Es prohibido abrir como administrativos los créditos que, habiéndose presentado al Congreso, bien para su apertura, bien para su legalización, se hubieren negado por éste expresamente.
Se exceptúan de la prohibición los créditos respecto de los cuales se acrediten nuevas y más apremiantes circunstancias, provenientes de fuerza mayor o caso fortuito.