El Gobierno nacional, por medio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y en concurrencia con las entidades correspondientes para el desarrollo de tareas específicas, deberá poner en marcha los siguientes instrumentos para el desarrollo de la Paz Total, en línea con las orientaciones emanadas de la Ley 2272 de 2022.
A. Programa de acuerdos parciales para la Paz Total. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022, se comprenderá el programa de Acuerdos Parciales para la Paz Total, como política pública intersectorial del Estado en materia de garantía para el cumplimiento del derecho a la paz. Este programa será planeado, coordinado y ejecutado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o la entidad que haga sus veces, desarrollando el artículo 8° de la Ley 1941 de 2018, y aquella normatividad que la modifique o reemplace.
B. Regiones de paz. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la encargada de coordinar y articular con las entidades correspondientes la apropiación presupuestal para la financiación de planes, programas y proyectos requeridos para la puesta en marcha de las regiones de paz creadas en la Ley 2272 de 2022, con el objetivo de promover las transformaciones territoriales en el marco de la Paz Total, las cuales deben implicar la superación del déficit de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que han padecido los habitantes de estos territorios y debe implicar la terminación de las violencias armadas de origen socio político y de las que se proponen el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza por medio de las economías ilegales.
El Gobierno nacional promoverá la articulación a nivel nacional y regional, para la comprensión integral y abordaje de las economías ilegales en su relación con la generación de violencias, y para la garantía de alternativas y oportunidades para los pobladores de las regiones afectadas por las mismas, con enfoque de género, diferencial y territorial.
Los recursos que se apropien para el desarrollo y ejercicio de los planes, programas y proyectos enunciados en el presente artículo, deberán ser adicionales a los establecidos para el cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, tal como está planteado en el artículo 5° de la presente ley.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz deberá establecer la estrategia para garantizar la participación y la veeduría ciudadana en las regiones de paz, que deberá contener, como mínimo, los siguientes componentes:
La elaboración, formulación, implementación participación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con los instrumentos de Paz Total;
La definición de espacios de participación efectiva en las discusiones sobre el desarrollo territorial de las regiones de paz que contemple su articulación con instrumentos de planeación como los planes territoriales de desarrollo, esquemas y/o planes de ordenamiento territorial, Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA); planes de vida, planes de etnodesarrollo, Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), sin perjuicio de instrumentos similares no mencionados;
El fortalecimiento de instancias de participación ciudadana en materia de paz, reconciliación y convivencia, como son los consejos territoriales de paz y la articulación con mesas de víctimas y espacios autónomos de organización para víctimas del conflicto armado.
Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a las disponibilidades presupuestales, al Marco de Gasto de Mediano Plazo y al Marco Fiscal de Mediano Plazo.