CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00502-01 Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS Asunto: Rechaza por improcedente recurso de reposición. AUTO INTERLOCUTORIO El señor JONATHAN GÓMEZ PARRA, concejal del municipio de Girardot (Cundinamarca), período constitucional 2024-2027, interpuso recurso de reposición contra el auto de 17 de julio de 2025, -notificado por estado el 29 de julio de 2025-, por medio del cual la Sala denegó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de 2 de mayo de 2025, con la que se decretó su pérdida de investidura luego de comprobarse los aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista en los artículos 55, numeral 2, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19941, y en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, en consonancia con el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 18 de 1 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”. 2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”. 2 Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00502-01 Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS enero de 20113, esto es, por violación del régimen de conflicto de intereses.

En su escrito, el accionado insiste en que aunque se aceptó que el concepto jurídico no había sido controvertido en la primera instancia se analizó por haber sido cuestionado en el recurso de apelación, lo cual se opone por completo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano y, por demás, vulnera su derecho al debido proceso y el de contradicción. Reitera que se trató de la consulta que le hizo a un abogado con conocimientos específicos en la materia sobre si se incurría o no en las causales de conflicto de interés en la actuación objeto de reproche, y que pese a que tradicionalmente han sido válidos y reconocidos para demarcar una actuación con respaldo del profesional, se señaló que carece de toda fuerza probatoria para demostrar su buena fe calificada; y que en sede administrativa se asesoró respecto de una situación frente a la que, debido a su falta de conocimiento en derecho, se vio obligado a acudir a los expertos en la materia lo que no fue controvertido ni tachado en el desarrollo del proceso.

Solicita que se aclaren cuáles son los efectos del fallo de desinvestidura; y que a la solicitud de aclaración y adición no se le dio la importancia y relevancia que merece, pues contiene aspectos oscuros o difusos. 3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 3 Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00502-01 Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS Durante el traslado de este recurso, el actor, señor LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS, manifiesta que el accionado no identificó ninguna oscuridad real, ni omisión en la parte resolutiva, sino que, por el contrario, busca replantear los argumentos de defensa y obtener una modificación de la decisión, lo cual es propio de un recurso ordinario contra la sentencia no de una aclaración. Comenta, respecto del concepto jurídico, que el Despacho ya evaluó su contenido y su relevancia probatoria, por lo que pretender que se vuelva a analizar constituye un ataque indirecto a la sentencia y no un punto aclarable; y que no hubo omisión sino valoración adversa a sus intereses.

Aduce que debe negarse, por improcedente, el recurso de reposición interpuesto por el accionado y confirmarse en su integridad el auto de 17 de julio de 2025, sumado a que, en la práctica, lo que busca es prolongar indebidamente el ejercicio de un cargo del que ya fue despojado por autoridad judicial competente. Para resolver, se CONSIDERA: De conformidad con lo establecido en el artículo 243A, numeral 12, del CPACA, adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 25 de enero de 20214, no son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias: “[…] Artículo 243A.

Providencias no susceptibles de recursos ordinarios. No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias: 4 “[…] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 4 Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00502-01 Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS (…) 12.

Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. Dentro de la ejecutoria del auto o sentencia que resuelva la aclaración o adición podrán interponerse los recursos procedentes contra la providencia objeto de aclaración o adición. Si se trata de sentencia, se computará nuevamente el término para apelarla […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Es así como en el caso concreto, se advierte que el recurso de reposición interpuesto por el accionado contra el auto de 17 de julio de 2025, por constituir un recurso ordinario contra la providencia que denegó la aclaración y adición de la sentencia de desinvestidura de 2 de mayo de 2025, resulta abiertamente improcedente por expresa prohibición legal.

De manera que la Sala Unitaria no tiene camino distinto que la de rechazar, por improcedente, el recurso de reposición contra el auto de 17 de julio de 2025, interpuesto por el concejal de Girardot (Cundinamarca), señor JONATHAN GÓMEZ PARRA, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva del presente proveído. Finalmente, la Sala Unitaria conminará al señor JONATHAN GÓMEZ PARRA y a su apoderado judicial para que en lo sucesivo se abstengan de presentar peticiones y solicitudes abiertamente improcedentes e impertinentes, so pena de aplicar lo previsto en el artículo 2955 de la Ley 1437.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo 5 “[…] Artículo 295. Peticiones impertinentes. La presentación de peticiones impertinentes, así como la interposición de recursos y nulidades improcedentes serán considerados como formas de dilatar el proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes […]”. 5 Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00502-01 Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, R E S U E L V E:

PRIMERO: RECHAZAR, por improcedente, el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 17 de julio de 2025.

SEGUNDO: CONMINAR al señor JONATHAN GÓMEZ PARRA y a su apoderado judicial para que en lo sucesivo se abstengan de presentar peticiones y solicitudes abiertamente improcedentes e impertinentes, so pena de aplicar lo previsto en el artículo 295 del CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, (Firmado electrónicamente) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Magistrada