CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejera de Estado ponente: Ana María Charry Gaitán Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de 2026. Radicación número: 11001-03-06-000-2026-00123-00 Referencia: conflicto positivo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y Oficina de Control Interno Disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

Asunto: autoridad administrativa competente para conocer las actuaciones disciplinarias adelantadas contra un funcionario público en su calidad de supervisor de contrato de obra. Inexistencia de conflicto. Reiteración. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, procede a estudiar el presunto conflicto positivo de competencias administrativas del asunto IV.

ANTECEDENTES 1 Con base en la documentación recibida, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presunto conflicto positivo de competencias administrativas: 1. Mediante oficio 2022EE0107935 de junio de 2022, suscrito por la gerente departamental colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, se informó a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca sobre diez (10) hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, producto de una auditoria financiera llevada a cabo en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, para la vigencia 2021.

Los hallazgos identificados son los siguientes: Hallazgo No. 1: Ejecución Presupuestal de Gastos (D) Hallazgo No. 2: Rendimientos Financieros Contratos y/o Convenios (D) Hallazgo No. 3: Estimación de la totalidad de los ingresos por concepto de rendimientos financieros (D) 1 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001-03-06-000-2026-00123-00 que reposa en SAMAI.

Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 Hallazgo No. 4: Supervisión e Interventoría Contractual (D) Hallazgo No. 5: Publicación en el Sistema Electrónico de Compras Públicas SECOP (D) Hallazgo No. 6: Transferencias por cobrar Sobretasa Ambiental o porcentaje ambiental (D) Hallazgo No. 7: Información Financiera (D) Hallazgo No. 9: Depósitos Judiciales Fundación Territorio (D) Hallazgo No. 10: Depósitos Judiciales Banco Agrario (D) 2.

Con base en el referido informe de la Contraloría se abrieron dos expedientes: (i) IUS-E-2022-386654/IUC- D-2024-3696108 concerniente al hallazgo núm. 4 y (ii) IUS-E-2022-386654/IUC- D-2024-3696133 sobre los hallazgos 9 y 10. No obstante, mediante proveído del 28 de agosto de 2024, se ordenó la acumulación de estos expedientes para que, en el mismo trámite procesal, se adelantaran las investigaciones correspondientes. 3.

El 3 de febrero de 2025 la Procuraduría Regional del Valle del Cauca profirió auto dentro del radicado IUS E2022-3866542, en el cual decretó la terminación de la actuación y su consecuente archivo definitivo, respecto de los hallazgos 9 y 10. 4. En el mismo auto ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en relación con el hallazgo núm. 4 «[s]upervisión e interventoría contractual» en contra del señor L.V.O3, entre otros, en su condición de supervisor —profesional especializado Dar Pacífico Oeste—; adscrito a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, por la presunta irregularidad de tipo contractual, que se contrae a la ejecución del contrato de obra pública núm. 792 de 2021, celebrado entre la CVC y el Consorcio Acueducto Guadualito, cuyo objeto consistió en «[r]ealizar la construcción del sistema de abastecimiento agua potable para el consejo comunitario de la Comunidad Negra de Guadualito Rio Dagua, Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca», sin que se hubiese celebrado el contrato de interventoría del mismo. 5.

El 17 de febrero de 2025, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC profirió auto de apertura de investigación disciplinaria núm. 0000134 en contra del señor L.V.O, por la presunta irregularidad presentada durante el ejercicio de las actividades como supervisor del contrato de obra CVC núm. 792 de 2021, en tanto reportó como terminado dicho contrato; sin embargo, en terreno se levantó́ un informe de visita 2 Carpeta principal 004ED_031_1100103060002026.pdf.

Folios 5-22 3 Con fundamento en el art. 115 de la Ley 1952 de 2019, que dispone la reserva de la actuación disciplinaria, se anonimiza el nombre del investigado porque, de acuerdo con las piezas procesales, no se ha citado a audiencia de formulación de pliego de cargos, ni se ha ordenado el archivo definitivo de las mismas. 4 Carpeta principal 004ED_031_1100103060002026.pdf.

Folios 23-34 Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 de obra en el que se determinó que había actividades pendientes de ejecución cuyo costo directo por realizar corresponde a $395.684.314. 6. El día 2 de marzo de 20265, el señor L.V.O. propuso ante la Sala de Consulta y Servicio Civil un presunto conflicto positivo de competencias administrativas entre la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, en razón a las dos investigaciones iniciadas por estos entes de control disciplinario respecto de las presuntas irregularidades derivadas de la ejecución del contrato núm. 792 de 2021, por considerar que: (i) dos autoridades administrativas se consideran competentes para investigar los mismos hechos;

(ii) ninguna ha declinado formalmente su competencia; (iii) se trata de actuaciones paralelas con identidad sustancial. Bajo este supuesto fáctico concluyó la coexistencia de dos investigaciones disciplinarias simultaneas por los mismos hechos, lo que, en su criterio, vulnera el principio constitucional del non bis in idem, así́ como las reglas de competencia previstas en el régimen disciplinario vigente.

Advirtió adicionalmente, la falta de garantías en la investigación disciplinaria de la que es objeto y que cursa en la oficina de control interno disciplinario de la CVC, en tanto, fue el director quién la solicitó y quién fallará la segunda instancia, de manera que anticipó una sanción tal y como ya ocurrió en otra actuación de tal naturaleza que se adelantó en su contra anteriormente.

Precisó su calidad de directivo sindical, lo que, en su parecer agrava la falta de garantías para él en la entidad. V. ACTUACIÓN PROCESAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 086 de 20266, por el término de cinco días hábiles en la Secretaría de la Sala (desde el 10 de abril hasta el 16 de abril de 2026), con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del presente conflicto.

Según constancia del 9 de abril de 20267, la Secretaría de la Sala comunicó la presentación del conflicto de competencias administrativas de la referencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, a la Oficina de Control Disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y al señor L.V.O. 5 Carpeta principal 001_DemandaWeb_Escrito.pdf 6 Carpeta principal 007POREDICTO_07Edicto.pdf 7 Carpeta principal 010ED_08Informedecomunicac.pdf Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 De acuerdo con el informe secretarial de fecha 17 de abril de 20268, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) presentó consideraciones.

Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 1. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)9 Señaló en su escrito de consideraciones que, contrario a lo afirmado por el solicitante, no existe identidad material de los hechos investigados. Esto, en tanto la Procuraduría Regional del Valle del Cauca adelanta una investigación con fundamento en: (i) hallazgos derivados de informes de la Contraloría;

(ii) irregularidades de carácter: financiero, contable, contractual, análisis estructural de la gestión administrativa, tal como se evidencia en el auto de apertura, razón por la cual, el objeto investigado es amplio y transversal, abarca múltiples situaciones administrativas. Precisó que, por su parte, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la CVC fundamentó su actuación en un informe interno de servidor público, el cual se centra exclusivamente en el incumplimiento de funciones como supervisor del contrato núm. 792 de 2021 y en la ejecución incompleta de obras de acueducto, es decir, se trata de una investigación concreta, funcional y delimitada al deber funcional del servidor público.

Con base en lo antes mencionado concluyó que, es claro que las actuaciones no recaen sobre los mismos hechos, sino sobre hechos relacionados y no idénticos. Y, en ese sentido precisó que la conexidad temática no equivale a identidad fáctica. Adicionalmente, señaló que tampoco existe identidad en la causa disciplinaria. Esto si se considera que la Procuraduría realiza un análisis de irregularidades derivadas de hallazgos fiscales y administrativos por lo que es claro que se trata de tipificaciones distintas, con fundamentos jurídicos autónomos.

Manifestó que no hay configuración de una afectación del principio non bis in ídem pues, según la Corte Constitucional ha establecido, para ello se exige triple identidad de sujeto, hecho y causa, lo cual no se cumple toda vez que en el presente caso sólo se configura la identidad de sujeto considerando que, no existe identidad de hechos ni de causa, por tanto, no se configura el doble juzgamiento.

Adujo que, si bien la Procuraduría ostenta poder disciplinario preferente, este no opera de manera automática y requiere: asunción expresa del caso e identidad 8 Carpeta principal 018_ALDESPACHOPOR_Informesecretarial2026-00123.pdf 9 Carpeta principal 013_MemorialWeb_Alegatos-Rad110010306000202.pdf Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 material del objeto investigado, mientras que, en el presente asunto: (i) no se evidencia que la Procuraduría haya asumido de manera integral y exclusiva la conducta específica que investiga la CVC y;

(ii) la actuación interna se mantiene dentro del ámbito de su competencia. Finalmente, señaló que, conforme al artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, corresponde a las entidades del Estado disciplinar a sus servidores públicos. En consecuencia, la CVC es competente para investigar el cumplimiento del deber funcional por parte de estos, sin perjuicio del poder preferente, que en este caso no se ha ejercido, de manera que no se ha desplazado su competencia. 2.

Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca10 Esta autoridad no presentó escrito de consideraciones respecto del presunto conflicto positivo de competencias administrativo dentro del término de fijación del edicto. Sin embargo, los argumentos para dar inicio a la investigación disciplinaria en contra del señor L.V.O. y con base en los cuales aquella autoridad avocó conocimiento para lo concerniente, se tomaron del auto de apertura de la investigación disciplinaria11.

Respecto de la competencia, precisó que el literal e) del numeral 1º del artículo 75 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 19 del Decreto Ley 1851 de 2021, señala que las Procuradurías Regionales de Instrucción dentro de su circunscripción territorial son competentes para conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios contra: a) Los servidores públicos que tengan rango Inferior al de Secretario General de las entidades que formen parte de las ramas ejecutiva del orden nacional, legislativa, de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Auditoria General de la República, la Organización Electoral, del Banco de la República, las comisiones de regulación y de otros organismos autónomos del orden nacional.

(Negrillas fuera del texto). Asimismo citó la Resolución núm. 213 de 3 de mayo de 2003, «[p]or la cual se define la competencia territorial de las Procuradurías Regionales, Provinciales y distritales y se establece el mapa territorial de competencias de la Procuraduría General de la Nación», en la que establece en el artículo 8º numeral 4.1. que la Procuraduría Regional de Valle del Cauca hoy con funciones de instrucción tiene competencia territorial en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

En consecuencia concluyó que es la autoridad disciplinaria competente para investigar los hechos, y ordenó el inicio de la investigación disciplinaria contra 10 Carpeta principal 001_DeandaWeb_Escrito.pdf. Folios 5-22 11 Carpeta principal 004ED_031_1100103060002026.pdf. Folios 5-22 Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 quienes, acorde a las pruebas recabadas y al manual de procedimiento interno adoptado por la Corporación, intervinieron en las fases pre y post-contractual del contrato núm. 792 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES 1. La Sala de Consulta y Servicio Civil se abstendrá de resolver el presunto conflicto de competencias administrativas De conformidad con los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, la Sala está habilitada para emitir un pronunciamiento de fondo ante un conflicto de competencias cuando: i) al menos una de las autoridades sea del orden nacional o, si se trata de autoridades del nivel territorial, que no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo; ii) se encuentre en curso una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta; y iii) se evidencie el reclamo o rechazo de la competencia simultáneo o sucesivo.

En este caso concreto, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo considerando la inexistencia del conflicto de competencias, debido a que aunque sí existe una —de hecho dos— actuaciones administrativas particulares y concretas, no se materializó un reclamo o rechazo de competencia en forma simultánea o sucesiva respecto de la misma actuación administrativa.

Si bien es cierto, dichas actuaciones se relacionan con el mismo contrato de obra, cada una tiene por objeto la investigación de una conducta disciplinaria distinta, como más adelante se explicará. 2. Términos legales El procedimiento establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, prevé que mientras se resuelve el conflicto de competencia se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del día siguiente de la comunicación de esta decisión, y así se declarará en la parte resolutiva12. 3.

Análisis del caso concreto Revisados los antecedentes del presente asunto, los documentos que obran en el expediente y los planteamientos formulados por las partes intervinientes, se advierte 12 Este mandato es armónico con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 que, en el caso sub examine, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado debe abstenerse de decidir, en tanto se ha verificado la inexistencia de un conflicto de competencias, por cuanto, existen dos actuaciones administrativas particulares y concretas, en las que no se materializó un reclamo o rechazo de competencia en forma simultánea o sucesiva respecto de la misma actuación administrativa.

De este modo, son dos las investigaciones disciplinarias en trámite, que, si bien es cierto, se dirigen en contra del mismo sujeto disciplinable y se relacionan con el mismo contrato de obra, cada una tiene por objeto la investigación de una conducta disciplinaria distinta y son independientes, por las razones que se explican a continuación: i) Existen dos investigaciones disciplinarias en contra del señor L.V.O., que en efecto se originan en la ejecución del contrato núm. 792 de 2021, respecto del cual el investigado fungió como supervisor. ii) No obstante, no se puede concluir que dichas investigaciones constituyan una sola actuación administrativa de carácter particular y concreto, frente a la que las autoridades implicadas en el presente trámite reclamen o rechacen competencia simultánea o sucesivamente, por cuanto no existe identidad entre estas, la cual se materializaría, según el precedente constitucional vigente, cuando existe entre las dos investigaciones coincidencia de objeto, de causa y de persona13.

En relación con la identidad de objeto, se ha establecido de forma consistente que supone coincidencia en el hecho respecto del cual se solicita la aplicación de la sanción disciplinaria. Se exige, en consecuencia, la correspondencia en el presupuesto fáctico que subyace a la conducta investigada en los dos procesos de igual naturaleza.

En el caso concreto se observa que la conducta que investiga la Procuraduría General de la Nación es la de haber ejecutado el contrato de obra núm. 792 de 2021 sin suscribir el contrato de interventoría correspondiente, según lo prescrito por el numeral 1 del art. 32 de la Ley 80 de 1993, así como el art. 83 de la Ley 1474 de 2011. Mientras que, la oficina de control interno disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — CVC—investiga el ejercicio de la función de supervisión respecto de la terminación del contrato cuando aún habían actividades pendientes de ejecución de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del art. 54 de la Ley 1952 de 2019, que establece las faltas gravísimas relacionadas con la contratación pública. 13 Ver Sentencia C-914 de 2013.

Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 Respecto de la identidad en la causa, esta se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos, y que los fundamentos normativos, finalidades, y alcances de la sanción igualmente coincidan14, no obstante en este caso: i) En la investigación que adelanta la Procuraduría la noticia disciplinaria se constituye a partir de un informe de auditoría financiera realizado por la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, dónde se identificó el hallazgo núm.4 «Supervisión e Interventoría Contractual (D)»; la fuente normativa sería el principio de responsabilidad que rige la celebración y ejecución de los contratos consagrado en los artículos 4, 5, 12, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993, normas relacionadas con el control y vigilancia de la ejecución de los contratos estatales, y de forma más específica el numeral 1 del art. 32 de la Ley 80 de 1993 y el art. 83 de la Ley 1474 de 2011; y la finalidad se determinaría por la protección a la moralidad administrativa y al patrimonio público. ii) No así en la investigación que adelanta la oficina de control interno disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — CVC— considerando que la noticia disciplinaria se deriva de un informe interno de servidor público, el cual se centra exclusivamente en el incumplimiento de funciones como supervisor del contrato núm. 792 de 2021 y en la ejecución incompleta de obras de acueducto según el informe de visita de obra evidenciado por el director general de la entidad; la fuente normativa en este caso se circunscribe a los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, relacionados con el deber de ejecución idónea de los contratos estatales, y el parágrafo primero del artículo 84 de la Ley 147415 que establece la responsabilidad de los supervisores de informar sobre actos de corrupción, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o del incumplimiento.

De las diferencias descritas, se desprende que, igualmente se trata de sanciones distintas. 14 Ibid. 15 ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 Del análisis expuesto se tendría que las dos investigaciones sólo tienen identidad respecto de la persona, y en la finalidad de las investigaciones que se enmarcan dentro de los principios de moralidad administrativa y protección al patrimonio público. iii) Bajo estas condiciones se confirma que se trata no de una sino de dos actuaciones administrativas de carácter particular y concreto en sí mismas, independientes una de otra y adelantadas por autoridades disciplinarias diferentes que además no están rechazando o reclamando competencia respecto de alguna de las referidas actuaciones en forma simultánea o sucesiva, por lo que no se cumple con dos de los requisitos que operan como presupuesto para que se constituya un conflicto de competencias administrativas, de manera que no está habilitada la Sala para pronunciarse de fondo16.

Entonces, al no configurarse un conflicto positivo o negativo de competencias administrativas, en los términos previstos en el artículo 39 del CPACA, modificado por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2021, este cuerpo colegiado debe abstenerse de decidir. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, si llegasen a existir circunstancias que afecten la imparcialidad en el juzgamiento disciplinario, que se constituyan como una amenaza o afectación de los derechos fundamentales del investigado, como así lo adujo en la solicitud presentada a la Sala, respecto de la actuación que cursa en su contra en la oficina de control interno disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca —CVC—, el mecanismo más idóneo y expedito para la salvaguarda de sus derechos es precisamente la solicitud a la Procuraduría General de la Nación del ejercicio del poder preferente respecto de la referida investigación. Esto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 1952 de 2019 y en concordancia con lo establecido en la Resolución 456 de 2017 expedida por la Procuraduría General de la Nación. En mérito de lo expuesto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, RESUELVE:

PRIMERO. ABSTENERSE de resolver de fondo el presunto conflicto de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca y la Oficina de Control 16 Ver también: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil.Decisión del 12 de noviembre de 2025.

Radicación número: 11001-03-06-000-2025-00471-00. Radicación: 11001 03 06 000 2026 00123 00 Interno Disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

SEGUNDO. COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca, a la Oficina de Control Disciplinario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y al señor L.V.O.

TERCERO. ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno, como lo dispone expresamente el inciso 3° del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021.

CUARTO. ADVERTIR que los términos legales se reanudarán o empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se comunique la presente decisión. La presente decisión se estudió y aprobó en la sesión de la fecha. Comuníquese y cúmplase JOHN JAIRO MORALES ALZATE Presidente de la Sala MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA ANA MARÍA CHARRY GAITÁN Consejera de Estado Consejera de Estado JUAN MANUEL LAVERDE ALVAREZ Consejero de Estado REINA CAROLINA SOLORZANO HERNÁNDEZ Secretaria de la Sala CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominado SAMAI, con el fin de garantizar su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021.