Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04053-01 Demandante: ROSALBA ROJAS ROJAS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN 5 Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida en primera instancia el 8 de septiembre de 2023, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En esta providencia se declaró improcedente el mecanismo de amparo, por considerar que no satisface el requisito de la relevancia constitucional.
I.
ANTECEDENTES 1.1. La tutela 1. La señora Rosalba Rojas Rojas, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. 2.
La anterior trasgresión constitucional se la adjudica a la sentencia de 28 de abril de 2023, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 15001-33-33-008-2022-00009-01. En esta decisión, se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 7 de diciembre de 2022, por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, el cual resultó desfavorable a las pretensiones propuestas. 1.2.
Pretensión constitucional 3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente: Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.
Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 4/28/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220000901, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del (la) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada. 2.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…).
(Sic a toda la cita y negritas del texto original). 1.3. Hechos La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente manera: 4. La señora Rosalba Rojas Rojas labora para una entidad territorial certificada en educación en el departamento de Boyacá, con posterioridad a 1990 y hasta la fecha. El 2 de agosto de 2021 radicó una solicitud encaminada a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 5.
La anterior solicitud le fue negada mediante el Oficio BOY2021EE028262 del 28 de agosto de 2021. Inconforme con ello, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto mencionado. Como consecuencia de lo pretendido, requirió el pago de la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991. 6.
En decisión del 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja negó las súplicas de la demanda. Para el efecto, explicó que la Ley 91 de 1989 que regula el régimen salarial y prestacional de los docentes oficiales no prevé la sanción económica reclamada. Agregó que en el caso de los docentes vinculados con posterioridad a 1990, no se fijó una fecha límite para el pago anualizado de las cesantías.
Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7. Aclaró que no existe una tesis unificada en el Consejo de Estado ni en la Corte Constitucional y que, para el caso concreto se acreditó que los montos correspondientes a las cesantías del año 2020 estaban disponibles en el FOMAG para cuando los educadores solicitaran el reconocimiento y pago de dicha prestación. 8.
La anterior decisión fue apelada por el accionante, pero el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 la confirmó mediante la sentencia de 28 de abril de 2023. El ad quem reiteró los argumentos esbozados en primera instancia e informó que el régimen especial de los docentes no contiene vacíos normativos que hagan viable la aplicación de la Ley 50 de 1990. 9.
Respecto a múltiples sentencias enunciadas en la demanda como casos similares a tener en cuenta al momento de fallar, explicó que allí se estudió la excepción de la prescripción y por ello no podían considerarse casos idénticos susceptibles de ser aplicados al asunto de la actora. 1.4. Sustento de la vulneración 10. La tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela.
En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional. 11. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías. 12.
Arguyó que, al no estar garantizados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación, lo que está transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar. 13. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los docentes frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías.
Máxime cuando los mismos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. 14. Refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal, ni de una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.
Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15. Aludió que el Tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto su situación no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción deprecada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG.
Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. 16. Sostuvo que la providencia enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo y en violación directa de la Constitución. Con respecto al primero, el actor en el escrito de tutela no ahondó en detalles, mientras que, respecto del segundo, indicó que el Tribunal aplicó una postura restrictiva del Consejo de Estado, por lo que se vulneró el artículo 53 de la Carta que consagra la aplicación de la situación más favorable al trabajador. 17.
Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, al reconocer la sanción moratoria a docentes oficializados, por el pago tardío de sus cesantías. En esos términos, citó como ejemplos las sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU-336 de 2018 y SU-098 de 2018. 18.
Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente. A continuación, se relacionan textualmente las providencias referidas en el numeral anterior por la parte actora: Corte Constitucional No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 Exp.
T- 6.736.200 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 098/2018 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2 Exp. T- 5904426 y otros 25 de julio de 2019 Dr. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 332/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T- 7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 041/2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Consejo de Estado No. RADICADO EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISSET IBARRA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-31- 000- 200900867- 01, No. Interno: 4854- 2014 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 11001-03-15- 000-2018- 04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS – Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15- 000-2018- 04679-01 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Dra. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN – Dr. HERNANDO SANCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-0315- 000-2018- 03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS - Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33- 000-2014- 00208-01 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31- 000-2014- 00254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33- 000-2014- 00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33- 000-2015- 00331-01 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dra. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33- 000-2015- 00445- 02(0483-20) 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33- 000-2014- 01127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-23-40- 000-2015- 90008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-23-40- 000-2014- 90022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-23-33- 000-2017- 00931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-23-33- 000-2015- 00075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 19 76001-23-33- 000-2013- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dra. SANDRA LISETH IBARRA Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 00756-01 (2224-2020) 20 080001-23-40- 000-2017- 00795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33- 000-2019- 00359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33- 000-2019- 00376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISSET IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33- 000-2015- 00509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33- 000-2015- 90124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022 Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS Dr. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ – Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ DR. RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS – Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 26 47001-23-33- 000-2018- 0231-01 (0871-2020) 26 de enero 2023 DR. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ DR. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – DR. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ 19.
Hasta la sentencia número 26 enumerada, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al Estado. 20. Por último, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha decidido sobre el tema en cuestión: JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO No. RADICADO EXPEDIENTE F. DECISIÓN JUZGADO 1 66001 3333 001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO DE PEREIRA 2 05001 3333 019 2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLÍN 3 70001 3333 002 2022 0007200 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO 4 27001 3333 002 2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE QUIBDÓ 5 76001 3333 002 2022 0006600 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 6 76111 3333 003 2022 0006600 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 7 68001 3333 002 2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA 8 68001 3333 009 2022 0010900 30/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO DE GUADALAJARA DE BUGA 9 27001 3333 005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO DE QUIBDÓ Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 11001 3342 051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO DE BOGOTÁ 1.5.
Trámite de la acción 21. Por auto de 28 de julio de 2023, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5. Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora SA y al departamento de Boyacá. 1.6.
Intervenciones 1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 22. Refirió que no se configuró el defecto sustantivo alegado por la parte actora, ni el precedente jurisprudencial que señaló en su demanda. Explicó que no es posible aplicar las disposiciones de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficializados vinculados con posterioridad a 1990. 23.
Consideró que todas las sentencias relacionadas por la tutelante no tienen en cuenta la tesis de la Corte Constitucional sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990. Por ello, no son un precedente viable de ser interpretado en el mismo sentido en el caso bajo estudio. 24. Indicó que acceder a lo pretendido iría en contravía del principio de inescindibilidad de la norma, porque se aplicaría un fragmento de una norma sobre un régimen especial.
Adicionó que no se demostró que exista otro docente bajo las mismas condiciones de la tutelante y al cual se le hubiese concedido el beneficio que ella pide. Por ello, no se puede considerar vulnerado el derecho a la igualdad. 1.6.2. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja 25. Relató las actuaciones surtidas en el curso de la primera instancia y posteriormente indicó que la parte actora no precisa las razones por las que estima que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Adicionó que en el presente asunto no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad, ni se explicó por qué se pretende evitar un perjuicio irremediable. 26. Concluyó que, en todo caso, no existe una tesis pacífica y unificada sobre el tema en cuestión. Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.3.
Fiduprevisora SA 27. Señaló que sus funciones se circunscriben a la contratación de la prestación de los servicios médico-asistenciales en las diferentes regiones del país, para que les sean prestados a los educadores afiliados. 28. Añadió que en este caso no se encuentran especificadas las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y no es deber del juez estructurarlas. 29.
Sostuvo que, por disposición del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 pueden administrar los recursos en cajas individuales para el pago de esta prestación. No obstante, adujo que el FOMAG se caracteriza por tener unidad de caja, de conformidad con su norma de creación que es la Ley 50 de 1990. 30.
Finalmente, aclaró que la sentencia SU-098 de 2018 no contiene fundamentos fácticos que se asimilen al caso en cuestión. En esa oportunidad, se cuestionó una afiliación tardía al FOMAG, lo cual no ocurre en este caso. 31. En virtud de lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas y que se le desvincule del trámite tutelar. 1.6.4.
Gobernación de Boyacá 32. Solicitó que se desestimen las pretensiones de la tutela ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados. 33. Puso de presente que no era viable reconocer la sanción moratoria pedida por la tutelante, pues no es la Secretaría de Educación de Boyacá la encargada de pagar las cesantías de los docentes, sino que ello corresponde al FOMAG. 34.
Manifestó que los docentes oficiales se encuentran amparados por un régimen especial que impide la aplicación de las disposiciones de la Ley 50 de 1990. 35. Frente a la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, expuso que la misma corporación indicó en el fallo SU-573 de 2019 bajo cuáles condiciones aplica la tesis de la primera decisión mencionada.
En esa oportunidad se precisó que a los docentes cobijados por el régimen especial no les es aplicable la indemnización moratoria de la Ley 50 de 1990. 1.6.5. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 36. Mencionó las competencias que por ley tiene atribuidas, y con base en ellas alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Adicionó que del escrito de tutela no desprende ninguna acción u omisión en su contra, ni se Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evidencia que haya sido vulneradora de los derechos fundamentales sobre los que se invoca la protección. 37.
Con base en lo anterior, solicitó que se le desvincule. 1.6.6 El FOMAG pese a ser notificado en debida forma del auto admisorio, guardó silencio. 1.7. Sentencia de primera instancia 38. Mediante sentencia de 8 de septiembre de 2023, la Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente el mecanismo de amparo, tras considerar que el asunto bajo análisis no reviste relevancia constitucional. 39.
Explicó que del escrito tutelar desprende que lo que persigue la accionante es que se vuelvan a debatir asuntos que fueron concluidos en el proceso ordinario, con el fin último de que se le reconozca la indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Sin embargo, el tribunal expuso los motivos por los cuales no era posible acceder a lo perseguido por la señora Rojas Rojas, dado que se encuentra cobijada por un régimen especial. 1.8.
Impugnación 40. Inconforme con lo decidido por el a quo, la accionante impugnó el fallo de primera instancia. Indicó que sí existe una tesis pacífica al interior del Consejo de Estado sobre la posibilidad de aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG. Para fundamentar su dicho, reiteró las 26 sentencias expuestas en el acápite de fundamentos de la vulneración. 41.
Precisó que la postura de negar el reconocimiento pedido implica que los docentes no tienen garantía de recibir sus cesantías y con ello se transgrede el derecho a la seguridad social. Iteró que, de conformidad con el principio del indubio pro operario atenta contra el derecho a la igualdad que los docentes del sector privado sí puedan acceder a sus cesantías y los del sector público no. 42.
De otro lado, resulta transgresor del derecho a la igualdad que a los docentes tampoco se les trate como a los demás empleados públicos en materia prestacional. Por ello, solicitó que se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se acceda a las súplicas. 1.9. Trámite de segunda instancia 43. El Ministerio de Educación Nacional allegó un memorial en el que puso de presente que, pese a ser notificado del auto admisorio, no se le allegó el escrito tutelar y ello impidió que pudiera ejercer su derecho a la defensa por no conocer los hechos en los cuales se funda la tutela.
Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44. Por lo anterior, mediante auto de 19 de octubre de 2023 se dispuso que, por conducto de la Secretaría General del Consejo de Estado se le remitiera un enlace en el que la referida cartera ministerial pudiera acceder a la totalidad del expediente.
En el mismo sentido, se le confirió a la citada entidad el término de 1 día para que, una vez notificada la providencia en mención, ejerciera su derecho a la defensa. 1.10. Intervención del Ministerio de Educación Nacional 45. Consideró que la sentencia SU-098 de 2018 no es aplicable al caso de la actora, dado que las reglas jurisprudenciales que allí se adoptaron no corresponden con las que se alegan en el escrito tutelar.
Específicamente, porque los casos que allí se zanjaron definieron situaciones de docentes que no fueron afiliados al FOMAG. 46. Señaló que no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados y ello conlleva a que el mecanismo constitucional sea improcedente. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia 47.
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.2.
Cuestión previa 48. La Fiduprevisora SA y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron que se les desvinculara de esta tutela. La primera, alegó que no tiene dentro del ejercicio de sus facultades el pago de prestaciones sociales. La segunda, indicó que del escrito tutelar no desprende que se le haya adjudicado alguna acción u omisión en virtud de la cual pueda considerarse transgresora de los derechos fundamentales deprecados. 49.
La Sala negará las anteriores solicitudes. 50. Frente a la Fiduprevisora SA. su vinculación en este trámite se dio en calidad de tercera con interés sin que por ello tenga que satisfacer las pretensiones de la parte tutelante. Se aclara que, de conformidad con el criterio mayoritario de la Sección Quinta, son terceros con interés en las acciones de tutela contra providencias judiciales todos los sujetos que hayan conformado las partes del proceso ordinario y los jueces de instancia. Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.
En cuanto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, su vinculación al mecanismo judicial se ordenó en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 610 del Código General del Proceso. La disposición en cita establece que dicha entidad podrá actuar «como interviniente, en los asuntos donde sea parte una entidad pública o donde se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado».
Así, dado que en el proceso ordinario se demandó a una entidad del orden nacional, se considera importante su vinculación en el proceso. 2.3. Legitimación en la causa 52. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 53.
Con fundamento lo expuesto, la Sala advierte que la señora Rosalba Rojas Rojas conformó el extremo accionante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia cuestionada. Por tanto, es titular de los derechos fundamentales que reclama por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa. 54.
Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad que dictó la decisión judicial objetada. 2.4. Problemas jurídicos 55. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes: ● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales? 56.
De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente: ● ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 vulneró los derechos fundamentales reclamados por la señora Rojas Rojas al proferir la sentencia de 28 de abril de 2023, en la que confirmó la decisión de primer grado que negó el reconocimiento del pago de intereses por el pago tardío de sus cesantías como docente oficial afiliada al FOMAG y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías? 57.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto. 2.5.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 58. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20121. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema2.
En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales3. 59. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20144.
En esta sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia5 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial6. 1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad.
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 5 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 6 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv).
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii).
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución. Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60.
Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos generales de procedencia: i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal. 61.
De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. 62.
Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. 63. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad.
En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos. 2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional 64. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional7. 65.
De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a: i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos; ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia. 66.
Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. 67.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”. 68.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Lo anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”. 69. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación. Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6.1.
Relevancia constitucional en el caso concreto 70. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte actora cuestiona la sentencia de 28 de abril de 2023, en la que se confirmó la decisión denegatoria de primer grado respecto al reconocimiento de intereses por el pago tardío de sus cesantías y la indemnización por la mora en la cancelación de los intereses de la misma prestación. 71.
Se recuerda que la parte accionante acusa al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 de haber incurrido en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial aplicable a la situación en particular. Los fundamentos de los yerros que planteó son brevemente los siguientes: - Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución por cuanto en su sentir, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo que respecta al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías y la respectiva indemnización, en consonancia con el artículo 53 de la Carta Política. - Desconocimiento del precedente judicial de esta Corporación, por cuanto la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta al momento de decidir, alrededor de 30 de sentencias en las que se ha desarrollado el ámbito de aplicación del artículo 1 de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991. 72.
Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las prestaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las cesantías. No obstante, en el caso en concreto no se discute sobre la prestación social sino acerca de la sanción establecida por su pago extemporáneo. 73.
En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se queda temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador»8. 74.
De acuerdo con el precedente establecido por esa Alta Corte, el reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión 8 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019. Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los derechos al mínimo vital y a la seguridad social.
No obstante, aclaró que no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías. Lo anterior porque este monto tiene naturaleza sancionatoria y, eminentemente legal, lo que no da lugar a la intervención del juez constitucional. 75. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte Constitucional y, en consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
Es importante resaltar que esta posición ya ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias providencias anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela sentencias ordinarias en las que se habían negado solicitudes de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías9. 76. En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto de estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al FOMAG.
Para el efecto, mediante sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso o siguiente: Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal. 77. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en esta oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia constitucional para ser estudiados a través de este tipo de acciones constitucionales, en todo caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. 9 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; fallo 20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Demandante: Rosalba Rojas Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04053-01 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 78. Lo anterior permite reforzar la postura de esta Sala de que el presente asunto carece de relevancia constitucional porque la controversia planteada por el actor se refiere a un tema que fue resuelto en sede de unificación por la sección especializada. 2.7.
Conclusión 79. Se confirmará la sentencia del 8 de septiembre de 2023, en la cual se declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia, puesto que no supera el examen del requisito general de la relevancia constitucional. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduprevisora SA y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de septiembre de 2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Presidente ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Magistrado PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado “Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”