Radicado: 11001-03-15-000-2024-02071-00 Demandante: Edgar Vanegas Durán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2024 Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2024-02071-01 Demandante: Edgar Vanegas Durán Demandado: Consejo de Estado, Sala 27 Especial de Decisión Temas: Tutela contra providencia judicial Asunto: Declara fundado de impedimento El Despacho decide el impedimento manifestado por la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto sustentado en la causal contemplada en el numeral 6ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

I.

ANTECEDENTES El 26 de abril de 2024, el señor Edgar Vanegas Duran presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala 27 Especial de Decisión. Luego, por sentencia del 21 de junio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dictó sentencia de primera instancia, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo.

El 22 de julio de 2024, el señor Edgar Vanegas Duran impugnó la sentencia de primera instancia y, el 29 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, concedió la impugnación. El 26 de agosto de 2024, le correspondió por reparto el asunto al Consejo de Estado, Sección Cuarta. El 3 de septiembre de 2024, la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó su impedimento para decidir el asunto.

II. CONSIDERACIONES Previo a resolver, el Despacho comenzará por la competencia para decidir el asunto. Luego, se hará referencia a los impedimentos y recusaciones en materia de tutela, y específicamente a la causal del numeral 6ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Seguidamente, se determinará si en este caso está o no configurada la causal de impedimento invocada.

Competencia En materia de acción tutela, los impedimentos se encuentran regulados por el artículo 391 del Decreto 2591 de 1991. Esa norma establece que cuando en el juez concurre una de 1 Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente.

El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02071-00 Demandante: Edgar Vanegas Durán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal, debe declararse impedido.

En cuanto al trámite que debe seguirse frente a los impedimentos, corresponde al previsto en el artículo 1402 del Código General del Proceso – aplicable por remisión expresa del artículo 4º3 del Decreto 306 de 1992–, el cual dispone que el magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que resuelva sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez, si hubiere lugar a ello.

Por lo tanto, este Despacho es competente para resolver el impedimento manifestado por la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto. De los impedimentos Los impedimentos son instrumentos procesales que permiten garantizar la protección de los principios de independencia e imparcialidad del juez, los cuales, a su vez, hacen parte del derecho fundamental al debido proceso y constituyen pilares esenciales de la administración de justicia. La independencia hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones o exigencias que interfieran en su juicio.

La imparcialidad, por su parte, se predica del derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley. De ahí que se trate de un asunto de índole moral y ética, así como de responsabilidad judicial4. Impedimento por la causal establecida en el numeral 6ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal El numeral 6ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal establece como causal de impedimento: Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.

Sobre esa causal de impedimento, la Corte Constitucional5 ha señalado que: El instituto de los impedimentos se estableció para garantizar a la sociedad que el funcionario judicial llamado a resolver el litigio es ajeno a cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y, en consecuencia, que su imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias extraprocesales.

En atención a ello, el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al que se hace remisión expresa por el Decreto 2591 de 19916, en el numeral 6º señala como causal de impedimento <<[q]ue el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, 2 ARTÍCULO 140. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS.

Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva.

(…). 3 Artículo 4° De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto. 4 Sentencia C-365 de 2000. 5 Auto A-585 de 2022 6 El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, indica que, “Art. 39… El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente”.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02071-00 Demandante: Edgar Vanegas Durán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar>>.

Con el fin de determinar el alcance de la causal citada, esta Corporación se ha basado en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia, en la que se ha expresado que: [f]rente a esta causal, la Sala [Penal] tiene establecido que la comprensión de este concepto no debe asumirse en sentido literal, sino que es preciso que esa intervención, para que adquiera un efecto trascendente acorde con los fines de la norma, tenga la aptitud suficiente para comprometer la ecuanimidad y la rectitud del funcionario.

Su actividad dentro del proceso, debe haber sido esencial y no simplemente formal7, de fondo, sustancial, trascendente, que lo vincule con la actuación puesta a su consideración de tal manera que le impida actuar con la imparcialidad y la ponderación que de él esperan no solamente los sujetos procesales sino la comunidad en general8. Con base en la cita anterior, la sentencia T-305 de 2017 precisó que “la afectación del principio de imparcialidad depende del grado de intervención y del contacto del funcionario judicial con los medios de juicio, siempre debe examinarse en cada asunto antes de separar al juez de su conocimiento, ‘porque el instituto de los impedimentos y las recusaciones se rige por los principios de taxatividad y excepcionalidad’”.9 De manera que, con el fin de validar la configuración de esta causal, debe analizarse el grado de intervención y de contacto respecto del funcionario judicial que se declara impedido, con el fin de determinar si debido a ello se materializa una barrera que comprometa la libertad e imparcialidad del juicio del juzgador10.

Análisis del caso concreto En el caso concreto, está probado que la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto firmó la sentencia del 20 de septiembre de 2023, dictada dentro del recurso extraordinario de revisión con radicado nº 11001-03-15-000-2022-06408-00, por medio del cual se revocó la sentencia del 27 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, para en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Edgar Vanegas Durán contra la UGPP.

En ese orden, se advierte que la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto participó de manera trascendente dentro del proceso en el que se expidió la decisión objeto de la presente acción constitucional. En consecuencia, se declarará fundado el impedimento manifestado por la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, Por lo tanto, queda separada del conocimiento del asunto de la referencia. Por lo expuesto, el Despacho III.

RESUELVE

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, por las razones expuestas en esta providencia. 7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 7 de mayo de 2002, rad.19.300. 8 Así se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en el Auto del 6 de junio de 2007, rad. 27.385, al explicar lo que debe entenderse como participación dentro del proceso como causal de impedimento.

Reiterado, entre otros, en Auto del 28 de noviembre de 2007, rad. 28580; Auto del 17 de febrero de 2010, rad. 33525; Auto del 27 de noviembre de 2013, rad. 42765; Auto del 28 de agosto de 2014, rad 44472. 9 Sentencia T-305 de 2017. Al respecto, la Sala de Revisión afirmó en la sentencia T-305 de 2017 que “la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que esta causal no se aplica por ejemplo en los jueces de ejecución que previamente participaron en el procedimiento en calidad de falladores de conocimiento, ni a los funcionarios que han evaluado preacuerdos con otros sujetos procesales por los mismos hechos que le corresponde juzgar.” 10 Ello exige que el comentario “vincule al funcionario judicial con el asunto sometido a su consideración al punto que le impida actuar con la imparcialidad y ponderación que de él espera el conglomerado social, y particularmente los sujetos procesales que intervienen en la actuación”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 5 de julio de 2007. Radicado: 11001-03-15-000-2024-02071-00 Demandante: Edgar Vanegas Durán Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 2. Una vez surtida en debida forma la notificación de esta providencia, ingrésese de manera inmediata el proceso al Despacho para lo de su turno. Notifíquese y cúmplase, (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN