Al funcionario o empleado público que estando encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o preso, procure o facilite su fuga, se le impondrá prisión de uno a tres años e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Si la fuga se verifica por acto u omisión culposa del funcionario o empleado, se impondrá arresto de tres meses a un año.