Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13 CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Bogotá, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Recurso extraordinario de revisión Radicación 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) Demandante IMELDA SERENA ORTEGÓN RIVERA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Imelda Serena Ortegón Rivera contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 17001-23-33-000-2016- 00941-01 (5848-2018), promovido en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales.

ANTECEDENTES 1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1.1. Demanda Imelda Serena Ortegón Rivera, a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda para obtener la nulidad del Oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016, expedido por la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de intereses moratorios reclamados como consecuencia de un pago tardío del retroactivo dentro de un proceso de nivelación y homologación salarial.

En consecuencia, solicitó (i) el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados1; (ii) la liquidación y pago de los intereses reclamados con base en el capital neto cancelado y sin incluir el valor que se reconoció por concepto de indexación salarial; y, (iii) la condena en costas de la parte accionada. Para ello, luego de relacionar las diferentes etapas del proceso de homologación y nivelación salarial que tuvo lugar en el ente territorial, señaló que: • Respecto del empleo que ocupaba en la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales se adelantó el proceso de homologación y nivelación salarial correspondiente; actuación con ocasión de la cual se expidió la Resolución Nro. 652 del 11 de abril de 2014, que reconoció un retroactivo por los conceptos mencionados. 1 Los cuales, en su sentir, debían ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente a partir del vencimiento de los 30 días siguientes a su causación -1° de enero de 2003- hasta el día en que se efectuó el pago total del retroactivo por homologación salarial -mayo de 2014-.

Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • En dicho acto administrativo no se dispuso el reconocimiento de los intereses moratorios causados por el retardo en el pago de la diferencia salarial producto del proceso de homologación y nivelación salarial, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1617, y 1649 del Código Civil y demás normas concordantes.

Cuestión irregular puesto que, en su sentir, esa obligación nació desde el momento en el que se produjo su traslado a la planta de cargos de la entidad territorial. Pese a ello, el pago de la diferencia salarial sólo se produjo hasta el mes de mayo de 2014, cuando se dio cumplimiento a lo dispuesto en la resolución mencionada. 1.2. Sentencia de primera instancia El 9 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa del Municipio de Manizales; declaró la nulidad del “acto ficto con el cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios [reclamados]”; y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación- Ministerio de Educación Nacional reconocer y pagar a la actora “…los ajustes de indexación únicamente sobre el valor pagado a título de retroactivo menos el valor correspondiente a la indexación ya reconocida a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la Resolución N° 652 del 11 de abril de 2014 … hasta el día anterior a la fecha efectiva del pago…”.

Lo primero, porque la entidad llamada a responder por las pretensiones de la demanda era la Nación-Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con lo previsto en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y de la Directiva Ministerial Nro. 10 del 30 de junio de 2005. Lo segundo, porque las sumas de la Resolución Nro. 652 del 11 de abril de 2014 se cancelaron en una fecha posterior a su reconocimiento.

Por lo tanto, procedía la actualización desde la fecha de ejecutoria del acto hasta el día anterior a la fecha efectiva del pago. 1.3. Recursos de apelación 1.3.1. Parte demandante La parte actora presentó recurso de apelación con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los intereses moratorios. Primero, porque tales intereses se causaron debido a la mora en la que se incurrió al incumplir con su obligación de realizar el pago completo del salario; retardo que se presentó porque el derecho nació en la fecha en la que se produjo el traslado del empleado a la planta de personal de la entidad territorial, y sólo hasta el año 2014 se produjo su reconocimiento y cancelación adecuada con el pago del retroactivo reconocido.

Segundo, porque mal podía exigirse la existencia de una norma expresa que regulara el pago de dichos intereses en el caso concreto. Tercero, porque el reconocimiento de la indexación no excluía el reconocimiento de los intereses moratorios causados, puesto que lo primero se orienta a la conservación del poder adquisitivo de la moneda mientras que lo segundo se refiere a la sanción procedente ante el incumplimiento obligacional.

Por ello, se trata de figuras diferentes con objetivos a su vez disímiles. Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.2. Nación-Ministerio de Educación Nacional El Ministerio recurrió la decisión de primera instancia al considerar que no era la entidad llamada a responder por las pretensiones de la demanda, ya que (i) no participó en los hechos que las sustentaron, ni en los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de obligaciones, ni en la atención de reclamaciones posteriores; y, (ii) no era el obligado a realizar el pago, pues tal obligación se encontraba a cargo del ente territorial accionado, responsable de la administración, distribución y manejo de los recursos del sistema general de participación. Señaló, además, la improcedencia de la indexación reconocida, porque esa solicitud no se formuló en la vía administrativa, lo que desconocería su derecho de defensa. 1.4.

Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión El 13 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia recurrida, y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En primer lugar, advirtió la inexistencia de dilación injustificada en el pago del retroactivo de la señora Ortegón Rivera, ya que los valores reconocidos en la Resolución Nro. 652 del 11 de abril de 2014 le fueron cancelados en el mes de mayo de la misma anualidad; plazo razonable atendiendo los “trámites administrativos que deben surtirse”.

Posteriormente, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda, la naturaleza sancionatoria de los intereses moratorios impedía recurrir a normas civiles o comerciales al tratarse de previsiones aplicables a materias o asuntos negociales, máxime cuando no existía norma expresa que consagrara la procedencia de dichos intereses para asuntos como el sub examine, a más de que en la Resolución Nro. 652 tampoco se efectuó su reconocimiento expreso.

Por último, sostuvo que la orden de indexación impartida por el juez de primera instancia desconocía el principio de congruencia, ya que se “decidió sobre un asunto que no fue pretendido con el medio de control presentado y frente al cual la parte demandada no ejerció su derecho de contradicción y defensa”. 2. Recurso extraordinario de revisión 2.1.

Demanda2 La señora Imelda Serena Ortegón Rivera solicitó la infirmación de la sentencia del 13 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 17001-23-33-000-2016- 00941-01 (5848-2018), por la configuración de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A., esto es, por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Para el efecto adujo la existencia de una falta de motivación ya que, en su sentir, no se indicaron las razones -de hecho y de derecho- que sustentaron la determinación de no reconocer la existencia de la mora reclamada3. 2 Índice 2 del SAMAI. 3 Fue por ello que en la demanda de revisión se afirmó lo siguiente: “Si se revisa con detenimiento su parte considerativa, el Juez no indica las razones de hecho y de derecho, por las cuales no hay lugar a intereses Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, señaló la incongruencia de la sentencia cuestionada, porque en ella se resolvió sobre un periodo de causación de intereses moratorios diferente a aquel relacionado en la demanda.

Ello, por cuanto se solicitó el reconocimiento de los intereses por el periodo comprendido entre los años 2003 a 2014, pese a lo cual el ad-quem solo examinó el periodo comprendido entre el 11 de abril y el mes de mayo de 2014. En esa medida, estima que la providencia es citra petita, a más de que en ella tampoco se consignaron las razones que sustentaron la reducción del tiempo de análisis.

En sus palabras: “En suma, el(a) demandante solicitó el reconocimiento de intereses de mora desde el año 2003, cuando pasó a pertenecer a la planta territorial, y hasta el año 2014, fecha en la cual se concretó el pago del retroactivo salarial de que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada se evidencia, que se entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del retroactivo, dictado el 11 de abril de 2014, y hasta el año 2014 cuando se efectuó el pago.

Traducido lo anterior, el sentido que le han dado al periodo a reclamar, difiere con el pedido en la demanda; la parte actora no se refirió a una mora causada entre la resolución que reconoció y ordenó la homologación y, la fecha de su pago; la parte demandante lo que reclamó en vía administrativa y luego judicial, fueron unos intereses desde el momento del traslado del personal de una planta a otra, hasta la fecha que la entidad efectuó el pago, de allí que, lo resuelto por el despacho nunca guardó relación con el objeto de la demanda, por tal razón en la sentencia hay desarmonía entre lo resuelto y lo debidamente pedido” (Resalto del original) Finalmente, expuso los siguientes argumentos para cuestionar lo decidido por el ad quem: • Existencia de mora porque la obligación de pago completo del salario, una vez nivelado, surgió desde el momento del traslado del empleado a la nueva planta de personal, esto es, desde el año 2003 para el caso bajo examen. • Desconocimiento de las normas aplicables al caso concreto, porque (i) el reconocimiento de intereses moratorios no requiere de una norma especial y expresa que contemple su procedencia, ya que dentro del ordenamiento jurídico existen otras previsiones que los contemplan ante un retardo injustificado en el cumplimiento de la obligación correspondiente, razón por la que el juzgador debió acudir a ellas, vía analogía, para resolver el asunto;

(ii) no era viable negar los intereses moratorios ante la inexistencia de su pacto o acuerdo entre el trabajador y la entidad pública, precisamente, porque aquel, en razón de su calidad, carece de capacidad negocial sobre tales elementos; y, (iii) la finalidad de la indexación y los intereses moratorios es diferente, por lo que no resultaba viable considerar la indexación ordenada en la Resolución Nro. 652 como prueba de la ausencia de mora o de retardo injustificado en el cumplimiento de la obligación. 2.2.

Nación-Ministerio de Educación Nacional4 Mediante apoderado judicial, el Ministerio de Educación Nacional concurrió al proceso y se opuso a las pretensiones de la demanda, porque no se estructuró la de mora, en su lugar, el escenario es una mera interpretación argumentativa, que no se encuentra soportada en la ley, por lo tanto, es válido reconocer que mi representado(a) no fue juzgada, conforme a las normas preexistentes; única y exclusivamente se dijo que en el proceso de homologación se agotaron las etapas necesarias, sin embargo, al tratarse de los intereses de mora, la decisión no tuvo un análisis normativo concreto al caso”. 4 Índice 29 del SAMAI.

Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co causal de revisión invocada: no se vulneró el principio de congruencia, pues se respetó el marco establecido en el proceso; cuestión diferente es que la hoy actora no comparta la decisión y vía el mecanismo extraordinario pretenda reabrir el debate jurídico, lo que desconoce la finalidad del mecanismo extraordinario.

Además, expuso argumentos relativos a la improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios en el caso concreto y formuló la excepción de mérito denominada “Legalidad de la sentencia No. 5848-2018 del 13 de noviembre de 2020, dictada dentro del proceso radicado con el Nro. 17-001-23-33-000-2016-00941-01”. 2.3. Municipio de Manizales La entidad territorial no concurrió al proceso pese a la notificación que se le realizó por medio del buzón de notificaciones judiciales5. 2.4.

Intervención del Ministerio Público El agente del Ministerio Público guardó silencio. CONSIDERACIONES 1. Competencia De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones y subsecciones de esta Corporación6.

Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del C.P.A.C.A.7, mediante el Acuerdo 80 de 20198, que compiló, entre otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o subsecciones de la Corporación9. 5 Índice 41 del SAMAI. 6 “Artículo 111 CPACA.

Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”. “Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”. 7 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”. “Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.

Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. “La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”. 8 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019. 9 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”. Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de este Pleno es competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión. 2.

Oportunidad de la acción De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”. En el presente asunto, la sentencia cuya infirmación se pretende fue notificada el 27 de enero de 202110, por lo que quedó ejecutoriada el 1° de febrero de la misma anualidad.

Luego, como la demanda se presentó el 27 de enero de 202211, se concluye que se presentó de manera oportuna. 3. Problema jurídico Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la causal de revisión alegada por la parte actora, esto es, si existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación. Para el efecto, se procederá, inicialmente, con la exposición de algunos aspectos generales del recurso extraordinario de revisión; posteriormente, se efectuarán algunas anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda; y, finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas. 4.

Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia El recurso extraordinario de revisión es, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del C.P.A.CA.12, un medio extraordinario de impugnación de sentencias, que tiene lugar, únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales contempladas en el artículo 250 de la misma codificación. Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada”13, en caso de prosperar “hay lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal razón resulte infirmada” 14.

Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política” 15.

En otras palabras, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que ésta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso 10 Índice 20 del SAMAI. Proceso de radicado Nro. 17001-23-33-000-2016-00941-01. 11 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia. 12 Artículo 248.

Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. 13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio 1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz. 14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril febrero 26 de 2013. Radicado: 11001-03-15-000-2009-00050-00(REV).

C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan romper el principio de la cosa juzgada16.

En palabras de la Corte Constitucional17: “… la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”. En atención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en consecuencia, una “tercera instancia”18 en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias.

En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del C.P.A.C.A., sean eminentemente procedimentales19, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgamiento20, sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo21.

En conclusión, el recurso extraordinario de revisión busca revertir decisiones que fueron obtenidas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares. En esas condiciones, no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la deficiencia probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho) o falta de aplicación de la norma o la indebida aplicación de la misma (error de derecho)22. 16 Cfr. Consejo de Estado.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239).

C.P. Danilo Rojas Betancourth. 17 Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997. Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla. 19 Los errores “in procedendo” hacen referencia a vicios en el procedimiento.

Nacen de la "inejecución de la ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001. 20 Los errores “in iudicando” o “vicios de juicio”, son errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea.

Son, entonces, errores ocurridos en la labor de juzgamiento propiamente dicha. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001. 21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Radicado: 13001-33-31-005-2011-00254-01 (REV). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez. 22 Consejo de Estado.

Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000- 23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth. Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5. Causal de revisión invocada.

Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación En el presente asunto se invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A. según el cual: “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5.

Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación (…).” Una lectura de la causal permite establecer que para su procedencia se requiere acreditar, de una parte, que contra la sentencia cuestionada no procede el recurso de alzada -pues de hacerlo esa sería la oportunidad para corregir la irregularidad procesal correspondiente-, y, de otra, que se configuró una nulidad, aspecto este último que se ha entendido como referido a situaciones “originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación23”.

Ahora bien, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos para examinar la causal de revisión en comento. Así: • Las cuestiones que dan lugar a la estructuración de la causal de revisión se refieren, en principio, a aquellas irregularidades que el legislador estableció como causales de nulidad bien en el Código de Procedimiento Civil ora en el Código General del Proceso, según el caso.

Se dice que en principio, porque también pueden dar lugar a la estructuración de la causal los vicios que puedan derivar en el desconocimiento o violación del debido proceso, esto es, los relativos a la inobservancia de aspectos procesales trascendentales que tengan incidencia en dicha garantía constitucional. Por esto, resulta improcedente la formulación de reparos orientados a cuestionar el contenido de la motivación, la valoración probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma realizada por el juez de instancia. Ello explica por qué la jurisprudencia, de modo enunciativo, ha considerado que la causal de revisión en comento puede tener lugar en eventos como los siguientes: (i) Dictar sentencia en un proceso que terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo;

(ii) Sentencia firmada por menor o mayor número de magistrados o cuando la decisión es adoptada con un número de votos diferente al previsto en la ley; (iii) Violación o desconocimiento del principio de non reformatio in pejus; (iv) Dictar sentencia condenatoria respecto de quien no es parte dentro del proceso; (v) Sentencia proferida con falta de competencia o de jurisdicción;

(vi) Dictar sentencia con pretermisión de instancias procesales previas; (vii) Sentencia que carece totalmente de motivación; 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001- 33-31-035-2008-00180-01. Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (viii) Sentencia proferida vulnerando el principio de congruencia, bien en su acepción interna24 o en su acepción externa25, aspecto este último que se afecta ante la existencia de decisiones ultra-petita26, extra-petita27, o infra-petita28. • Las causales de nulidad o de irregularidad procesal con incidencia en el debido proceso deben acaecer en la misma sentencia, lo que excluye la proposición de aquellas cuestiones que tuvieron lugar con anterioridad a la misma, pues para ello debió hacerse uso de las oportunidades procesales establecidas para el efecto.

Cabe anotar, eso sí, que, de forma excepcional, se ha admitido la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que a la parte actora le corresponde demostrar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso. • Por último, la anomalía debe ser de una entidad tal que de no haberse presentado la decisión adoptada hubiera sido distinta. 6.

Caso concreto Aplicando lo anterior al caso concreto, la Sala Especial de Decisión estima que no se configura la causal de revisión invocada en la demanda por las razones que pasan a exponerse. 6.1. De la falta de motivación. Inexistencia de la irregularidad Según se anotó, la parte actora estima que en la sentencia recurrida no se enunciaron las razones de hecho y de derecho por las que no se accedió a decretar la existencia de la mora reclamada respecto del cumplimiento tardío, a su juicio, de la obligación de pago de las sumas resultantes del proceso de homologación y nivelación salarial que tuvo lugar en la entidad territorial respecto del personal administrativo de la Secretaría de Educación. Contrario a lo señalado en la demanda de revisión, en la providencia cuestionada sí se expusieron los argumentos con base en los cuales se tuvo por no acreditada la existencia de una dilación injustificada en el caso concreto.

La lectura de la sentencia del 13 de noviembre de 2020 informa que esa determinación se sustentó en la ausencia de retardo en el cumplimiento de la obligación de pago del ajuste reconocido en la Resolución Nro. 652 del 11 de abril de 2014, cuyo desembolso se llevó a cabo en el mes de mayo de la misma anualidad. Fue por eso que en la sentencia se consignó lo siguiente: “Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos a la actora el 11 de abril de 2014 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó en mayo del mismo 24 Referida a la correspondencia entre las partes motiva y resolutiva de la sentencia. 25 Atinente a la concordancia entre lo decidido y el marco delimitado por la demanda, la contestación y la apelación, sin perjuicio de las competencias oficiosas otorgadas al juez por el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 281 del C.G.P., aplicable por la remisión consagrada en el artículo 306 del C.P.A.C.A. 26 Determinaciones que reconocen un mayor derecho al pretendido. 27 Decisiones que reconocen una cuestión no reclamada o que siendo reclamada se concedió por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico enunciado en la demanda. 28 Providencia en la que no se resuelve algún asunto debidamente planteado.

Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica que se generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el simple retardo o incumplimiento de él, y no existe previsión legal al respecto.

(…) Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que la accionante, servidora administrativa al servicio de la educación oficial, que por cuenta de la descentralización de ese sector fue homologada y nivelada salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Manizales, no puede reclamar intereses moratorios por el pago tardío a su favor de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que se hizo exigible el 11 de abril de 2014 (cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los valores causados entre el 1° de enero de 2003 y el 2004), fue pagada en mayo siguiente, plazo que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que deben surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada dentro del referido trámite o en alguna disposición legal.” Siendo así las cosas, se repite, en la sentencia sí se consignaron las razones por las cuales no se estimaba que hubiera existido una mora, retardo o dilación injustificada en el cumplimiento de la obligación que la parte actora a lo largo del proceso ordinario consideró como incumplida.

Súmese a ello, que la no anulación del acto demandado se sustentó, también, en la no afectación del patrimonio de la trabajadora como consecuencia de la indexación aplicada a los valores reconocidos en la Resolución Nro. 652; actualización que se juzgó como incompatible con el reconocimiento de los intereses moratorios reclamados. En palabras del juez de instancia: “Ahora bien, pese a que la demandante fue incorporada a la planta de la secretaría de educación de Manizales a partir de 2003 y tenía derecho a que le sufragaran los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos en forma correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al mandato constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago de intereses moratorios.” 6.2.

Congruencia externa de la sentencia Para la parte demandante no se examinó el periodo que refirió en la demanda ordinaria, pues, pese a relacionar el comprendido entre 2003 y 2014, el fallador examinó uno menor -el comprendido entre abril y mayo de 2014- sin justificar esa modificación o reducción. Esta Sala Especial de Decisión estima que el análisis de la Subsección fue congruente con el marco establecido en la demanda y su contestación, así como con lo debatido en la segunda instancia producto de los recursos de alzada interpuestos.

Así: • En la demanda se solicitó la anulación del acto demandado, porque no se reconocieron intereses moratorios como consecuencia del pago, que se consideró tardío, de las diferencias salariales producto del proceso de homologación y nivelación salarial que tuvo lugar en la entidad territorial. Todo, por cuanto, en sentir de la entonces actora, el pago completo del salario debió efectuarse desde el mismo momento en el que se le trasladó a la planta de personal del municipio.

En la contestación de la demanda el Municipio de Manizales (i) sostuvo la improcedencia del reconocimiento de los intereses reclamados ya que la Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co obligación originada de la homologación y nivelación salarial no era de tracto sucesivo; y, (ii) propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional también propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, debido a la descentralización de la educación, la responsabilidad del procedimiento radicaba en la entidad territorial a la cual estuviera vinculado el empleado que reclamaba su derecho. Fue por eso, entonces, que en la sentencia de primera instancia se resolvió lo atinente a la excepción propuesta, y a la procedencia, o no, de los intereses moratorios reclamados.

Adicionalmente, se realizó un reconocimiento oficioso de un periodo de actualización. • Tanto la hoy accionante como el Ministerio de Educación Nacional recurrieron esa determinación. El primero, porque consideraba que sí había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios. El segundo, porque estimó que no le asistía legitimación para concurrir al proceso y porque no compartía el reconocimiento de la indexación. Y fue teniendo presente ese marco conceptual que el juez de segunda instancia estableció como problemas jurídicos los siguientes: “… determinar si: (i) a la demandante le asiste derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del municipio de Manizales;

(ii) es dable emitir decisión extra petita dentro de la jurisdicción de lo contencioso- administrativo; y, en caso de ser afirmativa alguna de las mencionadas hipótesis, (iii) si la Nación – Ministerio de Educación Nacional carece de legitimación en la causa por pasiva, o al contrario, es la entidad que debe dar cumplimiento a la orden impartida en este proceso.” • Ahora bien, para la resolución de ese problema jurídico se valoraron los elementos allegados al plenario, a saber: Resolución Nro. 652 del 11 de abril de 2014; reclamación administrativa del 24 de julio de 2015, presentada ante la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales para obtener el pago de intereses moratorios; el Oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016 que negó el pago de intereses moratorios sobre las sumas canceladas por concepto de homologación y nivelación salarial; y la certificación del 30 de octubre de 2014 que daba cuenta del pago de las sumas reconocidas en la resolución mencionada.

Lo anterior, para, a partir de esos elementos, decidir el primer aspecto del problema jurídico planteado. • Finalmente, respecto del segundo problema jurídico -relacionado con el reconocimiento del periodo de indexación a título de restablecimiento del derecho- el fallador de segunda instancia hizo respetar el principio de congruencia, lo que supuso la revocatoria de la orden correspondiente dictada por el a-quo.

Ello explica que en la sentencia recurrida se consignara lo siguiente: “Por otra parte, respecto de la decisión extra petita adoptada por el a quo, referente a la indexación del retroactivo resultante del procedimiento de homologación salarial, que se causó a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución 652 de 11 de abril de 2014 hasta el día anterior al del pago, cabe anotar que el Tribunal de instancia desconoció el principio de congruencia, Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co habida cuenta de que decidió sobre un asunto que no fue pretendido con el medio de control presentado y frente al cual la parte demandada no ejerció su derecho de contradicción y defensa.” En esas condiciones, esta Sala Especial de Decisión no estima que el pronunciamiento de la Subsección de la Sección Segunda hubiere sido infra-petita, pues en el mismo se consideró el marco aplicable, definido en la demanda, la contestación y en los recursos de apelación. Cuestión diferente es que la hoy parte actora estime que la obligación que adujo como incumplida tuviere como fecha de nacimiento una distinta a la establecida por el fallador de segunda instancia. Téngase presente que para la hoy recurrente dicha obligación nació desde el mismo momento del traslado de planta de personal, mientras que para el ad quem la misma se estableció en la Resolución Nro. 652 del 11 de abril de 2014; situación que evidencia la existencia de una divergencia interpretativa -no la resolución incompleta de temas del proceso-. 6.3.

De los demás argumentos expuestos en la demanda de revisión. Desconocimiento de la finalidad del mecanismo extraordinario Por último, en la demanda de revisión, según se anotó, se presentaron argumentos relativos a (i) existencia de la mora, retardo o dilación injustificada respecto del cumplimiento de la obligación de pago completo del salario;

(ii) la procedencia del reconocimiento de intereses moratorios a partir de la aplicación analógica de las normas del ordenamiento que los establecen, aspecto reforzado por la inhabilidad del trabajador de realizar acuerdos o negociaciones sobre la existencia y causación de los intereses moratorios; y, (iii) la imposibilidad de que la indexación reconocida al actor excluyera la causación de intereses moratorios, ya que cada una de esas figuras responde a objetivos diferentes.

Esos argumentos están orientados a rebatir aspectos del razonamiento que dio lugar a la sentencia confirmatoria que se cuestiona mediante el mecanismo extraordinario de la referencia, específicamente lo atinente (i) al momento a partir del cual se examina el cumplimiento, o no, de la obligación de pago de las sumas reconocidas como consecuencia del ajuste del proceso de homologación;

(ii) la necesidad de contar con norma expresa que consagrara la procedencia de intereses moratorios en el asunto dada la naturaleza sancionatoria del concepto reclamado; y, (iii) el reconocimiento de la indexación de los valores reconocidos en la Resolución Nro. 652 como mecanismo para garantizar la indemnidad del patrimonio del trabajador.

Luego, los argumentos planteados por la parte recurrente desconocen la finalidad asociada a la causal de revisión y al recurso extraordinario mismo; objetivo con ocasión del que se excluye la utilización del elemento como un espacio adicional para debatir, cuestionar o rebatir los razonamientos del juez ordinario. 7. Costas La demanda de la referencia se presentó el 27 de enero de 202229, razón por la que le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el C.P.A.C.A., modificado por la Ley 2080 de 2021, así como las disposiciones del Código General del Proceso. 29 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia. Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispone: “ARTÍCULO

86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones” (Resalto fuera del original).

Por ello, resulta aplicable lo previsto en el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 255 del C.P.A.C.A., e impuso el deber de condenar en costas cuando el recurso extraordinario de revisión se declare infundado. Así se dispone expresamente:

ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo70 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el período probatorio se dictará sentencia. Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.

En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.

Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.

Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente” (se destaca). Ahora bien, como esa previsión no contiene una regulación íntegra de la condena en costas corresponde integrarla con lo previsto en los artículos 365 y 366 del C.G.P., aplicables en virtud de la remisión dispuesta en el artículo 188 del C.P.A.C.A. Así, en el artículo 365 del C.G.P. resulta relevante considerar el numeral 8, al tenor del cual “[s]ólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”.

Y en el artículo 366 ibidem deben tenerse en cuenta los numerales 1, 4 y 6, según los cuales: “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

El secretario hará́ la liquidación y corresponderá́ al juez aprobarla o rehacerla. (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá́ en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

(…) 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará́ inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso.” Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijaron los criterios para la fijación de las agencias en derecho y las tarifas tratándose de recursos extraordinarios de revisión. Fue por eso que en los artículos 2 y 5 se previó lo siguiente: “Artículo 2.

Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá́ en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

(…) Artículo 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.” En el asunto de la referencia, el Ministerio de Educación Nacional contestó oportunamente la demanda, actuación que por sí misma constituye prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en derecho, pues permite establecer que designó apoderado para que estuviera atento al proceso.

Por su parte, el Municipio de Manizales no concurrió al proceso, tal como se advirtió. Considerando todo lo anterior, la Sala condenará en costas a la parte recurrente y fijará como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia para la Nación- Ministerio de Educación Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Imelda Serena Ortegón Rivera contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 17001-23-33-000-2016-00941-01 (5848-2018).

Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00730-00 (937) 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2. Condenar en costas a la parte recurrente. Por Secretaría, liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia para la Nación-Ministerio de Educación Nacional. 3.

En firme esta providencia, archívese el expediente. Cópiese, notifíquese y cúmplase, La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión Nro. 13 en sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Magistrada (Firmado electrónicamente) ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES Magistrado (Firmado electrónicamente) JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Magistrado (Firmado electrónicamente) MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Magistrado ACLARA EL VOTO (Firmado electrónicamente) CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado