11001031500020230084801 — Consejo de Estado

En el fallo objeto de esta aclaración se determinó que, contrario a lo expuesto en primera instancia[2], la tutela satisface la exigencia de relevancia constitucional, porque «[…] el defecto alegado puede llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados».

De igual modo, se indicó que los magistrados accionados no incurrieron en defectos sustantivo y fáctico, porque (i) aplicaron «[…] lo dispuesto en [los] artículo[s] 707 y 710 del Estatuto Tributario y si bien, acogi[eron] los argumentos planteados por la demandada dentro del proceso ordinario, ello lo hi[cieron] en virtud a que i) no se presentaron ninguno de los supuestos que dan lugar a la suspensión del término de los 6 meses previstos en el artículo 710 del ET, ii) la administración tenía hasta el 26 de diciembre de 2015 para expedir y notificar la liquidación oficial de revisión y ii) no obstante, como el 26 de diciembre de 2015 era un día inhábil, el p[l]azo se extendió hasta el día hábil siguiente, esto es, el 28 de diciembre de 2015», lo que indica que se efectuó un análisis normativo válido; y (ii) «[…] al estudiar el material probatorio, realiz[aron] una relación concisa de los hechos y los documentos allegados al material probatorio, lo que, acompasado con las disposiciones aplicables, le[s] permitió concluir que las pruebas concernientes a los costos de venta y desconocimiento de pasivos, fueron desvirtuadas por la DIAN, aunado al hecho de que el contribuyente no aportó documentos idóneos que soporten el pasivo, ni desvirtuó las inconsistencias encontradas por la DIAN que controvierten la realidad de la deuda, tampoco soportó la deuda a favor de la socia María Edith Buenaventura».

Al respecto, aunque se estableció que la presente acción satisface los presupuestos de procedibilidad, por lo que se realizó el estudio del fondo del asunto, se confirmó el fallo de primera instancia, a pesar de que en este se declaró su improcedencia (al no cumplir el requisito de relevancia constitucional), es decir, pese a que en esa instancia no se analizó la situación planteada por la tutelante, como sí se hizo por parte de esta subsección, por lo que no resulta jurídicamente acertado afirmar que «los efectos prácticos son los mismos».

Sobre el particular, cabe realizar algunas precisiones jurídicas. La acción de tutela cuando se promueve contra providencia judicial debe satisfacer los presupuestos generales para su procedencia, tales como (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó el quebranto del derecho invocado; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora;

(v) que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la presunta vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial, siempre que esto haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corte Constitucional.

Ahora bien, en el evento en que la solicitud de amparo no colme las mencionadas exigencias, no es factible realizar un examen constitucional respecto de la decisión judicial censurada con base en los vicios alegados por el tutelante (defectos orgánico, procedimental absoluto, fáctico y sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución), por cuanto «[…] la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración»[3].

Por consiguiente, si el juez de tutela declara la improcedencia de la acción se configura una situación impeditiva para analizar de fondo lo planteado en el escrito de amparo, puesto que ello indica que el trámite constitucional no colmó las exigencias para tal efecto. Con base en lo expuesto, comoquiera que en el sub lite en primera instancia se declaró improcedente la tutela de la referencia, al considerar que no se cumplió el presupuesto de relevancia constitucional, y en segunda esta Sala estimó que no se quebrantó prerrogativa superior alguna, conclusión a la que se arribó en razón a un examen del fondo del asunto, se debía revocar aquella decisión, para negar el amparo.

A partir de los anteriores prolegómenos, aclaro mi voto, pues, aunque comparto las consideraciones acerca de la negativa del amparo deprecado, a mi juicio, se debió revocar la sentencia de primera instancia, para negar dicha protección constitucional. Atentamente, Firmado electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER ----------------------- [1] Dictada el 8 de mayo de 2023 por la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado. [2] Se concluyó que los argumentos de la tutelante se orientan a convertir la tutela en una instancia adicional del proceso ordinario, al pretender reabrir la discusión jurídica que fue zanjada en esas diligencias. [3] Sentencia T-883 de 2008 de la Corte Constitucional, M. P. Jaime Araujo Rentería.