ARTICULO 25. La Oficina de Veeduría adelantará las siguientes funciones
Asesorar al Fiscal General en la definición de la política referida al seguimiento y evaluación de la conducta ética y de la adecuada prestación del servicio de los servidores públicos de la Fiscalía General, en el cumplimiento de sus funciones.
Organizar sistemas de seguimiento y evaluación de la conducta ética o falta al debido ejercicio de sus responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía en el desarrollo de su función, sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público y con la obligación de mantener la reserva de instrucción.
Organizar sistemas para verificar el respeto de los derechos humanos de los procesados, sin perjuicio de las responsabilidades del Defensor del Pueblo. 4 Vigilar la aplicación del régimen disciplinario por parte de los superiores jerárquicos, y adelantar las investigaciones por irregularidades en su aplicación. 5. Planificar y ejecutar visitas aleatorias a las Unidades de Fiscalía, Unidades de Policía Judicial y a los Centros de Reclusión, con el fin de verificar que el desarrollo de las investigaciones y procesos se adelanta conforme a los principios constitucionales y legales, sin que se le pueda oponer reserva alguna. 6. Verificar que los sistemas de protección y seguridad prestados a las víctimas, testigos e intervinientes en los procesos sean los a adecuados 7. Recibir de los servidores públicos, como de particulares, las denuncias o quejas por las violaciones de las normas constitucionales o legales en las investigaciones o procesos que adelanten los servidores de la Fiscalía o miembros de las Unidades de Policía Judicial. Realizar las investigaciones cuando se trate de faltas contra la ética, la eficaz prestación del servicio o violación de los derechos humanos, cometidas por servidores de la Fiscalía General de la Nación y solicitarlas cuando se trate de otros servidores públicos. 8. Informar periódicamente al Fiscal General los resultados de su trabajo. 9. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.