15 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: MARÍA TRINIDAD CALDERÓN DE GUAQUES Y OTROS Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Referencia: PROCESO EJECUTIVO – MEDIDA CAUTELAR Temas: MEDIDA CAUTELAR / INEMBARGABILIDAD DE CUENTAS DEL ESTADO - Excepciones Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada en contra del auto del 8 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual se decretó una medida cautelar de embargo.

I. A N T E C E D E N T E S 1. La solicitud de embargo La parte ejecutante, mediante memorial radicado el 1 de octubre de 2021, solicitó decretar el embargo de los dineros que la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional- «posea en cuentas corrientes o de ahorro que reciba recurso del presupuesto nacional, abiertas a favor de la entidad demandada».

Lo anterior, con fundamento en el crédito reconocido a su favor en la sentencia de 14 de septiembre de 2017, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, corregida mediante autos del 14 de septiembre de 2017 y del 2 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar 19 de julio de 2018, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-23-31- 000-2002-01406-01. 2.

El auto apelado Mediante providencia del 8 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a la solicitud de embargo, en los siguientes términos: En atención a la solicitud de medida cautelar impetrada por los ejecutantes, se decreta la medida de embargo de los dineros que posea la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional identificada con NIT 899.999.003-1, en las entidades financieras que se relacionarán a continuación. Se aclara que, en el memorial de solicitud de la medida, los ejecutantes al inicio de la solicitud identifican con claridad las siguientes entidades bancarias para que se libren los correspondientes oficios, por ello, su decreto se circunscribirá a ellas: ● BANCO POPULAR ● BANCO BANCOLOMBIA ● BANCO DE OCCIDENTE ● BANCO AV VILLAS ● BANCO DE BOGOTÁ ● BANCO BBVA ● BANCO PICHINCHA ● BANCO ITAÚ ● BANCO CORPBANCA ● BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ● BANCO DAVIVIENDA ● CORFICOLOMBIANA Asimismo, acogiendo lo dispuesto en el artículo 599 del Código General del Proceso, el embargo decretado se limita a la suma de doscientos treinta y cuatro millones trescientos setenta y dos mil seiscientos pesos $234.372.600.

(…) En caso que, las referidas cuentas bancarias fuesen inembargables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso, lo harán saber de igual manera al Despacho, detallando la razón de la inembargabilidad. 3. El recurso de apelación Inconforme con la anterior decisión, la entidad ejecutada interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la medida cautelar decretada. 3 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar Al respecto, sostuvo que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 179 de 1994 no era posible acceder al embargo de las cuentas bancarias porque hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Manifestó que las rentas y recursos «independientemente de la denominación del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentran» que son parte del Presupuesto General de la Nación gozan de la protección de inembargabilidad.

Indicó que, a pesar de las respuestas brindadas por las entidades bancarias, lo señalado por aquellas no «es parámetro para aceptar el embargo o no de las cuentas que hacen parte del Presupuesto General de la Nación» por la prohibición legal establecida en la Ley Orgánica de Presupuesto General de la Nación. Por último, citó el artículo 40 de la Ley 1815 de 2016, el cual establece la obligación de los servidores públicos que reciban órdenes de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación para que efectúen los trámites correspondientes solicitando su desembargo. 4.

Trámite del recurso Mediante auto del 22 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, notificado por anotación en estado del 25 de octubre siguiente. El 2 de noviembre de 2021, el expediente fue remitido a esta Corporación para que se surtiera el trámite del recurso de apelación. El 1° de diciembre de la misma anualidad, el expediente ingresó al Despacho de la magistrada ponente para elaborar el correspondiente proyecto de auto.

II. CONSIDERACIONES 1. Procedencia del recurso de apelación y competencia de la Sala para conocerlo Al caso objeto de estudio le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de la interposición del recurso de apelación – 14 de octubre de 2021-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, incluida 4 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar la reforma introducida por la Ley 2080 de 20211, así como las disposiciones de la Ley 1563 de 2012, en virtud de la integración normativa prevista en el artículo 3062 del CPACA.

Ahora, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 2433 de la Ley 1437 de 2011, la apelación en el proceso ejecutivo procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. Asimismo, se estableció que el recurso siempre se deberá sustentar ante el juez de primera instancia dentro de la oportunidad legal prevista.

Así las cosas, la Sala advierte que la decisión impugnada es pasible del recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el numeral 8 del artículo 322 del Código General del Proceso, según el cual contra el auto por el cual se «resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla» proferido en primera instancia, procede el recurso de apelación. De igual modo, se observa que el recurso de alzada se interpuso y sustentó de manera oportuna, tal como lo establece el artículo 3224 del CGP, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, pues la providencia recurrida fue 1 Artículo 86 «RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA.

La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones». 2 «En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo». 3 «PARÁGRAFO 2º.

En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir». 4 «La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado». 5 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar notificada por anotación en estado del 11 de octubre de 2021, y la impugnación se presentó mediante memorial del 14 de octubre siguiente.

Por lo anterior, la Sala5 procederá a resolver la controversia, de conformidad con la competencia que le asigna el artículo 1506 del CPACA. 2. Problema jurídico En los términos de la apelación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el auto del 8 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que decretó la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias de las que es titular el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Para tal efecto, se deberá establecer si los bienes embargados gozan o no de la protección de inembargabilidad 3. Caso concreto Por regla general, los bienes y recursos públicos son inembargables. El artículo 63 de la Constitución Política, al respecto, consagra lo siguiente: Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El legislador ha extendido la regla de inembargabilidad a otros eventos. Por ejemplo, en el artículo 16 de la Ley 38 de 19897 se estableció que las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación no podían ser embargados; 5 Ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 125 del CPACA, que en su tenor literal dispone: «La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 2.

Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente». 6 Artículo 150. «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)». 7 Por la cual se crea el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. Artículo 16.

Modificado por el art. 6, Ley 179 de 1994. Inembargabilidad. «Las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables. La forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes». 6 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar a través del artículo 21 del Decreto 28 de 20088 se dispuso la inembargabiidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, y mediante la Ley 1751 de 20159 se ordenó que los recursos públicos que financian la salud son inembargables.

No obstante, por vía jurisprudencial, la Corte Constitucional ha establecido ciertas excepciones al principio de inembargabilidad, en aras de garantizar el correcto funcionamiento de la función judicial y la estabilidad económica de las partes. El primero de esos pronunciamientos fue la sentencia C-546 de 1992, en la que se analizó la constitucionalidad de los artículos 8° parcial10 y 16 de la Ley 38 de 1989 -sobre la inembargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación-, y se estableció que las normas acusadas se ajustaban a la Constitución bajo el entendido de que «en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo».

Posteriormente, en sentencia C-103 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de unos apartes del artículo 1° del Decreto 2282 de 198911, en el 8 Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones. Artículo 21.

Inembargabilidad. «Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial.

Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes. Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes». 9 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

Artículo 25. Destinación e inembargabilidad de los recursos. «Los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente». 10 «Artículo 8° Los principios del sistema presupuestal son: La Planificación, La Anualidad, la Universalidad, la Unidad de Caja, la Programación Integral, la Especialización, el Equilibrio y la Inembargabilidad». 11 Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

Artículo 1o. «Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil: (…) 158. El artículo 336, quedará así: Ejecución contra entidades de derecho público. La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código de Contencioso Administrativo. Cuando las condenas a que se refiere el artículo 335 se hayan impuesto a un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, o un municipio, la respectiva entidad dispondrá de seis meses para el pago, sin que entre tanto pueda librarse ejecución contra ella, ni contarse el término establecido en dicho artículo. 7 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar entendido que «cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes.

Pero, expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones legales que no surjan del mismo». Mediante sentencia C-354 de 1997, la Corte, nuevamente, se refirió a la inembargabilidad de las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación, esta vez mediante el estudio del artículo 19 del Decreto 111 de 199612.

En dicha providencia, se señaló que «los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos».

En sentencia C-793 de 2002, la Corte declaró la exequibilidad del aparte demandado del artículo 18 de la Ley 715 de 200113, con la siguiente salvedad: «los créditos a cargo de las entidades territoriales por actividades propias del sector El término de seis meses que establece el inciso anterior se contará desde la ejecutoria de la sentencia o de la providencia que la complemente; pero cuando se hubiere apelado de aquélla o de ésta comenzará a correr desde la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

(…) 272. El artículo 513, quedará así: Embargo y secuestros previos. Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables. Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole, bastará certificación del Director General del Presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y se efectuará desembargo de los mismos, a más tardar el día siguiente de haber sido presentada al juez dicha certificación. Contra la Providencia que disponga el desembargo no procede recurso alguno». 12 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.

Artículo 19. Inembargabilidad. «Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias (…)». 13 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Artículo 18. Administración de los recursos. «Los departamentos, los distritos y los municipios certificados administrarán los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de los demás ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás rentas y recursos de la entidad territorial.

Estos recursos, del sector educativo, no podrán ser objeto de embargo, pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera (…)». 8 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar educación, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que señale la ley y que transcurrido el término para que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto –en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, sobre los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones-».

En sentencia C-1154 de 2008, se declaró exequible el artículo 21 del Decreto 28 de 2008 –relacionado con la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones-, bajo el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debía efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no eran suficientes para el pago de las citadas obligaciones, debía acudirse a los recursos de destinación específica.

Se expuso que la posibilidad de decretar medidas de embargo no podía limitarse a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial, pues ello podría hacer nugatorio el pago de las obligaciones en el evento en que esos recursos fueran escasos o existiera incertidumbre sobre las vigencias futuras. Por ello, se aceptó que en caso de que el rubro de libre destinación resultara insuficiente, debería acudirse a los recursos de destinación específica.

Se precisó, además, que la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos es una respuesta a «la necesidad de armonizar esa cláusula [la de inembargabilidad] con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, [por lo que] la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada».

En sentencia C-313 de 2014, se declaró exequible el artículo 25 de la Ley 1751 de 2015, referido a los recursos que financian la salud, para lo cual se precisó lo siguiente: «la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y, por ende, no tiene carácter absoluto, debiendo entonces atenderse al momento de la aplicación del precepto, lo sentado por la jurisprudencia en materia de 9 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar excepciones al mandato que excluye respecto de los caudales de la salud la medida cautelar”;

“bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podrán destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con garantizar el derecho a la salud de las personas». A partir de los pronunciamientos jurisprudenciales a los que se ha hecho referencia, se extrae que son excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, los créditos u obligaciones: i) de origen laboral, con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas14; ii) aquellos contenidos en sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias15; iii) los que provienen de títulos emanados del Estado que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles16; y iv) los recursos de destinación específica como los provenientes del Sistema General de Participaciones, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tengan como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)17.

Pues bien, en el recurso de apelación, la parte ejecutada solicitó que se revocara el auto que ordenó el embargo de los dineros que poseía, toda vez que, a su juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 179 de 1994 esos recursos son inembargables al tratarse de rubros que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. De igual modo, expuso que el artículo 40 de la Ley 1815 de 2016 ordenó que aquellos servidores públicos que reciban órdenes de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación deberían realizar todos los trámites correspondientes para solicitar su desembargo.

Al analizar la norma que la parte actora considera como desconocida, la Sala advierte que la inembargabilidad de los rentas provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones y de los recursos asignados a los entes territoriales, aparece consagrada en los artículos 16 de la Ley 38 de 1989, 1° del Decreto 2282 de 1989, 19 del Decreto 111 de 1996, 18 de la Ley 14 Criterio establecido en la sentencia C-546 de 1992 y reiterado en las sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T.262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004. 15 Excepción desarrollada primigeniamente en la sentencia C-354 de 1997 y reiterada en las sentencias C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005. 16 Postura asumida inicialmente en sentencias C-103 de 1994 y C-354 de 1997, con reiteración en las sentencias C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-793 de 2002 y C-566 de 2003. 17 En el mismo sentido ver sentencia C-543 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar 715 de 2001, 21 del Decreto 28 de 2008 y 25 de la Ley 1751 de 2015, normas que fueron declaradas condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional en los términos expuestos en las sentencias a que se hizo referencia en esta providencia, es decir, bajo el entendido de que existen ciertas excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos.

Cabe señalar que mediante sentencia C-543 de 2013, si bien la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 594 del CGP, sí se refirió brevemente a la aplicación del principio de inembargabilidad, para lo cual hizo alusión a la posición vigente sobre la materia, en los siguientes términos: Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior18.

Sin embargo, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son: (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas19.

(ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos20. (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible21. 18 Corte Constitucional, sentencia C-546 de 1992. Magistrados Ponentes: Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. 19 C-546 de 1992 20 En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que, aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Precisó que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos. 21 La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en 11 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básicos)22.

Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya declarado la inexequibilidad de las normas referentes a la inembargabilidad de bienes y recursos públicos23, como lo pretende el actor. En ese entendido, como las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso a las que alude la impugnante presentan un contenido normativo similar al que ya fue analizado por la Corte Constitucional en las providencias que consolidaron el precedente que establece excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, la Sala considera que dicho criterio jurisprudencial se mantiene incólume y resulta vinculante, incluso, en vigencia de estas últimas normativas24.

Finalmente, la Sala advierte que el artículo 2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público» estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 2. 8.1.6.1.1. Inembargabilidad en cuentas abiertas a favor de la Nación. Cuando un embargo de recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación sea ordenado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sólo se podrá practicar sobre la cuenta o cuentas corrientes que reciban recursos del presupuesto nacional, abiertas a favor de la entidad u organismo condenado en la sentencia respectiva.

PARÁGRAFO. En ningún caso procederá el embargo de los recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro establecimiento de crédito un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses. 22 C-793 de 2002.

M.P. Jaime Córdoba Triviño. 23 La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010. 24 En el mismo sentido, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 5 de julio de 2018, rad. 2018-01530-00(AC), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y 8 de mayo de 2014, rad. 19717, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, y Sección Tercera, Subsección A, auto de 9 de abril de 2019, rad. 2009-00065-01(60616). 12 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar En recientes pronunciamientos, esta Subsección25 consideró que la anterior disposición fijó los límites de la embargabilidad de los recursos del presupuesto general de la Nación, así: a. La prohibición del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA se refiere a los rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias y conciliaciones y al Fondo de Contingencias. b. También son inembargables las cuentas corrientes abiertas exclusivamente a favor de la Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. c. Pueden ser objeto de embargo las cuentas corrientes, de ahorros y otros productos bancarios abiertos por las entidades públicas que reciban recursos del presupuesto general de la Nación, cuando se trata del cobro ejecutivo de sentencias o conciliaciones.

En el mismo sentido, esta Subsección26 ha considerado que la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA, no resulta aplicable cuando se está ejecutando una obligación contenida en una sentencia, porque: El parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA establece que el monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros y es inembargable, así como los recursos del fondo de contingencias; no obstante, el artículo 2.8.6.1.6.1.1. del Decreto 1068 de 2015 estipuló que el embargo de recursos pertenecientes al presupuesto general de la Nación se haría frente a aquellos ingresos depositados en cuentas corrientes, de ahorros o productos bancarios abiertos por las entidades públicas obligadas al pago de las condenas, cuando se trate del cobro de sentencias o conciliaciones.

La norma anterior precisó el alcance de los eventos en que los recursos del presupuesto general son embargados para el cumplimiento de sentencias o conciliaciones, en el sentido de que en esos casos la medida recaerá sobre los productos financieros de la entidad pública que deba pagar la condena, de ahí que tal aspecto también debe tenerse en cuenta a efectos de la implementación de tal cautela.

En el caso concreto, se pretende la ejecución de la obligación contenida en la sentencia proferida el 25 de enero de 2017 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que cobró ejecutoria el 2 de junio de 2017, 25 Ver: autos del 11 de octubre de 2021, expediente 2013-00832-01 y del 22 de noviembre de 2021, expediente 2021-00057-01, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. 26 Auto del 18 de marzo de 2022, expediente 67769.

M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 13 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar providencia que fue corregida mediante autos del 14 de septiembre de 2017 y del 19 de julio de 2018, los cuales adquirieron firmeza el 25 de septiembre de 2017 y el 3 de agosto de 2018, respectivamente. 3.1.

Decisión sobre costas En virtud de lo previsto en el numeral 3 del artículo 365 del CGP27, la Sala condenará en costas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, parte recurrente en el presente asunto, toda vez que esta providencia confirmará en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En el presente asunto, se encuentra acreditada la gestión de la apoderada de la parte ejecutante, quien ha asumido su representación judicial y ha llevado tal representación con las cargas exigidas en el proceso ejecutivo. Por tanto, dicha actuación procesal se estima suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho.

De igual modo, se advierte que la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, pues en el régimen actual, la condena se determina en virtud del criterio objetivo frente a la parte recurrente «siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley»28.

Dentro las costas están contenidas las agencias en derecho, y, por tanto, se fijarán las que se causaron con ocasión del recurso de apelación, sin desconocer lo dispuesto en el inciso primero del artículo 366 del Código General del Proceso, el cual estableció que las costas y las agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada por el juez de primera instancia, el que deberá contar con la información completa que le permita realizar la liquidación total de las costas, por lo que, en esos términos, se fija como agencias en derecho el valor equivalente a un 27 «En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda». 28 De acuerdo con la Corte Constitucional «La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365.

Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra».

Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo 14 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar (1) salario mínimo legal mensual vigente a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (recurrente), suma que se reconocerá a favor de la parte ejecutante.

Esta determinación se efectúa de conformidad con lo previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. Confirmar el auto del 8 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte ejecutada en favor de la parte ejecutante. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección Tercera, devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para lo de su competencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y 29 «ARTÍCULO 2º.

Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

(…) ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…)

7. RECURSOS CONTRA AUTOS. “Entre 1/2 y 4 S.M.M.L.V». 15 Radicación número: 05001-23-33-000-2021-01349-01 (67770) Actor: María Trinidad Calderón De Guaques Y Otros Demandado: Nación- Ministerio De Defensa – Ejército Nacional Referencia: Proceso Ejecutivo – Medida Cautelar autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Firmado electrónicamente MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO VF