El funcionario o empleado público encargado de un servicio público, que abusando de su cargo o de sus funciones, y con el fin de obtener para sí o para otro un provecho ilícito, constriñe o induce a alguien a pagar impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento que legalmente no se deba, incurre en prisión de seis meses a cuatro años y en la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período.
Si se empleare intimidación o se invocare orden superior o mandamiento judicial, se aumentará la pena hasta en la mitad.