La interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas, proveniente de una condena, cesa por la rehabilitación.
Si tales penas fueren accesorias, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado una conducta que haga presumir su reforma, y después de transcurridos cuatro años a partir del día en que se haya cumplido la pena principal.
Si la mencionada interdicción no es accesoria de otra sanción, la rehabilitación no podrá pedirse sino cuatro años después de ejecutoriada la sentencia en que ella se impuso.
Los plazos señalados para solicitar la rehabilitación se duplicarán cuando se trate de reincidentes.