Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 Demandante: OLGA LUCÍA MEJÍA GIRALDO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia constitucional SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo contra el Tribunal Administrativo del Quindío. I.

ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo 1. Con escrito radicado el 15 de mayo de 2023, la señora Olga Lucía Mejía Giraldo, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, y a los principios constitucionales de situación más favorable al trabajador, perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente. 2.

La trasgresión de las citadas garantías constitucionales se las adjudica a la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío. En dicha providencia se confirmó la decisión de primera instancia del 17 de agosto de 2022 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, que negó las súplicas de la demanda.

Lo anterior, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la actora contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y departamento de Quindío – Secretaría de Educación1. 1 Proceso identificado con el número de radicación 63001-3333-006-202-00026-00/01.

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones 3. Con base en lo anterior, la actora solicitó: 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 20 de abril de 2023, en el expediente rad.

No. 63001-3333-006-2022-00026-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada. 2.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […] (Sic a toda la cita). 1.3.

Hechos probados y/o admitidos 4. La señora Olga Lucía Mejía Giraldo se desempeña como docente oficial en el departamento de Quindío. 5. Mencionó que el 15 de febrero del año 2021, el FOMAG omitió el deber legal de consignarle las cesantías a las que tiene derecho por los servicios prestados en el año 2020. 6. El 14 de julio de 2021, solicitó ante la autoridad correspondiente el pago de sus cesantías, con el correspondiente reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, desde el 15 de febrero de 2021, hasta la fecha en que se acreditara el pago de dicha prestación económica. 7.

Así mismo pidió el reconocimiento de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según lo establecido en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991. 8. Pese a lo anterior, las entidades guardaron silencio y con ello, el 14 de octubre de 2021 se configuró un acto administrativo ficto.

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9. Por los hechos expuestos, la señora Olga Lucía Mejía Giraldo instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y el departamento de Quindío. 10.

En dicho medio de control solicitó la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 14 de octubre de 2021 frente a la petición presentada el 14 de julio de esa misma anualidad, y a título de restablecimiento que se condenara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos. 11. En providencia del 17 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1989. 12.

En contra de la anterior decisión, la señora Mejía Giraldo presentó recurso de apelación2. Este fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que, en sentencia del 20 de abril de 2023, decidió confirmar el fallo de primer grado. 13. Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial accionada indicó que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 52 de 1975, ni la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Lo anterior, toda vez que la demandante es docente afiliada al FOMAG y se rige por Ley 91 de 1989 con sus modificaciones. 1.4. Fundamentos de la vulneración 14. La tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional. 15.

Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías. 16.

Arguyó que, al no estar asegurados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación, lo que a su juicio está 2 Como fundamento del recurso, la accionante citó la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, mediante la cual dicho tribunal constitucional consideró que, en cuanto a los intereses de las cesantías, el régimen docente no es más favorable que el general, por lo que los docentes tienen derecho al pago oportuno de las cesantías so pena de la sanción moratoria y los intereses del régimen general.

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar. 17.

Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los profesores frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando los mismos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional.

Aunado a ello, refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, ni de una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole. 18.

Aludió que el Tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. 19.

En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió los defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, aplicando la sanción moratoria de cesantías a los docentes del sector oficial por el pago tardío de las mismas.

En esos términos, citó las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018. 20. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los profesores afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa.

Premisa distinta a la arribada por el Tribunal Administrativo del Quindío. 21. A continuación, se relacionan las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora: Corte Constitucional No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T- 6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Exp.

T- 5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T- 7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 041/2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Consejo de Estado No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISSET IBARRA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-31- 000- 200900867- 01, No. Interno: 4854- 2014 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15- 000-2018- 04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15- 000-2018- 04679-01 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN – Dr. HERNANDO SANCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-0315- 000-2018- 03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33- 000-2014- 00208-01 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31- 000-2014- 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 00254-01 (4960-2017) GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33- 000-2014- 00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33- 000-2015- 00331-01 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33- 000-2015- 00445- 02(0483-20) 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33- 000-2014- 01127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23- 40-000-2015- 90008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23- 33-000-2017- 00931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23- 33-000-2015- 00075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33- 000-2019- 00359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33- 000-2019- 00376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33- 000-2015- 00509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33- 000-2015- 90124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022 Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 26 47001-23-33- 000-2018- 0231-01 (0871-2020) 26 de enero 2023 DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – DR. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 22.

Hasta la sentencia número 23 enumerada, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado. 23. Por último, el apoderado de la señora Mejía Giraldo, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido en ese sentido: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co No. RADICADO EXPEDIENTE F. DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA CRISTINA ISABEL SANCHEZ BRITO 2 05001 3333 019 2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLIN PATRICIA CÓRDOBA VALLEJO 3 70001 3333 002 2022 0007200 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS 4 27001 3333 002 2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE QUIBDÓ YUDY YINETH MORENO CORREA 5 76001 3333 002 2022 0006600 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333 003 2022 0006600 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002 2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333 009 2022 00010900 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA JAIRO GARCIA SUAREZ 9 27001 3333 005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ EMILSON MARMOLEJO GARCIA 10 11001 3342 051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ NORBERTO MENDIVELSO PINZON 1.5.

Trámite de la acción de tutela 24. En auto del 16 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del Quindío. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, ii) la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, iii) la Fiduprevisora S.A., iv) Departamento de Quindío – Secretaría de Educación y; v) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 1.6.

Intervenciones e informes 25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.6.1. Ministerio de Educación Nacional Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.

Señaló que la acción de tutela es un mecanismo autónomo, residual y subsidiario lo que significa que el extremo activo debe haber acreditado que agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios, y/o constatar que existió necesidad urgente para que sea razonable y justificado el amparo solicitado. 27. Dicho lo anterior, sostuvo que a su juicio no se evidencia violación alguna a derechos del accionante y por tanto el presente mecanismo constitucional resultaba improcedente. 1.6.2.

Fiduprevisora S.A. 28. En primer lugar, manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir que los mismo desconocieron precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda. 29. Finalmente solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y que se desvinculara a la Fiduprevisora, quien actúa en calidad de vocera y administradora de Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 1.6.3.

Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia 30. Solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo constitucional al carecer el asunto de relevancia constitucional y no acreditar la configuración de defecto alguno que dé lugar a una vulneración a derechos fundamentales. 31. Adicionalmente, pidió que se diera aplicación al precedente judicial contenido en la sentencia SU 573 de 2019 de la Corte Constitucional, y a las providencias del 9 de julio de 20203 y 28 de mayo de 20204 proferidas en sede de tutela por la Sección Quinta del Consejo de Estado. 32.

El Tribunal Administrativo del Quindío, pese a ser debidamente notificado del presente trámite tutelar, se limitó a remitir copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho N. 63001-33-33-001-2022-00010-02. Al respecto es menester poner de presente que el expediente en comento no corresponde al solicitado por este despacho5. 33.

Finalmente, el departamento del Quindío – Secretaría de Educación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio. 3 11001-03-15-000-2019-05205-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra 4 11001-03-15-000-2020-01384-00 MP. Rocío Araujo Oñate 5 Pese a tratarse de otro expediente judicial, este despacho no procedió a realizar nuevamente la solicitud, toda vez que el proceso materia de la presente acción de tutela fue remitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia.

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34. Por otra parte, mediante oficios remitidos el 31 de mayo y el 9 de junio de 2023, el apoderado de la parte actora presentó pronunciamiento respecto de las contestaciones realizadas en el curso de la presente acción de tutela. 35.

En dichos oficios además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, manifestó que, si bien es claro que se debe respetar la autonomía e independencia judicial, a su juicio, existe la necesidad de un pronunciamiento en sede de tutela en el presente caso ante la voluminosa y reiterativa jurisprudencia de las altas cortes.

Adicionalmente sostuvo que el presente mecanismo constitucional es procedente de conformidad con lo establecido en la sentencia C-590 de 2005. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 36. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2.

Cuestión previa 37. La Fiduprevisora S.A. alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva. Por ende, solicitó ser desvinculada del presente proceso. La sala negará tal petición, comoquiera que, su vinculación fue en calidad de tercero con interés y no como accionado. 2.3. Legitimación en la causa 38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 39.

Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la sala advierte que la señora Olga Lucía Mejía Giraldo se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto porque figura como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada. 40. Por su parte, esta colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del Quindío también está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió las decisiones reprochadas en esta oportunidad. 2.4.

Problemas jurídicos Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

De encontrarse superados los mismos, la sala analizará lo siguiente: 42. ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo, al incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial con la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 en la que se confirmó lo resuelto por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en providencia del 17 de agosto de 2022 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho? 43.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto. 2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial 44.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales8. 45.

A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad.

No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad.

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11. 46.

Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la sala determinará si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia: i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal. 47.

De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia. 10 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv);

Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii).

Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución. Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48.

Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. 49. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos. 2.6.

Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad 2.6.1. Relevancia constitucional 50. En primer lugar, se advierte que el alto tribunal Constitucional adoptó el término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200512. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional.

Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió: Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes13. (Subrayado fuera de texto). 51. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202214, el alto tribunal 12 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos.

Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores. 13 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 14 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental;

(ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional.

La sala expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor entendimiento: 52. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201415, adoptó de manera expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. 53.

En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones. 54.

Finalmente, esta sección en sentencia del 29 de septiembre de 202216 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional. 55.

Con tales precisiones, debe recordarse que la parte accionante atribuye al Tribunal Administrativo del Quindío haber incurrido en un defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad.

N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se cumple con los cometidos de la relevancia constitucional Respeto por las competencias de las jurisdicciones.

El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional. La protección de la autonomía e independencia de los jueces.

La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”. la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales.

Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental. la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.

Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Relevancia constitucional - sentencia Corte Constitucional 2022 Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aplicable a la situación en particular.

Lo anterior por no haberle reconocido la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías. 56. De la lectura de la solicitud de amparo, la sala declarará improcedente la acción constitucional, dado que el presente asunto carece de relevancia constitucional por las razones que a continuación se exponen. 57. Es importante resaltar que esta sala reconoce relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las cesantías siempre que se acreditan los demás requisitos.

No obstante, en el caso en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción establecida por su pago extemporáneo. 58. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda temporalmente en situación de desempleo.

Por tanto, «solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador»17. 59. De acuerdo con el precedente establecido por esa Alta Corte, el reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los derechos al mínimo vital y a la seguridad social.

No obstante, aclaró que no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo anterior porque este monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal y económica, lo que no da lugar a la intervención del juez constitucional. 60.

En ese orden, esta sección reiterará la postura de la Corte Constitucional y, en consecuencia, declarará la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por esta sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías18. 17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019. 18 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo por no superar el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Presidente ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.