 199628, «tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las 26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión núm. 11001-03-06-000-2022-00022-00. del 14 de junio de 2022, entre otras. 27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión núm. 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022, entre otras. 28 «Estatutaria de la Administración de Justicia».
Radicación 11001030600020230021100 Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial». Sobre este punto, la Corte Constitucional29 ha dicho que existe una clara diferencia entre funcionarios y empleados judiciales, pues los primeros tienen la tarea principal de administrar justicia (jueces, magistrados y fiscales), mientras que los segundos trabajan para la Rama Judicial, en apoyo al cumplimiento de su misión, pero no administran directamente justicia. Decantada la diferencia entre unos y otros, pasa la Sala a precisar cuál era, antes del 13 de enero de 2021 - fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial -, la autoridad que tenía competencia para investigar a los empleados judiciales y, cuál es la autoridad que, a la fecha, ostenta dicha función. 6.4.
Autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración30 Conforme lo establecía el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, correspondía «a las Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la Rama Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario […]».
En armonía con dicha ley, el artículo 2º de la Ley 734 de 2002 disponía: «corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias». En ese sentido, el artículo 67 eiusdem indicaba: «la acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura […] las oficinas de control disciplinario interno […] y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos […]» [Resalta la Sala].
Al interpretar el mencionado artículo 115 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en armonía con lo dispuesto en las normas citadas del Código Disciplinario Único, la Sala concluyó que el competente para investigar disciplinariamente a los empleados judiciales era su respectivo superior jerárquico o administrativo.31 29Sentencia C-713 de 2008. 30 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión núm. 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022, entre otras. 31 La Sala sostuvo la misma postura en múltiples pronunciamientos, entre los cuales se pueden consultar: i) decisión núm. 11001-03-06-000-2020-00137-00 (C) del 27 de julio de 2020, y ii) decisión núm. 11001-03- 06-000-2015-00104-00 (C) del 22 de octubre de 2015.
Radicación 11001030600020230021100 Posteriormente, el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 201532 introdujo una importante modificación en la materia, en tanto dispuso: Artículo 19. El artículo 257 [257A] de la Constitución Política quedará así: Artículo 257 [257A]. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. […] Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados […]
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial33. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad. [Resalta la Sala]. Ante la derogatoria tácita del artículo 115 de la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional en Sentencia C-373 de 2016 sostuvo lo siguiente: […] las competencias en materia disciplinaria respecto de los empleados judiciales se encontrarán a cargo de las autoridades que las han ejercido hasta el momento y que dicha competencia se mantendrá hasta tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial se encuentren debidamente conformadas.
Estas últimas, con fundamento en los principios de legalidad, juez natural e igualdad solo ejercerán las nuevas competencias respecto de los hechos ocurridos con posterioridad a dicha entrada en funcionamiento [se resalta]. 32 «Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones». 33 La posesión de los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ocurrió el día 13 de enero de 2021.
Radicación 11001030600020230021100 […] para la Corte es claro que las actuaciones de los empleados judiciales ocurridas con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial deberán ser examinadas por las autoridades que al momento de su ocurrencia sean las competentes.
Esta conclusión se desprende no solo de que la nueva regulación no contempla una prohibición de que así sea, sino también porque las garantías de legalidad y de juez natural adscritas al derecho al debido proceso (art. 29) y al derecho a la igualdad (art. 13) exigen que tal sea la interpretación del parágrafo transitorio del artículo 19.
En efecto, dado que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial así como las Comisiones Seccionales son órganos de naturaleza judicial y quienes han tenido a cargo el control disciplinario de los empleados judiciales, hasta ahora, son órganos que actúan cumpliendo funciones administrativas –superiores jerárquicos y Procuraduría General de la Nación-, para la Corte debe preferirse aquella interpretación de la Carta que ofrezca suficiente certeza respecto del curso que deberán seguir todas las actuaciones disciplinarias, de una parte, y de las autoridades que se encontrarán a cargo de iniciarlas y terminarlas, de otra.
Además, una conclusión contraria privaría a los empleados judiciales de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A juicio de este Tribunal resulta pertinente la aplicación de la regla de inmodificabilidad de la competencia que, para este caso, supone que los nuevos órganos solo serán competentes para ejercer la función disciplinaria respecto de los actos ocurridos con posterioridad a su entrada en funcionamiento. [Resalta la Sala].
En síntesis, la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, opera sobre los hechos posteriores a su entrada en funcionamiento, esto es, el 13 de enero de 2021, de manera que, las actuaciones disciplinarias respecto de conductas de los empleados judiciales anteriores a la referida fecha deben continuar en conocimiento de las autoridades hasta entonces competentes.
En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil, ha sostenido34 que: Si los hechos generadores de la falta tuvieron lugar antes del 13 de enero de 2021, el competente para adelantar el proceso disciplinario, hasta su culminación, será el funcionario que, al momento de la realización de la conducta, estuviese ejerciendo como superior jerárquico del empleado judicial.
Por el contrario, si los hechos constitutivos de la falta tuvieron lugar con posterioridad al 13 de enero de 2021, será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de sus seccionales, la autoridad competente para investigar al empleado judicial, caso en el cual, en razón de la naturaleza de las decisiones que emiten dichos organismos, el proceso ya no será disciplinario-administrativo sino jurisdiccional-disciplinario. 34 Decisión del 14 de junio de 2022, proferida dentro del conflicto de competencias administrativas núm. 11001-03-06-000-2022-00022-00, entre otras.
Radicación 11001030600020230021100 Así las cosas, aun cuando jurisprudencialmente se ha dicho que las faltas disciplinarias cometidas por empleados judiciales, antes del 13 de enero de 2021, son conocidas por el que, para la época de los hechos, ostentara la calidad de superior jerárquico y, las que tuvieran lugar luego de esa fecha, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo cierto es que ni la Constitución, ni la ley, ni la jurisprudencia, se han referido a aquellas conductas que no tiene solo un extremo temporal, es decir, cuando no se agota en un acto de ejecución instantánea, sino que comprende una conducta o una omisión cuya consumación se prolonga o permanece en el tiempo.
Veamos entonces, que ocurre frente a las conductas que iniciaron antes de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (13 de enero de 2021) y culminaron luego de esa fecha. Puntualmente, de cara al caso que se revisa, qué ocurre con la conducta omisiva que tuvo inicio antes del 13 de enero de 2021 y cesó después de esa fecha. 6.5.
Falta disciplinaria por omisión que se mantiene en el tiempo. Reiteración35 Según se estudió, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales ejercen sus funciones respecto de hechos ocurridos a partir de su entrada en funcionamiento, es decir, el 13 de enero de 2021. Así, a efecto de determinar cuál es la autoridad competente para conocer de la respectiva actuación disciplinaria, el análisis de las circunstancias de tiempo que se atribuyen a la falta puede resultar de carácter definitorio, en particular, tratándose de una presunta conducta omisiva que se mantiene en el tiempo.
Según el Código General Disciplinario, las faltas disciplinarias son de comisión instantánea o de carácter permanente o continuado36 y pueden ser «por acción37 u omisión38 en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones».39 Respecto de la clasificación de las faltas disciplinarias, la Sección Segunda del Consejo de Estado40, ha sostenido que las faltas de ejecución instantánea se agotan «en un sólo momento».
Entre tanto, aquellas de carácter permanente o continuado se presentan 35 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión núm. 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022, entre otras. 36 Ibidem. 37 Definición de la Real Academia Española: Resultado de hacer. https://dle.rae.es/acción. 38 Definición de la Real Academia Española: Abstención de hacer o decir, falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. https://dle.rae.es/omisión. 39 Artículo 27 de la Ley 1952 de 2019. 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia núm. 11001-03-25-000-2011-00170-00 (0583-11) del 30 de junio de 2016.
Radicación 11001030600020230021100 cuando «[…] la lesión del bien jurídico protegido por la norma sancionatoria se prolonga en el tiempo»41. La Corte Constitucional en la Sentencia T-282A de 2012, precisó que, de acuerdo con las circunstancias modales y temporales en que ocurren las faltas disciplinarias, estas pueden ser de: i) Mera conducta, donde el comportamiento se adecua al incumplimiento simple y llano de la norma; ii) De resultado en las que se necesariamente se presenta un resultado o efecto naturalístico; iii) Instantáneas cuando la realización del comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada, cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta.
De lo anterior se colige que, en procura de una efectiva garantía del servicio público y con ello, una correcta ejecución de funciones de quienes son responsables de su materialización, el Estado, como titular de la potestad disciplinaria, puede sancionar, valiéndose de estas clasificaciones, cualquier conducta que un servidor público pueda realizar, o dejar de hacer, que afecte los derechos que constitucional y legalmente se le ha encargado proteger.
Igualmente, para poder clasificar adecuadamente una conducta sancionable a la luz del derecho disciplinario, será necesario identificar si la acción o la omisión que se reprocha se agotó o no, en un solo acto. Es así como, en relación con las faltas omisivas, cada día en que se está materializando la omisión, continúa o permanece la lesión por la desatención de la obligación que al servidor público le correspondía ejecutar.
Se trata de un estado de consumación que se prolonga en el tiempo y, por ende, se entiende finalizado solo hasta cuando cesa tal consumación. 7. El caso concreto Revisados los antecedentes normativos y los documentos que obran en el expediente, la Sala encuentra que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila es la autoridad competente para conocer y adelantar la actuación disciplinaria en contra de los empleados por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con ocasión de la compulsa de copias efectuada por la Corte Constitucional, por la remisión tardía a esa corporación, de los expedientes de las acciones de tutela números 2020-0040 y 2020-0045. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia núm. 25000- 23-25-000-2004-05678-02 (2137-09) del 7 de octubre de 2010. Radicación 11001030600020230021100 Lo anterior, por las siguientes razones: Por disposición expresa del artículo 115 de la Ley 270 de 1996, antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la acción disciplinaria contra empleados judiciales era ejercida por las corporaciones, funcionarios y empleados que tuvieran la calidad de superiores jerárquicos.
Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A superior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales tienen a su cargo ejercer la función jurisdiccional disciplinaria frente a los funcionarios y los empleados de la Rama Judicial, por las conductas, hechos u omisiones ocurridos después del 13 de enero de 2021, fecha en que entró en funcionamiento.
En el asunto objeto de estudio, una vez ejecutoriados los fallos de segunda instancia por parte de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en el curso de las acciones de tutela 2020-0040 y 2020-0045, dicha corporación por medio de su Secretaría debía remitir los expedientes a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria respectiva42.
Sin embargo, el fallo de segunda instancia proferido el 18 de agosto de 2020, que decidió la acción de tutela 2020-0040 fue enviado a la Corte Constitucional sólo hasta el día 30 de abril de 2021. Y, el fallo de segunda instancia de fecha 3 de septiembre de 2020, el cual decidió la acción de tutela 2020-0045, sólo hasta el 3 de mayo de 2021 fue remitido al máximo tribunal constitucional.
De lo anterior se desprende que, frente a la acción de tutela 2020-0040, la presunta omisión del envío del expediente se extendió hasta el día 30 de abril de 2021, siendo éste el extremo temporal de configuración de la conducta. Y, respecto de la acción de tutela 2020-0045, la presunta omisión del envío del expediente se extendió hasta el 3 de mayo de 2021, siendo tal fecha, el extremo temporal de configuración de la conducta. 42 Decreto Ley 2591 de 1991. «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
Artículo 32. Trámite de la impugnación. […] El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. [Resalta la Sala] Radicación 11001030600020230021100 Lo anterior, en tanto la omisión del servidor público violatoria de sus deberes afecta el servicio público y el buen funcionamiento del Estado, hasta el momento en el que culmina, y es a partir de ahí, que puede entrar a valorarse la conducta.
Reitera la Sala, que, tratándose de una presunta falta omisiva que se prolonga en el tiempo, la competencia para adelantar la respectiva actuación disciplinaria será de la autoridad que, al momento de cesar la conducta constitutiva de presunta falta, tenga a cargo el ejercicio de la acción disciplinaria. Dicho lo anterior, la Sala concluye que, aun cuando el presunto actuar omisivo de los empleados judiciales por determinar inició en el año 2020, es decir, antes de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial -13 de enero de 2021-, tal conducta solo cesó hasta el 30 de abril (para el caso de la acción de tutela 2020-0040), y hasta el de 3 de mayo de 2021 (para el caso de la acción de tutela 2020- 0045), fechas en las que fueron remitidos a la Corte Constitucional los respectivos expedientes para los fines de la eventual revisión de los fallos correspondientes.
En ese orden de ideas, en el presente caso, la presunta falta disciplinaria se entiende realizada o consumada, en fechas posteriores a la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, de manera que, la autoridad competente para investigar a los empleados judiciales por determinar, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR competente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, para conocer, adelantar y concluir la actuación disciplinaria a que haya lugar, en contra de los empleados judiciales por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, ante la remisión tardía a la Corte Constitucional con fines de eventual revisión, de los fallos de segunda instancia correspondientes a las acciones de tutela 2020-0040 y 2020-0045.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila para que proceda conforme lo señalado en el numeral anterior.
TERCERO: COMUNICAR esta decisión al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes del Huila, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y a la Corte Constitucional. Radicación 11001030600020230021100 CUARTO: ADVERTIR que los términos legales a que esté sujeta la actuación administrativa en referencia se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se comunique la presente decisión.
QUINTO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno, tal como lo dispone expresamente el inciso 3º del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021. La anterior decisión se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS Presidente de la Sala Consejero de Estado (Aclaración de voto) MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA ANA MARÍA CHARRY GAITÁN Consejera de Estado Consejera de Estado (Ausente con excusa) REINA CAROLINA SOLÓRZANO HERNÁNDEZ Secretaria de la Sala CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021.