CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-11370-00 Actor: Brenda Michell Rojas Carreño Demandado: Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la señora Brenda Michell Rojas Carreño, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados -URNA.
ANTECEDENTES La solicitud y las pretensiones La señora Brenda Michell Rojas Carreño, en ejercicio de la acción de tutela, actuando en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al trabajo y a la educación, que estimó lesionados por el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Registro Nacional de Abogados – URNA, como consecuencia de no haber dado trámite a la solicitud de su inscripción en el registro de abogados, ni haberle expedido la correspondiente tarjeta profesional.
En el escrito de tutela, la parte actora solicita: “( ) Con fundamento en los hechos narrados y en los fundamentos expuestos, respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales como lo son el trabajo, el debido proceso administrativo, la educación, el derecho de petición entre otros.
PRIMERO: Que se ordene a CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA - Unidad de Registro Nacional de Abogados de manera pronta y efectiva, alleguen la tarjeta profesional de abogado a mi persona, reiterando dirección calle 19 4-12 SAN LUIS - CUCUTA NORTE SANTANDER. (…)”. (Sic). Los hechos y las consideraciones La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación: Señaló que el 22 de enero de 2021, radicó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la solicitud para ser inscrita en el respectivo registro y para que se le expidiera la tarjeta profesional, junto con los documentos y anexos de soporte, la cual fue enviada al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Adujó que desde el 22 de enero de 2021, fecha en la que radicó su solicitud, ha pasado más de diez meses, sin que la entidad haya dado respuesta alguna a su requerimiento. 2.1 Consideraciones de la parte actora Consideró que las entidades accionadas vulneraron su derecho fundamental de petición, porque no le ha dado una respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud radicada el 22 de enero de 2021.
Agregó que las demandadas también desconocieron su derecho al debido proceso, al trabajo y a la educación, porque no ha adelantado el trámite para la expedición de la tarjeta profesional de abogada, impidiéndole acceder a un empleo y ejercer su profesión. Trámite procesal Mediante auto de 14 de diciembre de 2021, se admitió la demanda y se ordenó la notificación a las autoridades accionadas, para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Intervenciones 4.1 El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que dio trámite a la petición de la accionante. Indicó que en la actualidad, la unidad ha sobrepasado la capacidad operativa, debido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y de expedición de tarjetas profesionales de abogados, aunado a las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia por el COVID-19, por lo que gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto; y en el caso de las tarjetas profesionales de abogado, las mismas luego de su trámite respectivo son enviadas al domicilio registrado por el solicitante.
Informó que la señora Brenda Michell Rojas Carreño, solicitó a través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como abogada y la expedición de la Tarjeta Profesional, como titulada por la Universidad Francisco de Paula Santander. Expresó que la Unidad, con todos los documentos aportados por la actora, procedió mediante el Acta N° 23644 de 2021, a inscribir en el registro de abogados a la doctora Brenda Michell Rojas Carreño, identificada con la C.C. No 1.090.511.927, asignándole la Tarjeta Profesional de Abogada No 373.748, la que fue enviada al contratista para la elaboración del plástico, por lo que una vez sea entregada a esa Unidad, se le remitirá al domicilio registrado por el accionante a través del servicio de correo certificado de 472.
Afirmó que mediante comunicación de 16 de diciembre de 2021, enviado por correo electrónico a la dirección designada por la actora, con el apartado electrónico MICHELLRJAS@GMAIL.COM, se le informó a la tutelante el trámite relacionado con su licencia profesional. Agregó que la accionante puede acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogada, mediante descarga o consulta por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia” que aparece en la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario.
CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 6 de abril de 2021. 2. Problema Jurídico La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al trabajo y a la educación, de la señora Brenda Michell Rojas Carreño, al no haber dado trámite a la solicitud de inscripción en el registro de abogados y haberle expedido la respectiva tarjeta profesional.
Previamente, se debe determinar si en el caso de marras se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, debido al presunto trámite efectuado por la autoridad accionada, con miras a dar solución a la petición de la accionante. 3. Generalidades de la acción de tutela De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.
Caso concreto La señora Brenda Michell Rojas Carreño, plantea la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al trabajo y a la educación, porque el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados -URNA, no ha dado respuesta a la petición que le radicara por correo electrónico de 22 de enero de 2021, mediante la cual solicitó su inscripción en el registro de abogados y la expedición de la respectiva tarjeta profesional; situación que le ha impedido acceder a un empleo o ejercer su profesión de forma independiente.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados, en el informe de respuesta a la tutela, manifestó que mediante Acta de Registro No. 23644 de 16 de diciembre de 2021, se efectuó la inscripción como abogada de la señora Brenda Michell Rojas Carreño y se le asignó la tarjeta profesional N° 373.748.
De acuerdo con los documentos allegados por las partes al expediente de tutela, se observan las siguientes actuaciones: El 22 de enero de 2021, la señora Brenda Michell Rojas Carreño, mediante la página web de la entidad demandada (https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Inscritos.aspx) y por correo electrónico enviado al apartado (regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co), solicitó su inscripción en el registro y la expedición de la licencia profesional de abogada, para lo cual adjuntó el formulario de inscripción y demás documentos de soporte exigidos.
La entidad accionada, expidió Acta de Registro de Tarjeta Profesional N° 23644 de 16 de diciembre de 2021, con la cual resolvió lo siguiente: “Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción como abogado (a) en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a nombre de: BRENDA MICHELL ROJAS CARREÑO Identificado (a) con la cédula No. 1090511927 Titulo obtenido por la Universidad FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CÚCUTA Según acta de grado de fecha 17 de diciembre del 2020 Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional No.373748, con fecha de expedición el 16 de diciembre del 2021.
(…)”. La Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, mediante comunicación de 16 de diciembre de 2021, le informó a la señora Brenda Michell Rojas Carreño, que se le asignó la Tarjeta Profesional de Abogada No. 373.748 y que una vez se imprima el plástico, se le remitirá al domicilio registrado, a través del servicio de correo certificado de 472.
De igual manera, le indicó que: “(…) podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co y verificar así la titularidad y vigencia del documento.
(…)”. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, mediante Correo electrónico de 16 de diciembre de 2021, dirigido a la dirección registrada por la actora en la petición, bajo el apartado electrónico MICHELLRJAS@GMAIL.COM, le notificó el contenido de la comunicación de 16 de diciembre de 2021. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de responder los requerimiento formulado por la actora el 22 de enero de 2021, relacionado con la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Abogados y expedición de la licencia profesional; procedió a emitir el Acta N° 23644 de 16 de diciembre de 2021, con la cual se efectuó la inscripción de la tutelante en el mencionado registro y se le asignó la Tarjeta Profesional con número 373.748.
De igual manera, se advierte que la entidad demandada, a través de correo electrónico enviado el día 16 de diciembre de 2021, a la dirección electrónica MICHELLRJAS@GMAIL.COM, designada por ésta para recibir notificaciones, no solo le informó el número de tarjeta profesional de abogada asignada, sino que además le indicó que una vez el documento sea impreso por el contratista se le remitiría a su respectivo domicilio.
Se destaca que esta dirección electrónica coincide con los datos aportados en la solicitud de inscripción y en esta acción constitucional. De igual manera, le manifestó que podía ingresar al link https://sirna.ramajudicial.gov.co, para acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogada, que puede ser descargada o consultada a través del servicio de “Certificado de Vigencia”.
En este orden, se tiene que las actuaciones adelantadas por la autoridad accionada, a través del Acta de Registro de Tarjeta Profesional N° 373748 de 16 de diciembre de 2021, la comunicación y el correo electrónico enviado el 16 de diciembre de 2021, resolvieron el requerimiento planteado, a través del correo electrónico de 22 de enero de 2021, por la señora Brenda Michell Rojas Carreño. Es importante precisar que la demanda de tutela fue radicada el 9 de diciembre de 2021 y las actuaciones adelantadas por las entidades accionadas, para responder los requerimientos de la actora, se surtieron el 16 de diciembre de 2021, es decir, dentro del trámite de la presente acción constitucional.
Así las cosas, para la Sala, la pretensión de la actora ha sido satisfecha, pues resulta evidente que durante el trámite de la tutela y previo a emitir fallo de primera instancia, la entidad accionada efectuó la inscripción en el Registro Nacional de abogados y tramitó la expedición de la licencia profesional de la tutelante, siendo comunicado directamente a la interesada.
Por este motivo, no existe razón alguna para emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto. Es importante señalar que el objeto de la acción de tutela es la protección de derechos fundamentales que se han puesto en peligro o que se vulneraron; sin embargo, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparezca, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia actual de objeto para decidir de fondo el asunto.
Al respecto la Corte Constitucional ha definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos: “(…) La Corte entiende por hecho superado cuando durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha dejado de ocurrir.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha enumerado algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto, con el fin de confirmar si efectivamente se está frente a la existencia de un hecho superado, a saber: 1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 2.
Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado. 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado (…)”.
(Negrilla fuera de texto) En ese contexto, la Sala considera que en el presente asunto, se configura una carencia actual de objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la supuesta conducta omisiva que se reprochaba de las autoridades demandadas fue corregida y desapareció el motivo que obligó al actor a ejercer este mecanismo constitucional.
III DECISIÓN Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la presente acción de tutela promovida por la señora Brenda Michell Rojas Carreño, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO.- DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela promovida por la señora Brenda Michell Rojas Carreño contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. CÉSAR PALOMINO CORTÉS (Firmado electrónicamente) SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)