Requisitos de la solicitud. Los representantes legales de las entidades de derecho público presentarán su solicitud directamente ante el Director Ejecutivo de la Unidad Nacional de Tierras Rurales, a la cual anexarán la siguiente información y documentación
Nombre de la entidad y de su representante legal.
Naturaleza y características de los proyectos de alto interés para el desarrollo económico y social del país que se ejecutarán, del servicio público que se prestará, de las actividades de utilidad pública e interés social que se llevarán a cabo, y la información pertinente del Ministerio de Interior y de Justicia que demuestre las razones de orden público o de salvaguarda de los intereses de la economía nacional para justificar la petición de reserva de las zonas aledañas o adyacentes a aquellas donde se adelanten exploraciones o explotaciones petroleras o mineras.
Nombre del terreno y su ubicación.
La declaración por parte de la entidad peticionaria de que el predio objeto de la solicitud de reserva es un baldío de la Nación y señalar la cabida aproximada del mismo.
Los colindantes del predio con relación a los puntos cardinales.
Licencia, permiso, concesión o cualquier otra autorización ambiental exigida por la autoridad ambiental competente.
Los permisos, autorizaciones o conceptos previos que deban otorgarse por otras entidades públicas, según la naturaleza y características de los proyectos, el servicio público, la actividad de utilidad pública e interés social que vaya a desarrollarse y las relacionadas con las reservas petroleras o mineras.
Los estudios integrales de factibilidad sobre la naturaleza, objetivos, financiación y demás características de los proyectos de alto interés para el desarrollo económico y social del país, del servicio público que se instalará y de las actividades de utilidad pública e interés social que se desarrollarán, así como el informe del Ministerio de Interior y de Justicia a que se refiere este artículo.
El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio respectivo.
Copia de la ley, acto administrativo, resolución o documento que disponga o autorice la ejecución del proyecto de alto interés para el desarrollo económico y social del país, del establecimiento del servicio público, o del desarrollo de la actividad declarada por la ley como de utilidad pública e interés social.
El plano del predio, elaborado con arreglo a las normas técnicas que rigen la materia.