El que por medio de la violencia física o moral, obligue a otro a cumplir determinados actos religiosos o a asistir a las ceremonias de determinado culto, está sujeto a la pena de arresto de uno a tres meses y a la de multa de diez a doscientos pesos.
En la misma pena incurrirá el que por los mismos medios indicados en el inciso anterior, impida a otro cumplir determinados actos religiosos o asistir a las ceremonias de determinado culto.
Si el responsable fuere un funcionario público, las penas señaladas se aumentarán hasta en la mitad.