El funcionario o empleado público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a su disposición, para consumar un acto arbitrario o ilegal, o para impedir o estorbar el cumplimiento de órdenes legítimas de otra autoridad, incurre en prisión de seis meses a tres años y en interdicción de derechos y funciones públicas para el mismo tiempo.
De la usurpación de funciones públicas