Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)1 Tema: Pensión docente oficial.

Vinculación al servicio público antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Educación misional contratada. Vinculaciones como docente mediante contratos de prestación de servicio. Aportes al sistema de seguridad social. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de los docentes SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________ Asunto Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. 1.

Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones 1. María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 367 del 11 de abril de 2019, por medio de la cual el secretario de educación del municipio de Rionegro, en nombre y representación del Fomag, le reconoció la pensión de jubilación, conforme con las previsiones de la Ley 100 de 1993. 1 En adelante Fomag. 2 En adelante CPACA. 2 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 2.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, es decir con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus pensional; ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudadas de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC); iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 187 y 192 del CPACA; iv) la declaratoria de compatibilidad entre pensión y sueldo; y v) la condena en costas a la entidad demandada. 1.1.2.

Fundamentos fácticos 3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes: 3.1. María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez «labora» como docente al servicio público de la Secretaría de Educación de Rionegro (Antioquia). 3.2. El 19 de enero de 2013 adquirió el estatus pensional y desde el 1° de abril de 1982 presta sus servicios, así: Entidades Desde Hasta Ministerio de Educación Nacional 01/04/1982 30/01/1984 05/02/1986 03/03/1986 04/03/1986 30/01/1986 Departamento de Antioquia 27/02/2003 20/06/2003 14/07/2003 14/12/2003 19/01/2004 11/06/2004 Colpensiones 24/01/1991 02/12/1991 05/02/1992 31/12/1992 03/02/1993 02/12/1993 02/02/1994 31/12/1994 01/01/1995 31/03/1995 01/04/1995 31/01/1996 01/02/1996 31/12/1996 01/01/1997 31/01/1997 01/02/1997 31/01/1998 01/02/1998 31/12/1998 01/01/1999 31/01/1999 01/02/1999 31/12/1999 01/02/2000 29/02/2000 01/02/2000 31/12/2000 01/01/2001 31/12/2001 01/01/2002 31/12/2002 01/01/2003 31/12/2003 01/01/2004 31/07/2004 01/08/2004 31/08/2004 Municipio de Rionegro 29/07/2004 A la fecha 3 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 3.3.

Ingresó al servicio público de educación antes del 27 de junio de 2003, es decir, previo a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por ello su pensión debió reconocerse y liquidarse según lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989, esto es con 55 años de edad, 20 años de servicio y con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a adquirir el estatus pensional, «además de la compatibilidad que debe tener entre sueldo y pensión». 3.4.

Mediante la Resolución 367 del 11 de abril de 2019 el secretario de educación del municipio de Rionegro, en nombre y representación del Fomag, le reconoció pensión de jubilación, conforme con las previsiones de la Ley 100 de 1993. 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación 4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; y 279 de la Ley 100 de 1993; las leyes 33 y 62 de 1985; 91 de 1989; 812 de 2003; y el Acto Legislativo 01 de 2005. 5.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3: 5.1. El régimen pensional aplicable al personal docente vinculado al servicio público antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 es el establecido en las disposiciones especiales contenidas en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989. 5.2. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de su aplicación al personal docente afiliado al Fomag. 5.3.

Los actos acusados son nulos por infracción de las normas en las que debían fundarse, pues se desconoció el inciso 1 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que previó el reconocimiento de la pensión de jubilación según las disposiciones establecidas en la Ley 91 de 1989, norma que remite al régimen pensional de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, que establecieron que esa prestación debía liquidarse con el 75% del promedio salarial devengado en el último año de servicio, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales.

Además, esta prestación es «compatible con su respectivo salario hasta el momento del retiro». 1.2. Contestación de la demanda 3 Folios 1 al 13. 4 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 6. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad4. 1.3.

La sentencia apelada 7. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia proferida el 20 de octubre de 20205 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el régimen pensional aplicable a María Inés del Niño Jesús Vélez es el previsto en la Ley 812 de 2003, en razón a que ingresó a la docencia oficial con posterioridad a su entrada en vigencia. 8.

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente: 8.1. Las pruebas allegadas al proceso permiten inferir que antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, la demandante se vinculó al servicio de la docencia; no obstante, no existe claridad de la «naturaleza de la prestación del servicio oficial respecto de todos los tiempos que se encuentran certificados en el expediente». 8.2.

La fecha que logró acreditar como de vinculación al servicio de la docencia oficial es posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 «sin que pueda darse por cierto que data del 01 de abril de 1982, en tanto se desconoce la calidad en la que prestó el servicio docente a partir de ese momento y hasta el 30 de enero de 1987, amén de que tampoco puede considerarse como tal aquel tiempo laborado en la Escuela Normal Antioqueña que además, fue cotizado a Colpensiones (…) y mucho menos en el que laboró a través de ordenes de prestación de servicios», por tanto el régimen aplicable a su derecho pensional es el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. 8.3.

Respecto de la pretensión de declaratoria de compatibilidad entre la mesada pensional y el salario docente, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que el acto de reconocimiento pensional no fue condicionado al retiro del servicio, sino que por el contrario se fijó a partir del 10 de diciembre de 2016. 1.4. El recurso de apelación 9.

María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez interpuso recurso de apelación6 con fundamento en los siguientes argumentos: 9.1. El tiempo de servicio laborado en la modalidad de órdenes de prestación de 4 Así se dispuso en la audiencia celebrada el 17 de marzo de 2020. 5 Samai, índice 2, documento: 19_ED_ACTUACIONE_13SENTENCIA2019015(.PDF) NroActua 2. 6 Samai, índice 2, documento: 22_ED_ACTUACIONE_16APELACIONSENTENCIA(.PDF) NroActua 2. 5 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez servicios es válido para determinar el carácter de docente oficial y en consecuencia para computarlo para el reconocimiento pensional. 9.2.

Se vinculó a la docencia antes de la expedición de la Ley 812 de 2003, razón por la cual, en lo referente al régimen pensional, le es aplicable la normativa anterior, esto es, las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, que establecen «que los docentes para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen pensional que han venido gozando en cada entidad territorial».

Así las cosas, su pensión debió liquidarse en cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en el año anterior a adquirir el estatus pensional. 1.5. Intervenciones en segunda instancia 10. María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez7 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la apelación y solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda. 11.

El Fomag guardó silencio en esta oportunidad. 1.6. El Ministerio Público 12. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia8. Lo anterior, con fundamento en que la demandante se vinculó como docente después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por tanto, su derecho pensional se rige por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 con la inclusión de los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994. 2.

Consideraciones 2.1. Los problemas jurídicos 13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia9, se circunscriben a 7 Samai, índice 15, documento: 35_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 15. 8 Samai, índice 16, documento: MemorialWebCG_36CONCEPTO_CONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO101202220190150801N I22172021(.pdf) NroActua 16. 9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328.

Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. 6 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez establecer: ¿si María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez cumplió con los requisitos legales para ser beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003? Y si ello es así ¿si tiene derecho a disfrutar del salario y de la pensión reconocida como beneficiaria de las leyes 33 y 62 de 1985, y 812 de 2003? 2.2.

Marco normativo y jurisprudencial 2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag 14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado».

Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez, enfermedad o muerte10. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas11. 15.

En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción12. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «(…) unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social (…)»13.

El sistema quedó conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 10 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 11 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias.

Sentencia T-019 de 2009, T-395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001 12 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 13 Preámbulo y artículo 6. 7 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 16.

La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue expuesto en sus antecedentes legislativos14. Está integrado por dos regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».

Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional. 17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran.

Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus subsistemas. 18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag, para lo cual dispuso: «Artículo 279.

Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que 14 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «(l)a dispersión de regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional.

(…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las pensiones del sector privado.

Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 - 1992 páginas 11 y 12. 8 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida» (se resalta). 19.

Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las corporaciones públicas;

(iv) los afiliados al Fomag; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200315. 20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión. 21.

En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «(p)or la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación: Personal docente Tipo de vinculación Prestaciones sociales a cargo Entidad responsable Nacional Vinculados por nombramiento del gobierno nacional Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones La extinta Cajanal y el Fondo Nacional del Ahorro o las que hicieren sus veces.

Las causadas a partir del 29/12/1989 La nación y pagadas por el Fomag Nacionalizado Vinculados por nombramiento de entidad territorial antes y después del 1/1/1976 (Ley 43/75) Las causadas hasta el 31/12/1975 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La nación o las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces (estas entidades deben contribuir en los porcentajes establecidos en el art. 3 de la Ley 43/75). 15 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993. 9 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez Las causadas y no pagadas entre el 1/1/1981 y el 29/12/1989 Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal.

La nación debe hacer los aportes correspondientes, en virtud de lo pactado en los convenios respectivos. Las causadas a partir del 29/12/1989 La nación y pagadas por el Fomag 22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996. 23.

En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985. 24.

La Ley 60 de 199316 asignó la administración de los servicios educativos estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.

En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la 16 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. ( ) Artículo 9.

El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política.

El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política». 10 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo. 25.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre el tema objeto de análisis, precisó: «De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo.

Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.

(…) La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace.

Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.

Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’». [Se resalta]. 26. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes nacionales y nacionalizados.

Esta norma dispone que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. 2.2.2. Entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 y sus efectos sobre el 11 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez régimen pensional de los docentes oficiales 27.

El Acto Legislativo 01 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, prescribió que «(e)l régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta.

Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio 1º). 28. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200317, al que hace alusión el Acto legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó: «Régimen prestacional de los docentes oficiales.

El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

(…) El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones». 29.

Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril de 201918, precisó: «(…) De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial.

La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así: 17 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias».

Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003. 18 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés. 12 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres». 30.

En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, determinó: «La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla: • En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.

Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985. (…) En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las 13 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez siguientes reglas: ✓ Edad: 55 años ✓ Tiempo de servicios: 20 años ✓ Tasa de remplazo: 75% ✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio» (se resalta). 31.

En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se sostuvo: «68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años19.

Esto quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. 69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones». 32.

Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente por esta Subsección20, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo 1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, así: 32.1.

Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir 19 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio de 2023, radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 14 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad21 y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60 años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

En ambos casos, con una tasa de reemplazo del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y 32.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores (artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto 1158 de 199422. 2.2.3.

Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento pensional 33. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de principios y valores superiores23.

Bajo esos parámetros, la aplicación e interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros, que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección. 34.

En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional 21 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años, para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres y 55 si son hombres, para los del orden nacional). 22 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados. 23 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018). 15 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio, pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera relación laboral con él. 35.

Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 199324, y que, por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades» establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios de esta vinculación25 da lugar al reconocimiento de una relación laboral. 36.

En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1626 concluyó, luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales. 37.

Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del artículo 105 de la Ley 115 de 199427 disponían la incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios. La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación 24 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable». 25 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23- 33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. 27 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial». 16 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez de servicios. 38.

Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes. 39.

De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene justificación constitucional.

Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 199328 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199429; y el hecho de que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que históricamente se han pretendido eliminar30.

Por el contrario, estos debían ser protegidos y garantizados. 40. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo: «Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente.

La función administrativa y la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente una carga social desigual e inequitativa.

La economía en la función administrativa a la 28 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001. 29 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial» 30 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018). 17 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad humana.

Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público. Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad contractual como opción complementaria de la estatutaria.

Definitivamente, no es ésta la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores». 41. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad. 42.

Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su relación con el Estado31, sino lo que se evidencia de esa relación, en armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53 «Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno». 31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado: 16829.

En dicha providencia, se sostuvo: «[h]a sostenido la Sala reiteradamente que no es la modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios. Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna, expediente 4058, expresó: " La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales.

Por ende, puede haberse vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial " La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los trabajadores oficiales.

Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic) 18 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 43. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental.

Sobre su trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de las personas»32.

En ese orden «impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»33. 44.

Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para efectos pensionales.

Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que no puede afectar sus derechos laborales. 45. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional. 46.

Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales propias de los empleados públicos. 47.

Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea 32 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018. 33 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado: 05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18.

Ver también Sentencia C-438 de 2013. 19 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación34, en caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar su cumplimiento. 48.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Decreto 3752 de 200335 las prestaciones sociales de los docentes causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional. 49.

En efecto, el artículo 2336 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación oportuna de estos conceptos.

Pero, especialmente, con el fin de asegurar el 34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42- 000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez. 35 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.» 36 «Artículo 23.

Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso.

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente». 20 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez cumplimiento de la ley, los artículos 2437 y 5738 ibidem permitieron que la entidad administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes adeudados, para hacer efectivos sus créditos. 50.

En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos». 2.2.4. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de los docentes 51.

El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 196039, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo40».

Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197241 señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad». 52.

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos: Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. 37 «Artículo 24.

Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo. 38 «Artículo 57.

Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos». 39 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de la Constitución. 40 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960. 41 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente. 21 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas [Resalta la Sala]. 53.

La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente: «Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúanse las siguientes asignaciones: […] g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta]. 54. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a los docentes.

En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó42: «Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes. En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto 224 de 1972 […] Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Resalta la Sala]. 55.

De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto se destacan las siguientes disposiciones: 55.1 El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de 42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado 05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. 22 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: «a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración» [se resalta]. 55.2.

El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y 55.3.

El artículo 19 de Ley 344 de 199643 dispuso: «Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso.

Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.» 56. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al Fomag. 57.

Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los requisitos de un régimen determinado. 58. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996 se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes.

Es decir, mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla la edad de retiro forzoso.

Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera 43 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 23 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez expresa excluyó a los docentes oficiales.

En ese sentido, se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997: «No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de 1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la nueva normativa.

En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa, expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994. […] La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere a la educación superior.

Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor formación de los educandos.

Así, advierte la Corporación que existe una razón constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso, para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta]. 59. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la edad de retiro forzoso.

De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo, nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio docente.

En ese sentido, se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997: «No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de 1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la nueva normativa.

En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa, expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta] 24 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 60.

Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de 200244 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez. 61.

Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63 literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe remitirse el Gobierno» [Se resalta]. 62.

En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992»45. 63. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales expuestas. 2.3.

Caso concreto 2.3.1. Hechos probados 64. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente: 64.2. María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez nació el 21 de diciembre de 195146 y se ha desempeñado como docente desde el 1° de abril de 1982, así: 44 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente» 45 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023. 46 Según la cédula de ciudadanía visible a folio 17. 25 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 64.2.1.

En la Escuela Candelaria de Cimitarra (Santander), desde el 1° de abril de 1982 hasta el 30 de enero de 198447. 64.2.2. En el Colegio Departamental de Bachillerato de Puerto Lleras (Meta), desde el 5 de febrero al 3 de marzo de 198648. 64.2.3. En la escuela Hogar y en el Hogar Campesino de Puerto Lleras (Meta), desde el 4 de marzo de 1986 hasta el 30 de enero de 198749. 64.2.4.

En la Institución Educativa Presbítero Rodrigo Lopera Gil del municipio de Peque (Antioquia), así: del 27 de febrero al 20 de junio de 2003; del 14 de julio al 14 de diciembre de 2003; del 19 de enero a 11 de junio de 200450, a través de órdenes de prestación de servicios, tal y como lo certificó el director de talento humano de la Secretaría de Educación de Antioquia. 64.3.

Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, consecutivo 170, expedido el 22 de agosto de 201851 por la Secretaría de Educación de Rionegro (Antioquia), la demandante estuvo vinculada como docente en provisionalidad, con vinculación nacional, en el nivel prescolar con los siguientes tiempos de servicios y novedades: Acto administrativo Novedad Desde *52 Ingreso y reingreso 29/07/2004 Decreto 261 de 30 de octubre de 2009 Incorporación a la planta 31/10/2009 Decreto 0045 del 5 de abril de 2010 Traslados 05/03/2010 Resolución 249 del 20 de mayo de 2014 Ascensos o reubicación 24/02/2014 Resolución 014 del 18 de enero de 2016 Continuidad 30/01/2016 64.4.

De acuerdo con el certificado expedido por Colpensiones, entre los años 1991 y 2004 acumuló 667,14 semanas de cotización a pensiones53, así: 47 Según la certificación emitida por el Obispo y Coordinador de Territorios Nacionales no Contratados «Escuelas Nacionales», visible a folios 24 al 28. 48 Según la certificación emitida por la rectora del Colegio Departamental de Bachillerato de Puerto Lleras, visible a folio 29. 49 Según la certificación emitida por el Vicario Apostólico de Ariari, visible a folios 32 al 34. 50 Según la certificación visible a folios 35 y 36. 51 Folios 37 al 39. 52 Del documento que se extrajo no obra esta información. 53 Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones – periodo de informe: enero de 1967 hasta septiembre de 2018-, visto a folios 40 al 42. 26 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez Entidad en la que laboró Desde Hasta Total de semanas ESC NORMAL ANTIOQUEN 24/01/1991 02/12/1991 44,71 ESC NORMAL ANTIOQUEN 05/02/1992 03/12/1992 42,29 ESC NORMAL ANTIOQUEN 03/02/1993 02/12/1993 43,29 ESC NORMAL ANTIOQUEN 02/02/1994 31/12/1994 47,57 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/01/1995 31/03/1995 12,86 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/04/1995 31/01/1996 42,86 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/02/1996 31/12/1996 47,14 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/01/1997 31/01/1997 4,29 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/02/1997 31/01/1998 51,43 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/02/1998 31/12/1998 47,14 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/01/1999 31/01/1999 4,29 ESC NORMAL ANTIOQUEN 01/02/1999 31/12/1999 46,86 MARÍA INÉS AGUDELO V 01/02/2000 29/02/2000 4,14 JOSÉ JAVIER AGUDELO 01/02/2000 31/12/2000 42,86 JAVIER AGUDELO VÉLEZ 01/01/2001 31/12/2001 51,43 JAVIER AGUDELO VÉLEZ 01/01/2002 31/12/2002 51,43 JAVIER AGUDELO VÉLEZ 01/01/2003 31/12/2003 51,43 AGUDELO VÉLEZ JOSÉ J 01/01/2004 31/07/2004 30,00 AGUDELO JAVIER 01/08/2004 31/08/2004 0,14 TOTAL DE SEMANAS COTIZADAS 667,14 64.5.

Formato Único Para la Expedición de Certificado de Salarios, expedido por el secretario de educación del municipio de Rionegro54 en el cual se hizo constar los factores devengados entre el 1° de noviembre de 2011 y el 31 de julio de 2018. 64.6. Por medio de la Resolución 367 del 11 de abril de 201955, el secretario de educación del municipio de Rionegro, en nombre y representación del Fomag le reconoció la pensión de jubilación correspondiente a un 64.5% del promedio salarial devengado en los últimos 10 años de servicios anterior al estatus pensional, efectiva a partir del 10 de diciembre de 2016.

En este acto administrativo se señaló: «cotizó para COLPENSIONES y en FNPSM, así: ENTIDADES TIEMPO SEMANAS DÍAS COLPENSIONES 24/01/1991 – 02/12/1991 05/02/1992 – 03/12/1992 03/02/1993 – 02/12/1993 02/02/1994 – 31/12/1994 01/01/1995 – 28/12/1999 01/02/2000 – 28/02/2000 01/03/2000 – 10/08/2004 665 4.656 Además, que evidencia el vínculo al municipio de Rionegro, (FOMAG) como docente en el grado del escalafón 2AE y según formato único de expedición de certificados de historia laboral, prestó y ha venido prestando sus servicios, desde 29/07/2004 hasta el 09/12/2016 fecha estatus, encontrándose activa como docente en la Institución Educativa San José de las cuchillas, al día del presente acto administrativo, como se especifica a continuación: 54 Folios 44 al 47. 55 Folios 18 al 23. 27 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez ENTIDADES TIEMPO A FECHA ESTATUS SEMANAS DÍAS F.N.P.S.M Fiduprevisora Desde el 29/07/2004 hasta el 09/12/2016 635 4.446 Para calcular la pensión, se tiene un total de 9.100 días (1.300 semanas) consolidados cotizados a la fecha del cumplimiento del estatus, así: COLPENSIONES F.N.P.S.M FIDPREVISORA TOTAL, DÍAS TOTAL, SEMANAS 665 635 9100 1300 La docente MARÍA INÉS DEL NIÑO JESÚS AGUDELO VÉLEZ, se encontraba vinculada en otro sistema (Colpensiones), e ingresa por primera vez al sector público educativo oficial, el día 29 de julio de 2004, aplicándosele lo preceptuado en el artículo 81 de la precitada ley (…) Para establecer el monto de la pensión de vejez a reconocer a la docente se aplica lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 (…)». 2.3.2.

Análisis sustancial 2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para acceder al beneficio pensional 65. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la Sala encuentra que María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez se desempeñó como docente del departamento Santander desde el 1° de abril de 1982, cuyo nombramiento se realizó bajo la modalidad de educación misional contratada.

En segundo lugar, tuvo una vinculación como contratista en la cual realizó las cotizaciones en materia pensional a Colpensiones y, por último, una tercera vinculación legal y reglamentaria que se dio con su nombramiento como docente en provisionalidad en el municipio de Rionegro. 66. Respecto de la educación misional contratada, esta Sala recuerda que dicha forma de vinculación surgió con la expedición de la Ley 20 de 197456 para cubrir el servicio educativo en las regiones más remotas del país a través de la suscripción de contratos entre el gobierno nacional y la iglesia católica. 67.

En desarrollo de la Ley 20 de 1974 el gobierno nacional expidió los decretos 2768 de 1975, 2484 de 1976 y 2155 de 1987, por medio de los cuales, entre otros, se estableció que la financiación de costos de infraestructura y funcionamiento de los 56 «Por la cual se aprueba el `Concordato y el Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede', suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973». 28 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez centros educativos bajo comodato serían sufragados por la Nación con cargo a las sumas señalas en la ley del presupuesto57. 68.

Para la vinculación del personal docente al servicio de la modalidad de educación misional contratada se determinó que inicialmente debía ser adelantado por la iglesia católica y posteriormente avalado por el Ministerio de Educación Nacional58. 69. Luego de la expedición del Decreto 1286 de 200159, se trasladó la competencia para la suscripción de estos contratos a las entidades territoriales con cargo a sus presupuestos, bajo la inspección y vigilancia del ministerio de ese ramo.

Así las cosas, el cuerpo docente adscrito a los centros educativos contratados, cuyos 57 Decreto 2155 de 1987: «Artículo 1. Los contratos que de conformidad con el artículo trece del Concordato, se celebren entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica en el sector de la educación oficial en las zonas contempladas en el artículo sexto del Tratado, se ajustarán a las siguientes reglas: (…) «8.

Con cargo a las sumas señaladas en la ley de presupuesto de cada año y sus adiciones, se pagarán los sueldos y prestaciones sociales del personal directivo docente, docente y administrativo de los centros educativos bajo contrato, así como los gastos inherentes a la buena marcha de los centros educativos, sostenimiento de edificios, servicios públicos, material pedagógico y demás conceptos que aparezcan dentro de la ley de presupuesto.

Las partidas por aporte de cesantías y Ley 27 de 1974, las girará directamente el Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional de Ahorro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con la apropiación presupuestal respectiva». 58 Decreto 2484 de 1976: «Articulo 1. El artículo 4º del Decreto número 2768 del 17 de diciembre de 1975, quedará así: El Ministerio de Educación Nacional procederá a ratificar las novedades de personal de los Centros Educativos bajo las novedades de personal de los Centros Educativos bajo contrato de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1.

El ordinario Competente presentará al Ministerio de Educación Nacional los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de Centros educativos. Los candidatos deberán reunir las condiciones o requisitos que señalen las respectivas disposiciones legales generales o especiales sobre Escalafón docente y régimen administrativo para funcionarios públicos.

Si éstos no reúnen los requisitos personales o académicos necesarios para desempeñar el cargo, el Ministerio de Educación Nacional solicitará al Ordinario Competente la presentación de nuevos candidatos. 2. Los traslados, licencias, vacaciones y renuncias serán concedidos o aceptados provisionalmente por el Ordinario Competente de acuerdo con los procedimientos y normas legales vigentes.

El Ordinario Competente comunicará las novedades con sus respectivos antecedentes o justificaciones al Ministerio de Educación Nacional para su ratificación, dentro de los ocho (8) días siguientes a la ocurrencia de la novedad. Las insubsistencias, destituciones y suspensiones serán solicitadas por el Ordinario Competente, anexando los respectivos antecedentes al Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo. Las plantas de personal administrativo de los planteles puestos contractualmente bajo la administración de los Ordinarios Competentes deberán ser aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, los funcionarios que venían laborando bajo el régimen del extinguido Convenio de Misiones y que hayan continuado laborando en los Centro Educativos de que trata el presente Decreto, no se considerarán desvinculados del servicio para ningún efecto legal». 59 «Por el cual se reglamenta el artículo 200 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, para la contratación del servicio público educativo por parte del Estado con iglesias y confesiones religiosas». 29 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez nombramientos provenían por ratificación de dicho Ministerio, ostentaban el carácter de docentes nacionales. 70.

Así las cosas, en cuanto a su vinculación anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003), se advierte que la demandante acreditó una experiencia como docente en el sector oficial; sin embargo, esta se produjo como consecuencia de su vinculación a través de una modalidad de contratación distinta de la legal y reglamentaria. 71.

Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que su vinculación al ejercicio de la docencia haya sido en virtud de órdenes de prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no establece alguna condición adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizado o territorial60. 72.

En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario»61. 73.

En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105, parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994. 74.

De esta manera, aun cuando por varios años, María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez estuviera vinculada a través de una relación contractual, esa situación desconocía las disposiciones del legislador y desatendía las interpretaciones judiciales según las cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad; y, en contraste, vulneraba los derechos laborales irrenunciables de 60 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33- 000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. 61 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. 30 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez aquellos quienes tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato. 75.

Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad y al a quo al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria.

Así pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad de contratos u órdenes de prestación de servicios al departamento de Antioquia resultan válidos para determinar que estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. 76. Ahora bien, de acuerdo con el material probatorio aportado, la Sala evidencia que María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez realizó aportes al sistema de seguridad social (Colpensiones), mientras estuvo vinculada como docente mediante dichos contratos de prestación de servicios, en virtud de lo dispuesto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, esto es entre el periodo comprendido entre el 24 de enero de 1991 y el 31 de agosto de 2004.

Además, tal y como se desprende del acto acusado, a la fecha de su expedición completó más de 1300 semanas de cotización, lo que permite advertir que ha realizado aportes a pensión por más de 20 años, por lo que la financiación de la prestación se encuentra garantizada. 77. Con todo, y aun cuando las cotizaciones efectuadas no resulten suficientes, al Fomag le corresponde adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener el traslado del bono pensional o la cuota parte a cargo de Colpensiones, así como adelantar las acciones necesarias ante las entidades territoriales en las que María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez prestó sus servicios a efectos de que estas asuman los aportes que debieron realizarse en virtud de esas vinculaciones contractuales y así garantizar la financiación de la prestación. Sin embargo, ese trámite no podría afectar el reconocimiento prestacional, de conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 78.

Asimismo, la demandante tendrá la carga de realizar los aportes que tenía a su cargo en calidad de trabajadora [en el porcentaje que le correspondía] por el tiempo vinculada a través de la relación contractual, por los periodos faltantes, salvo que acredite que los efectuó. 79. Así las cosas, a juicio de la Sala y siguiendo las orientaciones de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, se concluye que la pensión de jubilación de la demandante, en su calidad de docente oficial debía ceñirse según lo previsto en la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, pues se 31 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez logró probar su vinculación al servicio de la docencia oficial, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. 80.

En este punto es necesario resaltar que con la Resolución 367 del 11 de abril de 2019 se reconoció la pensión a la demandante con efectividad desde el 10 de diciembre de 2016, día siguiente a adquirir el estatus; por ello, no es cierto que no tuvo derecho a percibir simultáneamente la mesada pensional y su salario, pues a la fecha de presentación de la demanda no se había retirado del servicio, como consta en el formato único para la expedición del certificado de historial laboral expedido el 22 de agosto de 2018. 81.

Sin embargo, comoquiera que de acuerdo con lo expuesto María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez se ha desempeñado como docente misional, por contratación de servicios y con vinculación legal y reglamentaria por más de 20 años en instituciones educativas del sector oficial, es posible establecer que le es aplicable el régimen pensional del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, pues demostró 20 años de servicios en el sector público y a la fecha de presentación de la solicitud pensional contaba con más de 55 de edad; de manera que para esta Sala es claro que era beneficiaria del régimen previsto en la aludida norma y, por lo tanto, corresponde acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda. 82.

Así las cosas, de acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, el ingreso base de liquidación de la pensión de la demandante comprende: i) al periodo correspondiente al último año de servicio, anterior a la consolidación del estatus pensional, y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 198562. 83.

Para tal efecto, pese a que en el plenario no se tiene acreditado que María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez se haya retirado del servicio, pues únicamente se allegó el Formato Único Para la Expedición de Certificado de Salarios, expedido por el secretario de educación del municipio de Rionegro en el cual se hizo constar los factores devengados entre el 1° de noviembre de 2011 y el 31 de julio de 2018, se advierte que la efectividad de la prestación es a partir de la adquisición del estatus 62 Artículo 1°.

Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. 32 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez pensional, toda vez que el reconocimiento de la pensión es compatible con el salario, tal y como lo ha definido la entidad demandada en los actos acusados. 84.

Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es dable condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio. 85.

A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha señalado63 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes»64. 86.

En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad»65.

Lo cual guarda correspondencia con el reconocimiento efectuado en esta decisión, según la cual, María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez es beneficiaria de la Ley 812 de 2003, por vincularse con anterioridad a su entrada en vigencia, por lo que puede acceder a la prestación en las condiciones señaladas en los regímenes anteriores. De manera que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación’»66. 63 En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019, expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. 64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado 05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009, radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 33 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez 87.

Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada y en su lugar se declarará la nulidad parcial del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará al Fomag expedir un nuevo acto administrativo en el que reconozca la pensión de María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez, de acuerdo con la Ley 33 de 1985 y con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, efectiva a partir de la adquisición del estatus pensión y sin condicionamiento al retiro del servicio. 2.4.

Costas 88. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso- administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso: «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». 89. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. 90.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma67. 91.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron dichas costas. 92. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala revocará en numeral segundo de la sentencia apelada 67 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 34 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez que condenó en costas a la parte demandante y se abstendrá de hacerlo en esta instancia. 3.

Conclusión 93. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra procedente el reconocimiento pensional de María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez, bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985 y con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, sin condicionar su efectividad al retiro.

Razón por la cual, se revocará la sentencia apelada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 20 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda incoada por María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez contra el Fomag conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar: Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 367 del 11 de abril de 2019, mediante el cual el secretario de educación del municipio de Rionegro, en nombre y representación del Fomag, le reconoció la pensión de jubilación, conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ordenar al Fomag reconocer la pensión de jubilación de María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez con el 75 % del promedio de los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985, efectiva a partir de la adquisición del estatus pensional, con los reajustes legales correspondientes y sin condicionamiento al retiro del servicio.

Cuarto. Ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que adelante las acciones necesarias ante las entidades territoriales en las que la demandante prestó sus servicios a efectos de que estas asuman los aportes que debieron realizarse en virtud de las vinculaciones contractuales que tuvo. Asimismo, la demandante tendrá la carga de realizar los aportes que tenía a su cargo en calidad de trabajadora [en el porcentaje que le correspondía] por el tiempo vinculada a través de la relación contractual, en los periodos en los que no se realizaron los aportes, salvo que acredite que los efectuó. 35 Radicado: 05001-23-33-000-2019-01508-01 (2217-2021) Demandante: María Inés del Niño Jesús Agudelo Vélez Quinto. La demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final__ índice inicial Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Octavo. No condenar en costas en esta instancia. Noveno. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente Aclaro voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT