Radicado: 20001-33-33-006-2022-00382-01 (3860-2024) Demandante: Jennifer Paola del Toro Vargas Demandado: Nación – Rama Judicial 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) Radicado: 20001-33-33-006-2022-00382-01 (3860-2024) Demandante: Jennifer Paola del Toro Vargas Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: auto que resuelve manifestación de impedimento.
Subtema: causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del CGP. AUTO INTERLOCUTORIO La Sala resuelve los impedimentos que manifestaron los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, los doctores Carlos Mario Arango Hoyos, Manuel Fernando Guerrero Bracho, Doris Pinzón Amado, Carmen Dalis Argote Solano, María Luz Álvarez Araújo y José Antonio Aponte Olivella para conocer el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia proferida en el proceso de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1.1. El recurso y su trámite En el proceso ordinario que inició Jennifer Paola del Toro Vargas se dictó sentencia de primera instancia y en contra de esta decisión se interpuso recurso de apelación que ingresó al despacho del magistrado ponente para el inicio del trámite correspondiente, momento en el cual, de manera individual cada integrante del tribunal advirtió la existencia de causal de impedimento para asumir el conocimiento del asunto. 1.2.
La manifestación de impedimento Los magistrados que integran la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Cesar informaron que se encuentran incursos en la situación descrita en el numeral 1° del artículo 141 del CGP1, por lo siguiente: El magistrado Carlos Mario Arango Hoyos manifestó, en escrito del 4 de abril de 2024, que «[p]resentó demanda con similares pretensiones estando de Juez de Circuito, en la cual se profirió sentencia de segunda instancia el día 28 de noviembre de 2023.
De otro lado, atendiendo que el reconocimiento de carácter salarial perseguido en el presente asunto se podría reclamar respecto de la prima de servicios y la bonificación por compensación, que cobija entre otros funcionarios, a los magistrados de los tribunales, como es mi caso, razón por la cual también tendría un interés». El magistrado Manuel Fernando Guerrero Bracho a través de comunicación del 24 de abril de 2024, consideró que como en el presente asunto «[s]e pretende el reconocimiento de carácter salarial y prestacional a la bonificación judicial a que hace referencia el Decreto 0383 de 2013 (…) y la correspondiente reliquidación de las Radicado: 20001-33-33-006-2022-00382-01 (3860-2024) Demandante: Jennifer Paola del Toro Vargas Demandado: Nación – Rama Judicial 2 prestaciones sociales devengadas con base en la misma; circunstancia de la que emerge un interés indirecto (…) por cuanto cobija, entre otros funcionarios, a los Magistrados de los Tribunales Administrativos, como es mi caso, máxime cuando antes de ocupar esta magistratura, fungí como Juez Administrativo y me encuentro reclamando judicialmente por causa similar».
La magistrada Doris Pinzón Amado afirmó tener un interés indirecto mediante escrito del 9 de mayo de 2024, tras advertir que «[e]l reconocimiento salarial perseguido en el presente asunto, guarda similitud con lo que me encuentro reclamando judicialmente respecto de los pagos percibidos por concepto de prima especial y bonificación que recibo mensualmente como magistrada ( ). [t]ambién me encuentro aspirando que para la definición de mi salario (…) se tenga en cuenta la totalidad de conceptos que hacen parte de la remuneración de los Magistrados de las Altas Cortes, (…) lo cual pretendo con fines prestacionales (…)».
La magistrada Carmen Dalis Argote Solano manifestó su impedimento el 30 de mayo de 2024, al considerar que «[e]merge un interés indirecto en el resultado del proceso, por cuanto cobija, entre otros funcionaros, a los Magistrados de los Tribunales Administrativos, como es mi caso, máxime cuando antes de ocupar esta magistratura, fungí como Juez Administrativo y me encuentro reclamando judicialmente por causa similar».
La magistrada María Luz Álvarez Araújo en manifestación del 6 de junio de 2024 adujo que «En mi caso particular el impedimento se configura en atención a que durante los años 2019, 2020 y 2021, fungí como juez de circuito titular del Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y por ende, devengué la referida bonificación judicial sin que ella se me tuviera en cuenta para calcular las prestaciones sociales (…), también presenté demanda por los mismos hechos y con las mismas pretensiones, la cual cursa actualmente en los juzgados administrativos del circuito judicial de Bogotá, lo que evidentemente me pone en una situación que afecta mi imparcialidad para participar de la decisión que se tome en el presente asunto».
El magistrado José Antonio Aponte Olivella se manifestó impedido para conocer del asunto mediante escrito del 20 de junio de 2024, en atención a que lo pretendido «[e]n primer lugar, puede afectar la situación jurídica y económica de las servidoras que hace[n] parte de la planta de personal del Despacho que presido, a quienes también se aplica el régimen salarial de la parte demandante; y quienes además ya presentaron la correspondiente demanda por el mismo asunto (…).
En segundo lugar, atendiendo que el reconocimiento de carácter salarial perseguido en el presente asunto se podría reclamar respecto de la prima de servicios, que cobija entre otros funcionarios, a los magistrados de los tribunales, como es mi caso, razón por la cual tendría un interés». II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia De conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 21 de la Ley 2080 de 2021, la Sala es la competente para resolver sobre la procedibilidad de los impedimentos manifestados. 2.2.
Asignación de normas sustantivas al caso El propósito fundamental de las causales de impedimento es garantizar la imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, para lo cual el legislador Radicado: 20001-33-33-006-2022-00382-01 (3860-2024) Demandante: Jennifer Paola del Toro Vargas Demandado: Nación – Rama Judicial 3 estableció las circunstancias especiales que dan lugar a que los jueces se separen del conocimiento del asunto, las cuales son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, en tanto suponen excepciones al deber de los operadores judiciales de administrar justicia1.
Esta Subsección ha destacado, en aplicación del criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo del Consejo de Estado2, que para la configuración de las mencionadas causales es indispensable demostrar que los hechos en que se fundamentan son actuales, ciertos y personales, condiciones que no se cumplen cuando de manera genérica y/o indeterminada se hace alusión a las circunstancias que darían lugar a separar al juez del conocimiento del asunto3.
Ahora bien, el artículo 130 del CPACA establece que los jueces y magistrados deberán declararse impedidos o serán recusables según las situaciones indicadas en esa norma, así como las previstas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 141 del Código General del Proceso, entre las que se encuentra «[t]ener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso».
De acuerdo con el artículo 131 del CPACA, el juez debe manifestar que se encuentra incurso en una de las causales previstas en la ley, «expresando los hechos en que se fundamenta», esto es, una relación sucinta de los elementos fácticos respectivos; si los argumentos expuestos se consideran fundados por quien debe resolver el impedimento, según la categoría del funcionario que se declaró impedido, este será separado del conocimiento, en caso contrario, se «devolverá el expediente para que el mismo juez continúe el trámite del proceso». 2.3.
Caso concreto Como se expuso en el acápite de antecedentes de esta providencia, los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar consideraron que se encuentran en la situación de que trata el numeral 1° del artículo 141 del CGP4 porque la controversia planteada versa sobre hechos y pretensiones similares a las reclamadas por empleados de sus despachos y por ellos judicialmente, con ocasión de su vinculación a la Rama Judicial como jueces.
Así mismo, porque el carácter salarial de lo pretendido podría solicitarse respecto de las prestaciones análogas que reciben como magistrados. A propósito de la causal invocada, se recuerda que el interés que se aduce para su configuración debe ser real, cierto, actual, tener relación inmediata con el objeto de la controversia y de tal trascendencia que afecte la imparcialidad o independencia del juzgador; además, debe estar demostrado y debidamente sustentado, pues de otra manera no será posible inferir la existencia de las circunstancias excepcionales que justifican separarlo del conocimiento del asunto. 1 Corte Constitucional, sentencia C-496 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa. 2 Auto del 9 de junio de 2021 dictado en el expediente número 2021-01175-01 (A): La manifestación de impedimento es un acto unilateral, oficioso y obligatorio en la que se debe expresar no solo la causal que se invoca sino también la sustentación que corresponda. 3 Sección Segunda, Subsección A, auto del 2 de octubre de 2024, radicación 15001-33-33-001-2021-00128-01 (5242-2024).
En el mismo sentido auto del 19 de septiembre de 2024, Sección Segunda Subsección B, expediente 13001-33-33-011-2021-00111-01 (1186-2024), y auto del 5 de diciembre de 2023, Sala de Conjueces de la misma sección, radicado 76001-23-000-2018-00326-02 (0502-2023), entre otros. 4 Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1.
Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. Radicado: 20001-33-33-006-2022-00382-01 (3860-2024) Demandante: Jennifer Paola del Toro Vargas Demandado: Nación – Rama Judicial 4 En esta oportunidad, observa la Sala que las manifestaciones de impedimento de los magistrados se realizaron de manera genérica y no vinieron acompañadas de prueba alguna que demuestre que han iniciado procesos o reclamaciones administrativas o judiciales para obtener el reconocimiento del rubro salarial que constituyó el objeto principal del proceso ordinario que inició la parte demandante.
Tampoco refieren una situación concreta distinta a que podrían ser destinatarios, como lo son los empleados, del régimen salarial y prestacional cuya aplicación solicitó Jennifer Paola del Toro Vargas. Así las cosas, de acuerdo con el criterio interpretativo de esta Subsección, el solo hecho de laborar en la Rama Judicial no resulta suficiente para inferir la configuración de la causal alegada por los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, por lo que, corresponde declarar infundado el impedimento.
En mérito de lo expuesto, la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADOS los impedimentos manifestados por los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar, los doctores Carlos Mario Arango Hoyos, Manuel Fernando Guerrero Bracho, Doris Pinzón Amado, Carmen Dalis Argote Solano, María Luz Álvarez Araújo y José Antonio Aponte Olivella; por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para que continúe con el trámite correspondiente.
TERCERO: EFECTUAR las anotaciones respectivas en el expediente electrónico incorporado en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. (Firmado electrónicamente) ELIZABETH BECERRA CORNEJO Magistrada (Firmado electrónicamente) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Magistrado (Firmado electrónicamente) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Magistrado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx Radicado: 20001-33-33-006-2022-00382-01 (3860-2024) Demandante: Jennifer Paola del Toro Vargas Demandado: Nación – Rama Judicial 5