Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-03365-01 Demandante: MARTHA LILIANA NORIEGA MACMAHON Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia – relevancia constitucional SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Martha Liliana Noriega Macmahon contra la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En esta decisión judicial se declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora porque no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

I.

ANTECEDENTES 1.1. La tutela 1. La señora Martha Liliana Noriega Macmahon, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander1. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y a los principios de «perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al desconocimiento del precedente judicial vertical». 2.

Las garantías anteriores son consideradas vulneradas como resultado de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander el 31 de marzo de 2023, la cual confirmó la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja el 19 de diciembre de 2022. Dicha sentencia negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora debido a la falta de consignación oportuna de las cesantías, equivalentes a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo laborado 1 Escrito radicado el 22 de junio de 2023.

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el año 2020, que debían ser consignadas el 15 de febrero de 2021. 3. Esta situación se enmarca en el contexto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 68081-33- 33-001-2022-00069-00/012. 1.2.

Pretensiones 4. La señora Noriega Macmahon solicitó: 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en la sentencia proferida el día 31 de marzo de 2023, en el expediente rad. No. 68081-33-33-001-2022-00069-01, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada. 2.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […]3. 1.3.

Hechos 4. La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se extraen del escrito de tutela y de las demás piezas procesales aportadas al proceso. 5. La señora Martha Liliana Noriega Macmahonen se desempeña como docente en una entidad territorial certificada en educación del Departamento de Santander desde el año 1990. 6.

Manifestó que el municipio de Barrancabermeja – Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional no efectuó de manera oportuna la consignación correspondiente de las cesantías, ni los intereses de estas a las cuales tiene derecho como servidora pública desde el año 2020 ante el Fondo 2 Promovido por la señora Martha Liliana Noriega Macmachon contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Barrancabermeja – Secretaría de Educación. 3 Transcripción original del texto que puede contener errores.

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). 7. Indicó que el 23 de julio de 2021, promovió una solicitud ante la Secretaría de Educación Municipal, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria relacionada con la no consignación de las cesantías y sus intereses al fondo correspondiente en el tiempo adecuado.

Además, también pidió la indemnización contemplada en la Ley 52 de 1975. 8. El 23 de octubre de 2021, la Secretaría de Educación del municipio de Barrancabermeja se configuró un acto ficto administrativo ficto en el que se negó lo reclamado. 9. Inconforme con la anterior decisión, la señora Noriega Macmahon interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

El objetivo de este medio de control era lograr que se declare la nulidad del acto administrativo ficto que surgió como resultado de la petición presentada ante el municipio de Barrancabermeja - Secretaría de Educación el 23 de julio de 2021. 10. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja profirió sentencia de primera instancia. En esta providencia, se negaron las pretensiones de la demanda. 11.

Para respaldar su decisión, el juzgado llevó a cabo un análisis detallado del régimen especial de las cesantías docentes, centrándose en la competencia en el reconocimiento y pago. Asimismo, examinó la incompatibilidad del régimen especial de cesantías docentes con la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, así como la indemnización contemplada en la Ley 52 de 1975. 12.

Contra la anterior decisión, la señora Noriega Macmachon presentó recurso de apelación4. Este fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 31 de marzo de 2023, providencia en la que confirmó la decisión de primera instancia. 13. El tribunal fundamentó su fallo en varios aspectos, entre ellos, señaló que las disposiciones que establecen la sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías anualizadas y sus intereses, como se describen en los artículos 99 de la ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, no son aplicables a la demandante.

Esto se debe a que el régimen de cesantías docente es especial y cuenta con una regulación específica sobre cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y sus intereses, considerando características particulares que hacen que el cumplimiento de las sanciones solicitadas sea incompatible con dicho régimen. 4 Como fundamento del recurso, la accionante manifestó que no solo la ley, sino la abundante jurisprudencia constitucional de unificación y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo tanto en el año 2021, 2022 y las sentencias notificadas al inicio del presente año, ya despejaron las dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones que al restante de empleados públicos de Colombia.

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14. Además, el tribunal mencionó que la sentencia de unificación SU-098 de 2018 no constituía un precedente obligatorio en este caso particular.

Esto se debe a que los hechos y supuestos aplicables a la presente discusión difieren de los que se presentaron en la demanda ordinaria. En otras palabras, la situación y las normas posteriores aplicables en el presente asunto son distintas a las consideradas en la sentencia de unificación mencionada, por lo que no se puede aplicar de manera directa a esta situación. 1.4.

Sustento de la vulneración 15. La señora Noriega Macmahon mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional. 16. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de relevancia constitucional, con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes.

El pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías. 17. Arguyó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación. Lo cual trasgrede el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar. 18.

Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando estos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a ello, refirió que en el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, puesto que no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, no pretende una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole. 19.

Aludió que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes a quienes se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, 20.

En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, respecto al Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co segundo, se indicó que el tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la situación más favorable al trabajador. 21.

Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes del sector oficial. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C- 486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018. 22.

Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal Administrativo del Quindío. 23.

A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora: Corte Constitucional No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp. T- 6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp.

T- 5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T- 7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 041/2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Consejo de Estado No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-31- 000- 200900867- 01, No. Interno: 4854- 2014 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15- 000-2018- 04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15- 000-2018- 04679-01 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN – Dr. HERNANDO SANCHEZ SÁNCHEZ Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 11001-0315- 000-2018- 03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33- 000-2014- 00208-01 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31- 000-2014- 00254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33- 000-2014- 00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33- 000-2015- 00331-01 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33- 000-2015- 00445- 02(0483-20) 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33- 000-2014- 01127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40- 000-2015- 90008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40- 000-2014- 90022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33- 000-2017- 00931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33- 000-2015- 00075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 19 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-23-40- 000-2017- 00795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 47-001-23-33- 000-2019- 00359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33- 000-2019- 00376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33- 000-2015- 00509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33- 000-2015- 90124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022 Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 26 47001-23-33- 000-2018- 0231-01 (0871-2020) 26 de enero 2023 DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – DR. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 24.

Hasta la sentencia número 26, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado. 25. Por último, el apoderado de la señora Buitrago Echeverry, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido en el sentido: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO No. RADICADO EXPEDIENTE F. DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333 001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA CRISTINA ISABEL SANCHEZ BRITO 2 05001 3333 019 2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLIN PATRICIA CÓRDOBA VALLEJO 3 70001 3333 002 2022 0007200 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS 4 27001 3333 002 2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE QUIBDÓ YUDY YINETH MORENO CORREA 5 76001 3333 002 2022 0006600 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA JUAN MIGUEL MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333 003 2022 0006600 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333 002 2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333 009 2022 00010900 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA JAIRO GARCIA SUAREZ 9 27001 3333 005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ EMILSON MARMOLEJO GARCIA 10 11001 3342 051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ NORBERTO MENDIVELSO PINZON Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.

Trámite de la acción 26. Mediante auto del 28 de junio de 20235, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C admitió la acción constitucional de referencia. En consecuencia, ordenó notificar como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Santander. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de Barrancabermeja – Secretaría de Educación. Adicionalmente, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso, solicitó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 27.

Por otra parte, con el fin de contar con todos los medios probatorios, se le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander que proporcionara una copia íntegra digital del expediente con radicado 68081-33-33-001-2022-00069-01, demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon. 1.6. Intervenciones 1.6.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. 28.

Solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional. Lo anterior con fundamento en que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda alegarse que los funcionarios judiciales hayan desconocido, entre otros aspectos, los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda. 29.

Por otro lado, destacó que no se ha presentado ninguna transgresión contra las garantías fundamentales de la accionante, ya que se han respetado las normas y se ha garantizado el principio del debido proceso. Todas las actuaciones judiciales se llevaron a cabo de manera adecuada y siguiendo los procedimientos legales correspondientes.

De hecho, los jueces involucrados en el caso, teniendo la facultad de decretar nulidades o revocar decisiones, no lo hicieron, lo que demuestra un control de legalidad en la actuación llevada a cabo en esa instancia. En consecuencia, concluyó que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la accionante por parte del Fondo. 30.

Además, solicitó la desvinculación del presente trámite, debido a que no está legitimado en la causa por pasiva. Esto con razón a que no es la parte involucrada en el caso y, por lo tanto, no se le debe atribuir algún tipo de responsabilidad en los hechos objeto de la demanda. Por esta razón, solicitó ser desvinculado del proceso de amparo en curso. 5 Notificado el 30 de junio de 2023.

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.2. Ministerio de Educación Nacional 31. Señaló que la acción de tutela resulta improcedente comoquiera que dicha cartera no vulneró los derechos fundamentales de la señora Buitrago Echeverry y el asunto versa sobre una controversia estrictamente económica que no representa un interés general, por lo que el debate carece de relevancia constitucional. 32.

Invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto, señaló que no es la autoridad competente para atender solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones. 1.6.3. Secretaría de Educación del Distrito Especial de Barrancabermeja 33. Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, ya que no se cuenta con evidencia que respalde la afectación de ningún derecho.

Además, argumentó que se intenta utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario. 34. Asimismo, advirtió que en el proceso de ordinario, los jueces de instancia no han incurrido en ninguna de las causales específicas descritas en la sentencia SU 116 de 2018 de la Corte Constitucional. 1.6.4. Tribunal Administrativo de Santander 35.

La autoridad judicial de segunda instancia envió el expediente electrónico correspondiente, pero no proporcionó un informe sobre el caso en cuestión. 1.7. Sentencia de primera instancia 36. El 21 de julio de 20236, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, determinó que la acción de tutela presentada no era procedente porque no superaba el requisito general de relevancia constitucional.

Esta decisión se basó en los siguientes argumentos: 37. En primer lugar, se enfatizó que la acción de tutela es una medida excepcional. Esto significa que el juez encargado de amparar los derechos fundamentales no tiene la autoridad para revisar o evaluar la interpretación y alcance otorgado por el juez natural a los preceptos legales aplicados para resolver la controversia.

En consecuencia, la tutela no puede ser utilizada como una instancia adicional al proceso ordinario ni como un medio para impugnar la valoración probatoria realizada por el juez de conocimiento. Tampoco puede ser utilizada por la parte desfavorecida para proponer una «mejor solución» al caso. 38. Por lo tanto, la Sala destacó que la decisión que se estaba cuestionando 6 Notificada el 10 de agosto de 2023.

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no era caprichosa ni arbitraria. Al analizar los argumentos presentados por la solicitante, se determinó que buscaban revisar una controversia que ya había sido resuelta por el juez natural.

En vista de esto, se concluyó que la acción de tutela era improcedente. 1.8. Impugnación 39. La señora Noriega Macmahon presentó un escrito de impugnación7 argumentando que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con fundamento en lo siguiente: 40. Manifestó que existe una falta de claridad en cuanto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial.

Sostiene que el Consejo de Estado ha reiterado su posición jurisprudencial al respecto, y para respaldar esta afirmación, mencionó las sentencias que fueron incluidas en el escrito de tutela. 41. Asimismo, hizo referencia a una providencia del 23 de marzo de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, para argumentar que la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional en este caso. 42.

La señora Noriega Macmahon también señaló que le es aplicable el régimen anualizado de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996. Explicó que es fundamental realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías mediante consignación, ya que esto garantiza el acceso a dicha prestación. De esta manera, el sistema de cesantías solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden disponer de su pago en momentos como el desempleo, financiamiento de educación superior, y adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda. 43.

Además, argumentó que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria constituiría un trato desigual para los docentes en comparación con otros servidores públicos que gozan de dicha sanción como garantía del auxilio de cesantías. Esto, según la parte actora, violaría el derecho a la igualdad, ya que los docentes del sector oficial estarían siendo limitados en sus derechos debido a su categoría específica dentro de los trabajadores del Estado. 44.

En consecuencia, consideró que los docentes deben ser considerados como empleados públicos y, por ende, no es admisible hacer una distinción en cuanto al tiempo de pago de las prestaciones sociales, incluyendo el auxilio de cesantías, en comparación con otros servidores públicos. Argumenta que una interpretación contraria implicaría una restricción en el goce de dicha garantía y las protecciones derivadas de esta prestación, lo que constituiría una violación del derecho a la igualdad de los docentes en comparación con otros funcionarios públicos. 7 Escrito de impugnación radicado el 14 de agosto de 2023.

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.9. Trámite de segunda instancia 45. Mediante auto con fecha del 12 de septiembre de 20238, el magistrado ponente de esta decisión dispuso la vinculación, en calidad de tercero con interés, del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja.

Esto se debe a que esta autoridad fue la que conoció del proceso ordinario en primera instancia. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia 46. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la señora Martha Liliana Noriega Macmahon contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C el 21 de julio de 2023.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.2. Cuestión Previa 47. En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Sala advierte que dichas solicitudes serán denegadas, dado que estas entidades fueron vinculadas en calidad de terceros debido a su interés en la decisión que se tome en esta acción de tutela, ya que podrían verse afectadas por la misma.

Por lo tanto, es necesario garantizar una adecuada confrontación de argumentos. En consecuencia, no procede su desvinculación del presente trámite constitucional. 2.3. Legitimación en la causa 48. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados.

Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción de amparo por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa. 49.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y 8 Notificado el 15 de septiembre de 2023. Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio. 50.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala observa que la señora Martha Liliana Noriega Macmahon hizo parte del extremo demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión cuestionada. Por lo tanto, es la titular de los derechos fundamentales que reclama mediante esta acción constitucional y goza de legitimación en la causa por activa. 51.

Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad mediante esta acción constitucional. 2.4. Problemas jurídicos 52. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la señora Noriega Macmahon las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y el recurso de impugnación presentado, esta Sala debe determinar si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia proferido el 21 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. 53.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de relevancia constitucional. En caso de que se cumplan dichos requisitos, se procederá a dar respuesta al siguiente interrogante: - ¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales invocados por la por la señora Martha Liliana Noriega Macmahon, al incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial con la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 en la que se confirmó lo resuelto por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja el 19 de diciembre de 2022 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho? 54.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del caso en concreto. 2.5.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial 55. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129.

Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales11. 56. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412.

En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia13 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial14. 57. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia: i) Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) Inmediatez, iii) Subsidiariedad, 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad.

No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad.

No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 13 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv);

Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii).

Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución. Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Relevancia constitucional, v) Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal. 58.

De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia. 59. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. 60.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos. 2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad 2.6.1.

Relevancia constitucional 61. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término «relevancia constitucional» en la sentencia C-590 de 200515. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional.

Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió: Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de 15 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos.

Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores. Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes16.

(Subrayado fuera de texto). 62. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202217 y SU-573 de 201918 el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional. 63.

A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201419, adoptó de manera expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. 64. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones. 65.

Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202220 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional. 66.

De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a: 16 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 17 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental;

(ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados. 18 Mediante esta determinación judicial, la Corte Constitucional ha señalado que el reconocimiento de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías no puede ser considerado como un derecho fundamental.

En consecuencia, el caso carece de relevancia constitucional. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. N.° 11001-03-15-000-2012-02201-01. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022.

Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos; ii) Que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia. 67.

Con tales precisiones, debe recordarse que la señora Buitrago Echeverry atribuye al Tribunal Administrativo del Quindío haber incurrido en un defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial aplicable a la situación en particular. 68. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar como se señaló en los antecedentes de este proveído que, al verificar la argumentación expuesta en el escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes yerros: - Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su sentir, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías y la respectiva indemnización, en consonancia con el artículo 53 de la Carta Política. - Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir, alrededor de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de aplicación del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990. 69.

Revisadas las piezas procesales, la Sala determina que la acción de tutela es improcedente, ya que el presente asunto carece de relevancia constitucional. A continuación, se exponen las razones que sustentan esta decisión. 70. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las cesantías siempre que se acreditan los demás requisitos.

No obstante, en el caso en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción establecida por su pago extemporáneo. Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 71.

En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador»21. 72.

Según el precedente establecido por la alta corte, es importante destacar que el reconocimiento y pago de las cesantías representa un derecho irrenunciable para los trabajadores. La falta de pago de estas prestaciones implica una vulneración de garantías constitucionales fundamentales, como el derecho al mínimo vital y a la seguridad social.

Sin embargo, es necesario aclarar que lo mismo no aplica a la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador no consigna las cesantías a tiempo. 73. Esta cuantía tiene un carácter sancionatorio y está definida legal y económicamente, lo que excluye la intervención del juez constitucional. En otras palabras, el monto de la penalidad es de naturaleza eminentemente legal y económica y, por ende, no está sujeto a la revisión por parte del juez constitucional en el marco de la acción de tutela. 74.

En consecuencia, la Sección reiterará la postura establecida por la Corte Constitucional y confirmará la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró improcedente la solicitud de amparo debido a la falta de cumplimiento del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. Cabe destacar que esta posición ha sido previamente adoptada por esta Sala en diversas ocasiones, cuando se han cuestionado mediante acción de tutela las sentencias ordinarias que negaban solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías22.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 21 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019. 22 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto.lvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

Demandante: Martha Liliana Noriega Macmahon Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2023-03365-01 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III. FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que se declaró improcedente la presente acción de amparo por no superar el requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Presidente ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado “Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”