No podrán comprar directamente, ni por interpuesta persona, ni aún en pública subasta, las siguientes personas:
Los cónyuges no divorciados, ni el padre y el hijo de familia, entre sí;
Aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, como los guardadores, síndicos, secuestres, etc., respecto de los bienes que administran;
Los albaceas o ejecutores testamentarios, respecto de los bienes que sean objeto de su encargo;
Los representantes y mandatarios, respecto de los bienes cuya venta les haya sido encomendada, salvo que el representado, o el mandante, haya autorizado el contrato;
Los administradores de los bienes de cualquier entidad o establecimiento público, respecto de los que les hayan sido confiados a su cuidado;
Los empleados públicos, respecto de los bienes que se vendan por su ministerio, y
Los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados, respecto de los bienes en cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio.
Las ventas hechas en los casos contemplados en los ordinales 2o., 3o. y 4o. serán anulables; en los demás casos la nulidad será absoluta.