CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Expediente número: 68001-23-33-000-2023-00294-01 Demandante: Mariela Cuadros Rojas Demandado: Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga Asunto: Acción de tutela Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico SALVAMENTO DE VOTO Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones por las cuales me aparto del criterio mayoritario expuesto en la sentencia del 4 de septiembre de la presente anualidad, que confirmó la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó el amparo solicitado. 1.1.
Síntesis del caso y de la decisión mayoritaria La señora Mariela Cuadros Rojas instauró demanda de tutela contra el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia del 25 de mayo de 2023, que resolvió un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de las sentencias proferidas (el 5 de mayo y el 6 de junio de 2022) en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos.
El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 13 de julio de 2023, negó el amparo solicitado, por cuanto en la providencia censurada no se advertía ninguna irregularidad que ameritara la intervención del juez constitucional. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante manifestó que «presentaba impugnación respecto de la providencia del 13 de julio de 2023».
En auto del 31 de julio de 2023, la magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia concedió la impugnación. En el fallo del que me aparto se concluyó, en síntesis, que la parte demandada no cumplió con la carga mínima de sustentar su impugnación, por cuanto resulta «indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere». por lo que, en esas condiciones, confirmó la providencia impugnada. 1.2.
Razones de mi disenso Como lo expresé desde el inicio de este escrito, no comparto el criterio de la Sala. Conforme lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, las partes del proceso de tutela tienen la posibilidad de impugnar los fallos que se dicten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, 312 y 323 del Decreto 2591 de 1991.
Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que una de las características de la acción de tutela es el principio de informalidad, el cual «cobija el recurso de impugnación», por lo que se diferencia de la apelación, dado que está exenta de las formalidades que se exigen en aquel, pues en la impugnación únicamente «se exige su presentación oportuna, mas no una carga de sustentación o argumentación en cabeza del impugnante»4.
Esto dijo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional5: Ninguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la impugnación. La expresión "debidamente", utilizada por el artículo 32 que se acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitución. Este carácter simple de la impugnación es concordante con la naturaleza preferente y sumaria (…).
En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación del fallo de tutela con los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos tienen 1 «3-Principios. El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia». 2 «Impugnación del fallo.
Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión» 3 «TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato.
Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión». 4 Auto 567 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 5 Sentencia T-459 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. fines distintos y diferente régimen, menos aún con el objeto de impedir su ejercicio haciéndole extensivos "por analogía" requisitos expresamente indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios.
Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela, al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de los derechos fundamentales, que no se obtiene dentro de una concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido expresamente consagradas.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de velar por la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo 228 de la Carta Política. Lo anterior fue reiterado en la sentencia T-538 de 20176, en la que se determinó que basta con que «el recurrente se limite a expresar que impugna o apela sin acompañar a esa simple manifestación la expresión de los motivos de inconformidad con lo decidido en primera instancia».
En esas condiciones, «el operador jurídico debe considerar la solicitud inicial y los demás elementos que aparezcan en el expediente para basar en ellos su decisión». De manera que el incumplimiento del deber de exponer los motivos de desacuerdo con el fallo de primera instancia, tal y como fue considerado en la sentencia de la cual me aparto, no tiene justificación constitucional ni legal, pues en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional solo se requiere que la impugnación sea presentada dentro de la oportunidad prevista por las normas procesales, esto es, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia de primer grado.
La inobservancia de lo anterior implica, a mi juicio, incurrir en desconocimiento del debido proceso y del principio de informalidad de la acción de tutela, por no garantizarle a la parte recurrente el estudio de fondo del asunto, lo cual conlleva la vulneración de las garantías a la doble instancia y el ejercicio del derecho de contradicción. De suerte que, insisto, el único requisito que debe cumplir la parte que se encuentra en desacuerdo con la sentencia de primer grado es interponer la impugnación en la oportunidad procesal respectiva, lo cual, en este caso, ocurrió. Por tanto, en mi criterio, la Sala debió abordar el estudio del asunto con el fin de determinar si se cumplían los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de cumplirse, determinar si se configuraron o no los defectos invocados por la parte demandante. 6 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
En esos términos dejo expuesto mi salvamento de voto. Respetuosamente, Firmado electrónicamente MARÍA ADRIANA MARÍN Magistrada Este documento fue firmado electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.