CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A Bogotá D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2022 04517 00 Accionante: Leidy Yadira Guzmán Hernández y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro AUTO El abogado, señor Hernán Fernández González, quien pretende actuar como representante judicial de los señores Adelmo Berney Hernández Rey, Albeiro Hernández Rey, Fraisory Guzmán Hernández, Hermes Hernández Rey, John Gelver Hernández Rey, Leidy Yadira Guzmán Hernández, Lucia Reyes De Hernández, Magdiel Hernández Rey, Néstor Antonio Guzmán Reyes, Víctor Abner Hernández Rey, Wesley Hernández Rey, Wisner Henry Hernández Rey, Víctor Julio Hernández, Wilbor Manuel Hernández Rey, interpone acción de tutela para proteger el derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia ( Caquetá), con ocasión de la emisión de las providencias del 27 de enero de 2022 y el 28 de marzo de 2019, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa que se tramitó bajo el radicado18001 33 31 001 2011 00461 00 [01] Al revisarse el expediente para decidir sobre su admisión, se observa que los poderes aportados, por parte del pretendido representante judicial, no cuentan con el lleno de los requisitos legales.

Frente a esta circunstancia, es importante señalar que toda persona puede presentar acción de tutela en cualquier tiempo y lugar, por sí misma o por quien actúe en su nombre; a pesar de ello, y de la informalidad que reviste la acción constitucional, cuando se actúa a través de abogado, el (los) accionante(s), deberá(n) conferir poder(es) especial(es), con el lleno de los requisitos legales, que faculte(n) a su representante judicial para actuar, de manera que se acredite la legitimación en la 2 Radicado: 11001 03 15 000 2022 04517 00 Accionante: Leidy Yadira Guzmán Hernández y otros Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causa por activa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional1, que ha señalado lo siguiente: […] [T]odo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión2. […] En igual sentido, el máximo tribunal constitucional3 fijó una serie de requisitos del apoderamiento judicial para adelantar procesos de tutela, en los cuales indicó que el poder especial debe ser otorgado «para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso», lo cual significa que «no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial.» Bajo estos supuestos, la Corte Constitucional al referirse al principio de especificidad de los poderes en tutela indicó que éstos deben contener elementos que permitan «(…) reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo.

En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción».4 En concordancia, la Corte expresó lo siguiente: […] Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado;

(ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. […] 1 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1997, T-194 de 2102, T-417 de 2013, T-303 de 2016. 2 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997. 3 Corte Constitucional.

Sentencia T- 531 del 4 de julio de 2002. 4 Corte Constitucional. Sentencias T-1025 de 2006, T-194 de 2012 3 Radicado: 11001 03 15 000 2022 04517 00 Accionante: Leidy Yadira Guzmán Hernández y otros Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunado a lo dicho, el artículo 74 del Código General del Proceso5 precisa, en su inciso segundo, que «[e]l poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante el juez, oficina judicial de apoyo o notario», norma aplicable en el trámite de la acción de tutela, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 306 de 19926, reglamentario del Decreto 2591 de 1991.

En lo pertinente, la norma indica lo siguiente: Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto. […] Por otra parte, se expidió la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 (que también regula el otorgamiento de poderes); se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales; se agilizan los procesos judiciales y flexibiliza la atención a los usuarios del servicio de justicia. Al respecto, es de recordar que el mentado Decreto Legislativo 806 de 2020 estableció unos requisitos mínimos en relación con el poder, que buscan garantizar su autenticidad, y, a su vez, demostrar el consentimiento del otorgante, los cuales fueron recogidos en la actual Ley 2213 de 2022, como se observa a continuación: ARTÍCULO 5° PODERES.

Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

(Negrita fuera de texto) […] 5 Disposición aplicable en el trámite de este mecanismo constitucional, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 306 de 1992 reglamentario del Decreto 2591 de 1991. 6 Decreto Reglamentario 306 del 19 de febrero de 1992. «Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991». 4 Radicado: 11001 03 15 000 2022 04517 00 Accionante: Leidy Yadira Guzmán Hernández y otros Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es así como, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, al realizar la revisión del Sistema de Registro Nacional de Abogados (SIRNA), se encontró que el señor Hernán Fernández González suministró en los poderes el número de tarjeta profesional 113.363, el cual corresponde a un profesional del derecho diferente.

Por dicha razón se procedió a realizar la búsqueda con su número de identificación, el cual arrojó que el correo electrónico registrado no corresponde con el aportado en la demanda de tutela, ni fue incluido en los poderes allegados. De cara a estas circunstancias, se concluye que al no haber sido otorgados poderes en debida forma, para adelantar el proceso de la referencia, no es posible acreditar la legitimación del abogado, señor Hernán Fernández González, para actuar en nombre y representación de los accionantes, dentro de esta causa.

Así pues, se hace indispensable instar al señor Fernández González, o a la parte actora, para que alleguen, a este despacho, poderes con el lleno de los requisitos legales ( incluyendo su número de tarjeta profesional corregido), bien sea, constituidos mediante presentación personal o, en su lugar, acogiéndose, íntegramente, a la Ley 2213 de 2022, aportando las pruebas de otorgamiento a través de mensaje de datos, ya que éstas le conceden presunción de autenticidad a los poderes así conferidos; acreditan al juez la manera en que se constituyeron y reemplazan las diligencias de presentación personal o reconocimiento.

Adicionalmente, se le recomienda al señor Fernández González, realizar la actualización de sus datos, especialmente, el de su correo electrónico vigente, en el Sistema de Registro Nacional de Abogados (SIRNA), ya que se constituye en un requisito que deben contener los poderes otorgados en uso de la ley 2213 de 2022. De acuerdo con lo expuesto, se inadmite la acción de tutela de la referencia y se dispone lo siguiente: Único: Requerir a los accionantes o, en su defecto, al señor Hernán Fernández González, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia, alleguen a este despacho, por correo electrónico, poderes especiales con 5 Radicado: 11001 03 15 000 2022 04517 00 Accionante: Leidy Yadira Guzmán Hernández y otros Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el lleno de los requisitos legales ( con el número de tarjeta profesional corregido), bien sea: a) otorgados de manera presencial, con presentación personal, o b) acogiéndose a la Ley 2213 de 2022, para lo cual deberán acreditar que los poderes fueron otorgados mediante mensaje de datos (por ejemplo, con el pantallazo del envío del poder a través del correo electrónico del accionante) y contendrán el correo electrónico del apoderado, el cual deberá estar consignado en el Sistema de Registro Nacional de Abogados (SIRNA).

Lo anterior, so pena de ser rechazada esta acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese y cúmplase GGGJ